Ahora que ya sabemos que el Congreso de Puebla no sólo aprobó las reformas constitucionales que regulan la deuda de estados y municipios, sino que fue el primero en hacerlo, bien valdría que el Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo explicarán cuándo por fin van a aparecer en la Cuenta Pública o en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados por la administración morenovallista.

Y de paso que informaran a cuánto ascienden y en cuántos años se liquidarán estas obligaciones contratadas por el gobierno del estado con acreedores particulares, ante las versiones —cada vez más crecientes y documentadas— en el sentido de que su monto casi duplica la deuda directa y contingente heredada por el gobernador Mario Marín Torres.

De lo contrario estamos ante un doble discurso de la autoridad estatal frente a esta Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios que obliga al gobierno de Puebla a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; a crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como a difundir las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales obligaciones.

Pero que también le prohíbe, entre otros aspectos, la contratación de deuda o empréstitos con cargo a participaciones federales de futuros ejercicios o a solventar tales compromisos con recursos del gasto corriente, tal ocurre en la actualidad con algunos PPS contratados por la administración morenovallista.

¿O qué sentido tiene que el Congreso de Puebla apruebe esta Reforma Constitucional, y hasta sea el primero en hacerlo, si no adecua o incorpora esas nuevas disposiciones a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

¿Por qué si la LVIII Legislatura del Congreso local autorizó a los ayuntamientos a contratar deuda y/o empréstitos hasta por 3 mil millones de pesos o hasta por el equivalente a un 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con el compromiso de cubrirlos antes del término de su gestión en 2018, los PPS contratados por varios ayuntamientos de la entidad rebasan ese porcentaje y se extienden a futuras administraciones municipales?

Según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los PPS contratados por los municipios de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez, a la empresa Infraenergía SA de CV, para el suministro y cambio de luminarias del alumbrado público, no sólo afectan el 30% de sus participaciones federales, sino que se extienden a 10 años o 120 meses.

Para acabar con especulaciones, el gobierno del estado o la Secretaría de Finanzas deben de una vez aclarar cuántos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) se han contratado en lo que va de la administración morenovallista, por qué monto, a qué empresas o acreedores privados, en qué tiempo se liquidarán, y cuáles son las partidas presupuestales que están siendo afectadas para cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué estos contratos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, no aparecen inscritos o publicados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla?

¿Si es verdad que algunos de estos proyectos no se inscriben pero se vienen pagando con gasto corriente?

¿Si el monto total de los PPS arriba citados rebasa ya los 15 mil millones de pesos, es decir casi el doble de la deuda directa y contingente reconocida por el gobierno de Mario Marín al 31 de diciembre de 2010, por 8 mil 400 millones de pesos?

Para consultar el archivo haga clic aquí.

¿Si con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones derivadas de los PPS terminarán sumándose a la deuda directa, avalada y sin aval que hoy tiene el gobierno del estado por más de 10 mil 700 millones de pesos?

¿Y si al concluir el sexenio la deuda directa, avalada y sin aval del gobierno del estado y sus organismos estatales, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua rondará los 25 mil millones de pesos?

Son preguntas, que conste.

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El padrón estatal del PRD cerrará en 90 mil militantes

Peña Nieto estará de gira en la Sierra Norte este miércoles

Los perredistas tendrán mucho que agradecer o reclamar a Luis Maldonado Venegas, pues después de su afiliación al partido del sol azteca, el pasado 13 de mayo, su padrón ha experimentado un vertiginoso y atípico crecimiento en la entidad, gracias a la ayuda de funcionarios estatales y presidentes municipales.

Por increíble que parezca, el PRD podría llegar a los 90 mil afiliados en Puebla, es decir, a más del doble de los que tenía el 15 de marzo cuando su padrón era apenas de 42 mil 313 miembros.

Desde su incorporación a las filas perredistas, los módulos de afiliación a este partido se han saturado de ciudadanos que antes incluso militaban en otros partidos políticos, sobre todo en los municipios de Puebla, Huauchinango, Acajete, San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco, Quimixtlán, San Pedro Cholula, Acatzingo, Huejotzingo, Zoquitlán y Coronango.

El efecto Maldonado es tan efectivo que a los 15 días de haber obtenido su registro como perredista, el padrón estatal de esta organización llegó a 60 mil 52 afiliados, y el pasado 30 de junio a 83 mil 554.

¿Con estos resultados quién podría regatearle al titular de la Secretaría General de Gobierno una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD o una diputación de representación proporcional en las elecciones federales del año entrante?

Me parece que nadie. Salvo que el proceso de empadronamiento del PRD estuviera plagado de irregularidades como las descubiertas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) en la auditoría que hizo al padrón nacional y, por consiguiente, al padrón de Puebla.

Dichas inconsistencias, vale le pena aclararlo, son anteriores a la afiliación del funcionario estatal, pues corresponden a los registros que se hicieron dos meses antes de su decisión de abrazar el emblema del sol azteca.

Estas pueden resumirse en dos: afiliaciones de ciudadanos que ya estaban inscritos en otro u otros partidos políticos, y altas de ciudadanos que no aparecen en el Registro Federal de Electores.

Del padrón estatal de 42 mil 313 militantes, un total de 11,905 corresponden a registros duplicados o triplicados con otros partidos, y 1,864 personas no localizadas por la clave con que fueran inscritas.

Mi afirmación de que los perredistas poblanos tendrán mucho que agradecer o reclamar a Luis Maldonado tiene que ver con el acelerado proceso de empadronamiento que ha seguido el PRD en la entidad después de su afiliación.

Lo menos que habría que esperar del secretario General de Gobierno y sus operadores políticos que estuvieron a cargo de los módulos de registro vía internet, es que las inconsistencias detectadas por el INE no se repitan con los más de 40 mil ciudadanos que a la par de él o después de él afiliaron al partido en Puebla.

De lo contrario su fama de operador eficiente podría quedar en entredicho, y la imagen del PRD por los suelos, pues con qué cara un partido puede presumir un proceso exitoso de empadronamiento si se comprueba más de un tercio de sus afiliados son, en realidad, falsos o chocolates.

EN CORTO

El Consejo Nacional del PRD aprobó este fin de semana la convocatoria que regirá el proceso electoral para la renovación de sus órganos de dirección y representación a nivel nacional, estatal y municipal.

Las elecciones para el nombramiento de 1,200 congresistas nacionales y 320 consejeros nacionales, así como las de consejeros estatales y municipales por cada entidad se efectuarán el domingo 7 de septiembre. Estas serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral.

Posteriormente, el 5 de octubre los consejeros nacionales que surjan de ese proceso elegirán al presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

En Puebla la elección del presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal se efectuará el domingo 19 de octubre, y estará a cargo de los consejeros estatales.

Finalmente, la elección del presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Puebla se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, y  estará a cargo de los consejeros municipales que surjan del proceso del 7 de septiembre.

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El presidente Enrique Peña Nieto estará de visita en Puebla el próximo miércoles 9 de los corrientes, concretamente en el ejido silvícola Matlahuacales, perteneciente al municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte, donde dará el banderazo de inicio de la Campaña Nacional de Reforestación 2014, acción del gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

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Si uno de cada cuatro afiliados al PRD en el estado de Puebla resultó falso o chocolate cuando el padrón de este partido era de 42 mil militantes, se imagina qué pasará cuando se audite el listado final que este domingo se cerrará.

Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el empadronamiento del PRD en la entidad, reportes preliminares anticipan que el padrón del sol azteca podría llegar  —conservadoramente— a los 80 mil miembros.

Al corte del 31 de mayo, el padrón perredista en Puebla era de 60 mil 52 militantes, sin embargo las afiliaciones masivas en diferentes municipios del estado, instrumentadas por alcaldes del PRD y otros partidos, se multiplicaron en el mes de junio.

Y es que en los primeros días de ese mes en una reunión efectuada en Tochtepec, cuyo alcalde Marcos Pérez Calderón es el coordinador de los presidentes municipales del PRD, el gobernador Rafael Moreno Valle ofreció apoyar con recursos y obra pública a los ediles que más ciudadanos lograran inscribir a las filas del sol azteca. 

Ayer le adelantaba que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) había detectado graves inconsistencias en el padrón del PRD a nivel nacional y estatal, como la existencia de más de 436 mil registros de militantes que también aparecen en otros partidos y la no localización de más de 177 mil afiliados en el Registro Federal de Electores.

De estos últimos  mil 864, que equivalen al 1.05% del padrón nacional, fueron afiliados en el estado de Puebla, los más en los municipios de Acajete, donde este domingo habrá elecciones extraordinarias y el candidato favorito es el perredista Antonio Aguilar Reyes; San Salvador El Seco, donde también gobierna el PRD; Puebla y Domingo Arenas, este último también con alcalde perredista.

Sin embargo esta situación podría cambiar cuando se conozcan los resultados finales del empadronamiento y se hagan públicas las afiliaciones municipio por municipio y distrito por distrito.

Entonces sabremos qué presidentes municipales (y no necesariamente del PRD) cumplieron mejor la tarea que se les encomendó y qué delegados de la Secretaría General de Gobierno, a cargo del neoperredista Luis Maldonado Venegas, operaron mejor los módulos de afiliación que les fueron encomendados.

A ver si no nos encontramos con datos inverosímiles, como que en varios municipios existan más afiliados al PRD que votos registrados por este partido en elecciones locales.

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Para disgusto de los magistrados del Poder Judicial de Puebla, informo que este miércoles Enrique Romero Razo ganó el amparo 1734/2012 que promovió en el Juzgado Séptimo de Distrito, contra su ilegal destitución como juez penal de Teziutlán.

Esta sería la cuarta vez en que Romero Razo logra que la justicia federal le dé razón en contra del pleno del Tribunal Superior de Justicia que lo removió por consigna. ¡Todo un récord Guinness!

Habrá que esperar si el Poder Judicial de Puebla en vez de restituirlo como juez, no opta por inconformarse por ¡quinta ocasión! haciendo un gran ridículo por su subordinación al Ejecutivo del estado que ordenó la destitución de Romero Razo por supuestamente favorecer  al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil contra Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.

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Para los dirigentes y aspirantes a diputados locales y presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la coalición total que hace unos días celebraron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denominada Alianza Puebla Avanza, no está resultando tan halagüeña, como algunos suponen.

La causa del desasosiego es la actitud hasta cierto punto gandalla de algunos dirigentes y presidentes municipales del PRI, así como de algunos secretarios del gabinete marinista, que sólo quieren utilizar las siglas del partido verde para acomodar a sus alfiles.

Según el convenio de marras, al PVEM le corresponde nombrar al candidato a diputado local por el distrito 13 con cabecera en Tepexi de Rodríguez, la tercera posición de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional y la postulación de 14 planillas de regidores y síndico en los municipios de Acajete, Acateno, Amozoc, Calpan, Cuyoaco, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, San Salvador el Seco, San Pedro Cholula, Palmar de Bravo, Tilapa, Venustiano Carranza, Zaragoza y Zinacatepec.

Sin embargo, en los hechos el PRI no está dispuesto a ceder esas posiciones, y menos algunas alcaldías cercanas a la capital del estado.

Un caso concreto es la de San Pedro Cholula, donde los priístas pretenden meter a Juan Taylor Morales o a Julio Lorenzini Rangel como candidato a la presidencia municipal, ya sea por su propio partido o a través del PVEM.

Juan Taylor es hijo del actual síndico del ayuntamiento cholulteca, Justo Juan Taylor Torres, mientra que Julio Lorenzini se desempeña como titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática (UDAPI) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado.

Al primero lo apoya su papá y el presidente de San Pedro Cholula, Francisco Covarrubias Pérez, mientras que al segundo el recién nombrado secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses Rojas.

Para el PVEM la alcaldía cholulteca es una plaza importante, no sólo por su cercanía a la capital, sino por la proyección que le daría en términos políticos y propagandísticos dicho ayuntamiento.

En las elecciones federales de 2009, el partido verde obtuvo buenos resultados en el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula. Se coló a la tercera posición, superando a Convergencia, al PRD y al PANAL.

Su candidato a diputado federal fue Geudiel Jiménez Flores, hijo del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado en el sexenio de Mariano Piña Olaya, Geudiel Jiménez Covarrubias.

Jiménez Flores es hoy la carta fuerte del PVEM a la presidencia municipal de San Pedro Cholula y el más interesado en que se respete la cláusula décima cuarta del convenio de coalición entre su partido y el PRI que con toda claridad establece que dicha posición le corresponde a los verdes y no a los tricolores.

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Simón dice:

«La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse».

Jonathan Swift (1667-1745). Político y escritor irlandés.

El jueves de hace ocho días, el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se reunió a comer con los dirigentes estatales del PRD, Convergencia y el PT, en un jardín de Atlixco propiedad del llamado Niño Naranja, José Juan Espinosa Torres.

La reunión fue a petición del propio Doger por conducto del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero, quien también asistió a la comida que concluyó al filo de las 18 horas, minutos después de que el dirigente estatal perredista, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, se despidió para ir a presentar su examen de maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Durante el encuentro, el exmunícipe exploró la posibilidad de que los tres dirigentes de la izquierda poblana se aliaran con el PAN en las elecciones locales de julio del próximo año, llevando al senador Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura y a él como candidato a la alcaldía de Puebla.

Sin embargo, Doger Guerrero no encontró eco.

Por el contrario, el convergente José Juan Espinosa le dijo que esa posibilidad estaba cancelada, que no había condiciones para una coalición de esa naturaleza, amén de que los partidos del frente Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) no se sumarían al proyecto de Moreno Valle a la gubernatura.

En el mismo tenor se pronunciaron el dirigente del PT, Zeferino Martínez Rodríguez, y el perredista Miguel Ángel de la Rosa, aunque éste último —en una reunión previa con el mismo Enrique Doger— sí abrió esa eventualidad siempre y cuando se establezcan algunos candados, los cuales allí no mencionó.

En cambio, los dirigentes estatales del DIA plantearon a Doger que sí lo apoyarían como candidato, pero a la gubernatura y en una coalición de los tres partidos de izquierda.

Palabras más, palabras menos, le dijeron al expresidente municipal que no querían que los usara para chantajear al PRI ni tampoco como instrumento para que Javier López Zavala perdiera la gubernatura frente al panista Moreno Valle.

Lo que nos interesa es ganar, no hacer perder a Zavala o beneficiar a Moreno Valle, le insistieron al tiempo de explicarle que esa misma posición era la de Manuel Camacho Solís y sus dirigencias nacionales.

Fue entonces que la conversación derivó hacia lo económico. Doger preguntó una y otra vez cuánto dinero le aportarían a la campaña, pues sin recursos económicos las posibilidades de una victoria electoral eran prácticamente nulas.

La respuesta de los dirigentes de Convergencia, PRD y PT no fue de su agrado, pues le dijeron que aunque los tres partidos canalizaran a su campaña la totalidad de los recursos que obtuvieran del Instituto Electoral del Estado y sus dirigencias nacionales, éstos tampoco serían suficientes, por lo que él también tendría que conseguir y aportar dinero si quería ganar.

De más está contar cómo terminó la reunión y cuál fue el ánimo del anfitrión y los convidados al rancho de José Juan Espinosa ubicado en el antiguo camino a Nexatengo, del municipio de Atlixco.

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Que hace unos días, después de una auditoría a la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 4 (San Salvador El Seco) de la Secretaría de Salud del estado, fue despedido el director de Administración, Arturo Mendoza.

El problema es que las anomalías arrojadas por la auditoría también alcanzaron al exjefe de esa jurisdicción, Oscar Antonio de la O, quien había sido reubicado en la número 5, de Huejotzingo.

La investigación comenzó debido a una serie de quejas y denuncias por la pérdida de medicamento y material de curación en las llamadas caravanas de salud, del Programa Oportunidades, y por el desvío de vales de gasolina destinados al parque vehicular de esta jurisdicción sanitaria.

Los detalles de todas las anomalías e irregularidades halladas en la jurisdicción de San Salvador El Seco, que involucran al exjefe de la misma y al exdirector administrativo, los tiene Rebeca Lavalle, del Departamento de Seguimiento Operacional de la Secretaría de Salud.

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Simón dice:

«Hay que ser infiel, pero nunca desleal».

Gabriel García Márquez (1927) Escritor colombiano.