Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Para que sus críticas, aportaciones o comentarios aparezcan en este blog, haga clic aquí.

Uno de los grandes negocios del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, y sus mafiosos jefes de jurisdicciones sanitarias, es la compra de medicamento y material de curación.

De hecho, una queja recurrente de estos funcionarios y de los usuarios de los servicios de salud en la entidad, es el desabasto de antibióticos, analgésicos, jarabes, antipiréticos y otros fármacos, así como insuficiencia de material de curación y antisépticos.

Lo paradójico del caso es que mientras en los hospitales, clínicas, centros y casas de salud siempre hay problemas de escasez de medicamentos, por lo que las recetas raras veces se surten al 100%, en las jurisdicciones sanitarias cientos de lotes, bolsas y cajas de fármacos y material de curación, se echan a perder.

Y si no me cree, lo invito a que revise el reporte que a continuación le presento y que resume el costo, jurisdicción por jurisdicción, de las medicinas y material de curación caducado y que hace unos días fue incinerado por la empresa Servicios Profesionales Ecológicos SA de CV.

El total de esas medicinas y materiales que no fueron usados y que se echaron a perder asciende a 7 millones 880 mil 696 pesos.

Pero lo más grave de esta irresponsabilidad es que el grueso de las pérdidas se concentra en dos jurisdicciones sanitarias, la 3 de Zacapoaxtla, y la 6 con sede en Puebla capital. En la primera, sólo el costo de las medicinas caducadas supera los 3.6 millones de pesos, y en la segunda los 3.3 millones de pesos.

¿Y sabe qué es lo peor?

Que a la fecha, por increíble que parezca, no hay un solo funcionario que haya sido apercibido, sancionado o destituido por esta criminal pérdida.

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Si de por sí el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla, Francisco Rodríguez Reyes, tenía problemas con sus asociados y representados, cuentan que después de su pobre participación y convocatoria en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, efectuado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones, lo más seguro es que le adelanten su salida.

Por lo pronto, se sabe que los integrantes de su comité directivo no sólo han dejado de asistir a las sesiones del Colegio, sino que han optado por hacerle el vacío, cada vez que éste los convoca a un evento.

Y mientras ello sucede, los tiradores a sucederlo han comenzado a sacar la cabeza y a levantar la mano, entre ellos Armando López de la Vega (el dedo chiquito del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez), Sebastián Serrano, presidente de Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC); Julio Ernesto Lira, ex presidente de Cámara de Empresas de Consultoría, y Aristeo Reyes Hernández, ex presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO).

La renovación del Comité Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla está prevista para noviembre, aunque lo más probable es que a Rodríguez Reyes le canten las golondrinas en julio, sino no es que antes éste decide renunciar sabedor de que nadie, pero nadie en el organismo está dispuesto a apoyarlo a que concluya su periodo.

Como parte de la estrategia electoral de la cúpula nacional panista y el presidente Felipe Calderón Hinojosa de tomar el control de la Cámara y hacerse de la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, en el transcurso de las próximas semanas se darán una serie de ajustes en las delegaciones federales de todo el país.

En Puebla, los delegados que con mayor celeridad serán reemplazados son aquellos identificados abiertamente con El Yunque, con  el anterior dirigente nacional panista, Manuel Espino Barrientos, y con la secretaria de Educación Pública, la dizque paisana Josefina Vázquez Mota.

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Antes de partir a España para participar en la Expo Zaragoza 2008 Agua y Desarrollo Sostenible, el gobernador Mario Marín Torres se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, para comunicarles que estará fuera del país una semana, conminarlos a redoblar esfuerzos en áreas de protección civil y seguridad pública, y pedirles estén alertas frente a posibles contingencias naturales como inundaciones, desbordamientos de ríos o deslaves de cerros.

En la reunión, efectuada a puerta cerrada en el Salón de Gobernadores, Marín expresó que en su ausencia el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, será quien jefature al gabinete y quien asuma su representación.

El gobernador les aclaró a sus funcionarios que sí fue invitado por el presidente Felipe Calderón, junto con otros cinco mandatarios estatales, de los cuales sólo tres –uno del PRI, Enrique Peña Nieto; uno del PAN, José Guadalupe Osuna Millán, y uno del PRD, Juan Sabines Guerrero– volaron en la comitiva presidencial. Los otros dos, además de él, son Juan Manuel Oliva Ramírez, del PAN y Zeferino Torreblanca Galindo, del PRD.

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A pesar de los esfuerzos del secretario de Salud del estado, Roberto Morales Flores, por mantenerse en el cargo, así sea como figura decorativa, éste podría tener los días contados, lo mismo que algunos de sus más cercanos colaboradores en la dependencia.

Entre ellos anote usted al jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social, Fortino Morales Pacheco, cuya remoción es exigida con urgencia por algunos de los nuevos funcionarios llegados a la Secretaría para acotar al hermano del ex gobernador Melquiades Morales.

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Donde Roberto Morales Flores sí logró salirse con la suya, y de paso dejar contentos a los médicos y enfermeras de la región de El Seco, fue en la jurisdicción sanitaria número 4, en la que hace unos días se efectuó un paro de labores en demanda de la remoción de la doctora Lisseth Violeta Aguilar.

El secretario de Salud logró reacomodar a su protegida en la jurisdicción número 1 con sede en Huauchinango, y mandar al jefe de ésta, José Luis Hernández, a la jurisdicción de El Seco, lo que es bien recibido por el personal que presta sus servicios en esta demarcación de la dependencia.

Los detalles de este pírrico triunfo de Roberto Morales, chéquelos en los comentarios enviados a este blog.

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Humberto Aguilar Coronado fue ratificado ayer como vicecoordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República, y como miembro de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

Su ratificación le fue confirmada por el nuevo coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Enrique Madero Muñoz.

Aguilar Coronado se mantendrá además como responsable de la coordinación de debate parlamentario, es decir, como el personaje clave que decide dentro de la Cámara Alta que senador del PAN sube a tribuna y cuándo.

Jesús Morales Flores se anotará este fin de semana otro campanazo electoral al reunir en torno a su persona –y precandidatura al gobierno del estado– a los personajes más representativos de la comunidad libanesa.

La comida, dicen los enterados, tendrá dedicatoria para el delfín del marinismo, quien hace unos días presumió el respaldo de la colonia libanesa y española, tras su encuentro con un grupo de empresarios en la casa de Sebastián Jacobo Yitani.

El banquete tendrá lugar este sábado en el Centro Mexicano Libanés, con la participación de 500 personas, entre familiares, amigos, socios y conocidos de los Yitani Maccise y Yitani Yitani.

El hermano del ex gobernador Melquiades Morales  compartirá la mesa con Doña Rorro Maccise, madre de todos los hermanos Yitani Maccise, y con Juan Yitani Yitani, que hoy por hoy encabezan el club de fans de Don Jesús Morales en la colonia libanesa.

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El día de antier se publicó en este blog una carta aclaratoria del jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud, Fortino Morales Pacheco, sobre algunas cuestiones que aquí se han abordado.

La misiva en cuestión –que puede consultarse en la columna de hace dos días– afirma textualmente que “el doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa” los insumos y bienes que requiere la dependencia y que “el secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho y nunca lo haría”.

Esto es absolutamente falso, como puede constatarse en cada una de las nueve hojas que integran el pedido SSA-1738/2007, a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., en las cuales se observa claramente que dicho pedido, contratado a la empresa de Dionisio Rodríguez Rodríguez, no sólo fue revisado, sino autorizado por Roberto Morales Flores de su puño y letra.

¿O acaso las rúbricas que aparecen al calce de cada una de las nueve hojas son, pero no son su firma?

Adicionalmente habría que precisar que si bien el secretario de Salud tiene razón en afirmar que el concurso por invitación GESFAC-192/2007 –del cual nos ocupamos aquí el pasado 28 de mayo– fue organizado por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, fue él y nadie más que él quien propuso que dicha licitación fuera restringida y no pública.

Por el monto del pedido, 21 millones 187 mil pesos, y el tipo de mercancía que requería la Secretaría de Salud –papelería y artículos de oficina–, el Comité de Adjudicaciones debió, en apego a la Ley de Adquisiciones del estado, llevar a cabo una licitación pública y no un concurso por invitación como finalmente se hizo.

¿Por qué si Morales Flores es tan ajeno, como dice en su carta, a las compras y proveedores de la Secretaría de Salud, hace lo posible para que las licitaciones no sean públicas?

¿Será por tal razón que sus proveedores consentidos en la Secretaría de Salud sólo tienen contratos en el estado de Puebla?

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Víctima de las presiones y chantajes de sus compañeros de partido y de Cabildo, ayer por la tarde noche falleció de dos infartos al corazón el regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino, brazo derecho del alcalde Noé Peñaloza Hernández.

Antes de perder la vida, en el Hospital Ángeles de esta ciudad, Efrén Ronco se presentó al Palacio de Texmelucan para asistir a una sesión ordinaria de Cabildo, previa a la cual le vino un fuerte dolor de estómago, por el que fue trasladado al centro de salud privado Libert, donde sufrió dos ataques al corazón de los que ya no pudo reponerse.

Descanse en paz.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.

* Nadie entiende por qué no renuncia, ni lo renuncian
* Palafox Krayesvky… y la Durango blanca 2007, apá?

Nadie en la Secretaría de Salud entiende por qué el gobernador Mario Marín Torres mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores, cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, y por qué el hermano del ex gobernador Melquiades Morales tampoco renuncia, si en la Secretaría no es más que una figura decorativa.

Roberto Morales perdió desde hace meses el control de las dos principales áreas en que operativamente se divide la Secretaría de Salud: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.

En la primera le clavaron, en agosto de 2007, al hermano del poderoso subsecretario de Egresos del estado, Ricardo Villa Issa, y éste a su vez, nombró como subordinados suyos a gente que se trajo del ISSSTEP. A Martha Vargas González la hizo jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, y a Román de Ita, subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.

Paralelamente, Carlos Martínez Valeriano, brazo derecho del secretario al frente del Seguro Popular, se fue de la dependencia, lo mismo que su segundo de a bordo, Eduardo Hernández Martínez, quien fue reemplazado por Francisco Cajica.

Del área médica, el único funcionario de confianza que le dejaron al hermano del ex gobernador Mequiades Morales es Jorge George Sánchez, director de Atención a la Salud.

En la Coordinación de Administración y Finanzas, actualmente acéfala tras la remoción de Alejandro del Castillo Ávila, el panorama para Roberto Morales es aún más desolador.

Los directores adscritos a ella nunca han estado bajo las órdenes del secretario. Y de ello pueden dar constancia el ex director de Operación a Infraestructura, Marco Antonio Rivera Martínez, el recién removido director de Administración y Finanzas,  José Luis Palafox Krayevsky, y su sustituto en el cargo Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, así como el actual director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie.

En estas circunstancias, es obligado preguntar: ¿Quién es responsable de lo que pasa en la Secretaría de la Salud? ¿El secretario? ¿Los funcionarios que le fueron impuestos como cuña? ¿O el responsable de mantener a Roberto Morales como secretario de Salud, pero quitándole todo margen de maniobra?

EN CORTO

Hasta el jueves de la semana pasada el destituido director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, José Luis Palafox Krayevsky, seguía sin entregar la oficina que por casi dos años ocupó, al igual que la camioneta Durango 2007, color blanco, que tenía asignada como funcionario de la dependencia, mientras su sustituto en el cargo, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, anda como alma en pena por los pasillos de la Secretaría. Y eso, dicen, que se trata de un recomendado del contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.

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A propósito.
Cuentan que en la auditoría que se le practica a José Luis Palafox le han descubierto una docena de cuentas bancarias y de inversión, pero cuyos fondos provienen de la Secretaría de Salud. En los próximos días le tendré más detalles.

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Un funcionario que en la Secretaría del Trabajo y Competitividad practica justamente lo contrario de lo que se supone debe combatir esta dependencia es Gabriel Herrera Cinto, subcoordinador del Programa Capacitación en la Práctica Laboral.

El servidor público en cuestión no sólo se vale de su cargo para hostigar –incluso sexualmente– a los instructores bajo su mando,  sino que los obliga, so pena de reportalos con malas notas, a que lo provean de refrescos, cigarros, botanas y hasta de alimentos después de los horarios de oficina.

Entre los inspectores hartos de esta situación y sus abusos figuran María del Carmen Lázaro Alarcón, Norma Patricia Corro Vázquez, Eda García Díaz y Marco Antonio Pérez.

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