Que Javier López Zavala sí tendrá como coordinador general de campaña a un Morales Flores, pero que éste no será el exgobernador Melquiades sino su hermano Jesús, de los mismos apellidos.

Esta situación echa por tierra la especie de que Darío Carmona García asumiría tal posición después de renunciar a la Secretaría de Educación Pública.

Claro que Carmona sí dejará su cargo en la SEP para realizar talacha partidista y electoral con López Zavala, pero no en calidad de coordinador general sino como coordinador estatal de Promoción al Voto.

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Que con el propósito de atajar las críticas respecto a que Rafael Moreno Valle Rosas no ha concluido uno solo de los cargos de elección popular que ha ocupado desde 2003 —diputado federal, diputado local y senador de la República—, éste firmará ante notario público un compromiso de concluir su gestión de seis años como gobernador.

Con esta acción, que será una de las primeras que emprenda como precandidato del PAN a la gubernatura, Moreno Valle pretende acallar las versiones de que, si gana los comicios del 4 de julio, se lanzará a buscar la Presidencia de la República en el 2012.

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Que este viernes, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, será el encargado de recibir, atender y llevar al Complejo Cultural Universitario al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ha confirmado su asistencia al 5º informe de actividades de Mario Marín Torres, junto con otros 13 gobernadores del país.

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Que los promotores de la alianza ciudadana Puebla de Acuerdo —que desde hace algunos meses vienen impulsado una coalición electoral entre el PAN y el PRD para las elecciones locales de julio próximo— intentan convencer a la empresaria Amy Camacho Wardle para que participe como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

De hecho, trascendió que este jueves una comisión de los aliancistas —entre los que figuran Verónica Mastretta Guzmán, Gerardo Navarro Montero, Gabriel Hinojosa Rivero, Antonio Kuri Alam y María del Carmen Lanzagorta— se reunirá con la directora del parque zoológico Africam Safari para hacerle la propuesta formal.

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Que Juan Manuel Vega Rayet será quien reemplace a López Zavala en la Secretaría de Desarrollo Social del estado, una vez que éste se despida de la dependencia —lo que ocurrirá el sábado 16 de los corrientes— para preparar su registro como aspirante del PRI a la gubernatura de Puebla.

Vega Rayet se desempeña actualmente como subsecretario de Enlace y Desarrollo Social.

Quien no permanecerá en la SDS como subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional, es el exdiputado José Luis Márquez Martínez, ya que será invitado a sumarse al equipo de campaña del futuro abanderado del PRI a la gubernatura del estado.

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Que a última hora podría registrarse como aspirante del PAN a la gubernatura, además del ex alcalde Luis Paredes Moctezuma, el doctor en Derecho y magistrado suplente del Tribunal Electoral del Estado, Miguel Ángel Ortiz Cabrera.

Su participación es observada con cautela, pues de acuerdo con algunas fuentes confiables del PAN, el susodicho mantiene ligas con abogados cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Ortiz Cabrera se comunicó el miércoles a las oficinas del PAN solicitando informes sobre los requisitos que debía reunir para inscribirse como aspirante a la gubernatura, lo que de inmediato generó suspicacias.

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Simón dice:

«La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar».

Mario Vargas Llosa (1936). Novelista y ensayista peruano

* Enrique Agüera ampliará la matrícula de la BUAP

* Rafael Moreno Valle, ¿orgullosamente poblano?

 Desde hace cuatro o cinco meses comenzaron a circular por internet una serie de correos anónimos, algunos de ellos dirigidos a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtiéndole sobre los antecedentes de algunos funcionarios que recién habían llegado o estarían por ser contratados en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Algunos de estos correos —que se acompañan de notas aparecidas en medios locales y foráneos— dan cuenta de los supuestos vínculos o antecedentes de ciertos funcionarios policíacos del municipio y el estado con personajes del crimen organizado o con testigos protegidos de la PGR en casos de narcotráfico.

Los mails son prolíficos en información acerca de los antecedentes y nexos que mantienen o han mantenido quienes en los últimos cinco años se han desempeñado como jefes policíacos de Puebla, tanto en la esfera federal, como estatal y municipal.

Un detalle que llama la atención, más allá de la veracidad de tales mensajes electrónicos, es que varios de los funcionarios señalados ya dejaron de laborar en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), como subordinados de Andrés Vicente Ruiz Celio, quien apenas el jueves fue condecorado, en el Campo Marte número 1, como uno de los generales retirados con más experiencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellos los siguientes: el expolicía federal Mario Alberto Blancas Salazar, a quien el general Ruiz Celio nombró secretario particular; el exministerio público federal Gerardo Moreno Veloz, designado jefe de asesores en la SSPTM; el expolicía de la AFI, Efrén Camacho Morales, en quien recayó la coordinación de Grupos Especiales (Táctico e Inteligencia); y el exdirector de Seguridad Pública de Pachuca, Mauricio Delmar Saavedra, nombrado secretario técnico.

Otro detalle, no menos interesante, es que algunos de los referidos mails han salido o han sido reenviados desde cuentas electrónicas de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El propósito no está muy claro, pues a ciencia cierta no se sabe si tales correos tenían el objetivo de advertir a la alcaldesa de los antecedentes y vínculos de algunos funcionarios contratados por el general Ruiz Celio; si éstos son consecuencia de una venganza política o resultado del llamado fuego amigo entre jefes policíacos; o si, como se dice en uno de los mails, son parte de una guerra entre cárteles por la plaza de Puebla.

De ahí la conveniencia de que la presidenta Alcalá o el general Ruiz Celio expliquen cómo llegaron estos policías a Puebla, quién los recomendó, por qué se les contrató, aunque sea de manera temporal, y cuáles fueron las razones por las que muchos de ellos dejaron de laborar en noviembre o diciembre en el gobierno municipal.

Las dudas matan.

 INTRAMUROS

A continuación le presentó algunas gráficas de la encuesta realizada por GEA-ISA en la primera quincena de diciembre y que dan cuenta del potencial de Ana Teresa Aranda como posible abanderada a la presidencia municipal de Puebla y de la intención del CEN por convencerla para que acepte dicha postulación.

La ventaja que saca a sus compañeros de partido: Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez es considerable, tanto en opiniones positivas como en intención de voto.

Mientras el 51% de los encuestados panistas respondió que Ana Teresa Aranda Orozco es la figura que más les gustaría para ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla, el 22% contestó que Humberto Aguilar, y sólo el 11% que Eduardo Rivera.

Esta situación se repitió, en la misma proporción, aunque no en los mismos porcentajes, entre los electores de la capital del estado que respondieron la misma interrogante.

 EN CORTO El rector Enrique Agüera Ibáñez anunciará este lunes un ambicioso programa por el cual aumentará el número de aulas universitarias y escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en varios municipios de la entidad.

Dicho programa no sólo resolverá la demanda de preparatorias que enfrenta el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública en diferentes regiones de la entidad, sino que ampliará la matrícula estudiantil en beneficio de quienes menos tienen.

Las preparatorias y aulas universitarias que se abran, en un modelo de corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipales, funcionarán como extensiones de las actuales unidades académicas de la BUAP, dado que serán las que lleven el soporte académico de los nuevos planteles.

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Será a mediados o finales de febrero cuando se conozcan los resultados de la tercera revisión anual practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la gestión del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Con la auditoría 2009, la BUAP será una de las tres instituciones públicas de educación superior más auditadas por el máximo órgano fiscalizador del país, dependiente del Congreso de la Unión.

Esta tercera revisión fue solicitada por el propio rector Agüera a finales del 2008.

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La campaña Orgullosamente poblano emprendida por el senador Rafael Moreno Valle Rosas y algunos seguidores suyos del Partido Acción Nacional, con el propósito de contrastar el origen chiapaneco de Javier López Zavala, podría resultar no muy efectiva y hasta contraproducente.

Y es que los operadores del aún secretario de Desarrollo Social del estado podrían responder esa campaña haciendo pública un acta de nacimiento que revelaría que Rafael Moreno Valle tampoco es oriundo de Puebla, sino del Distrito Federal.

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Dos noticias legislativas que poco han trascendido en el ámbito local son el nombramiento del diputado federal Fernando Morales Martínez, como presidente de la Comisión de Protección Civil, y del coordinador de la bancada priísta poblana, Juan Carlos Lastiri Quirós, como miembro de la codiciada Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea.

La primera comisión, que tiene carácter de especial y no de permanente, cobra relevancia por el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres es también el coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea la integran siete diputados de todos los partidos, y Juan Carlos Lastiri es uno de los tres priístas que forman parte de ella. Los otros dos son: la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y el exdirigente nacional del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico.

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Simón dice:

«El crimen hace iguales a todos los contaminados por él».

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Por Martín Ruiz

Después de cuatro denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital del IFE en Teziutlán, el organismo electoral determinó amonestar al candidato a diputado del PRI en esa demarcación, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, por colocar propaganda en mobiliario urbano.

Juraidini Rumilla –ex directivo de la empresa Femsa Coca-Cola– ya había sido acusado el 19 de mayo por la misma falta, sin embargo los consejeros electorales no estimaron convincentes los argumentos del PAN.

Asimismo el 30 de abril el equipo de campaña del PAN sorprendió a integrantes del Frente Juvenil Revolucionario del PRI repartiendo productos en las calles de Teziutlán a nombre del abanderado del PRI, y solicitando el voto a favor de Juraidini Rumilla.

En esa ocasión los integrantes del Consejo Distrital, por unanimidad declararon infundada la denuncia hecha por Acción Nacional.

Sin embargo el 25 de mayo pasado los panistas insistieron y presentaron dos quejas por la colocación de propaganda del candidato en mobiliario urbano, tanto en Teziutlán como en el municipio de Guadalupe Victoria, las cuales quedaron registradas en los expedientes CD03/PUE/PE/PAN/003/2009 y CD03/PUE/PE/PAN/004/2009.

Por ambos casos se emitió una amonestación pública contra el priísta y se ordenó tanto a él como a su partido, el retiro de la propaganda electoral colocada en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

Los asesores del candidato priista deberían decirle que las campañas políticas tienen reglas y que no puede manejarse cómo si se tratara de vender un refresco, pues aunque él no lo crea son dos cosas diferentes.

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Y hablando de política, si bien la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota y actual coordinadora nacional de la campaña del PAN a las diputaciones federales, declaró ante los reporteros que no tiene candidato para la gubernatura de Puebla, lo cierto es que sus acciones hacen pensar todo lo contrario.

Resulta que su equipo de trabajo que la acompaña en sus giras proselitistas no perdió la oportunidad para hacerle el fuchi al senador Rafael Moreno Valle y a sus operadores durante los eventos en los que coincidieron.

Rafael Moreno Valle no es panista, es un incondicional de la maestra y sus seguidores son unos arribistas, es lo menos que decían los allegados a Vázquez Mota, palabras que no tardaron en llegar a los oídos del senador que por momentos lamentó haber financiado los actos proselitistas en los que se presentó la ex colaboradora de Felipe Calderón para apoyar a los candidatos a diputados federales por los distritos de la capital poblana.

Será que Josefina Vázquez ve reflejada en la figura de Rafael Moreno Valle la imagen que más influyó para que ésta dejara de ser la Secretaria de Educación Pública.

Si a una panista de Puebla le debe haber caído como gancho al hígado no tanto la renuncia de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública, sino su eventual nominación como candidata plurinominal del PAN por la quinta circunscripción electoral del país, pero sobre todo la posibilidad de que se convierta en la coordinadora de su grupo parlamentario en la Cámara Baja, esa es precisamente Ana Teresa Aranda Orozco.

Josefina y Ana Teresa mantienen una vieja rivalidad desde el comienzo del sexenio de Vicente Fox, cuando la señora Aranda se rehusó a que el DIF saliera del sector Salud, para reubicarse como un organismo público descentralizado sectorizado a la Sedesol.

Dicha rivalidad se acrecentó cuando Vázquez Mota salió de la Sedesol para integrarse a la coordinación del equipo de campaña del hoy presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y la señora Aranda la sustituyó en el cargo, en el ocaso del sexenio foxista.

En ese escenario, lo más previsible es que si Josefina Vázquez se convierte en la líder de la bancada del PAN en San Lázaro, Ana Teresa tendrá poco o nulo juego político, lo que afectaría sus aspiraciones de contender —¡otra vez!— por la gubernatura de Puebla en el 2010.

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A vuelo de pájaro, los cambios anunciados anoche en el equipo de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, en la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública, en la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y en la Dirección General del DIF municipal, parecen adecuados.

El nombramiento que más incertidumbre genera es el de Emilio Trinidad Zaldívar como coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Rafael Quiroz Corona, y no porque carezca de oficio o de experiencia, que la tiene pero en el Distrito Federal y en otras entidades del país, pero no en Puebla donde nadie lo conoce.

Y en un área tan sensible para cualquier gobierno como la comunicación social y el trato con medios de comunicación, tal desconocimiento resulta arriesgado, máxime cuando la alcaldesa dedica poco tiempo a esta cuestión.

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Otra duda que dejan los cambios y enroques anunciados anoche se centra en el actual secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras.

Y es que nadie sabe si Hidalgo Vigueras será ratificado o removido del cargo, como se ha venido especulando desde hace meses, o qué razones tuvo la presidenta municipal de Puebla para dejar fuera del paquete de nombramientos a José Héctor Carreón Herrera como sustituto de aquel.

Por lo pronto, anoche corrió como reguero de pólvora la versión de que la alcaldesa aún estaba indecisa de nombrar a Carreón Herrera, por su desarraigo de Puebla y porque a pesar de su paso por la PGR y la Procuraduría del Distrito Federal y de su curriculum como estudioso del derecho penal, en la práctica nunca se ha involucrado en cuestiones operativas, ni ha estado al mando de policías.

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Una duda adicional: ¿Qué pasará con Sergio de la Luz Vergara Berdejo?

¿A poco después de sus errores cometidos en la reconstrucción de algunas calles del primer cuadro, lo van a premiar nombrándolo al frente de la Agencia encargada del rescate y restauración del Centro Histórico?

La verdad es que sería el colmo.

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Simón dice:

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar”.
 Mario Vargas Llosa (1936-?). Escritor peruano.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

En lugar de resolver los conflictos que enfrenta en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Puebla, de la cual es director desde junio del año pasado Pedro Valdez Martínez, anda muy preocupado por la situación de los egresados de la maestría en educación de la Universidad de Puebla (UniPue), propiedad de la familia Reyes Cardoso.

Su preocupación radica en que cientos de egresados del referido posgrado de la UniPue no pueden obtener su grado de maestría, mientras no paguen a la institución entre 10 mil y 15 mil pesos por derecho a examen y gastos de papeleo, y que estos profesores quieren que la Secretaría de Educación Pública los apoye.

Y la manera que la SEP —a través de su director de Formación, Superación y Capacitación de Maestros, Reynando Gil Vélez— ha encontrado de resolver el conflicto es que los maestros e investigadores de la UPN sean quienes se encarguen de asesorarlos en sus tesis y de evaluarlos en su examen de grado.

A los ojos de los académicos de la UPN esta situación resulta contradictoria, pues no pueden entender como Valdez Martínez se preocupa más por los problemas de los egresados de la escuela de Reyes Cardoso que por resolver los conflictos al seno de la institución que dirige, a saber:

-La reducción del presupuesto asignado a la institución y la discrecionalidad con que se manejan los recursos propios por concepto de colegiaturas y cuotas de admisión y reinscripción;

-El aumento en las cuotas que se cobran a los estudiantes de la Licenciatura en Educación para el Medio Indígena, y por examen de admisión, inscripción semestral en licenciatura y maestría, cursos propedéuticos y diplomados que se cobran al resto de los alumnos de la UPN;

-La falta de espacios educativos como aulas, cubículos, y sanitarios, y

-El malestar de profesores de la maestría en Formación Docente para el Ámbito Regional por la decisión de relevar a Jorge Vázquez al frente de ese posgrado, por haberlo abierto en septiembre de 2007 sin contar con autorización de la SEP.

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