No está mal que se investigue el presunto desvío de recursos en el que habrían incurrido algunos funcionarios marinistas que desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) manejaron e implementaron el programa denominado Unidos para progresar.  Ojalá y la investigación llegue al fondo y los responsables de ese peculado que podría ascender a 800 millones de pesos —según la nota de El Sol de Puebla— sean sancionados con fuertes multas económicas, la inhabilitación y años de cárcel.

Sin embargo, lo más probable es que esa presunta investigación no pase de ser un escándalo mediático, un coscorrón político o un mensaje siciliano del gobernador Rafael Moreno Valle y sus operadores al grupo priísta que hoy comienza a disputarle el poder, en la víspera de las elecciones federales de 2015 y locales de 2016.

Varias cuestiones llaman la atención: ¿Por qué esta investigación se da a conocer hasta hoy? ¿A poco ninguno de los dos anteriores contralores estatales —Irma Patricia Leal Islas y Eukid Castañón Herrera— se percató de un desvío de 800 millones de pesos? ¿Cómo es que la Auditoria Superior del Estado, a cargo de David Villanueva Lomelí, no supo en tres años de obras que se pagaron con recursos del programa social estrella del marinismo pero jamás se ejecutaron en la capital y otros municipios de la entidad?

¿Por qué si el desvío de recursos públicos en la Sedesol de Puebla ocurrió entre 2008 y 2010, éste viene a descubrirse hasta hoy? ¿Por qué en la nota de El Sol de Puebla sólo aparecen como funcionarios implicados en esta grave irregularidad Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar? ¿Por qué fueron excluidos de la nota de marras los funcionarios más importantes de esa dependencia estatal como Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós y Alejandro Armenta Mier? ¿Será porque estos tienen cargos en el Congreso de la Unión y el gobierno federal y aquéllos no?

¿Cómo entender la nota de El Sol de Puebla y sus extrañas omisiones: como un descuido involuntario de la reportera Pilar Pérez o como un mensaje siciliano de quienes la filtraron a los directivos del diario de mayor circulación en el estado?

Conste que son preguntas.

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El tema que ayer le platiqué sobre quejas colectivas por mobbing laboral en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, Rodolfo Reyes Coria, ya había llegado al Senado de la República desde el 3 de julio.

En aquella sesión la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un punto de acuerdo para que las autoridades del IMSS investigaran presuntos actos violatorios a los derechos humanos cometidos por su delegado en Puebla en perjuicio de varias empleadas del Instituto.

Aquí el link con los detalles de ese punto de acuerdo

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Este miércoles en el auditorio del edificio de posgrados de la Facultad de Derecho de la BUAP se presentará el último libro publicado del doctor en antropología Manlio Barbosa Cano titulado “Las regiones naturales, étnicas y culturales de Puebla”, en el que su autor hace su propia regionalización del estado a partir de cuestiones geográficas, culturales y étnicas.

La presentación del texto se llevará a cabo a las 11:30 horas y en ella participarán además del autor, los doctores Samuel Tovar y Paulino Arellanes, así como este reportero.

Desde la perspectiva de Manlio Barbosa el estado de Puebla debe dividirse en 10 regiones naturales, considerando los rangos fisiográficos de los diferentes territorios de la entidad; las actividades económicas y los modos de producción predominantes; las carreteras y vías de acceso que los comunican entre sí y con otras regiones; su nivel de desarrollo y urbanización; los habitantes que en ellos se asientan (mestizos, indígenas o inmigrantes nacionales y extranjeros); los rasgos culturales preponderantes; y la problemática social que enfrentan sus pobladores.

Las diez regiones en que el profesor de la BUAP e investigador del INAH divide el territorio poblano son las siguientes: Valles Centrales, Nahua del parteaguas de la Sierra Norte, Totonaca de la vertiente del Golfo, Los Llanos de Juan, Atlixco-Izúcar-Chietla, Mixteca-Popoloca, Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Citlaltépetl-Sierra Negra, y del Tenzo.

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Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llegado una queja colectiva por despidos masivos, acoso y discriminación por edad y género (mobbing laboral) en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria y Alejandro Minor Castillo, respectivamente.

La queja fechada el 10 de octubre del año en curso quedó radicada con el número de folio 107653 y entre quienes la interpusieron figuran Claudia Francisco Morales Juárez, Gabriela Huerta Carrasco, Anabel Michinami Espíndola, María Lourdes Barba Ruiz, Norma Hernández Hernández, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, Yolanda Alvarado Camacho, Diana Lizbeth Macías Hernández, María de las Nieves Vázquez Hernández y Alicia Jiménez Torres.

Como puede observarse, la queja la presentan sólo damas, pues a decir de las firmantes al delegado del IMSS no le gusta trabajar con mujeres, por lo que se vale de cualquier argucia para despedirlas u hostigarlas laboralmente, hasta conseguir su renuncia o cese, en complicidad con el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación.

En la queja presentada contra Reyes Coria y Minor Castillo —y que este lunes la senadora panista del estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández ventiló en la Cámara Alta en el marco de las entrevistas y negociaciones sobre el futuro presidente de la CNDH—se dice que ambos funcionarios han seguido despidiendo y acosando a mujeres, entre ellas ocho que laboraban en la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y el Departamento de Relaciones Contractuales, y a la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Leticia Valdés Martínez.

Esta última, según se asienta en el escrito dirigido a la senadora Adriana Dávila, también ha interpuesto una queja ante el Órgano de Control Interno del IMSS por las trabas que se le ponen para el cumplimiento de sus funciones, no obstante haber conseguido para la delegación Puebla algunos reconocimientos nacionales.

Sobre estas quejas, la Delegación del IMSS rechazó que Reyes Coria hubiese pedido a la jefa de Prestaciones Médicas su renuncia, y aclaró que si hubo liquidaciones en la Coordinación de Atención al Derechohabiente es porque tres de las personas que estaban contratadas —Marisol Magaly Garrido Benítez, Gabriela Martínez Sánchez y Pamela Berenice Segura Vázquez— no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente precisó que la queja promovida por Yolanda Alvarado Camacho en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación obedece a las investigaciones que se le siguen a nivel central desde enero de 2013, tras la auditoría que se le practicó y por la que fue encontrada responsable de ejercicio indebido de servicio público, y por operar una red de complicidades en las Subdelegaciones del IMSS de Puebla, a partir del Departamento de Auditoría a Patrones en la Jefatura de Afiliación y Cobranza, de la cual fue titular.

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Aunque la causa principal por la que no fueron reconocidos ni acreditados los representantes de los tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) es económica o presupuestal, lo más probable es que a pesar de eso tendrán que romper el cochinito y entregarles el equivalente a tres meses de financiamiento público estatal.

Y es que en esta materia hay tesis y jurisprudencias que indican todos los partidos políticos con registro nacional tienen que recibir financiamiento para el desarrollo de sus actividades, aun cuando en las elecciones locales no hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación.

En ese tenor, lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminen fallando a favor de los tres nuevos partidos nacionales que buscaron acreditarse en el IEE, pero que les mandaron a decir que mejor se esperen hasta enero del próximo año.

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Hasta julio, Blanca Alcalá pagaba a 34 “asesores”
Roberto Domínguez, ¿al arzobispado de Puebla?

Si mucho se criticó en la gestión de Enrique Doger Guerrero la abultada nómina del ayuntamiento de Puebla, sobre todo de algunas áreas, en los casi ocho meses que van de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el personal, los sueldos y salarios de la burocracia municipal siguen creciendo.

En la primera quincena de febrero, la oficina de la presidencia municipal tenía 42 empleados y el gasto en nómina de éstos ascendía a 323 mil pesos mensuales, pero en la primera quincena de julio el número creció a 58 empleados y el gasto se disparó a 708 mil pesos.

Lo mismo pasó con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pasó de 20 a 37 empleados, y de 323 mil pesos a 625 mil pesos mensuales, y la oficina de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental que de 7 empleados creció a 65, y su nómina aumentó de 154 mil pesos a 826 mil pesos mensuales.

De la primera quincena de febrero a la primera quincena de julio la nómina del Cabildo se incrementó en 75 mil pesos mensuales, la de Sindicatura en 173 mil pesos, la de Gobernación Municipal en 210 mil, la de Desarrollo Social en 246 mil, la de Gestión Urbana y Obra Pública en 429 mil, la de Desarrollo Económico en 224 mil, y la de Administración en 526 mil.

En ese mismo periodo, las únicas dependencias donde el personal no creció, sino que disminuyó, lo mismo que el costo de su nómina fueron la Secretaría del ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, la Coordinación de Comunicación Social, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La plantilla de personal de la Secretaría del ayuntamiento se redujo de 212 a 205 empleados, y la nómina mensual en 75 mil pesos; en Tesorería hubo 47 plazas menos y una disminución de 66 mil pesos; en Contraloría 12 plazas menos y un ahorro de 41 mil pesos, y en Comunicación Social 6 plazas menos y un desembolso menor en nómina de 27 mil pesos mensuales.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el personal en nómina también disminuyó de febrero a julio, al pasar de 1,153 a 1,121 plazas, con un ahorro de casi 50 mil pesos mensuales.

A pesar de estas reducciones, la nómina del gobierno municipal de Blanca Alcalá hoy es mayor con respecto al mes de febrero en que asumió el cargo.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento al reportero Erick Almanza, con base en la solicitud de información registrada bajo el folio 67108, en febrero había 1,684 empleados de base, 597 pensionados y 2,174 empleados de honorarios, mientras que en agosto existían 1,593 trabajadores con base, 618 pensionados y 2,594 contratados bajo el régimen de honorarios.

En febrero, el costo mensual de la nómina ascendía a 33 millones 241 mil pesos, en julio de disparó a 40 millones 316 mil pesos y en agosto a 39 millones 534 mil pesos.

Pero si el incremento en la nómina es criticable, más lo es la lista de 34 asesores adscritos a la Presidencia Municipal, con sueldos que van de los 20 mil a los 35 mil pesos mensuales.

Hasta el mes de julio, en la lista se asesores de la presidenta municipal de Puebla figuraban Luz María Aguirre Barbosa, José Octavio Castilla Kuri y María Antonia Martínez Silva, con 35 mil pesos mensuales cada uno;

Óscar René Carrillo Solís, Héctor Javier Cesín Rojas, María González Hernández, Joaquín Maldonado Ibargüen y José A. Martínez Hernández, con 30 mil pesos cada uno;

Miguel Ángel Ponce Morales y José Raúl Castillo y Ramírez, con 27 mil 416 pesos y 27 mil pesos mensuales, respectivamente;

Eduardo Alcántara Montiel, Sergio Arroyo Granados, Jerónimo Ramón Balderas Ruiz, Demetrio Canseco Enríquez, Felipe de Jesús Flores Núñez, Carlos Gallardo Arroyo, Juvenal González González, José Gutiérrez y Herrera, Ricardo Mejía López, Israel Ramírez Minor, José Javier Ramírez Ponce, Rodolfo Reyes Coria, Francisco Valencia Ponce y Margarita Vázquez Rico, con 25 mil pesos mensuales cada uno;

También Mariana Navarrete Little, con 24 mil pesos; y Arturo Bertado Flores, Libya Carrillo Romero, Marcela Domínguez Cuanalo, P. González Rubio Martínez, Ramón López Rubí, Rafael Morales Juárez, Yolanda Robles de la Torre y Miguel Rodríguez Valtierra, con 20 mil pesos mensuales cada uno.

EN CORTO
Un obispo poblano que a la fecha no ha sido mencionado como posible sucesor de Rosendo Huesca Pacheco al frente de la Arquidiócesis de Puebla, pero que podría dar la sorpresa es Óscar Roberto Domínguez Couttolenc.

El actual obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero, tiene 52 años y ha sido misionero de la Iglesia Católica en países de África.

Roberto Domínguez ingresó al Seminario del Instituto de María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras en 1972, y 11 años más tarde se ordenó como sacerdote.

Antes de que el Papa Benedicto XVI lo nombrara obispo de Tlapa, en marzo de 2007, Roberto Domínguez estuvo como vicario en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey; como misionero en Ngong, Kenia, y como director administrativo de la Universidad Intercontinental de México y Vicario General de la Congregación Misioneros de Guadalupe.

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El viernes por la tarde, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López designó a Rodolfo Carrillo Luna como coordinador de Servicios de Salud, en sustitución de Ricardo Villa Issa.

Rodolfo Carrillo es cirujano militar y se ha desempeñado como director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y como miembro de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

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Entre los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de San Pedro Cholula no han caído nada bien las intenciones del ex munícipe Juan Pablo Jiménez Concha de hacerse de la nominación del PRI a la diputación federal por el distrito 10, y menos cuando parte de su estrategia de posicionamiento está basada en criticar la gestión del actual presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez.

El malestar de los actuales funcionarios cholultecas radica en que buena parte de los reclamos que hoy enfrentan tienen su origen en problemas y rezagos acumulados en la anterior administración municipal, que no sólo redujo a la mitad las participaciones a las 13 juntas auxiliares, sino que incumplió con una serie de obras que Jiménez Concha prometió realizar durante su trienio.

A esta situación hay que agregar el hecho de que funcionarios que vienen de la pasada administración, como el director de Gobernación, Fernando Ortiz Aldana y la directora de Cultura, Guadalupe Galindo Vega, lejos de sumarse e integrarse al equipo de Francisco Covarrubias se la pasan jugando al solitario en su oficina, o promoviendo a Jiménez Concha como aspirante a la diputación federal.

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Ayer, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quiso aprovechar el Día de la Raza para reunir a 2 mil campesinos en las instalaciones de la SDS en la colonia Humboldt, pero sólo llegaron 500.

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La apertura de un bar en Xicotepec de Juárez, a unos cuantos metros del templo de San Juan Bautista podría generarle a la Secretaría de Gobernación del estado y a su titular Mario Montero Serrano un pleito innecesario con la Iglesia Católica, por culpa uno de sus subordinados.

Y es que el bar es propiedad ni más ni menos que de Alán Santos Valderrábano y su hermano Iván, este último delegado de Gobernación en Xicotepec.

El bar “El Gallo”, que no es nuevo, se localizaba a tres cuadras de donde hoy pretende ser reubicado, en la avenida principal, a 60 metros de la iglesia de San Bautista y en las inmediaciones de varios centros escolares.

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