Este jueves un grupo de entre 80 y 100 amigos se reunirá en el Salón Country de la colonia San Manuel para festejar con un banquete al párroco del templo de Xonaca, Froilán González Pérez, con motivo de su cumpleaños número 75.

Los enterados del tema aseguran que en el banquete habrá dos tipos de comida: oaxaqueña y poblana. La primera será de la región del Istmo, y la segunda de la zona de Tochtepec, de donde es originario Monseñor Froilán.

Los 75 años del sacerdote católico, muy socorrido por la clase política poblana dada su cercanía con los últimos arzobispos de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco y Víctor Sánchez Espinosa, se cumplieron el martes 17 de junio.

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El destronado líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, ya promovió un amparo contra la directora de Ceresos del estado, que ordenó su traslado por supuestas razones de seguridad del penal de Cholula al penal de Tepexi de Rodríguez, en pleno corazón de la Mixteca poblana.

Su solicitud de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito quedó registrada bajo el número 726/2014, y las posibilidades de que lo obtenga son amplias, considerando que Israel Pacheco no ha sido sentenciado por el delito o delitos por los fue detenido el sábado 12 de abril.

La audiencia constitucional en la que la justicia federal resolverá si otorga o no el amparo a Israel Pacheco se fijó para el 8 de julio a las 11:37 horas.

La orden de traslado del destituido líder del Sindicato Unido de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, al penal de Tepexi, se firmó el 14 de mayo. Su defensa penal se encuentra a cargo del abogado José Luis Zimbrón Vidal.

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Quien ya consiguió su regreso al Cereso de Puebla, tras ampararse contra su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez, es Leonardo Tiro Moranchel, principal socio accionista de Sitma, empresa inmobiliaria que defraudó con cerca de mil millones de pesos a cientos de familias Puebla y otros estados circunvecinos.

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Si de por sí es grave el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y alta la incidencia de delitos de alto impacto en la Mixteca poblana, con la decisión del procurador Víctor Carrancá Bourguet de cerrar todas las oficinas del Ministerio Público y comandancias de la Policía Ministerial asentadas en edificios o casas de alquiler, lo más probable es que la inseguridad en esta región del estado se dispare.

Quienes al interior de la PGJ de Puebla decidieron cerrar las oficinas de la dependencia en varios municipios y cabeceras distritales, argumentando falta de recursos para cubrir las rentas, y ordenaron que los agentes y policías ministeriales se concentren en las instalaciones centrales de la Procuraduría o que vayan y regresen todos los días a las plazas donde están adscritos, no conocen el estado o se hacen como el Tío Lolo.

¿O usted cree que un agente del Ministerio Público o un comandante de la Policía Ministerial, por muy responsable que sea, va a ir y regresar todos los días de Puebla a Acatlán de Osorio y viceversa, cuando en cada viaje se hace por lo menos tres horas?

¿Hasta cuándo en estos municipios y cabeceras distritales se reanudarán los servicios de la PGJ?

¿No sería más fácil que en estas poblaciones los alcaldes fueron presionados a pagar las rentas de las oficinas de la PGJ, tal como se hizo con los leoninos contratos de prestación de servicios del alumbrado público, en vez de dejarlas sin ministerios públicos y policías ministeriales?

¿Por qué se gasta tanto dinero en cuestiones superfluas y banales y en otras que resultan fundamentales o básicas no hay dinero?

¿Será por eso que la encuesta del Inegi ubicó a Puebla como el tercer estado más corrupto del país en 2013 y con el peor nivel de satisfacción de sus contribuyentes respecto al trato que reciben de funcionarios y servidores públicos que los atienden?

Conste que son preguntas.

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* Jorge Sánchez alienta denuncias en contra de la directora general

* Enrique Doger negocia la alcaldía y una diputación plurinominal

Si las relaciones entre el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, y el anterior director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, eran pésimas, las que mantiene con la actual directora Marcelina Sánchez Muñoz son francamente nocivas.

A tal grado, que uno y otra han convertido al Instituto en campo de batalla de sus confrontaciones y zancadillas políticas, en al menos cinco frentes, en perjuicio del desarrollo, organización, credibilidad y certidumbre del proceso electoral en marcha.

El primer frente de batalla lo es la investigación sobre la desaparición y venta del material electoral en buen estado, por parte de Marcelina Sánchez, en perjuicio del patrimonio del IEE.

De acuerdo con distintos oficios y memorandums que el propio presidente del Instituto ha circulado, Marcelina Sánchez sería responsable de la desaparición de urnas, mamparas y otros materiales que se adquirieron para el proceso electoral del 2007 —en alrededor de 8 millones pesos— y que en las elecciones de julio de este año serían reutilizados.

En febrero de 2009, siendo directora de Organización Electoral, Marcelina Sánchez reportó la existencia en buen estado de 5,340 urnas para la elección de miembros de ayuntamientos, de 5,440 urnas para la elección de diputados, así como otros materiales y utensilios electorales como cintas de seguridad, cajas contenedoras y tijeras.

El caso es que diciembre del mismo año, la Contraloría Interna del Instituto emitió un reporte al consejero presidente de la Comisión Administrativa, Miguel David Jiménez López, informándole que en bodega sólo se hallaron 1,700 urnas de la elección de miembros de ayuntamientos, y 1,700 mamparas, las cuales fueron vendidas al ingeniero Roberto Ruiz Ríos en 129 mil pesos.

La investigación que el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, solicitó para saber qué pasó con el grueso de las urnas y mamparas que Marcelina Sánchez reportó en buen estado, sigue empantanada, por la negligencia del contralor interno del Instituto, Paul Rodríguez Barragán, y de la hoy directora general del Instituto.

Un segundo punto de conflicto entre el presidente del IEE y la directora general es la resolución de la Contraloría Interna sobre el desempeño de Verónica Paola Cruz Castillo como encargada administrativa hasta el viernes 6 de noviembre de 2009.

Marcelina Muñoz apoya la resolución del contralor Paul Rodríguez para que la exprotegida de Jorge Sánchez —a quien se le responsabiliza de la pérdida de los depósitos que el Instituto pagó por la renta de diversos inmuebles en las elecciones de 2007— sea sancionada e inhabilitada del servicio público un año, cuestión a la que el susodicho se opone, postergando el tema en las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General.

El cambio de sede del Instituto, de las oficinas de 15 Poniente 3515 de la colonia Belisario Domínguez, al edificio del boulevard Atlixco 2103, es otro motivo de controversia.

Jorge Sánchez no sólo se abstuvo en la votación donde los consejeros decidieron cuál sería la nueva sede del Instituto, sino que ha dejado correr la especie de que ésta obedece a un pago de facturas de Marcelina con los hijos de quien fuera su jefe en el ISSSTEP, el extinto Miguel Martínez Villalpando, propietarios del edificio del boulevard Atlixco.

La jerarquía sobre algunos directores y funcionarios que noviembre de 2009 llegaron al Instituto, muchos de ellos sin antecedentes en el Servicio Electoral Profesional del IEE, es un cuarto campo de batalla entre el consejero presidente y la directora general del organismo.

A diferencia de lo que ocurría hasta noviembre de 2009, donde Jorge Sánchez hacía y deshacía en la Dirección Administrativa, con la complicidad de la entonces encargada de despacho Verónica Paola Cruz, el margen de acción del consejero presidente en esta y otras direcciones del Instituto ahora es limitado.

De entrada, el nuevo director Administrativo, Francisco Rivera Morán, no fue propuesto por él, sino enviado por la Secretaría de Finanzas y Administración para poner orden en el Instituto.

El nuevo contralor interno Paul Rodríguez Barragán —quien de 2004 a 2007 fue jefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE, de la que salió por diferencias con José Antonio Bretón — tampoco es una propuesta suya, sino de los consejeros Paul Monterrosas Román y Joel Paredes Olguín.

De la actual estructura administrativa y operativa del IEE, el consejero presidente sólo tiene como aliado al director de Organización Electoral, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, a quien incluso intentó llevar a la Dirección General, en lugar de Marcelina Sánchez Muñoz, cuyo nombramiento fue impulsado y consensuado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto, José Alarcón Hernández.

El quinto frente de batalla está relacionado con la falta de códigos electorales y el atraso en la impresión de éstos, lo que afecta a los consejeros distritales, que ahora tienen que andar sacando copias para saber cómo aplicar la legislación vigente.

Uno y otra se echan la culpa.

Para que el Instituto cuente con códigos requiere convocar a una licitación pública o convocar a un concurso por invitación a un mínimo de tres proveedores, lo que de cualquier manera demorará la dotación de ejemplares a los consejos distritales y municipales por otros 30 días.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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