LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Eliminados por default o escenarios para julio de 2010

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Si las elecciones para gobernador del 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, puede dar por un hecho que ni Blanca Alcalá Ruiz, ni Enrique Agüera Ibáñez llegarán a la puja final por la nominación priísta a la gubernatura de Puebla.

La presidenta municipal tendría el inconveniente de faltar a su compromiso, suscrito ante notario público, de gobernar la capital del estado por tres años, y de pedir licencia para participar en el proceso interno del PRI casi inmediatamente después de rendir su segundo informe de labores, por ahí del 15 de febrero de 2010.

Es decir, Blanca Alcalá tendría que dejar el gobierno de la ciudad justo a los dos años de su toma de posesión.

En estas condiciones, muy difícilmente la primera alcaldesa de Puebla estaría en posibilidades ya no de ganar la gubernatura, sino de salir a convencer a los poblanos de ser la mejor opción para el estado, máxime cuando su legado en materia de obra pública para febrero de 2010 se vislumbra como muy modesto, por no usar otra palabra.

La situación para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es igual o aún más complicada.

Enrique Agüera Ibáñez no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, algo en lo que ya trabaja y con ahínco, sino preparar a marchas forzadas al que sería su sucesor, y que necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto.

Y es que las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después, es decir en febrero o marzo de 2010, Agüera tendría que pedir licencia o renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador.

En ese escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

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A diferencia de las anteriores marchas y protestas realizadas por los maestros disidentes, la de ayer tuvo como centro al gobierno del estado y al secretario de Educación Pública, Darío Carmona García.

Los profesores que ayer salieron a la calle ya no sólo exigían la remoción de los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), sino que el gobierno de Marín defina su postura frente a la Alianza y que Darío Carmona sea relevado de la SEP o que al menos quede fuera de la mesa de negociaciones con los disidentes.

La posición de los inconformes que hoy también amenazan con tomar en cualquier momento las oficinas de la SEP, se explica por el doble discurso de Darío Carmona, que primero alentó el movimiento disidente y ahora, por las presiones del SNTE, los amaga con descuentos y otras sanciones económicas.

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Antonio Galy Fayad fue designado este martes como director regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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El doble discurso de Darío Carmona García ante el SNTE

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Si avaló pero no avaló la herencia de plazas magisteriales
Hace agua la Secretaría de Salud con Antonio Marín López

Una de las principales razones de un sector del magisterio para oponerse y rechazar la Alianza por la Calidad de la Educación es la disposición de la SEP, con el aval del SNTE, de someter a concurso las plazas que se abran dentro del sistema educativo, ya sea de nueva creación o para sustituir las que dejan los maestros jubilados.

Este rechazo tiene su explicación en una vieja y nociva práctica que en Puebla y otros estados del país se ha tolerado: la posibilidad de que un maestro jubilado pueda heredar o —con la complicidad de algun dirigente sindical— vender su plaza, que quizás él mismo compró en su momento.

En Puebla, el titular de la SEP, Darío Carmona García, que en diferentes ocasiones ha manifestado su respaldo a la Alianza por la Calidad de la Educación, no sólo se ha deslindado de cualquier arreglo tendiente a que un profesor deje de su plaza a otro, sin mediar evaluación, sino que ha responsabilizado a los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE de esta situación.

En su conferencia de prensa del jueves, para salir al paso de las críticas del líder nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, quien acusó al gobierno del estado de tener las manos metidas en el conflicto magisterial y de apadrinar al movimiento disidente, Darío Carmona rechazó que en Puebla las plazas docentes se asignen de manera discrecional o que la SEP haya avalado un mecanismo para que los maestros jubilados hereden su plaza a un hijo o familiar.

Esa, dijo Dario Carmona, fue una petición del secretario general de la Sección 23 del SNTE, Eric Lara Martínez.

Y puede ser, pero lo cierto es que Darío Carmona la avaló y la hizo suya el pasado 18 de septiembre, en el marco de un convivio por las fiestas patrias con los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 23, al que tambió acudió el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

En su intervención de esa noche, que por cierto fue grabada y cuyo video podría hacerse público en cualquier momento, el titular de la SEP aseguró que el gobierno aceptaría por última vez que los maestros jubilados le propusieran el nombre de quienes ocuparían las plazas que dejan.

Y remató: este es un acuerdo en aras de la gobernabilidad, y una propuesta para cerrarle el paso a los grupos de otros estados que pretenden la desestabilización del magisterio en Puebla.

EN CORTO

En la Secretaría de Salud del estado las cosas van de mal en peor.

El martes de hace ocho días Antonio Marín López despidió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Mario Edmundo Chapital de la Rosa, con quien intercambió gritos, acusaciones de ineptitud y mentadas de madre, y el jueves le pidió la renuncia a Enriqueta Salcedo del Moral como subdirectora de Recursos Financieros.

En lugar de Chapital, el secretario de Salud nombró a José Eduardo Hernández Sánchez, quien se desempeñaba como subdirector de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas, y en la Subdirección de Recursos Financieros designó a Miguel Zamora de la Fuente, quien ya laboraba en la dependencia como jefe de Departamento.

Quien no fue despedida, pero presentó su renuncia en solidaridad con Enriqueta Salcedo fue Elisa Guillermina Ruiz Rendón, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Control Presupuestal.

Tales cambios no tendrían mayor significado, si no fuera porque los nuevos funcionarios carecen de tablas para enfrentar una crisis como la que vive la Secretaría de Salud, que no sólo está paralizada por el caos administrativo y financiero que dejó Roberto Morales Flores, sino por la revisión que personal de la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo en la dependencia, que lejos de mejorar empeora y de qué manera.

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 Y hasta la próxima.

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Candil de la calle y oscuridad de la casa…

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En lugar de resolver los conflictos que enfrenta en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Puebla, de la cual es director desde junio del año pasado Pedro Valdez Martínez, anda muy preocupado por la situación de los egresados de la maestría en educación de la Universidad de Puebla (UniPue), propiedad de la familia Reyes Cardoso.

Su preocupación radica en que cientos de egresados del referido posgrado de la UniPue no pueden obtener su grado de maestría, mientras no paguen a la institución entre 10 mil y 15 mil pesos por derecho a examen y gastos de papeleo, y que estos profesores quieren que la Secretaría de Educación Pública los apoye.

Y la manera que la SEP —a través de su director de Formación, Superación y Capacitación de Maestros, Reynando Gil Vélez— ha encontrado de resolver el conflicto es que los maestros e investigadores de la UPN sean quienes se encarguen de asesorarlos en sus tesis y de evaluarlos en su examen de grado.

A los ojos de los académicos de la UPN esta situación resulta contradictoria, pues no pueden entender como Valdez Martínez se preocupa más por los problemas de los egresados de la escuela de Reyes Cardoso que por resolver los conflictos al seno de la institución que dirige, a saber:

-La reducción del presupuesto asignado a la institución y la discrecionalidad con que se manejan los recursos propios por concepto de colegiaturas y cuotas de admisión y reinscripción;

-El aumento en las cuotas que se cobran a los estudiantes de la Licenciatura en Educación para el Medio Indígena, y por examen de admisión, inscripción semestral en licenciatura y maestría, cursos propedéuticos y diplomados que se cobran al resto de los alumnos de la UPN;

-La falta de espacios educativos como aulas, cubículos, y sanitarios, y

-El malestar de profesores de la maestría en Formación Docente para el Ámbito Regional por la decisión de relevar a Jorge Vázquez al frente de ese posgrado, por haberlo abierto en septiembre de 2007 sin contar con autorización de la SEP.

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Jorge Sánchez Morales, cuestionado in absentia

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La relación del  presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, con los representantes de algunos partidos políticos acreditados ante el organismo es cada vez más difícil.

En la mesa de trabajo de ayer, el representante del PAN no sólo volvió a cuestionar la opacidad con que se conducen el presidente del IEE y la encargada de la Dirección de Administración, sino que también exigió una explicación acerca de por qué la oficina de Jorge Sánchez rebasó los topes que se le fijaron en 2007 por concepto de telefonía celular en más de 300 por ciento.

El consejero presidente del IEE no pudo salir al paso de los cuestionamientos, pues se ausentó de la mesa de trabajo por dizque un viaje a la ciudad de México.

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Trivia

¿A qué influyente secretario del gabinete marinista no le agradó nada el nombramiento de Sonia Hidalgo como directora de Normatividad y Licencias de la SCT, en sustitución de Rocío Deyanira Méndez?

Dos tips:

El secretario en cuestión no es enemigo de Sonia Hidalgo, aunque sí es muy cercano a la ex funcionaria que fue removida, Rocío Deyanira Méndez.

Esta última no fue designada en el cargo de Normatividad y Licencias por el anterior titular de la SCT, Rómulo Arredondo Gutiérrez, sino por un secretario de mayor peso político.

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Entre los delegados federales se cruzan apuestas sobre quiénes serán removidos de sus puestos en el transcurso de las próximas semanas.

Hasta ahora, los momios se inclinan hacia el delegado del Infonavit, Felipe Mojarro; de la Profepa, Pedro Rubén Rodríguez; de Liconsa, Víctor Manuel Sobrado y de la SEP, Alfonso Vicente.

Otro que también se dice que más tarde que temprano tendrá que dejar la Delegación de la Secretaría de Economía es Miguel Ángel Mantilla.

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