El doble discurso oficial en asuntos sustantivos como el combate a la corrupción, el blindaje de los programas sociales, el acotamiento de los poderes fácticos y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo en contraste con la impunidad de que goza Romero Deschamps  y sus millonarios juniors, no es privativo del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta enfermedad, que carcome a la clase política nacional, también la padecen o la han padecido quienes condicionaron su permanencia en el Pacto por México o fueron parte de la cúpula que gobernó al país en los dos últimos sexenios panistas.

La posición del dirigente nacional del PAN Gustavo Madero de censurar la manipulación de los padrones de la Sedesol con propósitos clientelares, y el nombramiento de reconocidos operadores priístas como delegados del gobierno federal en los estados, es francamente incongruente a la luz de lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y de lo que hoy ocurre en algunos estados y municipios gobernados por autoridades panistas.

En la gestión de Vicente Fox y Calderón los programas sociales encaminados a combatir el hambre y la pobreza también se usaron para ganar adeptos.

Y lo mismo ha pasado en los gobiernos perredistas, aunque en ningún caso se ha documentado tan bien como se hizo en la entidad que mal gobierna Javier Duarte, y en la que fueron sorprendidos con las manos en la masa los ex secretarios de Finanzas, Salvador Manzur, y de Salud, Pablo Anaya.

Con qué cara los dirigentes del PAN y PRD exigen juicio político al gobernador Javier Duarte o al mandatario de Coahuila, Rubén Moreira, por crear estructurales electorales financiadas con recursos públicos, si en algunas entidades donde sus partidos gobiernan —y en las que también habrá elecciones— los ejecutivos estatales hacen exactamente lo mismo y hasta controlan los institutos y tribunales encargados de organizar y calificar los comicios.

No trato aquí de justificar las trapacerías del PRI y sus mapaches electorales. Para nada. Si no de evidenciar la bipolaridad de quienes en la oposición afirman una cosa y en los cargos públicos hacen otra distinta.

La oposición de derecha e izquierda no puede exigir que los ex gobernadores de Tabasco, Andrés Granier, y de Coahuila, Humberto Moreira, sean sancionados por malversar recursos públicos y dejar endeudados a sus estados, y hacerse de la vista gorda o guardar un cómplice silencio frente a los abusos y excesos en que incurrieron algunos de los suyos como Emilio González, de Jalisco; Marco Antonio Adame, de Morelos; Juan Sabines, de Chiapas; y Leonel Godoy, de Michoacán, por mencionar sólo algunos.

Los senadores y diputados del PAN y PRD no pueden reclamar transparencia en los gastos del presidente de Peña Nieto y mantener bajo reserva o en la opacidad las millonarias partidas de sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, como hoy lamentable sucede.

¡Congruencia, por favor!

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Ley 45 (de Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene)

PREDIQUE LA NECESIDAD DE INTRODUCIR CAMBIOS, PERO NUNCA MODIFIQUE DEMASIADO A LA VEZ.

“En teoría, todo el mundo comprende la necesidad del cambio, pero en el nivel cotidiano el ser humano es hijo de la costumbre. Demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la rebelión. Si usted es nuevo en una posición de poder, o un tercero que intenta construir una base de poder, haga alarde de respetar la forma tradicional de hacer las cosas. Si se impone un cambio necesario, hágalo aparecer como una leve modificación positiva del pasado”.

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