Así como las circunstancias la favorecieron en 2007, primero para lograr la nominación del PRI a la presidencia municipal, y luego para ganar las elecciones y convertirse en la primera alcaldesa de Puebla, hoy Blanca Alcalá Ruiz es víctima de las circunstancias de la sucesión gubernamental.

Trataré de explicarme:

Blanca Alcalá enfrenta el recelo del gobernador Mario Marín Torres y de algunos miembros de su burbuja, que creen ––y con sobrada razón–– que la presidenta municipal podría colarse a la puja por Casa Puebla en los comicios de noviembre de 2010, dado su posicionamiento electoral.

Aunque la alcaldesa se ha descartado una y otra vez para tal cargo, la verdad es que entre la clase política no son pocas las voces que sostienen que Blanca Alcalá podría ser una buena opción, en caso de un escenario complicado para el PRI, que hoy ––dicho sea con toda claridad–– no se vislumbra.

¿Qué tendría que ocurrir para que al PRI se le complicará la sucesión gubernamental?

Un escenario posible es que el gobernador Mario Marín se entercará en imponer a su secretario de Desarrollo Social, sin conseguir el consenso de los demás aspirantes priístas; que Javier López Zavala no lograra revertir algunas tendencias negativas, como el voto de rechazo de ciertos sectores; y que la contienda por la gubernatura se apretara por la nominación de Rafael Moreno Valle como candidato del PAN.

En esas circunstancias, que tampoco pueden descartarse, Blanca Alcalá podría colarse a la sucesión gubernamental, dado el nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto que le conceden diversas encuestas, que la ubican como la aspirante de más confianza y como la tercera con mayor potencial de voto, por abajo de Moreno Valle y López Zavala.

Esta realidad no es desconocida por el gobernador Marín y tampoco por algunos de sus operadores. De ahí el recelo.

A manera de anécdota, le cuento que hacia finales del año pasado Blanca Alcalá y el gobernador Mario Marín realizaron una gira por la capital del estado, y en el evento ––una ceremonia donde se entregaron recursos a productores––, el maestro de ceremonias anunció la intervención de la presidenta municipal. Cuando ésta se levantó del presidium para dirigirse al micrófono, el gobernador se acercó al secretario de despacho, cuya dependencia había organizado el acto, para decirle en tono de reclamo: “para qué la invitan a hablar … la gente va a pensar que le estoy dando juego”.

Pero la evidencia más elocuente de que Alcalá no está en el ánimo del gobernador, y de que Marín quiere dejarla fuera de la contienda priísta por la sucesión está en los recursos que su gobierno ha canalizado al ayuntamiento de Puebla para obra pública.

De los 609 millones que la gestión de Blanca Alcalá aplicó en su primer año para pública, 450 millones corresponden a fondos federales y a recursos propios, 125 millones a recursos extraordinarios de la Federación, por gestiones directas de la presidenta municipal, y el resto, es decir, alrededor de 30 millones, a recursos del gobierno del estado.

En otras palabras: de los 2 mil millones de pesos que, según el gobernador su administración invierte de manera coordinada con el ayuntamiento de Puebla en obras como el Centro de Convenciones, la ampliación del Periférico, la vía Atlixcáyotl, y otras vialidades en juntas auxiliares como la carretera a Canoa, La Resurrección y la Puebla-Valsequillo, sólo 30 millones de pesos son ejercidos directamente por Blanca Alcalá.

EN CORTO
Este sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, se dio el lujo de reunir en su primer informe de labores, al senador Rafael Moreno Valle Rosas, y al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala. Este último acudió no sólo con la representación del gobernador Mario Marín Torres, sino también con su helicóptero.

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Entre los prospectos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ha comenzado a analizar como probables sustitutos de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal figuran Isidro González Blanco y Fernando Fierro Aldana.

Isidro González fue secretario de Seguridad Pública en Pachuca, Hidalgo, dependencia en la cual también se desempeñó como director de la Unidad de Inteligencia para la Prevención del Delito. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y ha laborado como asesor de seguridad de Pemex, como director de Seguridad y Protección Civil en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como agente de inteligencia en el CISEN. También ha prestado sus servicios para la PGR y ha recibido cursos del Servicio de Inteligencia Israelí y el gobierno de los Estados Unidos.

Fernando Fierro fue jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Puebla y Yucatán. Ha laborado para la PGR  y en  la Academia de Altos Mandos de San Luis Potosí. Durante su paso por Puebla, en la gestión de Rolando López Villaseñor como delegado de la PGR, estuvo involucrado en los pitazos a comerciantes de piratería en la zona de la CAPU y La Cuchilla.

Ambos, por cierto, son recomendados del ex diputado federal Víctor Díaz Palacios.

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Este lunes podrían darse una serie de paros y protestas en diferentes clínicas y centros hospitalarios, con el apoyo de personal de base y homologados, para reventar al secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López.

La inconformidad es alentada por el líder sindical Malcom Ramírez Martínez y Sandra González de Ita, directora o ex directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular.

La suspensión de actividades se extenderá también al interior del estado, con la complicidad de los coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias 4 de El Seco, 7 de Izúcar de Matamoros y 8 de Acatlán de Osorio, Óscar Antonio de la O, Alberto Gómez Orta y Lisseth Violeta Aguilar Rodríguez, respectivamente.

No está de más apuntar que tanto el líder sindical, Malcom Ramírez, como la ex directora del Seguro Popular y algunos de los coordinadores jurisdiccionales, tienen como padrinos políticos de este movimiento a secretarios de despacho del gabinete marinista.

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Simón dice:

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia”
Platón, filósofo griego.

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De las muchas observaciones que aparecen en los reportes de las siete auditorias realizadas por la Contraloría Interna al ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Estado (IEE) durante el 2007, la más recurrente son las compras fraccionadas  en papelería, consumibles, equipo de cómputo e impresiones.

Otra de las empresas —además de Target Eye— beneficiadas con esta irregularidad fue Colorset, a la cual se le hicieron compras fraccionadas por más de cien mil pesos, no obstante los errores cometidos desde su primer contrato: la impresión de las convocatorias para los aspirantes al cargo de consejeros distritales.

La primera remesa de estas convocatorias salió con tantos errores de impresión que, de plano, hubo necesidad de repetirla, pero con cargo a las finanzas del IEE. Y en la segunda remesa, a Colorset se le olvidó escanear la firma del consejero presidente, por lo que éste tuvo que firmar una por una las nuevas convocatorias.

A la empresa que proveyó las lonas también se le hicieron compras fraccionadas por más de 130 mil pesos.

Las compras hechas a ambos proveedores —de los que no existen antecedentes en el IEE— fueron observadas por la Contraloría Interna, cuya entonces titular, Dalhel Lara Gómez, estimó que éstas infringían los artículos 26 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Otra irregularidad que también fue observada en una de las auditorías fue la compra de canastas navideñas a Prissa Vinos y Licores por un monto de 19 mil 869 pesos. Dichas canastas —cuyo destino jamás se informó en un reporte por escrito— se cargaron a la partida 3810 denominada Gastos de Representación.

Lo mismo ocurrió con la compra de libros, 40 arcones, un reproductor de video, un minicomponente, una pantalla plana y demás regalos, por un total de 429 mil 997 pesos, que supuestamente se distribuyeron entre los representantes de los medios de comunicación en una cena de fin de año.

A manera de colofón, habría que apuntar que en agosto de 2007, por instrucciones del consejero Jorge Sánchez Morales, la partida 3810 —que por normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración estaba cancelada— fue dotada de suficiencia presupuestal, y que de los 460 mil 995 pesos que se ejercieron en los últimos cinco meses del año, el 90% fue absorbido por la presidencia del Instituto Electoral del Estado.

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La versión que anoche corrió en el sentido de que el general Mario Ayón Rodríguez presentaría hoy su renuncia como secretario de Seguridad Pública y Vialidad del estado, y que en su lugar sería nombrado Alejandro Fernández Soto, es totalmente falsa.

Tan falsa que hoy, en un acto público de la Policía Metroplolitana, el general Ayón dejará en claro que no tiene la mínima intención de irse, hasta que oficialmente se lo pida quien lo designó en el cargo.

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