En los días por venir podría reactivarse la polémica por la venta de predios destinados a áreas verdes o de preservación ecológica en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, por parte del fideicomiso responsable de administrarla, a cargo de Rafael Moreno Valle Buitrón.

La nueva controversia tendrá como punto de partida una investigación realizada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) sobre el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992, y el surgimiento de una nueva organización conformada por hijos de ejidatarios que exigirá la devolución de aquellos predios de la reserva territorial que están ociosos o convertidos en lotes baldíos.

Sobre el primer punto, vale la pena comentar que hace unos días el Fifonafe le hizo llegar al diputado panista Manuel Janeiro Fernández, y a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol federal, Sara Topelson de Grinbelg, un informe sobre qué tanto se han cumplido los propósitos de los decretos expropiatorios de 1992 para crear una reserva que contribuyera al ordenamiento de la zona metropolitana de Puebla.

Según dicho informe, la causa de utilidad pública se ha cumplido en lo general, pues en el 8.69% de los predios de la reserva —que actualmente se encuentran baldíos— “se observan variaciones” que se apartan de lo establecido en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de Cuatlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Los cambios más relevantes se presentan en las áreas y usos de suelo destinados a vivienda, comercio y vialidades. Para la construcción de vivienda se habían considerado 520.26 hectáreas y finalmente se asignaron 429.22 hectáreas; lo mismo pasó con la superficie para vialidades, originalmente las avenidas, calles y demás caminos de la reserva abarcarían 263.36 hectáreas y al final sólo se construyeron 111.08 hectáreas.

En cambio, el fideicomiso que administra la reserva privilegió la actividad comercial y los servicios, pues la superficie pasó de 69.70 a 155.52 hectáreas.

En este contexto llaman la atención las acciones que un grupo de hijos o descendientes de ejidatarios de Santiago Momoxpan, La Trinidad Chiautenco y San Bernardino Tlaxcalancingo han comenzado a realizar para constituir una organización que por la vía legal exija la devolución de los predios ociosos, baldíos o sujetos a especulación en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Entre los argumentos que los descendientes de los ejidatarios afectados piensan llevar a los tribunales destacan dos que no carecen de lógica jurídica. Por un lado, está el incumplimiento a cabalidad de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992 y, por otro, la cláusula quinta de los convenios de transferencia firmados por el gobierno del estado, por la cual acepta devolver a la Federación los predios afectados si en un plazo de cinco años éstos no se hubiesen utilizado o tuviesen un uso distinto del propósito con que fueron expropiados.

Esto que se enuncia fácil, en realidad podría ser de grandes consecuencias, pues los ejidatarios —o mejor dicho, sus asesores— no ignoran que entre estos predios figuran entre 21 y 59 hectáreas que hoy están en manos de personajes y organizaciones como Ricardo Henaine Mezher, el Consejo Coordinador Empresarial, el Hospital Ángeles y el Fideicomiso de la Reserva Territorial.

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Simón dice:

“Para amasar una fortuna no se requiere ingenio, lo preciso es carecer de delicadeza”.
Caballero de Bruix (1728-1780). Escritor francés.

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