Si alguien creía que el capítulo de las afiliaciones masivas en el PAN estaba cerrado o bajo siete llaves, se equivocó.

El asunto se reactivará la próxima semana a través de dos juicios que promoverá el regidor panista Juan Carlos Espina von Roehrich ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación y del Registro Nacional de Miembros de explicar cómo es que más de 22 mil cuidados de la entidad fueron incorporados al padrón del blanquiazul.

Dichos juicios tienen como antecedente una resolución a favor del propio Juan Carlos Espina por la cual la Sala Superior del TEPJF instruyó a la Comisión Nacional de Afiliación del PAN a explicar, con base en la normatividad vigente, la forma en que estos registros cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento de afiliación y en los estatutos del partido.

El promovente de los nuevos juicios será el regidor Espina von Roehrich, quien en esta acción cuenta con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF— por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

Rodrigo Riestra, blanco de reproches campesinos

En su primera prueba de fuego como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a Rodrigo Riestra Piña le fue francamente mal, a pesar de las lisonjas de algunos productores y dirigentes de organizaciones afines al gobierno del estado, invitados a la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.

En el encuentro efectuado el viernes pasado, Riestra –quien ya en dos ocasiones había quedado solamente como encargado de despacho de la SDRSOT– fue vapuleado por las asociaciones campesinas de izquierda, quienes le reprocharon las pocas inversiones y los escasos apoyos del gobierno del estado al sector agropecuario y que éste estuviera solo preocupado por sembrar concreto y levantar obras suntuosas en la capital.

Quien de plano lo desconoció de facto, con acidez y cara a cara, fue el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Magdaleno Ríos Pérez, quien exigió un diálogo directo con el gobernador Rafael Moreno Valle, ante la incapacidad del hoy secretario para resolver los problemas del campo poblano.

Con sus obras, el gobernador –dijo Magdaleno –«piensa que ya es el héroe, él piensa que ya conquistó México y está muy mal. Llámalo a un Consejo y que venga a dar la cara aquí… Que venga a darse el quemón aquí con la raza«.

El mismo tono utilizaron otras de las organizaciones campesinas con representación en el Congreso Agrario Permanente Poblano (CAPP).

«Póngale más al campo, que se ayude al verdadero campesino», fueron los reproches contra la administración estatal que se ha colgado del presupuesto del gobierno federal en este rubro, pues desde 2013 de cada 10 pesos que se aplican en la entidad, más de 9 vienen de la federación, dijo la diputada Maritza Marín Marcelo.

Al rescate de Riestra y la gestión morenovallista salieron dirigentes como Miguel Ángel Sosa Guzmán, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), quien se desvivió en reconocimientos para el gobierno federal y hasta felicitó, como otros productores y asociaciones oficialistas, a Riestra por su llegada, por fin, a la titularidad de la SDRSOT.

El equilibrio lo puso la presidenta del CAPP y lideresa de la CNC en la entidad, Maritza Marín, quien censuró el poco respaldo del gobierno del estado al sector, sin embargo pidió un voto de confianza para Rodrigo Riestra, quien seguramente será sensible y escuchará los problemas de los campesinos.

Marín Marcelo dijo que no hay correspondencia entre lo que aporta para el campo poblano el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que destina la administración estatal «en un tema tan sensible».

Recordó que en el Ejercicio Fiscal 2013, del total de 531 millones 700 mil pesos que se aplicaron en concurrencia, apenas 74 millones 325 mil pesos los puso el gobierno estatal. El total con el presupuesto de programas directos alcanzó más de mil 500 millones de pesos.

En ese mismo ejercicio se aplicaron en programas directos del erario federal 864 millones 300 mil pesos. La carga del apoyo al campo poblano fue del gobierno del Presidente Peña en más de 95 por ciento; es decir, de cada 10 pesos que se aplicaron al campo del estado de Puebla, más de 9.50 vinieron del gobierno de la República.

Luego en 2014, en concurrencia se aplicaron 614 millones 500 mil pesos, pero solamente una parte muy pequeña, de 95 millones 325 mil pesos, puso el estado.

En total, con los recursos de programas federales directos, en el pasado ejercicio, se aplicaron en Puebla mil 565 millones de pesos. Otra vez, la carga para el gobierno federal fue de más de 90 por ciento. Es decir, del gobierno federal vinieron más de 9 de cada 10 pesos.

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La reunión del viernes pasado entre la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Enrique Doger Guerrero no fue la primera entre esos personajes, sino ¡la quinta!

Y en ella no solo hablaron de los términos de un posible acuerdo político que les permita marchar juntos y sin divisiones rumbo a las elecciones de 2016 y 2018, sino de reformas constitucionales y de posibles escenarios electorales.

Alcalá y Doger coincidieron en la conveniencia de que la Constitución del estado se reforme antes de septiembre para que el próximo gobernador no sea de un año diez meses, sino de cuatro años ocho meses.

Sin embargo, uno y otro expresó que tal escenario es poco viable, ya que ese cambio no sólo modificaría los términos en que el gobernador ha planteado su sucesión, sino las condiciones en que se lanzaría a buscar la presidencia de la República en 2018.

En ese contexto coincidieron que la única carta de Moreno Valle para sucederlo en Casa Puebla es el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad.

En cuanto a la puja interna del PRI por la nominación a la gubernatura, Blanca Alcalá y Enrique Doger manifestaron que el proceso no está siendo equitativo, ya que el subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, usa «descaradamente» recursos públicos para promocionarse.

El activismo del diputado federal Javier López Zavala también fue tema de conversación, en la última reunión efectuada el pasado viernes en un hotel del Centro Histórico de Ciudad.

Alcalá y Doger han convenido mantener sus negociaciones, de las que están enterados el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, así como el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la conveniencia de sumar a las mismas a otros aspirantes priístas a la gubernatura como Juan Carlos Lastiri.

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El viernes pasado Rodrigo Riestra Piña tuvo su primera reunión con las organizaciones campesinas de Puebla, en calidad de secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y no le fue muy bien que digamos a pesar de las lisonjas de algunos dirigentes y productores afines al morenovallismo.

Si bien recibió apapachos, lo sobresaliente fueron los reclamos y reproches que le hicieron dirigentes de la UNTA y la CNC, no tanto por su desempeño sino por el abandono en que el gobierno del estado tiene al campo y la poca o nula atención que al sector brindó su antecesor, Mario Rincón González.

Mañana le doy detalles.

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El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió el jueves pasado con más de 3,500 trabajadores sindicalizados no académicos en el Salón Country de la colonia San Manuel, y la verdad es que nada mal le fue. Se aplicó y recorrió durante la comida la mayor parte de las mesas, acompañado de algunos de sus funcionarios y del secretario general del Sitbuap, Misael Mejía Pérez.

Ahí, Esparza reiteró a los sindicalizados el aumento salarial del 8 por ciento a los trabajadores que menos ganan y la incorporación de más de 900 de ellos de la Nómina de Recursos Propios a un esquema que les garantiza prestaciones como seguridad social a través del Hospital Universitario, aguinaldo, prima de fin de año y acceso al Círculo Infantil en beneficio de sus menores hijos.

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Los parches que el gobernador Rafael Moreno Valle tuvo necesidad de hacer en su gabinete por la nominación de cuatro de sus secretarios como candidatos a diputados federales no fueron en beneficio de la clase política o la tecnocracia poblana, ni tampoco del Partido Acción Nacional.

Si antes de los cambios y enroques sólo había cuatro poblanos en su gabinete, el número no subió con las nuevas designaciones. Hoy siguen siendo cuatro: el secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, quien es poblano a pesar de que su carrera profesional y policial la había desarrollado fuera de la entidad; el secretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, quien pronto dejará de serlo para convertirse en subsecretario; Rodrigo Riestra Piña, quien fue nombrado secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT); y Heriberto Castillo Miranda, quien quedó como encargado de despacho de la Secretaría Particular.

Con los ajustes, el gabinete morenovallista perdió dos poblanos, Antonio Gali López, quien fungía como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, y ahora pasó a ser jefe de la oficina del gobernador, y María Mercedes Aguilar López, quien se desempeñaba como secretaria particular, y ganó dos: los ya mencionados Rodrigo Riestra y Heriberto Castillo.

Por lo que hace a los militantes panistas, estos se quedaron sin cartera en el gabinete estatal. Antes por lo menos tenían dos: la SDRSOT, en la que despachaba el neopanista Mario Rincón González y la Secretaría Particular, con Mercedes Aguilar.

Ahora no tienen nada, pues ninguno de los nueve funcionarios recién llegados al gabinete como secretarios o encargados de Despacho figura en el padrón de miembros del PAN.

Alguien podría decir que sí hay un panista: Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, pero lo cierto es que este connotado militante del PAN no forma parte del gabinete, al menos en el que aparece en el sitio oficial web del gobierno del estado.

Lo que sí hay es un neo perredista, el ex titular de la SEP y ahora encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez.

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Aquí la respuesta punto por punto a la supuesta aclaratoria firmada por Avelino Hernández Vélez, enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, pero ordenada por sus jefes para acusarme de hacer afirmaciones sin fundamento respecto a la fraudulenta adquisición de 1,690 motocultores al cuádruple de su precio real en 2012.

Para evidenciar la falsedad de los puntos de la carta, pondré primero lo que esta dice, y luego lo que en realidad aparece en el pliego de observaciones suscrito por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

La mejor prueba de que las observaciones hechas por la ASF al gobierno de Moreno Valle no se han solventado es que el nuevo pliego de observaciones está fechado el 15 de octubre del año en curso, por lo que se trata de un pliego distinto al que se dio a conocer en febrero de este año.

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

En la hoja 7 del pliego en cuestión no sólo se asienta lo contrario, sino que se especifican las irregularidades cometidas por la Secretaría de Desarrollo Rural y el daño patrimonial causado a la hacienda pública federal al adquirir dichos motocultores a “dos proveedores de un mismo grupo comercial, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del Gobierno del Estado de Puebla, sin que los beneficiarios eligieran las características ni los proveedores, no obstante que era su derecho, adquirir el bien con el proveedor que libremente eligieran; los equipos se adquirieron con precios muy elevados respecto de su costo real”.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, la ASF presume que los expedientes de los beneficiarios de los 1,690 motocultores “fueron regularizados para pretender sustentar que se habían cumplido con los requisitos establecidos, sin embargo, de acuerdo con un perito en grafoscopia adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, las firmas de la credencial de elector, de 168 beneficiarios no provienen del mismo origen gráfico que las plasmadas en los Anexos IV ´Solicitud General de Apoyo´ y V ´Proyecto Simplificado´”.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

Aunque lo antes mencionado ya sería suficiente para echar abajo este punto, no está de más reproducir parte de la hoja 2 del pliego enviado al gobierno del estado hace apenas un mes.

“… se aplicaron entrevistas a 441 beneficiados de los motocultores, de los cuales 325 que representan el 73.7% y el 19.2% de los beneficiarios entrevistados y el 19.2% del total de los apoyados con dicho equipo, informaron que los motocultores les fueron entregados por parte del Gobierno del Estado de Puebla, sin que ellos eligieran las características, la marca, ni el proveedor”.

“Adicionalmente, resulta cuestionable que todos los beneficiarios que radican en 151 municipios del estado de Puebla, cuyas características orográficas son diferentes, coincidieran con dos proveedores de un mismo grupo, que tenían sus domicilios en el Distrito Federal”.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

Al respecto, el pliego refiere que la ASF solicitó a OCIMA-INIFAP un diagnóstico técnico de los motocultores, pero que no pudo llevarse a cabo debido a que el equipo entregado para hacer las pruebas no sólo era distinto al facturado por el proveedor, sino diferente al que fue distribuido a los productores, amén de que se encontraba con las velocidades trabadas, lo que impidió el diagnóstico.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

En este punto, el pliego de la ASF es contundente, pues no sólo echa por tierra la afirmación de que no había otros motocultores que contaran con la certificación de OCIMA, sino que apunta que los adquiridos por el gobierno del estado resultaron excesivamente caros.

Mientras la Secretaría de Finanzas compró estos equipos, incluyendo sus implementos, en 114 mil 994 pesos cada uno, la empresa Weifang Ruijia Machinery Manufacturing Co. cotizó cada motocultor, considerando los implementos que se entregaron a los productores, en 21 mil 843 pesos.

Otros motocultores adquiridos por la empresa Taiwan Mayorista SA de CV fueron cotizados en 25 mil 475 pesos.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

La mejor prueba de que el pliego no ha sido solventado, es que el propio auditor especial de la ASF solicitó el 15 de octubre tanto al Órgano Interno de Control de la Sagarpa como a la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Puebla inicien procedimiento administrativo disciplinario en contra de 18 posibles responsables, entre los que destacan el ex secretario de Desarrollo Rural del estado, Pedro Adalberto González Hernández, y el ex encargado de Despacho de esa dependencia y actual subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña.

Hechas estas puntualizaciones, sólo me resta preguntar: de quién son las afirmaciones sin fundamento, quién en realidad pretende confundir a los lectores.

Los lectores tienen la palabra.

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C. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para ejercer nuestro Derecho de Réplica y reiterar nuestra postura en torno a la segunda parte de la columna que titula «Motocultores, corrupción al descubierto», en la que asegura que persisten irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación.

1. Nuevamente hacemos hincapié en que la totalidad de las observaciones se solventaron en respuesta al pliego preliminar emitido por la ASF.
2. En  diciembre de 2013, una vez que el Gobierno del Estado de Puebla solventara en su totalidad las observaciones preliminares emitidas por la ASF, esta instancia fiscalizadora manifestó que: «la documentación proporcionada después de la presentación de resultados preliminares por el gobierno del Estado de Puebla se encuentra en análisis (…)» (sic), sin que a la fecha haya emitido las conclusiones finales respecto a esta auditoría.
3. En el pliego que emite la ASF en octubre de 2014 (documento al que refiere usted), prevalecen las observaciones preliminares, toda vez que esa instancia fiscalizadora no ha concluido con el análisis de las solventaciones presentadas por el Gobierno del Estado Puebla en 2013.
4. Con base en la evidencia presentada por esta administración estatal durante la solventación de las observaciones ante la ASF, se demuestra que los funcionarios encargados de ejercer los programas en concurrencia con la federación, han actuado de manera eficaz, eficiente, apegados a los criterios de economía, transparencia y honradez.

Por lo anterior, es imperioso esperar las conclusiones definitivas de la ASF para emitir un criterio respecto al programa ejercido de manera conjunta con la Federación, en estricto apego a las Reglas de Operación de la SAGARPA aplicables, en beneficio de los productores.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social de la SDRSOT

Aunque el gobierno del estado ya me envió una carta aclaratoria, en la que sostiene que en mi columna de antier confundo a los lectores con afirmaciones sin fundamento, pues ya solventó en tiempo y forma las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre la adquisición de 1,690 motocultores a precios muy por encima de su costo real, lo cierto lo cierto es que las irregularidades persisten.

Y tan persisten que hace apenas unos días la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Órgano Interno de Control de la Sagarpa y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla inicie procedimientos como presuntos responsables de un daño patrimonial por un monto de 107 millones de pesos a 18 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal.

La relación de estos presuntos responsables por “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola la encabeza el que fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la gestión morenovallista: Pedro Adalberto González Hernández y quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la lista de presuntos responsables también hay funcionarios que todavía laboran en el gobierno de Rafael Moreno Valle como el subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, y el coordinador general de Desarrollo Rural, Álvaro Gonzalo Lobato Escamilla; otros que ya fallecieron como Antonio Espejel Claudio, y otros que ya salieron del gobierno o dejaron de laborar en la Secretaría.

A Rodrigo Riestra se le acusa de “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos destinados al programa” de adquisición de motocultores, de tramitar “el pago a proveedores… sin realizar ningún señalamiento en cuanto a que todos los productores incidían con un solo proveedor o que los precios de los motocultores resultaron elevados” y de no observar ni cuestionar en su calidad de encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural cómo los productores cumplirían con su aportaciones para obtener un motocultor.

Hay que destacar que este nuevo pliego de observaciones, formulado por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, se firmó el 15 de octubre de 2014 y se entregó a la Secretaría de la Contraloría del estado hace un par de semanas.

¿A poco las observaciones hechas al gobierno del estado y que no se aclararon entre el 15 de febrero y el 15 de octubre de año, se pudieron solventar en tiempo y forma en los últimos 30 días?

Si así fuera por qué el auditor especial no lo mencionó en su reciente pliego de observaciones y, en cambio, sí asentó —con toda claridad— que en la adquisición de los 1,690 motocultores a dos proveedores del mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, se pagaron sobreprecios de hasta el 400%.

Si las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación ya se resolvieron, entonces ¿por qué el auditor Juan Javier Pérez insiste en la existencia de un daño patrimonial a la hacienda pública federal por 107 millones y por qué emplaza a la Contraloría del estado a iniciar procedimientos administrativos disciplinarios a los presuntos responsables de este fraude a la nación?

Conste que son preguntas.

El día de mañana ofrezco darle detalles de este nuevo pliego que echa por tierra los seis puntos de la carta aclaratoria enviada por el Enlace de Comunicación Social de la SDRSOT.

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Los restantes 14 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural que también son señalados como presuntos responsables de daño patrimonial son Epitacio Robledo Robledo, quien fungía como subsecretario de Agricultura; José Mauro Vázquez Flores; María Luisa Said Elías y Susana Gómez Vinales, quienes tenían cargo de coordinador general y de comisarias del Comité Técnico del Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla (FOFAEP).

La lista la completan Felipe Domínguez Rangel, Hugo Barragán Salín, Araceli Lastra Guarneros, Gustavo Aceves Zepeda, Jorge Manuel Coeto Galaz, Ana Lía Ramos Gómez, Rubén Cortés Salvador, Héctor Severo de la Cruz Ledezma, Fernando Hernández Pérez y Gustavo Aceves Zepeda.

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Un foro de dos días para analizar y discutir la modernización de las relaciones laborales en la nueva legislación del trabajo con la participación de dirigentes empresariales, líderes sindicales, autoridades laborales y académicos se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en el Centro Mexicano Libanés de esta ciudad, organizado por el abogado Matías Rivero Aguilar.

Entre los ponentes que han confirmado su participación destacan Javier Solana Rivero, ex presidente de la Confederación USEM y presidente de la fundación Pro empleo; René Sánchez Juárez, secretario general de la FROC; Luis Díaz Mirón, reconocido abogado en materia laboral; Armando Peralta Martínez, asesor sindical de la Federación Nacional de Sindicatos Prosolidaridad; y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex presidente de Coparmex y director de Vinculación de la UPAEP.

Durante el foro se abordarán temas como la nueva Ley laboral, productividad y competitividad, la vinculación empresa-universidad y los nuevos retos en la administración de personal.

El evento –será abierto al público aunque los asistentes tendrán que registrarse— comenzará el jueves 27 a las 8:15 horas con un desayuno y concluirá el viernes 28 a las 14 horas.

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La petición de Roxana Luna aún no se discute en la Cámara Baja

Diputados del PRI y PAN la rechazan, pero la izquierda se divide

Una soterrada lucha se vive en el seno de la diputación federal poblana por enterrar el punto de acuerdo que la perredista Roxana Luna Porquillo subió el jueves antepasado a la gaceta parlamentaria, con el propósito de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciar una controversia constitucional para derogar la Ley de Agua del estado de Puebla, por la cual se pretende privatizar la prestación de los servicios de agua.

Al día de hoy han sido exitosas las gestiones del gobernador Rafael Moreno Valle y su secretario General de Gobierno bis, Eukid Castañón Herrera, para impedir que este asunto —que la diputada Roxana Luna planteó como de obvia y urgente resolución— se discuta en tribuna, pues aunque el punto sigue enlistado, no se ha ventilado en el pleno de la Cámara de Diputados en las últimas tres sesiones.

Para ello, el mandatario estatal y sus operadores políticos se han visto obligados a emprender un intensivo cabildeo, que ha llegado hasta el propio coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, pasando por el líder de la fracción perredista y actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo, no obstante que éste suscribió el punto de acuerdo y ofreció una conferencia de prensa en compañía de la legisladora de su partido el jueves antepasado.

Los primeros que ofrecieron su apoyo al gobernador Moreno Valle para enterrar ese asunto fueron los diputados federales del PRI, a los que les dijeron que la controversia impulsada por Roxana Luna ya no tenía razón de ser, después de que el Congreso del estado derogó el artículo 118 bis de la Ley de Agua, por el cual se facultaba a los concesionarios del servicio a fijar las tarifas de cobro.

Los legisladores priístas, cual domesticados opositores, ya ni siquiera se tomaron la molestia de leer el punto de acuerdo, que no plantea la derogación de ese artículo sino de las fracciones IV y IX del artículo 31, por las cuales se autoriza a particulares a prestar los servicios de agua mediante la figura de concesiones y a que éstos puedan embargar los bienes de aquellos usuarios que no paguen o tengan adeudos.

Si esta controversia prosperará o no, es algo todavía incierto, pues aunque la perredista ha sido presionada por diferentes instancias para que se desista, lo cierto es que no lo ha retirado y tiene el apoyo de otros diputados, tanto de su partido como del PT y Movimiento Ciudadano, entre ellos Ricardo Monreal Ávila.

De ahí la importancia de saber qué pasará con esta solicitud, sobre todo ahora que la licitación para concesionar los servicios de agua y alcantarillado que hoy presta el Soapap se encuentra muy avanzada, y el naciente partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya promueve una consulta pública para echarla abajo.

¿Quién ganará esta batalla? ¿Roxana Luna bajará de la gaceta parlamentaria este punto de acuerdo? ¿Se discutirá algún día en la máxima tribuna del país? ¿Silvano Aureoles refrendará su apoyo a este punto de acuerdo? ¿La CNDH iniciará una controversia constitucional para derogar la Ley de Agua? ¿Lograrán las presiones doblar a la diputada poblana? ¿Dejará el PRD que Morena y algunos legisladores plenamente identificados con López Obrador le arrebaten esta bandera?

Son preguntas, que conste.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero en los corrillos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado crece la versión de que el subsecretario Rodrigo Riestra Piña no será quien sustituya al frente de la dependencia a Julio César Lorenzini Rangel, ahora que éste presentó su renuncia para regresar al Congreso de la Unión como diputado federal.

Ahora se dice que el elegido será el presidente municipal con licencia de San Andrés Cholula y actual diputado local electo por el distrito 8, Miguel Ángel Huepa Pérez.

De confirmarse estas versiones, quedaría claro que Rodrigo Riestra no obtuvo la confianza del gobernador para asumir la titularidad de la SDRSOT, a pesar del impulso del secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente, y que finalmente un primo del mandatario sí será diputado en la LIX Legislatura del Congreso del estado.

Y es que el suplente de Miguel Ángel Huepa en el distrito 8, con cabecera en San Andrés Cholula, es Sergio Moreno Valle Germán, notario suplente de Notario Pública 24 de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso de la Unión, este martes el primer presidente y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dictará una conferencia en el Paraninfo del edificio Carolino titulada Reforma Energética y Soberanía Nacional.

El acto comenzará en punto de las 11 horas.

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