La última encuesta de Consulta Mitofsky sobre las elecciones para gobernador de Puebla arrojó datos que resultan contrastantes con otros estudios demoscópicos recientes.

La primera sorpresa es la ventaja de 9 o 10 puntos que la firma de Roy Campos le da al PAN sobre el PRI en la intención de voto en los comicios para la mini gubernatura del 2016.

Y la segunda sorpresa –y vaya que lo es– es que el aspirante del PRI mejor rankeado es el ex rector de la BUAP y ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, que supuestamente aventaja a la senadora Blanca Alcalá Ruiz por 3.1 puntos.

Otra sorpresa en la encuesta de Mitofsky es que en la evaluación de las posibles alianzas, Roy Campos consideró que el PAN se coaligará con el PRD y el PRI con el PVEM y el PANAL, pero que ni aun así el abanderado priísta Enrique Doger podría derrotar al alcalde capitalino, a José Antonio Gali Fayad.

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Frente a la opacidad que han mantenido las autoridades estatales en diferentes asuntos públicos, las propuestas que este jueves hicieron el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) para armonizar la Ley de Transparencia del estado con la Constitución federal y con la Ley General de Transparencia no deben ser echadas en saco roto.

En el documento que los representantes de estas ONGs entregaron a los diputados locales lo primero que se resalta es que los preceptos contenidos en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no son un modelo a seguir sino el parámetro mínimo de transparencia y publicidad que las autoridades están obligadas a cumplir.

De entrada plantearon incluir como sujetos obligados de la Ley de Transparencia a los fideicomisos y fondos públicos, así como a los sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos.

También propusieron que en la Ley quede expresamente prohibida cualquier reserva de información en casos de violación a derechos humanos y casos de corrupción.

El Nodo de Transparencia y la AMEDI pidieron a los legisladores del Congreso de Puebla adoptar el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información de Coahuila que prohíbe a los funcionarios y organismos públicos contratar publicidad cuando ésta no tenga carácter o propósitos institucionales; y aumentar las facultades de la CAIP para que verifique el cumplimiento de sus acuerdos y pueda revisar en cualquier momento los acuerdos de reserva y clasificación de reserva.

Pero sobre todo para que la CAIP pueda imponer medidas de apremio y sancionar a los sujetos obligados que incumplan, simulen o de plano desacaten sus determinaciones.

Otra propuesta interesante formulada a los diputados de la LIX Legislatura es que cada sujeto obligado por la Ley de Transparencia elabore y publique un índice de expedientes reservados, y aporte elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva de información (prueba de daño).

En materia de información confidencial, los dirigentes de las ONGs antes mencionadas —José Manuel Rodoreda, Lilia Vélez Iglesias, Rafael Hernández García Cano y Víctor Manuel Carral Cortés— expresaron que la CAIP debe reglamentar y especificar con claridad qué es información confidencial y qué no puede entrar en esa categoría, para que ésta no sea utilizada como pretexto de opacidad.

Entre los 34 planteamientos de modificación y adición a la Ley de Transparencia del estado, las ONGs se pronunciaron por abolir las cláusulas de confidencialidad en los contratos de obras y prestación de servicios donde se utilicen fondos públicos; eliminar la facultad del Ejecutivo de remover a los comisionados y transferir esta al Congreso; fijar topes de costos por entrega de documentación; y porque la información requerida se entregue en la modalidad elegida por el solicitante y no al capricho del sujeto obligado.

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El presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, no sale de un escándalo para meterse en otro, ahora por nepotismo en favor de su cuñado Salomón Martínez Gómez, a quien acaba de designar director de Recursos Materiales, es decir, como el encargado de hacer las compras y contrataciones de proveedores de bienes y servicios de ese ayuntamiento.

Salomón Martínez no es un funcionario nuevo en el ayuntamiento sanandreseño, ya que en la anterior administración municipal trabajó como inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano.

Sin embargo su nuevo nombramiento como director de Recursos Materiales es violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Puebla, ya que según el artículo 50 fracción XVII un presidente municipal como Leoncio Paisano debe “Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a que se refiere la fracción XIII”.

“XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Salomón Martínez está casado con Irma Paisano Arias, hermana del presidente municipal de San Andrés Cholula.

Leoncio Paisano tiene otros diez hermanos y hermanas, por lo que, según fuentes confiables, el de Salomón Martínez no es un acto aislado de nepotismo. Pronto le tendré mayores detalles.

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Este viernes Grupo Noticias México Hoy lanzará en Puebla una nueva empresa periodística con tres plataformas: una revista de sociales Somos VIP, un periódico de información general Somos Noticias y un portal noticioso SomosNoticias.mx

La presentación tendrá lugar en el Eco Parque Metropolitano a las 20:30 horas. El evento será conducido por la actriz Galilea Montijo.

La revista que lleva en su portada a Sofía Castro —la hija de la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado— y quien estará presente en el lanzamiento, será dirigida por Benjamín Paz; el periódico por el excoordinador de Comunicación de la Delegación de la Sedeso, Carlos Castillo; y el portal por Gerardo Pérez García, exdirector editorial del desaparecido periódico Puebla Sin Fronteras.

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Este jueves arrancará en la Ciudad de México el llamado Encuentro Político Solidario, que reunirá a más de 50 consultores políticos latinoamericanos en la Cámara de Diputados, en conferencias de 15 minutos sobre campañas electorales, imagen pública, medios digitales, branding personal, publicidad política y redes sociales.

Entre los ponentes figuran Adriana Chávez Ocampo, Roberto Trad, Giselle Perezblas, Francisco Abundis, Roy Campos, Ana Vázquez Colmenares, Pedro Silva, Álvaro Gordoa, Álvaro Azofeifa, David Ross, Yago de Marta, Rodrigo Galván de las Heras, Gisela Rubach, Carlos Mandujano y Mauricio de Vengoechea.

Uno de los organizadores del foro que durante dos días se efectuará en el auditorio “Aurora Jiménez de Palacios” de la Cámara de Diputados es el periodista Alejandro Rodríguez, coeditor de la revista Campaigns and Elections México, y editor de Puebla Magazine.

Los recursos que se obtengan de este encuentro se destinarán a la Fundación UNETE, que construye escuelas en zonas marginadas y deprimidas de México, y a la asociación Por Un Hogar, que atiende a personas y familias que padecen cáncer.

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El diputado José Chedraui Budib presumió la tarde de este miércoles su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, subiendo a su cuenta de Twitter algunas imágenes de él con el primer mandatario del país al término de la XLVI Reunión Ordinaria de la CONAGO, en la cual Rafael Moreno Valle se despidió como presidente de esta organización.

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Con la novedad de que el sustituto de Víctor Enrique Mata Temoltzin en el Colegio de Economistas de Puebla no será una mujer, como aquí la había anticipado, adelantándole el nombre de la asesora del secretario de Finanzas del estado, Ariadna Hernández Rivera, sino Miguel Hakim Simón, quien actualmente se desempeña como coordinador de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos del gobierno morenovallista.

El nombramiento de Miguel Hakim rompe con una vieja tradición sobre el presidente de este  organismo colegiado, que unas veces era propuesto por la BUAP y otras por el gobierno del estado.

Ahora correspondía el turno de la BUAP, pues el presidente saliente Víctor Mata es subsecretario de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Transportes del estado. Conocedora de esa regla no escrita, Ariadna Hernández solicitó el apoyo del director de la Facultad de Economía de la BUAP, Isidro Honorio Ojeda Lara, quien se lo dio hasta que alguien le hizo saber que el elegido por Casa Puebla era otro.

El doctor en Finanzas por la Universidad de Claremont, California, Miguel Hakim, tiene una larga trayectoria académica, en organismos internacionales y el servicio público, pues ha sido secretario para la Cooperación Iberoamericana, subsecretario para América Latina y el Caribe, y subsecretario de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE; responsable de la Reforma del Sistema Financiero del Equipo de Transición Económica del presidente electo Vicente Fox Quesada; consultor financiero, profesor y jefe de Departamento de Contaduría y Finanzas de la Universidad de las Américas Puebla, entre otros muchos cargos.

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Este lunes sesionó el Consejo de Unidad de la Facultad de Economía de la BUAP y al director Honorio Ojeda le echaron para atrás su programa de eventos y conferencias para festejar los 50 años de esta unidad académica que se cumplen en 2015, hasta en tanto rinda un informe detallado del presupuesto ejercido el año pasado.

La sesión se prolongó por más de cuatro horas.

Lo que sí logró el director de la Facultad fue que el Consejo de Unidad le aprobara a los integrantes que propuso para la Comisión de Evaluación de Estímulo Académico: María Eugenia Martínez de Ita, Susana Rappo Miguez y Guillermo Campos Ríos. Los opositores a Honorio Ojeda querían meter a Lorenzo Salgado García y Jorge Vázquez Sánchez.

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Aunque en el Tribunal Superior de Justicia siguen propagándose versiones sobre el posible relevo en la presidencia de Roberto Flores Toledano, lo cierto es que éste seguirá en el cargo, pues tiene todo el apoyo de quien lo invitó a formar parte del Poder Judicial del estado.

El que también tiene asegurado su cargo como coordinador general de la Junta de Administración del Poder Judicial, a pesar del desdén y las burlas de sus pares por su escasa formación como jurista es el magistrado José Roberto Grajales Espina.

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El consultor y entrenador en comunicación personal persuasiva y oratoria, Yago de Marta, y el periodista poblano Alejandro Rodríguez, coeditor de la revista Campaigns and Elections México, están organizando un interesante encuentro de consultores políticos en la Cámara de Diputados a beneficio de la Fundación UNETE y la asociación Por Un hogar.

En el llamado Encuentro Político Solidario, que se desarrollará los días 27 y 28 de febrero en el auditorio “Aurora Jiménez de Palacios” de la Cámara de Diputados, participarán 50 consultores de América Latina que disertarán sobre marketing, comunicación política, medios de comunicación, redes sociales, campañas electorales y estratégicas de posicionamiento.

Entre los ponentes figuran Francisco Abundis, Roy Campos, Pedro Silva, Álvaro Azofeifa, Rodrigo Galván de las Heras, Gisela Rubach, Carlos Mandujano y Mauricio de Vengoechea, así como los poblanos Marcelo García Almaguer, Javier Sánchez Galicia y Rodolfo Rivera Pacheco.

Los interesados en asistir a la conferencia deberán cubrir un donativo de 2 mil pesos, dinero que se entregará no a los conferencistas sino a la Fundación UNETE, que construye escuelas en zonas marginadas y deprimidas de México y a la asociación Por Un Hogar, que atiende a personas y familias con enfermos de cáncer.

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Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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