Entre los regidores del ayuntamiento de Puebla no ha caído nada bien la manera en que se operó el Programa Piloto del Sistema de Bicicleta Pública SmartBike, con el cual se pretende impulsar el uso de este tipo de transporte en el Centro Histórico de la ciudad.

Los regidores más inconformes son los de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, de Transporte y Vialidad, y de Desarrollo Urbano y Obras, pues consideran que el proyecto es una copia malhecha, sin estudios técnicos que lo avalen, del que opera en la Ciudad de México.

A los regidores no sólo les sorprendió el anuncio de su puesta en operación el pasado jueves. También el hecho de que los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y del Instituto Municipal de Planeación (Implan) los hubieran mantenido al margen, después de que en abril y mayo se llevaron a cabo algunas reuniones para su análisis y posible instrumentación.

Otro elemento que provocó su desconcierto es que el proyecto, supuestamente piloto, fue adjudicado sin licitación pública a Clear Channel, compañía especializada en la venta de publicidad exterior y que en Puebla ya tiene la concesión de mobiliario urbano (parabuses), donde se publicitan empresas, productos, políticos y autoridades.

También llamó la atención de los regidores que el coordinador del Implan, Luis Olmos Pineda, esté a cargo de instrumentar el Sistema de Bicicleta Pública SmartBike, cuando el programa ni siquiera figura en el Banco de Proyectos del Instituto Municipal de Planeación para la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez ni tampoco de su sucesor en el ayuntamiento de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

Y que este funcionario declare que el Programa Piloto está sustentado en un estudio de origen-destino realizado por quién sabe quién, pues nadie conoce el documento, no obstante que en la última sesión de Cabildo los regidores lo instruyeron a entregarlo de inmediato.

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El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) podría desconocer este viernes el triunfo de la priísta Hermelinda (Mely) Macoto Chapuli, candidata de la Coalición 5 de Mayo a la presidencia municipal de Coronango.

Si los magistrados dan por buena la acta de cómputo final de esa elección municipal, aportada por la representación del partido estatal Pacto Social de Integración (PSI), el vencedor sería Avelino Toxqui Toxqui, por más de 400 votos.

Este personaje ya fue presidente de Coronango, de 2005 a 2007, y diputado en la LVIII Legislatura del Congreso del estado por el distrito 8 con cabecera en Cholula. Ambos cargos de elección popular los obtuvo como abanderado del PRI.

Sin embargo en los comicios locales de julio de 2013 Avelino Toxqui contendió como candidato del PSI.

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Este jueves continuó, en la Cámara de Diputados, la lucha por la controversia que la perredista Roxana Luna Porquillo pretende impulsar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eche abajo la Ley del Agua del estado de Puebla, supuestamente por inconstitucional.

La legisladora logró que su coordinador de fracción en San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, le refrendara su apoyo cuando desde su curul acusó al gobierno del estado de hostigarla. Pero perdió el respaldo del líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, cuando uno de los suyos le mostró fotos de Roxana Luna apoyando al candidato del PRI en San Pedro Cholula, Sergio Galindo López.

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Este jueves se hizo oficial la reincorporación del panista Julio César Lorenzini Rangel a la Cámara de Diputados, que será efectiva a partir del 1 de diciembre. Eso significa que su suplente, Liliana Castillos Terreros —esposa del presidente municipal con licencia de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez—, se quedará con las ganas de cobrar el aguinaldo, bonos y demás prestaciones de fin de año que reciben nuestros sacrificados parlamentarios.

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Una de las principales razones por las que los ayuntamientos de la entidad se niegan a realizar obras en coparticipación con el gobierno del estado es el sobrecosto con que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), a cargo de Javier García Ramírez, las presupuesta.

Para muestra un botón: el corredor turístico que en torno a la pirámide se haría, para hermanar ambos municipios, conectando sus respectivos zócalos a través de una avenida adoquinada con luminarias y mobiliario nuevos, instalaciones eléctricas y de telefonía ocultas, y banquetas más amplias.

Estos trabajos tendrían inicialmente un costo de 21 millones, sin embargo la cifra se elevó a 30 millones de pesos cuando se involucró en el proyecto la SDUOP, lo que también disparó el monto a invertir por parte del ayuntamiento de San Andrés Cholula de 6 millones a casi 10 millones de pesos.

La causa de ese incremento son los sobreprecios de algunas obras consideradas en el llamado «Corredor Turístico Cultural de la Hermandad».

Y es que mientras las autoridades sanandreseñas cotizaron la construcción de banquetas y arroyos en 3 millones 42 mil pesos, la SDUOP lo hizo en 3 millones 636 mil pesos. Lo mismo ocurrió con la señalética. El ayuntamiento de David Cuatli Jiménez la cotizó en 324 mil pesos, y la dependencia de Javier García Ramírez en 838 mil pesos.

De ahí la decisión del ayuntamiento de San Andrés Cholula de no colaborar, ni participar económicamente con tal proyecto, impulsado por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado.

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La presencia de Blas Villegas Lara en la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en poco o nada ayudará a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, a despejar las sospechas de corrupción que hoy existen en torno a la asignación de un jugoso contrato a una empresa de reciente creación —Publicidad Exterior Regulada— que se encargará de regularizar y supervisar las estructuras de anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla.

Por el contrato adjudicado en junio, la empresa Publicidad Exterior Regulada se llevará 45 centavos por cada peso ingreso que ingrese, es decir, algo así como 5 millones de pesos de aquí a febrero, en que pretende recaudar por la regulación y supervisión de espectaculares 12 millones de pesos.

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Ante las protestas de no pocos aspirantes del PRI a la alcaldía de Puebla que fueron marginados en su último levantamiento, y del cual le dimos aquí cuenta hace un par de días, el CISO de la BUAP realiza una nueva encuesta, pero ahora sí incluyendo a los funcionarios que dejó fuera: Valentín Meneses Rojas, Pericles Olivares Flores y Javier García Ramírez, entre otros.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

Más allá de los pleitos y grillas entre el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez, y el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Eduardo Macip Zúñiga, resulta inaudito el amago de romper la carpeta de concreto que se construye sobre la Vía Atlixcáyotl para ubicar los daños causados en las tuberías de distribución del vital liquido que cruzan por esa importante vialidad.

Esta situación no sólo evidencia la falta de coordinación que existe entre las dependencias del gobierno del estado, sino el poco respeto de las autoridades hacia los ciudadanos.

El 17 de julio de 2008, Javier García presumió la coordinación y logística que la SEDUOP había logrado establecer con las empresas constructoras, Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Maxigas y Soapap para empatar los movimientos de postes, cables y tuberías con la ejecución de la obra.

Sin embargo, a juzgar por las críticas y amenazas del director de Operación Hidráulica del Soapap, Tomás Hernández Leal, dicha coordinación valió madres.

No es posible que ahora que la obra se encuentra avanzada, el Soapap nos salga con el cuento de que las empresas a cargo de los trabajos —–CUAR Constructores Asociados, PERECAR y Asociados, CUPSA y ALOM Construcciones— han cometido errores y daños en las tuberías que afectan el suministro de agua potable en 120 colonias del sur de la ciudad.

Y menos tratándose de una de las obras viales más caras en la historia de Puebla y el país, pues cada kilómetro de lo que será el Boulevard Bicentenario tendrá un costo de 100 millones de pesos.

En la remodelación de la Vía Atlixcáyotl se invertirán casi 500 millones de pesos, cifra superior en una quinta parte al presupuesto que este año destinarán el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado en la pavimentación y reconstrucción de 400 calles de la capital.

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El nombramiento de Jorge Rodríguez y Morgado como secretario de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla está lejos de ser una concesión al expresidente municipal Enrique Doger Guerrero, con quien aquel colaboró como secretario de Administración Urbana.

Y es que Rodríguez y Morgado salió del ayuntamiento por diferencias con el exmunícipe, harto de las presiones del coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan, a los proveedores y contratistas, y de que Enrique Doger lo tuviera como parapeto de quien en realidad mandaba en la dependencia: Gerardo Sordo Sainz.

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Si bien el regidor de Hacienda de San Martín Texmelucan, Ricardo Pérez Rico, fue amenazado y chantajeado vía telefónica por supuestos zetas, al igual que otros funcionarios de ese ayuntamiento, lo ocurrido el lunes por la noche a las puertas de su domicilio, en San Andrés Cholula, está lejos de ser un atentando del brazo armado del Cártel del Golfo.

El regidor fue baleado pero resultó ileso, no así su esposa quien se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con fuentes cercanas que la tarde de ayer establecieron contacto con familiares del regidor, vecino del fraccionamiento El Barreal.

Pérez Rico encabeza en el Cabildo de Texmelucan a un grupo de regidores, que suele oponerse a las acciones del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández, a pesar de que ambos militan en el mismo partido: Nueva Alianza.

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Simón dice:

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.

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Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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Rivera Santamaría, burla con la obra pública
Gutierrez Jamarillo, observadora de la OEA
Pepe Tomé, secretario de Prensa del PRI

Si de algo ha servido el caso de Antonio Juárez Acevedo, destituido presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es para evidenciar la incompetencia y falta de pericia política de los diputados del Congreso del estado, en especial de los priístas.

El largo y engorroso procedimiento que llevó a cabo la Comisión de Gobernación —a cargo del diputado priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— para la remoción de Juárez Acevedo, se justificó en aras de impedir que éste se amparara en contra del Poder Legislativo.

Desde el pasado 26 de septiembre de 2007, en la que fracción panista planteó de manera formal la destitución de Juárez Acevedo por violar el artículo 27 de la Ley de Transparencia, la bancada priísta siempre se mostró reticente para agilizar su remoción.

Primero dijo que el asunto de la supuesta pertenencia del presidente de la CAIP a Plataforma Cuatro debía investigarse a fondo; luego, cuando la prensa publicó nuevas evidencias que acreditaban a Juárez Acevedo como secretario general de esa agrupación política nacional, arguyó que el Congreso debía esperar que el IFE certificara tales documentos y cuando así se hizo, se sacó de la chistera un burocrático procedimiento para impedir, supuestamente, que Juárez se amparara y echara abajo su remoción.

El caso es que después de que la LVII Legislatura local decidió por unanimidad de votos destituirlo, el pasado 15 de diciembre, y pedir a la Contraloría su inhabilitación del servicio público, Juárez Acevedo no sólo continuó en la CAIP, sino que participó en la elección de su nuevo presidente, Samuel Rangel Rodríguez.

Para hacerlo arguyó dos cuestiones: una, que la resolución del Congreso del estado aun no causa ejecutoria y, dos, que presentó un recurso de revisión contra su remoción.

Bajo esa lógica y el amparo que está por presentar ante un juez de distrito, lo más seguro que Juárez Acevedo se mantenga como comisionado de la CAIP al menos otros tres meses, burlándose de los diputados, pero sobre todo del presidente de la Comisión de Gobernación, al que por lo visto ya le tiene tomada la medida.

INTRAMUROS
De risa lo que sucede en Puebla con la obra pública y los constructores que la ejecutan.

Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública —a cargo de Javier García Ramírez— decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios Especializados de México una importante obra, de casi 20 millones de pesos, en la junta auxiliar de San Aparicio.
Se trata de la ampliación a cuatro carriles de la Calzada Alfredo Toxqui.

La Secretaría justificó su determinación en el retraso de más de un año de esa vialidad, que debió concluirse el 27 de junio del año pasado, según contrato O.P./L.P.E./SEDUOP-20071176.

La Calzada Alfredo Toxqui finalmente será inaugurada en febrero de 2009, después de que las obras fueron reasignadas a la empresa Concretos Especiales Mexicanos, que —a decir del presidente de la junta auxiliar Abraham Esteban Aguirre— trabaja a marchas forzadas para terminarla en el transcurso de las próximas dos semanas.

El único que detalle es que tanto Proyectos y Estudios Especializados de México como Concretos Especiales de México son del mismo dueño: Eduardo Rivera Santamaría, para servir a usted.

EN CORTO
La consejera local del IFE, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora internacional en las elecciones del próximo domingo 18 de enero en la República de El Salvador.

Alejandra y otro funcionario de las oficinas centrales del IFE, son los únicos mexicanos que participarán en la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Para atestiguar el desarrollo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador, la también profesora de la Universidad Iberoamericana de Puebla viajará a ese país centroamericano el próximo jueves 15 y retornará a México el martes 20 de enero.

Su experiencia y observaciones sobre las elecciones salvadoreñas se publicarán en e-consulta, a partir del 16 de los corrientes.

En el Consejo Local del IFE la consejera Alejandra Gutiérrez coordina la Comisión de Comunicación.

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Una larga e intensa reunión de evaluación y programación de más de 12 horas fue la que Blanca Alcalá Ruiz encabezó el viernes, en uno de los salones del Centro Vacacional de Metepec, con los secretarios y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

A la sesión de trabajo acudió también Rigoberto Benítez Trujillo, director de Opina Consultoría Estratégica, quien presentó una evaluación sobre la percepción que los capitalinos tienen del ayuntamiento de Puebla, así como de sus principales funcionarios y acciones de gobierno.

En general, dijo que la gestión de Blanca Alcalá es aprobada por la mayoría de los ciudadanos de Puebla, aun cuando se advierte que hay poca obra y rezago en algunos servicios públicos.

Durante la reunión, la presidenta municipal anunció que este año se ejecutarán 400 nuevas vialidades, entre ellas dos distribuidores viales, uno en el crucero que forman los boulevares Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo, y otro sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente.

El fantasma de los cambios se hizo presente en la jornada. Blanca Alcalá no adelantó ninguno, pero sí dejo en claro que éstos se darán hasta después de su primer informe de labores.

Lo que sí hubo fue algunos reconocimientos de la presidenta municipal al director del Instituto de Arte y Cultura, Pedro Ocejo Tarno; al Sistema DIF municipal, a cargo de su hermana Gabriela Alcalá; al tesorero Javier Ramírez Carranza, y a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

La reunión terminó con una partida de rosca, y el exhorto de la alcaldesa a los cerca de 40 funcionarios que la acompañaron a redoblar esfuerzos, a mantener la unidad, la disciplina, y a cumplir con las metas programadas para el 2009, a pesar de la crisis económica y las limitaciones presupuestales.

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José Tomé Cabrera asumirá este lunes la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación del dirigente priísta Alejandro Armenta Mier, con quien ayer domingo afinó los detalles de su nombramiento.

Con Pepe Tomé también llegarán al PRI Sandra Izcoa Reyes, como jefa de Prensa, en sustitución de Luz María (Lucero) Carrera Téllez; Abraham López Posa, como jefe de Relaciones Públicas; Juan Carlos Blanca García, como jefe de marketing y diseño gráfico, y Cindy Alejandro Ibarra, como asistente.

Sandra Izcoa es periodista, fue conductora de los noticiarios de Televisa Puebla; directora de Comunicación Social en el DIF estatal con Socorro Alfaro de Morales, esposa del ex gobernador Melquiades Morales Flores, y presidenta del DIF en el municipio de Cuyoaco, durante la gestión de su esposo Benjamín Lobato Fernández.

Abraham López es un colaborador cercano a Pepe Tomé, con quien ha trabajado primero en el DIF estatal hace más de tres años, y luego en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Juan Carlos Blanca fue director de mercadotecnia cuatro años de la consultora Gedas México, firma especializada en la proveeduría del servicio de outsourcing para industrias manufactureras como Volkswagen, y en proyectos de Tecnología de Información.

Para ocupar la vacante que deja Pepe Tomé en la Dirección de Comunicación Social aún no hay sustituto. Lo único que se sabe es que Erika Jaramillo González quedará como encargada de despacho, y que Óscar de la Vega Torres no puede asumir el cargo por alguna inhabilitación política o legal.

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Carlos Raúl Alvarado Rodríguez ya dejó de laborar en la Secretaría de Salud como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social, para incorporarse a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno del estado, dependencia en la que tendrá un mayor juego.

Por lo pronto, su jefe Javier Sánchez Galicia le encargó la coordinación de la cobertura, difusión y promoción del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres.

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La evidencia más contundente de que Gerardo María Pérez Salazar no será promovido a una curul en la próxima legislatura federal, es que el secretario de Finanzas y Administración del estado se irá de gira con el gobernador Mario Marín a Italia, Francia y España del 17 al 28 de enero, es decir, justo en los días en que el PRI definirá sus fórmulas de candidatos por los 16 distritos en que se divide la entidad.

Pérez Salazar, quien primero buscó la diputación por Atlixco y luego por el distrito 11 de la capital poblana, acompañará al gobernador a Milán, donde se reunirá con el administrador de la feria de esa ciudad italiana, Sandro Bicocchi, con la alcaldesa Leticia Morat, y con el presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni.

El secretario de Finanzas aprovechará su estancia en Milán para reunirse con su hija, a la que no hace mucho también visitó.

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La directora jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla, Eva María Cabrera Zurita, departió el viernes por la noche con algunos proveedores de la comuna en el cantabar Il Canto, de la Avenida Juárez 2113, en la colonia La Paz.

El asunto no tiene nada de malo, pero puede generar controversia por las funciones de Eva Cabrera, y de la Secretaría de Administración, que es la que se encarga de la contratación y pago de proveedores, así como de las adquisiciones y licitaciones que lleva a cabo la comuna.

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Y hasta la próxima.

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Uno de los grandes negocios del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, y sus mafiosos jefes de jurisdicciones sanitarias, es la compra de medicamento y material de curación.

De hecho, una queja recurrente de estos funcionarios y de los usuarios de los servicios de salud en la entidad, es el desabasto de antibióticos, analgésicos, jarabes, antipiréticos y otros fármacos, así como insuficiencia de material de curación y antisépticos.

Lo paradójico del caso es que mientras en los hospitales, clínicas, centros y casas de salud siempre hay problemas de escasez de medicamentos, por lo que las recetas raras veces se surten al 100%, en las jurisdicciones sanitarias cientos de lotes, bolsas y cajas de fármacos y material de curación, se echan a perder.

Y si no me cree, lo invito a que revise el reporte que a continuación le presento y que resume el costo, jurisdicción por jurisdicción, de las medicinas y material de curación caducado y que hace unos días fue incinerado por la empresa Servicios Profesionales Ecológicos SA de CV.

El total de esas medicinas y materiales que no fueron usados y que se echaron a perder asciende a 7 millones 880 mil 696 pesos.

Pero lo más grave de esta irresponsabilidad es que el grueso de las pérdidas se concentra en dos jurisdicciones sanitarias, la 3 de Zacapoaxtla, y la 6 con sede en Puebla capital. En la primera, sólo el costo de las medicinas caducadas supera los 3.6 millones de pesos, y en la segunda los 3.3 millones de pesos.

¿Y sabe qué es lo peor?

Que a la fecha, por increíble que parezca, no hay un solo funcionario que haya sido apercibido, sancionado o destituido por esta criminal pérdida.

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Si de por sí el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla, Francisco Rodríguez Reyes, tenía problemas con sus asociados y representados, cuentan que después de su pobre participación y convocatoria en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, efectuado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones, lo más seguro es que le adelanten su salida.

Por lo pronto, se sabe que los integrantes de su comité directivo no sólo han dejado de asistir a las sesiones del Colegio, sino que han optado por hacerle el vacío, cada vez que éste los convoca a un evento.

Y mientras ello sucede, los tiradores a sucederlo han comenzado a sacar la cabeza y a levantar la mano, entre ellos Armando López de la Vega (el dedo chiquito del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez), Sebastián Serrano, presidente de Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC); Julio Ernesto Lira, ex presidente de Cámara de Empresas de Consultoría, y Aristeo Reyes Hernández, ex presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO).

La renovación del Comité Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla está prevista para noviembre, aunque lo más probable es que a Rodríguez Reyes le canten las golondrinas en julio, sino no es que antes éste decide renunciar sabedor de que nadie, pero nadie en el organismo está dispuesto a apoyarlo a que concluya su periodo.