A la luz de las conclusiones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el operativo del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, las recomendaciones giradas al gobernador Rafael Moreno Valle parecen insignificantes.

El ombudsman nacional es omiso en un punto central del conflicto, al no señalar a un autor intelectual de la fallida estrategia para ocultar y distorsionar la refriega; para inculpar y criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, que exigían la restitución de los servicios del registro civil a la presidencia auxiliar; y para construir un montaje basado en una mentira oficial: la onda expansiva como causa del fallecimiento del menor.

O es que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ignora que los policías que participaron en el operativo fueron aleccionados para acusar ante el Ministerio Público a los manifestantes del homicidio del hijo de Elia Tamayo; que el gobierno de Puebla manipuló y editó a su antojo los videos y el escenario del enfrentamiento, y que hasta mandó a traer cabezas de cochino para demostrar que había sido un cohetón, y no un cilindro de gas, lo que mató al niño de Chalchihuapan.

No deja de resultar extraño que en ninguna de las once recomendaciones emitidas por el ombudsman al gobernador Moreno Valle se haga alusión al autor intelectual de las evidentes transgresiones a la verdad; al artífice de la publicitada versión oficial financiada con recursos públicos; y al orquestador del malogrado montaje instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el aparato de comunicación social del morenovallismo.

¿Qué funcionario de los involucrados en el caso tuvo o tiene la influencia no sólo para justificar el uso indebido y excesivo de la fuerza pública, para criminalizar a los cuatro detenidos de Chalchihuapan e inculparlos del homicidio de José Luis Tehuatlie, aunque el proyectil que provocó su fatal desenlace se haya disparado después, o para manosear los diagnósticos y peritajes médicos de los especialistas que atendieron al menor?

¿Qué autoridad pudo ser capaz de ocultar los peritajes de los neurólogos y cirujanos que no encontraron en la fractura craneal de Tehuatlie Tamayo heridas que tuvieran un aspecto desgarrado o estrellado por la acción de gases, quemaduras por una llama, cabellos quemados o granos de pólvora incrustados en la epidermis, o para mandar al procurador Víctor Carrancá a los noticiarios de la capital del país a insistir en la versión del cohetón o la onda expansiva como los causantes de la muerte del menor de Chalchihuapan?

¿A poco no hubo una estrategia y una serie de acciones concertadas para apuntalar la hipótesis de que los propios pobladores habían asesinado a José Luis Tehuatlie?

¿O es el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tan ingenuo que cree que en Puebla los secretarios, el procurador y los voceros del gobierno se mandan solos o actúan motu proprio?

¿O que Moreno Valle es totalmente ajeno a los hechos de Chalchihuapan y que tras sus once recomendaciones —que hoy mismo fueron aceptadas por la administración estatal— se creará una fiscalía especial que investigará a fondo y de manera transparente e imparcial lo ocurrido aquel 9 de julio, y que los verdaderos responsables de la muerte de José Luis Tehuatlie y de otras víctimas del violento desalojo serán llevados a juicio y castigados por sus abusos, mentiras y excesos?

¡Por favor!

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Esta semana se conocerá el resolutivo de la CNDH

Actores emergentes y damnificados de la Ley Bala

Chalchihuapan es sin duda el parteaguas del sexenio morenovallista.

Independiente de las acciones que vaya a tomar el gobernador Rafael Moreno Valle después de que esta semana se conozca la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que este conflicto ha modificado la percepción de la ciudadanía de Puebla hacia el gobierno del estado y también la actuación de las autoridades.

La aplicación de la llamada Ley Bala, el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo constituyen algo más que una crisis de coyuntura para el grupo gobernante.

Antes de Chalchihuapan el morenovallismo parecía invencible, se veía avasallador y con escasísimos opositores de peso al frente, ya sea porque sus críticos habían sido vencidos, cooptados u optado –ante el riesgo de ser exterminados por completo– de replegarse y ceder la plaza en espera de mejores tiempos.

A dos meses del operativo y 50 días de la muerte del menor de Chalchihuapan, como consecuencia de un proyectil disparado por los granaderos que participaron en el desalojo, la percepción política y social del gobierno de Moreno Valle es diferente.

De entrada, en las redes sociales el juicio hacia el mandatario estatal es adverso, no sólo por el dinero que se gastó primero para ocultar el hecho y luego para contrarrestar la percepción de soberbia, autoritarismo e insensibilidad que proyectó, después de las imágenes y testimonios que dieron cuenta del uso excesivo de fuerza y del empleo de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la criminalización de la protesta social, sino por evadir su responsabilidad en el conflicto, culpar a los pobladores de la violencia y jamás condolerse de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

En el terreno político y electoral, Moreno Valle ha sufrido el mayor deterioro tanto en lo que respecta a su proyecto presidencial rumbo al 2018, como en la intención de dejar sucesor en la persona de su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, y consolidar un político transexenal de aquí al 2024.

El desgaste del morenovallismo es de tal magnitud que el mandatario estatal ha tenido que incorporar o ceder posiciones a políticos ajenos a su grupo compacto (Juan Pablo Piña Kurczyn y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz); planear el reemplazo de algunos secretarios del gabinete, aunque no inmediatamente después de que se conozca la resolución de la CNDH (Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas); y perfilar a nuevos secretarios para engordar la lista de aspirantes a la sucesión gubernamental de 2016 (Mario Rincón González).

Pero no sólo eso. Como resultado de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, es probable que la coalición amplia que el gobernador Moreno Valle construyó con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, así como con Pacto Social de Integración, por la vía de las candidaturas comunes, no vuelva repetirse, al menos con todos los partidos mencionados; y que la Constitución política del estado tenga que volver a modificarse para que el próximo gobernador no sea de 22 meses sino de 4 años ocho meses, en aras de que el delfín del grupo gobernante sea el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Otra consecuencia del caso Chalchihuapan es el resurgimiento del marinismo, con todo lo que ello implica, el rompimiento de algunos grupos y actores priístas que antes fueron aliados del morenovallismo, como el diputado federal Enrique Doger Guerrero, y el activismo de otros que quieren aprovechar la coyuntura y posicionarse en el ánimo de los votantes, léase la senadora Blanca Alcalá Ruiz o el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

A pesar de lo anterior no creo, a diferencia de otros colegas, que el proyecto presidencial de Moreno Valle y la continuidad de su grupo después del 2016 deban descartarse o desdeñarse.

Creo que ambos se complicaron, mas no que sean inviables.

Para reencausarlos, el gobernador debe cambiar de rumbo, preocuparse más por los asuntos domésticos que por la sucesión presidencial; acercarse a la ciudadanía, a sus dirigentes y organizaciones, haya o no elecciones; dejar su actitud arrogante, intolerante y hasta autoritaria hacia los medios de comunicación y actores que no comparten su política, métodos y forma de gobierno; y entender que su futuro no depende de los millones que invierta en imagen y en el duopolio televisivo, sino de la percepción y aprobación de la población que gobierna y de la transparencia de sus obras y acciones.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Jorge Estefan Chidiac no será el coordinador del Programa Prospera que ayer martes anunció el presidente Enrique Peña Nieto, como sustituto del Oportunidades.

El exdiputado federal poblano seguirá como director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), al menos hasta los primeros meses de 2015.

Lo que sí es cierto es que Bansefi será la institución bancaria y financiera de la que saldrán los créditos y recursos para apoyar distintos programas y acciones de Prospera, que este jueves será formalmente lanzado por el presidente Peña Nieto, en un acto donde Estefan Chidiac será una de las figuras principales.

Prospera no sólo será el principal programa social del gobierno federal para combatir la pobreza, después del Oportunidades creado en 1998, sino el instrumento de política social que el PRI buscará capitalizar electoralmente a partir de 2015.

Localmente Prospera será también el punto de encuentro de dos grupos priístas con abiertas aspiraciones en 2016: el de Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Sedesol y el de Jorge Estefan, director general de Bansefi.

***

Ayer le decía que la cuarta y última reunión entre presidentes auxiliares de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, para negociar la restitución de los servicios del Registro Civil en las juntas auxiliares de la entidad, terminó peor que la tercera.

En esta junta, que también se efectuó en la Sala 5 de Mayo de Casa Aguayo el miércoles 27 de agosto, participaron algunos diputados locales miembros de las comisiones de Gobernación, de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Seguridad Pública, entre ellos los panistas Eukid Castañón Herrera, Jorge Aguilar Chedraui y Francisco Rodríguez Álvarez, el priísta José Chedraui Budib y María Evelia Rodríguez García, del partido estatal Compromiso por Puebla.

Maldonado y los legisladores presentes se rehusaron y otra vez a dar marcha atrás a las reformas a la Ley Orgánica Municipal para restituir a los presidentes auxiliares las atribuciones que tenían en materia de Registro Civil, petición central de los integrantes de la CEDIP.

Ante el desgaste de Maldonado, que en la reunión anterior tuvo que apagar su cigarrillo y  aguantar distintos reproches de los empoderados ediles, tomaron la batuta los diputados Jorge Aguilar y Eukid Castañón.

Pero su actitud y táctica para negociar empantanó el conflicto. Uno quiso calarlos, pensando que los presidentes auxiliares no dominaban el tema, pero se llevó una sorpresa y luego entró en confrontaciones por los efectos de la Ley Bala, y el otro, fiel a su estilo, trató de intimidarlos y luego de cooptarlos.

Esto se arregla rápido, les dijo. Vamos a echarnos un molito y ya sentados nos arreglamos.

La cuarta reunión ahí terminó. Sin acuerdos, al grado que ya ni siquiera se programó una siguiente.

***

Este miércoles fueron citados para rendir declaración ante la Sexta Comandancia de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia alrededor de 80 policías que participaron en el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares el pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Previo a su comparecencia, algunos uniformados fueron aleccionados por el comandante Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, jefe de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, sobre lo que tendrían que decir y responder en los interrogatorios.

A los policías les hicieron tres preguntas básicas: quiénes fueron sus jefes en el operativo, quién los instruyó a desalojar a los pobladores de Chalchihuapan y si no se habían percatado que entre los manifestantes había niños o menores de edad.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

***

El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Aunque en el CEN del PRI se levantaron algunas cejas por las críticas y reacciones de diferentes grupos priístas en torno al inminente nombramiento de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano como presidenta del Comité Directivo Estatal, me aseguran que en esta fórmula hay que poner especial atención en la figura del secretario general.

Sí, en el que será el segundo de abordo y en quien recaerá una parte importante de la operación, reorganización y reestructuración del partido, de cara a las elecciones federales y locales en puerta.

De acuerdo con una fuente confiable, el elegido para llevar la secretaría general del CDE del PRI será el exdiputado local y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, un personaje plenamente identificado con el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

En la lista de prospectos estuvieron el yerno y secretario particular de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández; el coordinador de los diputados federales del PRI, Carlos Sánchez Romero, apoyado por el grupo de Jorge Estefan Chidiac, director nacional de Bansefi; el exdiputado federal José Alberto González Morales; y el actual delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, aunque éste último sin mucho empuje, al enterarse que lo querían para la secretaría general y no para la dirigencia estatal del tricolor.

El grupo menos conforme con el inminente nombramiento de Isabel Allende como presidenta del Comité Directivo Estatal y de Jorge Ruiz como secretario general es el encabezado por el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también aspira a la gubernatura de Puebla, al igual que Enrique Doger y Blanca Alcalá.

Su descontento, a decir de los que saben, lo hizo explícito con los ocho presidentes municipales priístas que ayer se pronunciaron en contra de las imposiciones en la dirigencia de su partido, entre ellos dos que no pueden negar su abierta simpatía por Lastiri Quirós: Carlos Alberto Morales Álvarez, de Huejotzingo, y David Huerta Ruiz, de Tepeaca.

***

A unos días de que se inaugure el Centro de Entrenamiento de Audi, construido con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eugenio Yarce Alfaro, quien fungía como su director general acaba de renunciar, a sabiendas del escándalo que se aproxima por el retraso del proyecto, las obas inconclusas y las deficiencias del Centro y de los equipos que fueron adquiridos para la capacitación de los técnicos de esta firma de autos de lujo.

Las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Audi, que debieron terminarse en abril, serán inauguradas el 2 de septiembre.

Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Puebla, que tiene a su cargo el proyecto del Centro de Entrenamiento de Audi, Eugenio Yarce laboró en la Upaep como vicerrector de Vinculación, institución en la que no dejó una muy buena impresión tras su salida.

***

Aunque en el gobierno del estado se quiere generar la impresión de que nada pasará con la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, lo cierto es que se preparan para remover a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien estuvo a cargo del operativo, e incluso al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y la llamada Ley Bala se hará público por ahí del 8 de septiembre.

La visita que esta noche hicieron a la Comisión el senador Javier Lozano Alarcón y los diputados federales Néstor Gordillo Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla tuvo el propósito de presionar al presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, para que también responsabilice de la violencia ocurrida el 9 de julio al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, considerando que éste tuvo una activa participación en la gresca, como lo muestran diversas fotografías y videos entregados al ombudsman nacional en propia mano.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Si el gobernador Rafael Moreno Valle no sale ya a ofrecer una disculpa pública, y destituye por lo menos a un secretario de su gabinete, la crisis que enfrenta por el caso Chalchihuapan, la Ley Bala y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, puede tornarse en un escándalo que arruine no sólo su proyecto presidencial, sino a toda su administración en lo que resta de su sexenio.

A juzgar por las acciones y el discurso de sus operadores políticos, de medios de comunicación y redes sociales, da la impresión que el Ejecutivo estatal no ha dimensionado el tamaño de la crisis, ni identificado las causas que la originaron, ni los costos políticos y sociales que tendrá en el mediano y largo plazos en términos de su credibilidad e imagen pública.

Mientras más tarde el gobernador Moreno Valle en disculparse y atender las causas reales que la originaron —su intolerancia y modo autocrático de gobernar— sus márgenes de maniobra y operación se harán cada vez más estrechos.

La crisis de la Ley Bala ya pasó de una fase aguda, caracterizada por la presión de los medios, las redes sociales y la espectacularización de la información, a una fase crónica en la cual los acontecimientos y el repudio de la opinión pública y publicada lo están obligando a pagar los efectos políticos, jurídicos y administrativos que propiciaron el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, con un saldo de 40 policías lesionados, un número similar de pobladores y la muerte de un niño de escasos 13 años de edad.

La abrogación de la Ley Bala es apenas el principio. Sin embargo esta acción resulta insuficiente dada la evolución de la crisis y los actores que se han involucrado en el conflicto que, dicho sea de paso, no se resolverá con millonarias gacetillas en medios nacionales, cuantiosas campañas o videos patrocinados en redes sociales, y la propagación de la insostenible versión oficial en medios locales carentes no sólo de lectores, radioescuchas o televidentes, sino de credibilidad y legitimidad.

Moreno Valle debe verse en el espejo de Mario Marín y el escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho por presiones del empresario Kamel Nacif.

Los errores que cometió el llamado Góber Precioso, los está repitiendo Moreno Valle y su equipo de asesores y operadores pero sin dimensionar que en ese caso hay una víctima en extremo sensible: un niño pobre, indígena y de apenas 13 años de edad, cuyo único pecado fue acompañar a su madre a una manifestación para reclamar la restitución de los servicios del registro civil a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Otro factor fundamental que el gobernador no está valorando, y que es el mayor detonante del escándalo en que se encuentra inmerso, son los agraviados que ha dejado su administración: miles de burócratas despedidos; decenas de empresarios excluidos de los contratos de obra pública y prestación de servicios, o de concesiones de transporte público o centros de verificación vehicular;  decenas de activistas presos y periodistas amenazados; y millones de ciudadanos afectados por las elevadísimas fotomultas, las nuevas tarifas de agua, los retenes viales y los operativos alcoholímetro del fin de semana, el pésimo estado de los pavimentos y la realización de obras faraónicas carentes de sentido social.

Estas son las verdaderas causas de la crisis. La lamentable y trágica muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue sólo el detonante.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz  http://on.fb.me/1qovStQ

¿Qué secretario de gabinete se comunicó la tarde del miércoles con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas minimizando el saldo del enfrentamiento entre granaderos y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades, a la altura del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco?

Varios tips:

El funcionario en cuestión sí le informó al mandatario estatal que en el operativo algunos policías y pobladores habían resultado lastimados, pero nunca le advirtió de la magnitud de las heridas, ni del número real de lesionados.

Tampoco le dijo que los uniformados heridos eran tantos que incluso saturaron el Hospital del Issstep, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a otros nosocomios como el Hospital General del Sur y el Hospital General de Cholula.

El funcionario tampoco alertó al gobernador Moreno Valle que entre los lesionados graves había, además de un policía, al menos dos menores de edad, y que otro granadero se encontrada retenido por pobladores en calidad de  rehén.

Al momento de recibir la llamada del secretario en cuestión, el gobernador Rafael Moreno Valle se encontrada con otro personaje que podría convertirse en el sucesor de aquel, en la medida que este conflicto se agrave y adquiera dimensiones nacionales e incluso internacionales.

Y si no, al tiempo.

***

La ciudad de Puebla será sede del miércoles al viernes de esta semana de la séptima Reunión Nacional de Contraloría Social, acto que reunirá a los 32 contralores estatales del país y que marcará el estreno del nuevo titular de esta dependencia en la entidad, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz.

A la inauguración acudirán como invitados especiales el encargado de Despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde; el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Raúl Sánchez Kobashi; y el coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), Juan Gorráez Enrile.

El gestor de esta reunión nacional fue el anterior contralor del estado, Eukid Castañón Herrera, quien fungía como presidente de la región Centro Golfo Itsmo de la CPCE-F, en la que se agrupan los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, cargo que ahora ocupa el nuevo titular de la Contraloría del estado, Malcolm Alfredo Hemmer.

En el marco del encuentro se instalará lo que se ha denominado “Feria de Experiencias de Contraloría Social en México”, la cual tiene el propósito de exhibir y difundir los materiales que los Órganos Estatales de Control han elaborado con fines promocionales.

Trascendió que en esta materia Puebla se encuentra a la cabeza con 200 comités de Contraloría Social que supervisan la prestación de servicios médicos y la entrega de medicinas en las clínicas, centros de salud y hospitales del sector salud, así como la ejecución de recursos del Fondo de Desastres Naturales.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy