Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez?

Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar –por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días– que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres caso anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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A cinco días de que venza el plazo que se dio a los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura de Puebla, para entregar más de 127 mil firmas de ciudadanos que apoyen su registro, sólo dos podrían cumplir la meta: Ana Teresa Aranda Orozco y Ricardo Jiménez Hernández.

Ambos aspirantes, además de ser los más activos en el proceso, han demostrado mayor capacidad de organización y logística para llenar los formatos de apoyo y obtener 4 mil 300 firmas diarias con su respectiva copia de la credencial de elector de los ciudadanos que respaldan su candidatura.

Tanto Ana Teresa Aranda como Ricardo Jiménez quieren llegar el domingo no con 127 mil firmas de apoyo, sino con 135 mil o 150 mil, considerando que algunas podrían estar repetidas o ser anuladas por errores en la transcripción de la clave o por diferencias entre las firmas de la credencial de elector y la que rubrique el formato autorizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Quien fuera titular de la Sedesol en el último tramo del sexenio foxista ha logrado vencer varios obstáculos que pretendían impedir su registro como candidata independiente, no reconociendo su carta de renuncia al PAN con un año de anticipación u obligándola a que los ciudadanos que respaldan su registro fueran de al menos 145 de los 217 municipios de la entidad.

La aportación más creativa del equipo de Ana Teresa Aranda fue la elaboración de una App mediante la cual los ciudadanos pueden registrar sus datos, tomar fotografías de su credencial para votar y hasta enviar su firma.

Ojalá el IEE no vaya a rechazar tal innovación digital con el peregrino argumento de que el Código y la convocatoria no consideran esta modalidad.

Ricardo Jiménez, quien es percibido por varios actores políticos con desconfianza, llevaba hasta el domingo pasado 109 mil firmas recabadas.

Su objetivo es llegar el domingo 13 de marzo con 150 mil, de ciudadanos de más de la mitad de los municipios del estado, sobre todo de aquellos con mayor número de habitantes como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y las Cholulas.

El que estos dos aspirantes puedan obtener su registro como candidatos independientes a la gubernatura de Puebla constituye una buena noticia, sin embargo lo más probable es que uno anule al otro.

Lo ideal sería que hubiera un sólo candidato independiente y que éste entrara en una auténtica competencia con los abanderados del PAN y el PRI que son los únicos con posibilidades de ganar la minigubernatura.

Sin embargo con dos candidatos independientes este escenario se ve muy pero muy lejano.

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Será este viernes cuando el Instituto Electoral del Estado (IEE) resolverá quiénes de los siete aspirantes a candidatos independientes son idóneos, por cumplir con todos los requisitos de ley, y pueden comenzar a recolectar las más de 126 mil firmas de apoyo que requieren para obtener su registro.

Se sabe que el IEE hizo llegar a por lo menos cuatro aspirantes algunas observaciones que ponían en duda su idoneidad.

Los siete aspirantes son Ricardo Jiménez Hernández, Ana Teresa Aranda Orozco, Ricardo Villa Escalera, Leodegario Pozos Vergara, Marco Antonio Mazatle, Rubén Hernández Pérez y Carolina López López.

De estos puedo anticiparle que el primero, el empresario Ricardo Jiménez, será declarado idóneo, pues no tuvo ninguna observación.

Los que sí tuvieron observaciones en su expediente, mismas que ayer tuvieron que haber solventado, fueron Ana Teresa Aranda, Ricardo Villa Escalera, Marco Antonio Mazatle y Rubén Hernández.

Los que sean declarados idóneos tendrán del 13 de febrero al 13 de marzo para obtener 126 mil 588 firmas de apoyo, que equivalen al 3% de la lista nominal del estado.

Si Ana Teresa Aranda lograr zanjar este etapa y conseguir su declaración de idoneidad, puedo anticiparle que ella será la única que obtenga el respaldo político del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez «El Bronco».

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Para evitar nuevas intromisiones del Ejecutivo estatal en el proceso de selección del candidato del PRD a la gubernatura de Puebla, el Comité Ejecutivo Nacional de este partido será el encargado de designar al candidato o candidata por ahí de mediados de marzo.

Se sabe que el presidente nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, se inclina por dos militantes poblanos para ese cargo de elección popular: el senador Luis Miguel Barbosa Huerta y la ex diputada federal Roxana Luna Porquillo.

Los perredistas de Nueva Izquierda, es decir Los Chuchos, se inclinan por el senador Barbosa, pero no porque en realidad lo apoyen, sino porque quieren quedarse con su cargo de coordinador de la fracción del PRD en la Cámara Alta.

Barbosa ha declinado la invitación a ser candidato a la gubernatura de Puebla, al menos en los comicios locales de este año.

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El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, estará de gira en Puebla de miércoles a domingo de la otra semana en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

El miércoles estará en la región de Xicotepec, el jueves en Tetela de Ocampo y Libres; el viernes en Cuyoaco y Guadalupe Victoria; el sábado en Tlatlauquitepec y Hueytamalco; y el domingo en Cuetzalan y Huehuetla.

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