El conflicto entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y algunos activistas opositores al Gasoducto Morelos, las obras del Arco Poniente y otros proyectos relacionados con extracción de minerales y la construcción de hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla podría acentuarse en los próximos días, y convertirse en un tema que atraiga la atención de instancias nacionales e internacionales.

Este miércoles, por decir algo, estuvieron en Puebla dos enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar y reunirse con funcionarios del Poder Judicial y la PGJ del estado respecto a las denuncias de criminalización en contra de activistas sociales, entre ellos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, actualmente presos por diversos delitos.

Trascendió que ambos representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se entrevistarán este jueves con la diputada federal Roxana Luna Porquillo y otros dirigentes de organizaciones opositoras a la construcción del Gasoducto de la CFE que cruza por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y las obras del libramiento carretero que por las faldas del volcán Popocatépetl que conectará la autopista México-Puebla con autopista Siglo XXI que va de Puebla a Morelos.

También se sabe que este jueves el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, haciendo uso del derecho de réplica, será entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en su escuchado noticiario radiofónico Noticias MVS, sobre las acusaciones que el martes por la mañana hizo la perredista Roxana Luna en contra de la administración morenovallista, a la que responsabilizó de la detención de tres activistas simpatizantes de su movimiento Los de Abajo, y del hostigamiento del investigador de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés.

Mi hipótesis de que este conflicto tiende a complicarse la fundamento en diferentes hechos:

1. Los actores en pugna no tienen planes de reunirse para zanjar sus diferencias y pactar algunos acuerdos mínimos, para que los activistas detenidos sean liberados, las órdenes de aprehensión en contra de otros opositores canceladas, y la marcha de protesta al Distrito Federal suspendida.

2. El martes de la semana entrante, además de la marcha organizada por el movimiento Los de Abajo, los opositores al gobierno morenovallista presentarán una denuncia colectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por los supuestos abusos cometidos en la detención de tres activistas sociales y ambientalistas, y buscarán hacerse escuchar en la tribuna de la Cámara de Diputados.

3. La protesta de la perredista Roxana Luna y su movimiento ha comenzado a ser el catalizador de otros sectores inconformes o agraviados por al gobierno del estado, entre ellos el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, que podría sumarse a la marcha del martes 29 de abril a la Ciudad de México o protagonizar otra el jueves 1 de Mayo, también en el Distrito Federal, con motivo del día del trabajo.

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El priísta Enrique Doger Guerrero fue designado integrante de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de investigar los contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos (Pemex), Oceanografía y demás empresas filiales.

Esta Comisión especial, cuyos integrantes rendirán protesta este jueves por la tarde, es presidida por el legislador perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro.

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En el tablero político del gobernador Rafael Moreno Valle o de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas, ya deberían haberse prendido algunos focos amarillos de alerta, por el resurgir de ciertas organizaciones, grupos y líderes que aparentemente estaban alejados de la actividad político-social.

La detención de los tres activistas opositores a las obras del gasoducto Morelos y al libramiento carretero denominado Arco Poniente, así como el hostigamiento en contra del investigador de la BUAP Ricardo Pérez Avilés, y el acoso de que son víctimas otros dirigentes sociales de la Sierra Norte, podrían despertar al México bronco.

Y más si las autoridades locales, en lugar de entrar a una política de acercamiento, diálogo y convencimiento, optan por la ruta de la judialización, la represión y el garrote en contra de algunos movimientos y actores sociales, varios de ellos estrechamente vinculados a ciertos grupos académicos de la BUAP y la Ibero, simpatizantes de la izquierda no partidista.

Grupos que, por cierto, ya comenzaron a desplegar su actividad en desplegados, ruedas de prensa y en las redes sociales, criticando no sólo el método sino las formas empleadas por el gobierno morenovallista para contrarrestar el rechazo que enfrentan algunas obras y proyectos, a cargo de las propias autoridades o de inversionistas nacionales y extranjeros.

A la distancia, da la impresión que en la Secretaría General de Gobierno están minimizando estos brotes de inconformidad con el prurito de que sólo son unos cuantos alborotadores que buscan sacar provecho de la situación o raja política, en beneficio de sus muy particulares intereses.

El diagnóstico me parece erróneo, y resultado de gente que, por su desconocimiento de la entidad, ignora los antecedentes, nexos y alcances de los tres activistas detenidos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón; del doctor Ricardo Pérez Avilés, coordinador del Departamento para el Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias, e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP; y de la diputada federal Roxana Luna Porquillo.

Las protestas contra el gasoducto de la CFE, que cruzará por el estado de Puebla, contra la expropiación o venta de tierras en las faldas del volcán Popocatépetl para las obras del Arco Poniente, y contra los proyectos mineros y de generación de energía eléctrica en la Sierra Norte a cargo de empresas trasnacionales, pueden ser el caldo de cultivo de un movimiento social mayor que involucre a cámaras y sindicatos patronales, sindicatos independientes y organizaciones como la 28 de Octubre, Antorcha Campesina, y el Consejo Democrático Magisterial Poblano, si el gobierno del estado en lugar de optar por el diálogo y el acuerdo, se confronta y trata de imponerse echando por delante la fuerza pública y el aparato del Estado.

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El lunes 28 de abril, la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede de un coloquio político que tendrá como temas centrales la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y su legislación secundaria, y la reforma político electoral en relación al Instituto Nacional Electoral y las candidaturas independientes.

Dentro del coloquio habrá dos conferencias magistrales. La primera, que estará a cargo del periodista y escritor Jenaro Villamil, comenzará a las 9 horas y versará sobre la polémica que hoy existe en torno a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, el pleito entre Televisa y Carlos Slim y la tercera cadena nacional a de televisión.

La segunda conferencia tendrá como expositor a Juan Luis Hernández Avendaño, ex director de la escuela de Ciencias Políticas de la Ibero Santa Fe y la Ibero Puebla, y en ella se analizará el impacto de las llamadas reformas estructurales en la democratización del país.

Entre esas dos conferencias habrá un panel donde se analizarán diversos aspectos de la reforma político-electoral en la que participarán Fernando Dworak Camargo, coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Santa Fe, y el que esto escribe.

El coloquio es organizado por la licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la Ibero Puebla, cuyo coordinador es José Antonio Bretón Betanzos, y el Consejo Estudiantil de esta carrera, cuyo presidente es Miguel Íñigo.

Las conferencias se efectuarán en el Salón 201 de la Ibero, y la entrada a las mismas es totalmente gratuita.

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