La ASF exige al gobierno el reembolso de más de 7 mdp

Un tema que por fin deben abordar y resolver las autoridades estatales, luego de la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de exigir al gobierno del estado el reintegro de 7 millones 152 mil de pesos que se aplicaron el año pasado para evaluar a 2,768 policías auxiliares, es el estatus de esta corporación.

Y es que en Puebla los efectivos de la Policía Auxiliar, cuyo nombre correcto es Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, no son en estricto sentido policías aunque tengan uniforme y usen armas largas y cortas amparadas por la licencia colectiva 38, que sólo aplica para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El año pasado el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la SSP, justificaron el despido de más de 120 integrantes de esta corporación con el prurito de que no habían acreditado los exámenes de control de confianza a que fueron sometidos, y hoy nos enteramos por el Diario Oficial de la Federación que éstos ni siquiera tenían que haber sido evaluados.

Así las cosas sería importante que el contralor del estado, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, explicara no sólo quién cometió la pifia de obligar a los integrantes de la Policía Auxiliar a evaluarse, por lo que el estado tuvo que devolver a la federación más de siete millones de pesos más intereses, sino que nos dijera, tal como lo dispuso la ASF, a qué funcionarios estatales ya les inició un procedimiento por el Pliego de Observaciones derivado del expediente SC.SAGC.DSGG.DJQD/10C.10.11/25.201413-A-2100-0499-06-001 de la ASF, y por el despido de más de 120 elementos.

Y ya metido en esos terrenos que investigara las causas por las cuales la Corporación ha venido perdiendo en las últimas semanas y meses importantes contratos con entidades y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las tiendas de conveniencia Oxxo, y la tienda departamental Liverpool, así como con bancos y otras dependencias del gobierno del estado.

Y finalmente por qué los efectivos de la Corporación usan las armas asignadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (rifles R-15, escopetas calibre 12 y 20, pistolas escuadra Prieto Beretta 9 mm y revolver 38 especial) para la protección de particulares y por qué los elementos que las tienen bajo su resguardo casi siempre trabajan como escoltas o guardaespaldas de políticos, funcionarios, empresarios e influyentes.

¿Sólo por qué a diferencia del común de los mortales estos tienen para pagar 2,500 pesos mensuales por policía auxiliar?

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Mtro. Rodolfo Ruíz Rodríguez

Director General de E-consulta.com

Presente

Estimado director:

Por este conducto le saludo, al tiempo que aclaro la información publicada en su medio, dentro de la Columna La Corte de los Milagros, del pasado 30 de marzo del presente titulada “Policías auxiliares, exentos del examen de control de confianza”, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

1. Los guardias que integran la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana son sujetos a los exámenes de Evaluación y Control de Confianza, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos 24, 25 y 26. Conforme al decreto de creación de este Organismo Público Descentralizado, en su artículo 3 y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, apartado V, fracción XLVI y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 152.

2.- En cuanto al costo de las 2 mil 768 evaluaciones de control de confianza realizadas a personal de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación hace la observación de que no debieron utilizarse recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para su pago, sino recursos propios del organismo descentralizado, con base en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP 2013; por lo tanto, es importante informar a usted y a sus apreciables lectores que el pago de las evaluaciones de Control de Confianza fue reintegrado por la Corporación al Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia encargada de restituirlo a la Federación.

3. La Corporación es un Órgano Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado de Puebla, que brinda servicios de seguridad bajo el establecimiento de un convenio previo, tanto para el caso de personas morales, como físicas, reiterando que no existe escolta a funcionarios o tarifas preferenciales, como dice en la nota. A mayor  abundamiento las tarifas por prestación de servicios están publicadas en la ley de ingresos del estado, en cuanto al uso de armas de fuego de la corporación, se cuenta con la licencia colectiva 38. En los términos de la legislación vigente.

4.- Con relación a los servicios de la corporación, le informo que el número de clientes se ha incrementado en los ultimos tres años en más del 30 por ciento, e incluso se tiene una lista de usuarios en espera para la concertación de convenios, sustentados en la confianza lograda precisamente con estas evaluaciones. Los casos que usted refiere, por citar un ejemplo, la tienda Liverpool decidió contratar una empresa de seguridad a nivel nacional, no obstante tenemos contratos para algunos de sus establecimientos en el estado. Cabe hacer mencion, que las tiendas OXXO no renovaron su contrato desde el año 2011 debido a que no requerian los servicios de seguridad.

En atención a sus lectores, le agradezco la oportuna aclaración y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

“Acciones que Transforman”

1. Puebla De Zaragoza, A 30 De Marzo De 2015

Mtro. Alfonso Sánchez Montiel

Director General Corporación Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana

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Uno de los funcionarios del gobierno del estado más contentos con la designación del general Salvador Cienfuegos Zepeda como secretario de la Defensa Nacional (Sedena) es el teniente coronel en retiro José Ventura Rodríguez Verdín, director general de Análisis Político de la Secretaría General de Gobierno.

Y es que Rodríguez Verdín —quien desde hace años se desempeña como espía gubernamental de movimientos y organizaciones sociales, así como de actores políticos incómodos— no sólo es su amigo sino su compadre.

Sus allegados cuentan que incluso antes de ser nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como secretario de la Defensa, el general Cienfuegos solía visitar Puebla y comer en casa de Rodríguez Verdín, quien posiblemente deje su actual cargo para enrolarse en la administración pública federal como asesor de su compadre.

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Las posibilidades de que Lázaro Gaytán Aguirre asuma en las próximas semanas el control operativo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) siguen a la alza, sobre todo si el subsecretario Mario Rincón González deja la Secretaría General de Gobierno para ir en busca de una diputación local.

Gaytán Aguirre ya renunció al Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se desempeñaba como director general de Planeación, y se le ha visto en Puebla en reuniones con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto.

Dentro de las corrientes panistas a Lázaro Gaytán se le ubica como miembro del Grupo Chihuahua que comanda el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz.

La secretaría ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Publica está vacante desde julio de 2012 cuando Mauricio Tornero Salinas fue obligado a renunciar tras el robo de una motocicleta infantil en el fraccionamiento La Vista cometido por uno de sus escoltas.

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Me cuentan que ante la inconformidad que priva entre los trabajadores de base y de confianza del gobierno del estado por los despidos y malos tratos de sus superiores, se tomó la decisión de apapacharlos con buenos regalos en la comida que este viernes les ofrecerá el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en la Expo Puebla con motivo del fin año.

En el banquete para 6 mil personas se rifarán aparatos electrodomésticos y electrónicos cuyo costo dista mucho de la supuesta austeridad que pregonan los funcionarios de la administración estatal, que también tendrán que acudir al festejo decembrino y compartir el pan y la sal con sus subordinados.

De los obsequios que se sortearán entre los empleados de base y de confianza estarán excluidos los jefes de departamento y directores de área para arriba.

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Este miércoles se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) el periodista Diego Saturno García con una tesis interesante sobre las “Consecuencias en internet de la censura y la autocensura de los medios de comunicación ante el fenómeno del narcotráfico en México”.

En su trabajo de titulación, Diego Saturno aborda el caso del blog del narco como un fenómeno de comunicación que, desde su perspectiva, ha llenado el vacío de los medios de comunicación tradicionales que en algunas regiones del país han dejado de informar, por miedo o temor a represalias, sobre las actividades y crímenes vinculados con los cárteles de la droga.

En su tesis, el periodista documenta cómo la violencia que genera el crimen organizado ha inhibido la cobertura noticiosa acerca de las mafias del narcotráfico y cómo los propios narcos han creado sus propios medios e infiltrado a otros para mantenerse como actores de primer orden en algunas regiones del país.

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Simón dice:

“Los hombres más arrogantes son los que generalmente están equivocados, otorgan toda la pasión a sus puntos de vista sin una apropiada reflexión”.

David Hume (1711-1776) Filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés.

* Enrique Agüera ampliará la matrícula de la BUAP

* Rafael Moreno Valle, ¿orgullosamente poblano?

 Desde hace cuatro o cinco meses comenzaron a circular por internet una serie de correos anónimos, algunos de ellos dirigidos a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtiéndole sobre los antecedentes de algunos funcionarios que recién habían llegado o estarían por ser contratados en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Algunos de estos correos —que se acompañan de notas aparecidas en medios locales y foráneos— dan cuenta de los supuestos vínculos o antecedentes de ciertos funcionarios policíacos del municipio y el estado con personajes del crimen organizado o con testigos protegidos de la PGR en casos de narcotráfico.

Los mails son prolíficos en información acerca de los antecedentes y nexos que mantienen o han mantenido quienes en los últimos cinco años se han desempeñado como jefes policíacos de Puebla, tanto en la esfera federal, como estatal y municipal.

Un detalle que llama la atención, más allá de la veracidad de tales mensajes electrónicos, es que varios de los funcionarios señalados ya dejaron de laborar en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), como subordinados de Andrés Vicente Ruiz Celio, quien apenas el jueves fue condecorado, en el Campo Marte número 1, como uno de los generales retirados con más experiencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellos los siguientes: el expolicía federal Mario Alberto Blancas Salazar, a quien el general Ruiz Celio nombró secretario particular; el exministerio público federal Gerardo Moreno Veloz, designado jefe de asesores en la SSPTM; el expolicía de la AFI, Efrén Camacho Morales, en quien recayó la coordinación de Grupos Especiales (Táctico e Inteligencia); y el exdirector de Seguridad Pública de Pachuca, Mauricio Delmar Saavedra, nombrado secretario técnico.

Otro detalle, no menos interesante, es que algunos de los referidos mails han salido o han sido reenviados desde cuentas electrónicas de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El propósito no está muy claro, pues a ciencia cierta no se sabe si tales correos tenían el objetivo de advertir a la alcaldesa de los antecedentes y vínculos de algunos funcionarios contratados por el general Ruiz Celio; si éstos son consecuencia de una venganza política o resultado del llamado fuego amigo entre jefes policíacos; o si, como se dice en uno de los mails, son parte de una guerra entre cárteles por la plaza de Puebla.

De ahí la conveniencia de que la presidenta Alcalá o el general Ruiz Celio expliquen cómo llegaron estos policías a Puebla, quién los recomendó, por qué se les contrató, aunque sea de manera temporal, y cuáles fueron las razones por las que muchos de ellos dejaron de laborar en noviembre o diciembre en el gobierno municipal.

Las dudas matan.

 INTRAMUROS

A continuación le presentó algunas gráficas de la encuesta realizada por GEA-ISA en la primera quincena de diciembre y que dan cuenta del potencial de Ana Teresa Aranda como posible abanderada a la presidencia municipal de Puebla y de la intención del CEN por convencerla para que acepte dicha postulación.

La ventaja que saca a sus compañeros de partido: Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez es considerable, tanto en opiniones positivas como en intención de voto.

Mientras el 51% de los encuestados panistas respondió que Ana Teresa Aranda Orozco es la figura que más les gustaría para ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla, el 22% contestó que Humberto Aguilar, y sólo el 11% que Eduardo Rivera.

Esta situación se repitió, en la misma proporción, aunque no en los mismos porcentajes, entre los electores de la capital del estado que respondieron la misma interrogante.

 EN CORTO El rector Enrique Agüera Ibáñez anunciará este lunes un ambicioso programa por el cual aumentará el número de aulas universitarias y escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en varios municipios de la entidad.

Dicho programa no sólo resolverá la demanda de preparatorias que enfrenta el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública en diferentes regiones de la entidad, sino que ampliará la matrícula estudiantil en beneficio de quienes menos tienen.

Las preparatorias y aulas universitarias que se abran, en un modelo de corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipales, funcionarán como extensiones de las actuales unidades académicas de la BUAP, dado que serán las que lleven el soporte académico de los nuevos planteles.

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Será a mediados o finales de febrero cuando se conozcan los resultados de la tercera revisión anual practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la gestión del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Con la auditoría 2009, la BUAP será una de las tres instituciones públicas de educación superior más auditadas por el máximo órgano fiscalizador del país, dependiente del Congreso de la Unión.

Esta tercera revisión fue solicitada por el propio rector Agüera a finales del 2008.

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La campaña Orgullosamente poblano emprendida por el senador Rafael Moreno Valle Rosas y algunos seguidores suyos del Partido Acción Nacional, con el propósito de contrastar el origen chiapaneco de Javier López Zavala, podría resultar no muy efectiva y hasta contraproducente.

Y es que los operadores del aún secretario de Desarrollo Social del estado podrían responder esa campaña haciendo pública un acta de nacimiento que revelaría que Rafael Moreno Valle tampoco es oriundo de Puebla, sino del Distrito Federal.

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Dos noticias legislativas que poco han trascendido en el ámbito local son el nombramiento del diputado federal Fernando Morales Martínez, como presidente de la Comisión de Protección Civil, y del coordinador de la bancada priísta poblana, Juan Carlos Lastiri Quirós, como miembro de la codiciada Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea.

La primera comisión, que tiene carácter de especial y no de permanente, cobra relevancia por el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres es también el coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea la integran siete diputados de todos los partidos, y Juan Carlos Lastiri es uno de los tres priístas que forman parte de ella. Los otros dos son: la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y el exdirigente nacional del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico.

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Simón dice:

«El crimen hace iguales a todos los contaminados por él».

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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