Un asunto espinoso para el gobierno del estado y del cual ha guardado un ominoso silencio, pese a las observaciones que en su momento le hizo la Auditoría Superior de la Federación, es la compra sobrefacturada de 1,690 motocultores en 2012.

El sobreprecio de estos equipos agrícolas, incluyendo sus implementos, es de escándalo, pues la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado supuestamente los adquirió en 114 mil 994 pesos cada uno, pese a que su costo real fluctúa entre 21 mil 834 y 25 mil 475 pesos.

¿Qué funcionario o funcionarios de la Secretaría de Finanzas son responsables de este fraude y daño patrimonial?, es tema que la Secretaría de la Contraloría del estado aún no responde a más de nueve meses de que se hicieron públicas estas irregularidades.

La Contraloría tampoco ha dicho qué funcionarios fueron los responsables de alterar los expedientes y falsificar en las actas de entrega-recepción las firmas de los supuestos beneficiarios de estos motocultores, que fueron comprados a sobreprecio a dos proveedores pertenecientes a un mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, sin que los campesinos y agricultores pudieran elegir las características, marca o empresa fabricante.

Otra cuestión que no deja de resultar extraña, por no decir sospechosa, es por qué ninguno de los últimos titulares de la Contraloría estatal —Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María Catalina Daza Hernández y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz— se haya tomado la molestia de investigar un posible tráfico de influencias o pago de facturas políticas de esas infladas compras de equipo agrícola.

O es normal, pregunto, que el principal proveedor de motocultores al gobierno del estado, el empresario Roberto Arandia Gutiérrez, sea el mismo que suministró el material propagandístico que Rafael Moreno Valle repartió en su campaña de gobernador a través de la misma empresa comercializadora.

A nueve meses que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del gobierno del estado un conjunto de anomalías en la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, y por el cual se le emitió un pliego de observaciones por 107 millones 893 mil pesos, valdría la pena qué aclare varias cuestiones que a la fecha siguen en la opacidad, a saber:

¿Quién autorizó la adquisición de motocultores al cuádruple de su precio? ¿Qué funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural no administraron con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola?

¿Quién autorizó el pagó a Grupo Comercom SA de CV, sin advertir el sobreprecio de los equipos que estaba suministrando al gobierno del estado?

¿Quién pagará el daño patrimonial de este fraude?

¿A quién se están comprando y a qué precios los nuevos motocultores que sigue repartiendo el gobernador Rafael Moreno Valle en sus giras de trabajo?

¿A poco al mismo Roberto Arandia Gutiérrez?

¿Esta información se hará pública o, como suele ocurrir con proveedores y empresas consentidas en este sexenio, se reservará por siete o doce años?

Conste que son preguntas.

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Este domingo estuvieron en Tehuacán echándose un molito de caderas la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri Quirós; la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, y el actual delegado del INAES en el estado de Chiapas, Marco Antonio Balseca Romero.

El punto de encuentro fue el restaurante del hotel Villa Blanca.

Un día antes, la secretaria Rosario Robles y el subsecretario Juan Carlos Lastiri estuvieron en Oaxaca, en el cuarto informe de gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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San Pedro Cholula, Puebla, 19 de noviembre de 2014

1. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para aclarar el tema al que se refiere hoy en su columna titulada «Motocultores, corrupción al descubierto» en la que se pretende confundir a sus lectores al hacer afirmaciones sin fundamento.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

Sin más por el momento y en espera de que publique esta carta como corresponde al Derecho de Réplica, para que sus lectores estén correctamente informados, quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social

El viernes le adelantaba que la Auditoría Superior de la Federación cuestionó uno de los programas pilares del gobierno del estado en cuanto a equipamiento y mecanización del campo: la entrega de motocultores o mototractores, y que ante el cúmulo de deficiencias en su adquisición y entrega a supuestos beneficiarios de 151 municipios de la entidad, lo más probable es que la administración morenovallista tenga que reintegrar a la Federación el costo que estos tuvieron en 2012: 107.89 millones de pesos.

Hoy le tengo mayores datos de esta auditoría practicada el año pasado a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, que en conjunto ejercieron 115 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola (PAIEI-CA), de los cuales el 93.3% se destinó a la adquisición de 1,690 motocultores fabricados por una compañía china, pero comercializados por un empresario de origen veracruzano: Roberto Arandia Gutiérrez.

El informe de la ASF concluye lo siguiente:

1. Que los motocultores se compraron a sobreprecio  —entre 44 mil y 74 mil pesos por unidad— a dos proveedores de un mismo grupo empresarial.

“ En la investigación de mercado realizada por el grupo auditor con dos proveedores de motocultores que contaban con la certificación del OCIMA, se conoció que en el ejercicio de 2012 existían equipos con características similares con precios por debajo de los que costaron los equipos apoyados, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

1. Que los beneficiarios de estos equipos —comprados por el gobierno del estado en 115 mil 900 pesos cada uno— no eligieron las características, la marca, ni el proveedor.

“… se aplicaron entrevistas a 441 beneficiarios de los motocultores, de los cuales, 325 que representan el 73.7% de los beneficiarios entrevistados y el 19.2% del total de los apoyados con dicho equipo, informaron que los motocultores les fueron entregados por parte del Gobierno del Estado de Puebla, y sin que ellos eligieran las características, la marca, ni el proveedor. Adicionalmente, resulta cuestionable que todos los beneficiarios que radican en 151 municipios diferentes del estado de Puebla, coincidieran con dos proveedores de un mismo grupo, que tenían sus domicilios en el Distrito Federal, con un mismo tipo de bien y proveedor, lo cual limitó la oportunidad de elección a otro tipo de implementos del Componente Agrícola susceptibles de apoyos”.

1. Que los motocultores —adquiridos por la Secretaría de Finanzas a través de la empresa comercializadora Grupo Comercom SA de CV— posiblemente hayan ingresado al país de contrabando.

“De acuerdo con la información proporcionada por el OCIMA, se conoció que los motocultores apoyados con cargo al Componente Agrícola son fabricados por una compañía de la República Popular China, sin que durante el desarrollo de la auditoría los proveedores de éstos acreditaran el origen ni la introducción legal de los motocultores al país”.

1. Que en la entrega de 1,690 mototractores de la marca Mekatech se integraron 810 expedientes en los que las firmas de los supuestos beneficiarios no coinciden con la de su credencial de elector.

“En la revisión de los 1,690 expedientes de los apoyos otorgados para la adquisición de los motocultores, se presume que éstos fueron integrados para cumplir oportunamente los requisitos establecidos, ya que en 810 expedientes, las firmas que ostentan los anexos IV «Solicitud General de Apoyo» y V «Proyecto Simplificado» son visiblemente diferentes a la firma de la credencial de elector de cada beneficiario y que en 647 casos que la firma del beneficiario en el Acta Entrega Recepción, también es visiblemente diferente en los rasgos de escritura con la firma de la credencial de elector. Al respecto, a través de los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes que formaron parte de su muestra, no provienen del mismo origen gráfico que las de los Anexos IV y V, ni de las Actas de Entrega Recepción.

“Se identificaron 96 expedientes que cuentan con dos actas de entrega recepción, la segunda denominada «Acta Entrega Recepción Complementaria»; de dichas actas conforme al informe del perito en grafoscopía antes mencionado, se determinó que los rasgos de escritura de las firmas son distintas entre las primeras y las complementarias en los 96 casos. Cabe señalar, que las primeras actas fueron firmadas en 2012 y las complementarias en 2013; sin estar contemplada en la normatividad aplicable”.

1. Que hay 24 supuestos beneficiarios  de motocultores —en seis municipios poblanos— que dicen no haber recibido tales equipos mecánicos para el campo.

“Conforme a las visitas realizadas a otros beneficiarios, 24 de ellos, ubicados en otros seis municipios del Estado de Puebla, informaron que no les fue entregado el motocultor; no obstante que en los expedientes se localizan actas de Entrega-Recepción, supuestamente firmadas por ellos…”.

1. Que el certificado de calidad  que supuestamente ampara la calidad de los motocultores —expedido por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA)— no  corresponde al de los equipos entregados.

“… aun cuando el Gobierno del Estado de Puebla, en respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, proporcionó el certificado núm. 13/258/MI, para el Motocultor Meka-Tech modelo MKT-11195N, con una vigencia del 15 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 2015, se considera que este no pudo ser aplicable para 2012, toda vez que fue expedido con fecha 8 de julio de 2013, según consta en el Certificado proporcionado a esta Auditoría Superior de la Federación por el OCIMA”.

1. Que los mototractores no ofrecen ninguna garantía de funcionamiento óptimo, además de que la ASF jamás pudo probar los equipos, pues los que le llevaron a prueba tenían las velocidades trabadas o no eran los entregados a los beneficiarios.

“La ASF solicitó al OCIMA-INIFAP que realizara un diagnóstico técnico de maniobrabilidad, de seguridad, de soporte técnico y servicio posventa y verificación de aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, y que verificara si efectivamente el motocultor MEKATECH cumple con los requerimientos indispensables en materia agrícola para el campo mexicano, en particular del estado de Puebla, por lo que se requirió de manera aleatoria un equipo a uno de los beneficiarios del Componente Agrícola. Al respecto, el OCIMA-INIFAP indicó que el equipo que se puso a su disposición corresponde al motocultor modelo MKT-11195 CHA, modelo distinto al motocultor MKT-11195N del que emitió la certificación que posteriormente fue cancelada y a la vez es un modelo distinto al MKT-11195 NX, que fue el facturado por el proveedor a los beneficiarios. El que se entregó para realizar las pruebas solicitadas por la ASF fue un motocultor MKT-11195 CHA, que se encontraba con las velocidades trabadas, lo que impidió su diagnóstico”.

1. Que las empresas proveedoras se rehusaron a entregar a la ASF la información que les requirió sobre quién en realidad les había pagado los equipos, por lo que solicitó al SAT las audite, ante la sospecha de que incurrieron en simulaciones en su facturación.

“.. sin embargo, las empresas no entregaron la información solicitada, una de ellas argumentó que no celebró acto de comercio con personas beneficiarias del apoyo y por lo tanto no recibió pago, ingreso o depósito por parte de ellas; mientras la segunda informó que los actos que celebró fueron de comercio con particulares, los cuales tenían la cualidad de ser beneficiarios del programa que nos ocupa, pero quien efectuó el pago fue la Financiera Rural (fiduciaria del FOFAEP) por cuenta de los beneficiarios… Por lo anterior, no fue posible acreditar si existieron los depósitos o pagos realizados por los beneficiarios… así como los depósitos y transferencias efectuadas por el Gobierno de Estado de Puebla, ni que los ingresos obtenidos por las citadas empresas por las ventas de los motocultores correspondientes al programa por un monto de 194,339.8 miles de pesos”.

1. Que en los 1,690 expedientes nunca se especificó cuáles fueron los implementos adicionales que se entregaron a los beneficiarios, además de que las facturas no indican el domicilio o los datos de localización de los proveedores.

“De acuerdo con la revisión de los 1,690 expedientes que conforman la documentación comprobatoria de los apoyos otorgados para la adquisición de los motocultores, se identificó que en las facturas de los motocultores expedidas por los proveedores, no se especificó qué implementos adicionales fueron entregados a los beneficiarios, en virtud de que se señala que pueden ser bomba autocebante, desgranadora, generador de energía, segadora, y rastra de 18 cuchillas, lo que significa que los beneficiarios no pueden acreditar cabal o plenamente la propiedad de los equipos.

“En lo que respecta al servicio de mantenimiento otorgado a los equipos que se mencionan en las facturas se identificó que corresponde a 50 y 150 horas, lo cual no es claro. Además, las facturas no indican el domicilio del contrato de mantenimiento y en lo que respecta al número telefónico, que se señala en las mismas, de acuerdo con pruebas efectuadas por el personal auditor nunca fue contestado”.

1. Que el empresario  favorecido con la compra de mototractores durante los años de 2011, 2012 y 2013 Roberto Arandia Gutiérrez es quien suministró el material publicitario del hoy gobernador Rafael Moreno Valle como candidato de la coalición Compromiso por Puebla en 2010, a través de la comercializadora Grupo Comercom SA de CV. Este punto no consta en el Informe de la ASF, sino en un reportaje publicado el 27 de mayo por el periodista Ernesto Aroche.

“La pasada coalición Compromiso por Puebla, que llevó al poder al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y la Secretaría de Desarrollo Rural encargada de entregar los recursos para la compra de mototractores comparten una cosa en común: el proveedor. El hombre que distribuye la mayoría, sino es que todos, los motocultores que el gobierno morenovallista ha entregado hasta el momento es el mismo que vendió a la coalición las sombrillas que se repartieron a manos llenas durante la campaña electoral de 2010: Roberto Arandia Gutiérrez”.

¿Por qué estas irregularidades nunca fueron detectadas por la Contraloría del estado, la Auditoría Superior del Estado o los diputados de la pasada Legislatura que, se supone, revisaron y aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado?

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