Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Javier López Zavala, viajó el miércoles a la ciudad de México. Al medio día llegó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acompañado por el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Antonio Hernández y Genis, y más tarde se trasladó al Hotel Presidente Intercontinental, donde saludó y se entrevistó con varios personajes.

En el edificio de Insurgentes Norte número 59 de la ciudad de México, López Zavala se reunió con la dirigente de su partido, Beatriz Paredes Rangel, y los miembros de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional del PRI.

Y más tarde se trasladó con algunos de ellos al restaurante Balmoral del Hotel Presidente Intercontinental, donde pudo saludar a los coordinadores de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Pregunta: ¿para cumplir con su agenda partidista López Zavala pidió permiso, sin goce de sueldo, para ausentarse el miércoles de sus actividades como servidor público o lo hará de manera retroactiva, una vez que haya leído este blog?

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A propósito.

¿Sabe quién es el personaje que en Puebla se pondrá feliz con las reformas que se aprueben a los estatutos del PRI en su asamblea nacional de agosto y que eliminarán los candados que hoy lo dejan fuera de la puja por la gubernatura del estado?

No lo cuente en voz alta, pero el susodicho despacha actualmente en la oficina principal del edificio Carolino de la UAP.

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Para sembrarla como candidata a diputada federal por Cholula, la ex diputada local Sara Chilaca Martínez fue nombrada delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en San Pedro Cholula, por donde ya fue regidora y quiso ser presidenta municipal en las pasadas elecciones locales.

De la lista de delegados de la SDS, saldrán al menos tres candidatos a diputados federales. Una de ellos delo por seguro será la ex directora administrativa de Carreteras de Cuota Puebla, y el otro el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, Fernando Morales Martínez, a quien se le nombró como delegado de Desarrollo Social en Tecamachalco.

Y si no, al tiempo.

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Este viernes algunos panistas poblanos viajarán al municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, invitados por el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a la inauguración del llamado Centro Fox.

Entre los 300 invitados al evento figuran el presidente y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como los integrantes de su Consejo Nacional, algunos gobernadores, diputados federales y senadores de la República.

Uno de los grandes ausentes en la cena será Humberto Aguilar Coronado, quien, por cierto, es el único poblano que forma parte del CEN del PAN. Y es que El Tigre, como gusta que le llamen, será sometido a una cirugía de muelas.

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Cuatro serán los municipios poblanos –dos panistas y dos priístas– que el presidente Felipe Calderón Hinojosa visite el próximo 5 de agosto en su enésima gira por la entidad poblana: Tlaola, Xicotepec de Juárez, Venustiano Carranza y Teziutlán.

Para conocer la ruta que recorrerá el presidente y los sitios en que hará acto de presencia, ayer estuvieron en la Sierra Norte miembros del Estado Mayor Presidencial. A Xicotepec arribaron a las 12:05 horas en un helicóptero Puma, y 60 minutos después se trasladaron a otra población.

Felipe Calderón estará acompañado en la gira por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, el gobernador Mario Marín Torres y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

En Xicotepec de Juárez, el alcalde panista del lugar, Juan Carlos Valderrábano, pedirá el apoyo del presidente de la República para que en la autopista que se proyecta de México a Tuxpan se contemple un entronque hacia este municipio, a la altura de la colonia El Tabacal, pues en el trazo que actualmente se tiene de esta carretera el entronque más cercano se localiza a 35 kilómetros de distancia.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Trivia (poco transparente, como la CAIP y la comisión legislativa del ramo):

¿A favor de qué candidato a diputado local priísta la señora Adelina Acevedo organizó al menos un desayuno en su residencia del fraccionamiento Satélite La Calera durante el pasado proceso electoral de noviembre?

Pistas:

La señora Adelina Acevedo es madre del hoy presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo.

El susodicho candidato es hoy diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales que tiene a su cargo la investigación sobre el presidente de la CAIP.

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Los diputados priístas de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado echaron para atrás un acuerdo para que sus sesiones fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación y organizaciones civiles interesadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso que dicha iniciativa había sido impulsada por una legisladora de ese partido, Rocío García Olmedo.

Lo anterior no sólo manda una pésima señal sobre la nula voluntad política que existe para sacar una reforma de avanzada, sino que en las próximas sesiones y mesas de trabajo de las comisiones unidadas de Gobernación y Transparencia los priístas tratarán de sacar a cómo de lugar su iniciativa, así tengan que negociar en lo oscurito algunas prebendas con la oposición.

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En ese marco, hay que entender el acuerdo que ayer tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que el PRI presentó sobre el triunfo del candidato del PAN en las elecciones extraordinarias efectuadas en el municipio General Felipe Ángeles.

El Tribunal Electoral decidió posponer su fallo sobre la validez de esa elección, mientras investiga si el candidato ganador del PAN, Camilo Vera, cumplió o no con todos los requisitos exigidos por el código en la materia, entre ellos su vecindad en el municipio, lo que a estas alturas resulta absurdo, considerando que éste ya fue candidato a la alcaldía en 2004 y que fue aceptado como candidato por el IEE para las elecciones extraordinarias.

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El diputado local priísta por Xicotepec, Carlos Barragán Amador, se presentó ayer al municipio de Tlaola, que ni siquiera pertenece a su distrito, para ofrecer sus servicios de gestor al presidente municipal y a los afectados por un talud en la comunidad de Tlaltepango, que mató a dos personas, dejó heridas a otras cuatro y enterró cinco viviendas en el barrio de Agua Buena.

Fantoche como es, Carlos Barragán llegó a Tlaola al filo de las 11 de la mañana, y en presencia del munícipe Juvenal Viveros Bobadilla, se comunicó vía telefónica con el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, para que éste le anunciara que su dependencia apoyará a los deudos y a las familias damnificadas por la tragedia.

La actitud del legislador priísta fue tan impostada que los vecinos no se tragaron el cuento de su desinteresada ayuda, pues saben de la intención de Carlos Barragán de convertirse en diputado federal por la región, y de que Tlaola si bien no pertenece al distrito local 26, con cabecera en Xicotepec, sí forma parte del distrito federal 1, con cabecera en Huauchinango, por donde el alfil de López Zavala pretende colocarse al Congreso de la Unión.

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¿Y si López Zavala no es el candidato?
Enoé González Cabrera, al PRI de Puebla

Aun cuando es de dominio público que el favorito del Mario Marín Torres para sucederlo en la gubernatura de Puebla es el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, la pregunta que flota en el ambiente es si éste le garantiza al PRI ya no una victoria contundente, sino al menos apretada en los comicios locales del 2010.

Más allá de las filias o fobias que el “Proyecto Zeta” levanta entre la clase política priísta, creo que la viabilidad de esta candidatura y otras no estará en función de los afectos del gobernador, sino de factores y circunstancias de coyuntura.

Un antecedente que no hay que perder de vista, para no errar sobre el desenlace de la sucesión gubernamental, es la manera en que en 2007 se decidió la candidatura de Blanca Alcalá Ruiz a la presidencia municipal de Puebla.

La primera alcaldesa en la historia de Puebla no era la aspirante más conocida, ni la mejor posicionada en las encuestas, y tampoco la favorita del gobernador Marín.

Entre las circunstancias que inclinaron la balanza a su favor –y que hoy, sin proponérselo, la tienen en la antesala de la gubernatura– destacan que el gobernador no quiso arriesgar en ese proceso a su carta fuerte, Javier López Zavala, y que éste tampoco quiso aventurarse; que la figura del ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, antes de ser vetada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, tuvo escaso eco entre los priístas, y que el PAN se equivocó con la nominación de Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Si bien ningún proceso electoral es igual a otro, me parece que tampoco se puede descartar del todo un escenario similar, y menos cuando muchos de los protagonistas de aquel proceso hoy aparecen otra vez en la escena pública como actores de primer orden.

Blanca Alcalá dice que no está en sus planes inmediatos la gubernatura del estado, como tampoco lo estaba en el 2007 la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

López Zavala sigue siendo la carta fuerte del gobernador para heredarle el cargo, aunque no la única. En el escenario se vislumbran ya otras opciones, como el actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la actual presidenta municipal de Puebla.

El secretario de Desarrollo Social tiene como entonces amplias posibilidades, pues tanto la estructura del partido como la del gobierno están a su servicio. Quizá su mayor problema sea la percepción que los priístas y los ciudadanos tienen sobre su persona, como el candidato de la continuidad y las complicidades marinistas, cuestión que al final le suma más votos en contra o de rechazo que a favor.

En suma: creo que el derrotero de la sucesión priísta rumbo a Casa Puebla no estará marcado por aspectos afectivos o de oriundez, sino por factores y circunstancias de peso político y electoral.

Es decir, lo importante llegado el momento decisivo no será si López Zavala es o no el delfín del gobernador o si nació en Puebla o en Pijijiapan, Chiapas, sino si éste es garantía de triunfo y si su candidatura generará más consensos que disensos dentro y fuera del PRI.

Por lo pronto, le dejo aquí un test de 10 preguntas que le darán luz acerca de quién podría ser el nominado del tricolor a Casa Puebla en el 2010. Por cada interrogante, escriba dos nombres, y al final encierre en un círculo el que más veces haya sido mencionado, pues ése y no otro es el que lleva la delantera.

1.¿Quién de los priístas que se mencionan para la gubernatura –Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Agüera Ibáñez, Enrique Doger Guerrero, Jorge Estefan Chidiac, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores y Mario Montero Serrano– genera los mayores consensos al interior del PRI?

2.¿Quién le parece más honesto o el menos corrupto?

3.¿Con quién el PRI corre menos riesgos de sufrir fracturas o divisiones internas?

4.¿Con qué aspirante cree que los ciudadanos radicados en la entidad y que no militan ni simpatizan en PRI se podrían identificar mejor?

5.¿Quién cree que pueda resolver mejor los problemas del estado?

6.¿A quiénes de ellos confiaría las llaves de su casa o el futuro de sus hijos?

7.¿Quién de los priístas vencería con mayor facilidad al hoy senador panista Rafael Moreno Valle Rosas?

8.¿Qué priístas son los mejor aceptados por los grupos de poder fáctico que operan en Puebla, dentro del marco institucional, como la Iglesia Católica, El Yunque y algunos corporativos empresariales?

9.¿Qué aspirantes del PRI tendrían todo el apoyo de su dirigencia nacional?

10. ¿Quién podría llevarse mejor con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa?

Nota: Para que su pronóstico sea certero, el nombre de su favorito debió haberlo escrito al menos siete veces.

EN CORTO

La ex diputada local y ex diputada federal Enoé González Cabrera formará parte del nuevo Comité Directivo Municipal del PRI de Puebla. Será nombrada, una vez que Carlos Meza Viveros asuma la dirigencia, como secretaria adjunta a la presidencia.

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Ayer recibí una llamada de una fuente confiable para hacerme saber de un secuestro, ocurrido el pasado fin de semana, en el Centro Comercial Angelópolis. Se trata, según la versión, de dos jovencitas, una de segundo de secundaria, y otra de primero de preparatoria; ambas del mismo colegio privado.

De acuerdo con esta fuente, ambas estudiantes habrían sido secuestradas y llevadas fuera del país por una banda dedicada la explotación sexual de menores, uno de cuyos miembros habría sido detenido el miércoles pasado, en el mismo centro comercial, por agentes de la Procuraduría General de la República.

Según la misma fuente, el joven detenido habría confesado que sus víctimas eran seleccionadas vía internet, a traves de la red social Hi5.

Debo aclarar que tal denuncia no me fue posible corroborarla ayer domingo, por lo que hoy lunes seguiré insistiendo.

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La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.

* Se agotó Chiltepeque, y no hay dónde tirar la basura
* Podría repetirse aquí la crisis de Cuernavaca en 2006

Un grave problema que está por enfrentar la gestión de Blanca Alcalá Ruiz es la saturación del relleno sanitario de Chiltepeque, que en septiembre o en octubre habrá agotado su vida útil, sin que hasta el momento exista un nuevo depósito que lo sustituya.

El problema no es menor, considerando que la capital del estado produce entre 1,200 y 1,600 toneladas de basura por día.

¿Dónde irán a parar esas miles de toneladas de desperdicios –orgánicos e inorgánicos– que genera diariamente la ciudad?

Hoy, de acuerdo con un diagnóstico del propio ayuntamiento de Puebla, alrededor de 400 toneladas de desechos son vertidas o tiradas en barrancas, zonas deshabitadas y lotes baldíos, así como en los ríos Atoyac y Alseseca.

¿Se imagina cómo estará la Angelópolis, ya de por sí sucia y con montoneras de basura por todos lados, hacia finales de año cuando en el relleno de Chiltepeque no quepa una tonelada más?

La visión, en verdad, es escatológica.

La situación, sin embargo, no parece preocupar mayormente a las autoridades municipales que todavía en febrero, al entrar en funciones, aseguraban que Chiltepeque tenía una vida útil de 40 meses, lo cual es absolutamente falso.

De hecho, en la pasada administración de Enrique Doger Guerrero se mandó a realizar un estudio de evaluación, y la empresa encargada de elaborarlo –Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi)– diagnosticó con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas que éste llegaría a su tope a mediados del mes de septiembre o mediados de octubre de 2008.

¿De dónde saca el ayuntamiento que la vida útil de Chiltepeque es de 40 meses?

Meterle al actual relleno sanitario más toneladas de que las que puede recibir resultaría riesgoso para quienes ahí laboran o van de visita, así como para el medio ambiente de la zona.

Ya en junio de 2007 –cuando se concluyó la evaluación de Incremi– se advertían algunos peligros por la forma deficiente con que se ha manejado el sitio, a cargo de la empresa Rellenos Sanitarios (RESA), que al no respetar los niveles originales de los taludes de residuos sólidos, ha provocado que éstos alcancen alturas cercanas a los 50 metros y hundimientos como el registrado a mediados de 2006 durante la época de lluvias.

El peligro de estos hundimientos, combinados con el espesor de los residuos sólidos y la humedad producida por las filtraciones de agua pluvial, es la generación incontrolada de biogás, es decir, de un combustible explosivo mezcla de metano y dióxido de carbono, resultado de la fermentación bacteriana de los residuos orgánicos.

Por la pasividad mostrada por las autoridades municipales, a finales de año Puebla podría vivir una crisis similar a la ocurrida en Cuernavaca en 2006, cuando se agotó el depósito donde se tiraba la basura, las obras del nuevo relleno sanitario se atrasaron y sus pobladores fueron limitados a no depositar más de tres bolsas en los contenedores, lo que originó que la capital morelense y sus alrededores se llenaran de montoneras de basura y de tiraderos al aire libre.

Ojalá y no.

EN CORTO

Este viernes estuvo de gira en la Sierra Norte de Puebla el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quien recorrió los municipios de Xicotepec de Juárez, Jalpan, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza. Lo interesante de ese recorrido fueron las constantes quejas de los presidentes municipales de la región en contra del diputado local Carlos Barragán Amador. López Zavala fue tan receptivo a los reclamos que un kilómetro antes del municipio de Francisco Z. Mena, en el tramo conocido como Los Naranjos, bajó de su camioneta al legislador priísta, para subir al vehículo al edil Marciano Hernández Hernández, quien hace ocho días estuvo a punto de liarse a golpes con el diputado Carlos Barragán. ***** Otro precandidato a la gubernatura que también se hizo presente en la región fue el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien ayer domingo comió en el restaurante conocido como La Curva con el presidente municipal de Xicotepec, el ex priísta Juan Carlos Valderrábano Vázquez y el ex diputado y hombre fuerte de la zona, José Esquitin Lastiri. ***** Y hasta la próxima.