Cuando Hugo Isaac Arzola Muñoz regrese de su periodo vacacional, lo más probable es que también se despida de sus compañeros de la Procuraduría General de Justicia y sus subordinados de la Policía Judicial del estado.

Y es que Arzola Muñoz será relevado como director general de esta policía ministerial, para reintegrarse al Poder Judicial del estado, como juez civil de la capital.

Su salida no estará exenta de polémicas, pues el referido funcionario estatal estuvo sujeto a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), después de que un delincuente lo acusó de brindar protección  a una banda del crimen organizado.

Hay que aclarar que Arzola Muñoz ya se presentó personalmente a la PGR para ponerse a disposición del Ministerio Público federal que investiga el caso, y que éste no halló ningún elemento que lo involucre en acciones de complicidad o protección de la delincuencia organizada.

De ahí que el gobernador Mario Marín Torres no pondrá ningún pero para que éste se reintegre al Poder Judicial, una vez que regrese de vacaciones y entregue a su sucesor la oficina de la Dirección General de la Policía Judicial del estado.

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La tolerancia que han mostrado las autoridades federales y estatales para una estación radiofónica ilegal como Radio Vida, que hasta ayer se transmitía por el 107.1 de frecuencia modulada y la dirección electrónica http://www.producciones-vida.com, puede generar algo más que un conflicto político religioso.

La estación, operada por pastores cristianos, sin ningún permiso o concesión de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha comenzado a comercializar sus espacios a razón de 200 pesos la hora por un periodo de tres meses.

El problema radica en que los pastores cristianos que controlan la estación radiofónica —localizada en la 49 Poniente 1105— se sienten cobijados por las autoridades estatales, en particular por el gobernador Mario Marín Torres y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

El martes 7 de julio, según la nota publicada por Jorge Machuca en la edición local del  periódico Milenio, los clérigos que ese día tenían a su cargo la cabina de Radio Vida, al filo de las 18 horas, “dedicaron sus oraciones al gobernador de Puebla, Mario Marín, a todos sus hijos y esposa, al igual que a Blanca Alcalá, su cónyuge y prole”.

Julián Herrera, director de la estación cristiana, es además un activista del secretario de Desarrollo Social. El pasado 2 de julio, en el Salón Country de San Manuel, llamó a sus seguidores a sumarse al proyecto de Javier López Zavala. Si quieren que la estación siga, tienen que votar por él, les dijo.

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Simón dice:
“Si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella?”
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

En lo que pareció el inicio de una campaña negra en contra del candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, ayer circularon por la red correos electrónicos con links a un par de notas aparecidas el 21 de abril de 2008 en los portales electrónicos de El Universal, y el periódico Vanguardia de Coahuila.

En dichas notas se recoge una información que remite a un operativo policíaco efectuado en octubre de 2007 en el puerto de Manzanillo, Colima, donde se habrían decomisado 23.5 toneladas de cocaína, en uno de los mayores aseguramientos de droga en la historia mundial.

En el despacho informativo —bajo la firma del reportero Francisco Gómez de El Universal y que lleva por cabeza “Aduaneros libran pesquisa por droga”— se sugiere que entre los servidores públicos implicados como ese contrabando de cocaína figuraba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director de Inteligencia de la PGR, Ardelio Vargas Fosado.

“Entre la gente de Mejía estaba Ardelio Vargas Carrillo, responsable de la supervisión de los recintos fiscales. Él es hijo del director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Ardelio Vargas Fosado”.

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La renuncia de Ana Teresa Aranda Orozco a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, y su inminente postulación como candidata a diputada federal por la vía plurinominal, no fue bien recibida por la membresía panista de Puebla.

Pero sobre todo por los dirigentes del partido y candidatos a una curul en el Congreso de la Unión, que la culpan del retraso que han experimentado sus campañas en la entidad, primero por las condiciones que puso para participar en las elecciones federales del primer domingo de julio, y luego para que le garantizarán su inclusión en los primeros cinco lugares de la lista de la cuarta circunscripción electoral del país.

La mayor molestia radica entre los dirigentes del Comité Directivo Municipal del PAN y algunos de los precandidatos de Puebla, que contra su voluntad se han mantenido como simples espectadores ante la incertidumbre de no saber si Ana Teresa vendría como candidata por el distrito 11 o si sólo será registrada como candidata plurinominal, para así tener pretextos de sobra para hacer campaña por todo el estado con miras a las elecciones de gobernador del 2010.

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El exdirigente estatal cenecista y exdiputado federal Melitón Morales Sánchez fue visto el martes en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la 10 Oriente y 6 Norte, gestionando una constancia de antecedentes no penales, requisito que según algunos enterados requiere para integrar su expediente como candidato a diputado federal suplente de Jesús Morales Flores.

El hermano del exgobernador Melquiades Morales fue incluido en la posición número 13 de la lista de candidatos a diputados federales del PRI por la vía plurinominal de la cuarta circunscripción electoral del país.

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A la comida que se ofreció en el Seminario Palafoxiano tras la ceremonia de investidura de Víctor Sánchez Espinosa como nuevo arzobispo de Puebla no asistió, como se había adelantado en alguna columna política, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Quien si asistió, en cambio, a ese selecto banquete —cuyo menú consistió en espuma de pescado y espuma de salmón, crema de espárragos, corazón de filete al foundue de tamarindo con verduras y dulces típicos— fue el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El gobernador Mario Marín Torres y su esposa Margarita García llegaron a la comida, cuando ésta iba por el segundo tiempo, y la presidenta municipal Blanca Alcalá cuando los comensales ya estaban al final del plato fuerte o en los postres y aperitivos.

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Simón dice:

“Si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella?”
Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Por Eduardo González

El pasado 29 de enero el gobernador Mario Marín Torres anunció como parte de las medidas del gobierno estatal para enfrentar la crisis, el recorte de 10 por ciento al salario de los directores de área, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y, el suyo incluido.

Aunque atractiva a nivel mediática, la medida en sí sola causó una gran molestia al interior de la burocracia poblana.

Sin embargo sólo fue una de las 40 disposiciones de racionalidad y austeridad para el ejercicio fiscal 2009, que aplicará en el resto del año la Secretaría de Finanzas, con el aval de la Secretaría de Gobernación y la supervisión de la Contraloría estatal.

A través del oficio-circular 02/2009 de la Comisión Gasto-Financiamiento del gobierno del estado, que fue dado a conocer el pasado 2 de febrero a los titulares de las dependencias y entidades públicas, se especifica además el recorte de 20 por ciento en el gasto de insumos y la cancelación de diversas partidas.

Así, los recursos para el suministro de gasolina se reducen 20 por ciento y los gastos por este concepto privilegiarán al personal operativo, en tanto que los servidores públicos que tengan asignados vehículos deberán cubrir el combustible con sus propios ingresos.

En el mismo porcentaje se verá afectada la reasignación de líneas telefónicas, las partidas para el pago de energía eléctrica, mantenimiento de vehículos así como la compra de refacciones, accesorios y herramientas.

Para los secretarios de gabinete y procuradores se estableció un consumo límite mensual de 450 pesos en servicio de teléfono celular, para subsecretarios o subprocuradores de 350 pesos y para titulares de entidades, de 300 pesos.

En caso de que algún funcionario se exceda, la diferencia se descontará de su salario. Y en caso de extrema austeridad, el servicio se cancelará sin previo aviso.

La administración estatal, dice el documento, eliminó los gastos de asesorías y en caso de requerir estudios éstos se realizarán con personal y recursos propios.

Para las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales anteriores al modelo 2000, se les notificó realicen el proceso de desincorporación de los mismos, en el entendido de que en ningún caso se realizará la reposición de las unidades.

El asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo, y de entrada habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales.

Y más aún, se transparente el monto y destino de los ahorros, toda vez que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, sí es un recurso que se derrocha.

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Cuando los extremos se juntan

Este viernes, con motivo del cumpleaños de Eduardo García Casas “El Yayo”, se reunirán a comer en el restaurante El Parrillaje de la 43 oriente, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y el nuevo párroco de Xonaca, Víctor Sánchez.

Este último sustituye en ese templo al padre Froylán González Pérez, y también lo hará como encargado de las relaciones públicas de la Arquidiócesis.
A la comida sólo se encuentran invitadas 10 personas, entre ellas las antes mencionadas.

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También en Tlaxcala hace aire

Un escándalo que se cocina en el vecino estado de Tlaxcala tiene que ver con la ex delegada del ISSSTE, Aurora Aguilar Rodríguez, quien renunció a su cargo para buscar una candidatura en el Partido Acción Nacional a fin de instalarse como diputada federal.

En la vecina entidad los detractores de la panista han solicitado se investigue el proceso de reestructuración de 704 créditos para vivienda que fueron encargados a la notaría número 5, pero no la de Tlaxcala, sino la de Huejotzingo, en Puebla, a cargo del fedatario público Alejandro Romero Carreto.

Dicen en Tlaxcala que la actitud de la ex delegada empieza a generar sospechas y lleva un tufo de corrupción, porque nadie se explica ni justifica por qué habiendo notarios en Tlaxcala se optó por encargar la reestructuración de los créditos fuera de aquella entidad, situación que al menos en el ISSSTE, es la primera vez que ocurre en el país.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Que las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación del estado están tomando muy a la ligera las denuncias y quejas en contra del presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, por las amenazas y actos de prepotencia en que ha incurrido en perjuicio de ciudadanos y periodistas.

Uno de estos últimos, Roque Ramírez López, fue amenazado de muerte por el munícipe serrano, sólo por cuestionarlo sobre el monto invertido por el ayuntamiento en las obras de la plaza de toros, las ganancias obtenidas en la feria del pueblo y el costo de su lujosa camioneta Ford Lobo.

Al presidente municipal priísta le irritó que el periodista le preguntara por qué su gobierno prefería invertir dinero público en la feria y en la compra de un vehículo último modelo, y no en las 2,400 familias de Zacapoaxtla que viven en casas de piso de tierra.

Ese día, el jueves 18 de diciembre en los bajos del Palacio Municipal, Justino Guerrero fue abordado por el periodista Roque Ramírez, a quien ya había dejado plantado en varias ocasiones.

Prepotente, el munícipe le dijo que no sólo le iba a responder ninguna pregunta, sino que le iba a partir la madre.

Esa misma tarde, uno de sus colaboradores se presentó al domicilio del reportero para advertirle: “Ten cuidado porque tú no eres la primera persona que amenaza y si no te hace nada a ti, sí puede actuar contra tu familia”.

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Que el Comité Directivo Estatal del PAN poco o nada podrá hacer, más allá de alguna opinión, en el proceso de selección de candidatos a diputados federales por la vía uninominal y plurinomional.

A nivel estatal, la dirigencia panista sólo se limitará a informar en cuáles de los 16 distritos federales en que se divide la entidad habrá convenciones para elegir candidatos, y en cuáles el Comité Ejecutivo Nacional hará las designaciones correspondientes.

En uno y otro caso, las convocatorias y notificaciones, se conocerán a más tardar el 15 de los corrientes.

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Que el jueves 8 de enero, es decir, al día siguiente de la reanudación de labores oficiales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el rector Enrique Agüera Ibáñez realizará una gira de trabajo, en compañía del gobernador Mario Marín Torres, por Chiautla de Tapia y Tehuacán.

En el primer municipio, el gobernador y el rector colocarán la primera piedra de lo que será el nuevo campus de la BUAP en la Mixteca poblana, y en Tehuacán también colocarán la primera piedra pero de un nuevo edificio en ese campus, que este año cumple 10 de construido.

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Que la esposa del gobernador Mario Marín Torres, Margarita García de Marín, también rendirá su cuarto informe de labores como presidenta del Patronato estatal del DIF en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Ello ocurrirá por ahí de la primera quincena de febrero.

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Que Josefina Buxadé Castelán se reintegrará hoy a la Universidad de las Américas Puebla (UDLA-P) como jefa del Departamento de Comunicación, en donde ofrece continuar como garante de la transparencia y el acceso a la información pública.

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LIC. RODOLFO RUIZ RODRIGUEZ.
Director General del portal de noticias digital “E-CONSULTA”.
P r e s e n t e.

 Por este medio, me permito hacerle las siguientes precisiones, relacionadas con la información que se publicó en una de las partes de su prestigiada columna “La Corte de los Milagros”, del martes 6 de enero de 2009:

El 19 de diciembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado recibió vía telefónica, la queja del C. Roque Ramírez López, corresponsal en Zacapoaxtla del periódico digital “e-consulta”, en contra del Presidente Municipal del mencionado lugar, por malos tratos y amenazas.

El día 23 de diciembre de 2008, el quejoso Roque Ramírez López se presentó en las oficinas de la CDH-Puebla para ratificar su queja.

Es importante mencionar que la queja que se registró con el número 12730/08-I, se encuentra en periodo de integración, con la finalidad de hacerse llegar de todos los elementos de prueba para que en su momento se emita alguna resolución apegada a derecho, y con todo el rigor y la seriedad que ha caracterizado al actual trabajo de la Institución.

La Institución Protectora de los Derechos Fundamentales en Puebla, reafirma su compromiso en la protección y defensa de los derechos de todas las personas que se encuentran en territorio poblano, y en su caso, de confirmarse los hechos, reprueba la actitud de la autoridad municipal en contra del trabajo profesional del periodista.

Reitero a Usted, mi atenta y distinguida consideración.

H. Puebla, de Z., a 6 de enero de 2009.

ATENTAMENTE
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
LCC. HECTOR JESUS PEREZ SUAREZ.

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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De veras que en la Secretaría de Salud salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor con el arribo de Antonio López Marín a la titularidad de esta dependencia, en sustitución de Roberto Morales Flores.

Ahora se sabe que la nueva coordinadora de Administración y Finanzas, Mary Cruz Corona Aguilar, quiere acomodar como su segundo de abordo ni más ni menos que al novio de su hermana Rosy, Bernardo González Niño de Rivera, personaje que ya laboró en la Secretaría como brazo derecho de José Luis Palafox Krayevsky, de ingrata memoria en la dependencia.

Bernardo González se desempeñó como director de Recursos Financieros, cargo del que fue relevado hace no más de cuatro meses por quien efímeramente se hizo cargo de la Dirección de Administración y Finanzas a la salida de José Luis Palafox, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

El nombramiento de Bernardo González ha quedado en suspenso por la negativa de la Contraloría del estado que no quiere permitir el regreso de este personaje hasta en tanto no se concluya la auditoría que se le práctica a quien fuera su jefe inmediato, José Luis Palafox, y quien —se presume— incurrió en diversas irregularidades como desvío de recursos públicos en partidas federales que venían etiquetadas para programas y acciones específicas.

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Carlos Cobos Marín es el nombre del personaje que la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda Orozco, tiene previsto nombrar como delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Eduardo Morales Garduño.

El relevo en esta dependencia podría concretarse a mediados de noviembre, una vez que la subsecretaria de Gobernación regrese a México, tras la visita en que estos días realiza al Vaticano en compañía del embajador de nuestro país en la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena.

Carlos Cobos es un empresario inmobilario de Cholula, que desde hace años ha colaborado con la señora Aranda en cuestiones financieras y administrativas en las actividades partidistas y campañas políticas que ésta ha efectuado en la entidad.

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El nombramiento de la expresidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, María Cecilia Hernández Ríos como subsecretaria de Desarrollo Turístico y Capacitación, en sustitución de Víctor Cárdenas Guzmán, en verdad que es de pena ajena.

De ahí que hasta el secretario del ramo, Juan José Bretón Ávalos haya expresado su extrañamiento el viernes, cuando trascendió que la ex diputada cenecista sería nombrada como subsecretaria de Turismo.

La designación de Cecilia Hernández cayó tan mal entre los prestadores de servicios turísticos y funcionarios de la Secretaría que su toma de posesión tuvo que hacerse en lo oscurito, en una ceremonia privada en Casa Aguayo, de la cual sólo se informó a través de un escueto comunicado de prensa.

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El presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, está descuidando las formas y violando la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal para la elección de su dirigente municipal en Acatzingo.

Resulta que ante el poco interés que los panistas de Acatzingo han mostrado por participar en la convención de domingo, en la que Eliseo Zayas Jaen sería votado como candidato único, Rafael Micalco ordenó al delegado político Amado Toxqui ir a busar a los miembros del partido hasta en su domicilio para registrarlos.

La desesperación de Micalco no es menor. El plazo para el registro de delegados a la convención vence este martes a las 20 horas, y hasta anoche sólo se habían inscrito 34 de un mínimo de 101 que se requieren para que haya quorum legal.

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Tan desanimada anda la cosa en el Partido Acción Nacional, que los dirigentes del Comité Estatal y Municipal no tendrán mayores problemas para sacar candidatos por consenso en algunos distritos federales de la entidad, entre ellos los cuatro de la capital.

Entre los posibles aspirantes del PAN a una diputación federal anote los nombres de Pablo Rodríguez Regordosa, José Luis Carmona Ruiz, Eduardo Morales Garduño, José Felipe Puelles Espina y Cecilia Espino González.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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¿Y si López Zavala no es el candidato?
Enoé González Cabrera, al PRI de Puebla

Aun cuando es de dominio público que el favorito del Mario Marín Torres para sucederlo en la gubernatura de Puebla es el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, la pregunta que flota en el ambiente es si éste le garantiza al PRI ya no una victoria contundente, sino al menos apretada en los comicios locales del 2010.

Más allá de las filias o fobias que el “Proyecto Zeta” levanta entre la clase política priísta, creo que la viabilidad de esta candidatura y otras no estará en función de los afectos del gobernador, sino de factores y circunstancias de coyuntura.

Un antecedente que no hay que perder de vista, para no errar sobre el desenlace de la sucesión gubernamental, es la manera en que en 2007 se decidió la candidatura de Blanca Alcalá Ruiz a la presidencia municipal de Puebla.

La primera alcaldesa en la historia de Puebla no era la aspirante más conocida, ni la mejor posicionada en las encuestas, y tampoco la favorita del gobernador Marín.

Entre las circunstancias que inclinaron la balanza a su favor –y que hoy, sin proponérselo, la tienen en la antesala de la gubernatura– destacan que el gobernador no quiso arriesgar en ese proceso a su carta fuerte, Javier López Zavala, y que éste tampoco quiso aventurarse; que la figura del ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, antes de ser vetada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, tuvo escaso eco entre los priístas, y que el PAN se equivocó con la nominación de Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Si bien ningún proceso electoral es igual a otro, me parece que tampoco se puede descartar del todo un escenario similar, y menos cuando muchos de los protagonistas de aquel proceso hoy aparecen otra vez en la escena pública como actores de primer orden.

Blanca Alcalá dice que no está en sus planes inmediatos la gubernatura del estado, como tampoco lo estaba en el 2007 la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

López Zavala sigue siendo la carta fuerte del gobernador para heredarle el cargo, aunque no la única. En el escenario se vislumbran ya otras opciones, como el actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la actual presidenta municipal de Puebla.

El secretario de Desarrollo Social tiene como entonces amplias posibilidades, pues tanto la estructura del partido como la del gobierno están a su servicio. Quizá su mayor problema sea la percepción que los priístas y los ciudadanos tienen sobre su persona, como el candidato de la continuidad y las complicidades marinistas, cuestión que al final le suma más votos en contra o de rechazo que a favor.

En suma: creo que el derrotero de la sucesión priísta rumbo a Casa Puebla no estará marcado por aspectos afectivos o de oriundez, sino por factores y circunstancias de peso político y electoral.

Es decir, lo importante llegado el momento decisivo no será si López Zavala es o no el delfín del gobernador o si nació en Puebla o en Pijijiapan, Chiapas, sino si éste es garantía de triunfo y si su candidatura generará más consensos que disensos dentro y fuera del PRI.

Por lo pronto, le dejo aquí un test de 10 preguntas que le darán luz acerca de quién podría ser el nominado del tricolor a Casa Puebla en el 2010. Por cada interrogante, escriba dos nombres, y al final encierre en un círculo el que más veces haya sido mencionado, pues ése y no otro es el que lleva la delantera.

1.¿Quién de los priístas que se mencionan para la gubernatura –Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Agüera Ibáñez, Enrique Doger Guerrero, Jorge Estefan Chidiac, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores y Mario Montero Serrano– genera los mayores consensos al interior del PRI?

2.¿Quién le parece más honesto o el menos corrupto?

3.¿Con quién el PRI corre menos riesgos de sufrir fracturas o divisiones internas?

4.¿Con qué aspirante cree que los ciudadanos radicados en la entidad y que no militan ni simpatizan en PRI se podrían identificar mejor?

5.¿Quién cree que pueda resolver mejor los problemas del estado?

6.¿A quiénes de ellos confiaría las llaves de su casa o el futuro de sus hijos?

7.¿Quién de los priístas vencería con mayor facilidad al hoy senador panista Rafael Moreno Valle Rosas?

8.¿Qué priístas son los mejor aceptados por los grupos de poder fáctico que operan en Puebla, dentro del marco institucional, como la Iglesia Católica, El Yunque y algunos corporativos empresariales?

9.¿Qué aspirantes del PRI tendrían todo el apoyo de su dirigencia nacional?

10. ¿Quién podría llevarse mejor con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa?

Nota: Para que su pronóstico sea certero, el nombre de su favorito debió haberlo escrito al menos siete veces.

EN CORTO

La ex diputada local y ex diputada federal Enoé González Cabrera formará parte del nuevo Comité Directivo Municipal del PRI de Puebla. Será nombrada, una vez que Carlos Meza Viveros asuma la dirigencia, como secretaria adjunta a la presidencia.

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Ayer recibí una llamada de una fuente confiable para hacerme saber de un secuestro, ocurrido el pasado fin de semana, en el Centro Comercial Angelópolis. Se trata, según la versión, de dos jovencitas, una de segundo de secundaria, y otra de primero de preparatoria; ambas del mismo colegio privado.

De acuerdo con esta fuente, ambas estudiantes habrían sido secuestradas y llevadas fuera del país por una banda dedicada la explotación sexual de menores, uno de cuyos miembros habría sido detenido el miércoles pasado, en el mismo centro comercial, por agentes de la Procuraduría General de la República.

Según la misma fuente, el joven detenido habría confesado que sus víctimas eran seleccionadas vía internet, a traves de la red social Hi5.

Debo aclarar que tal denuncia no me fue posible corroborarla ayer domingo, por lo que hoy lunes seguiré insistiendo.

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