Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Édgar Enrique Bayardo del Villar no sólo fue un personaje que mantuvo estrecho contacto con los jefes policíacos de Puebla, como el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto; el ex director de la judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, y los ex secretarios de Seguridad Pública del municipio Puebla, Humberto Vázquez Arroyo y Omar Álvarez Arronte ––aunque muchos de ellos ahora lo nieguen––, sino también un policía que se movía a los más altos niveles.

Édgar Bayardo, por ejemplo, era uno de los asiduos asistentes a las comidas que cada 17 de enero se organizan por el cumpleaños del arzobispo de la iglesia ortodoxa antioqueña, Antonio Chedraoui Tannous, acontecimiento que suele reunir a secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, dueños de medios de comunicación, jerarcas católicos y a los más encumbrados políticos y hombres de negocios de México.

Este año no fue la excepción. El hoy cómplice de los hermanos Zambada García ––Isamel “El Mayo” y Jesús “El Rey Zambada”–– estuvo en la comida por los 76 años de don Antonio Chedraoui, compartiendo el pan y sal con algunos poblanos como el diputado federal Jorge Estefan Chidiac; el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Otros poblanos que este año también asistieron a la comida del arzobispo Antonio Chedraoui fueron el secretario particular del gobernador Marín, Guillermo Deloya Cobián; el ex consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz; el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor; el ex director de la Judicial y ex delegado de la PGR en Tlaxcala, Adolfo Karam, y los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Pepe Chedraui.

Hay que decir que muchos de ellos ni siquiera conocían a Édgar Bayardo, por lo que quizás hasta les pasó desapercibido, y más cuando nadie entonces sospechaba de sus vínculos con el Cártel del Pacífico.

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Otro personaje que hoy tampoco quiere saber nada de Édgar Bayardo, pero que en su momento trató de impulsar como subprocurador de Justicia del estado fue el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Esta versión, que el propio Bayardo confió a algunos amigos suyos, en un antro de Plaza Loreto, puede ser confirmada por personajes como Carlos Talavera Pérez, presente en esa reunión.

La intención de López Zavala era que impulsar a Adolfo Karam como procurador de Justicia, en sustitución de Blanca Laura Villeda Martínez, y a Édgar Bayardo como subprocurador, cargo que ya había desempeñado en el gobierno perredista de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

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Como ayer lo adelantó el columnista Jorge Rodríguez Corona en El Sol de Puebla y e-consulta, Felipe Flores Núñez será el nuevo director editorial de El Heraldo de Puebla, en sustitución de Arturo Luna Silva.

Felipe Flores asumirá la dirección del matutino la semana próxima, junto con Arturo Manzano Nieto, quien será nombrado jefe de información de este periódico propiedad del empresario Ricardo Henaine Mezher.

Arturo Manzano se desempeña actualmente como jefe de la sección de Municipios de El Sol de Puebla y secretario general del sindicato de éste, el periódico de mayor circulación del estado de Puebla.

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Este jueves a las 13 horas, en el Salón de Gobernadores de Casa Aguayo, sesionará la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del estado, y entre los asuntos a tratar destaca la ratificación de Antonio Marín López como secretario de Salud.

Es probable que en esta reunión, Antonio Marín proponga a Mary Cruz Corona Aguilar como coordinadora general de Administración y Finanzas, cargo que está vacante desde la renuncia de Alejandro del Castillo Ávila a principios del año pasado.

Un detalle del que habrá que estar muy pendiente es si a la sesión de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud acude el gobernador Mario Marín Torres o si éste opta por enviar como representante el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

La presencia o ausencia del gobernador en dicho acto debe leerse entrelíneas.

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Otro poblano que ya también fue invitado como funcionario de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), cuya dirección está a cargo del ex industrial harinero Juan Ignacio Fernández Carvajal, es César Sotomayor Sánchez.

El ex director del Sistema DIF estatal y ex regidor priísta en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero fue nombrado auditor general de este importantísimo puerto, en cuyas obras de ampliación y modernización se invierten —entre recursos públicos y privados— más de 8 mil millones de pesos.

Antes de César Sotomayor, Juan Ignacio Fernández —también conocido por sus amigos del Club de Golf Las Fuentes como “El Chitón”— ya se había llevado como colaborador al controvertido ex presidente de la Cámara y la Asociación de Empresarios de Puebla y Tlaxcala, Alejandro Couttolenc Villar.

El puerto de Veracruz se ampliará en 400 hectáreas, que les serán ganadas al mar, para hacer crecer su capacidad de manejo de contenedores de 730 mil a 2 millones anuales.

Esta terminal portuaria, dependiente de la SCT, da hoy empleo a 35 mil personas y en el 2007 aportó al fisco alrededor de 22 mil 500 millones de pesos.

Pregunta: ¿Conocerán las autoridades de la SCT los antecedentes de los poblanos invitados por el hermano de “El Diablo” Fernández a Apiver, sobre todo de Alejandro Couttolenc?

Si no lo saben, no estaría de más que indagaran en Puebla, donde el llamado “Llavero” dejó una estela de fraudes y transas tanto en la Cámara y la Asociación de Empresarios Textiles como en sus negocios particulares.

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Arturo Luna Silva, Carlos Gómez Marín y Lesly Mellado May dejarán la dirección editorial, la jefatura de información y la jefatura de redacción de El Heraldo de México en Puebla, el último día de septiembre.

La decisión fue tomada de común acuerdo, al menos en el caso del director editorial, con el presidente y director general del matutino, Ricardo Henaine Mezher.

Aunque hasta el momento no existe ninguna definición sobre quién podría quedarse en el lugar de Arturo Luna, las versiones más serias apuntan hacia Marco Antonio Ponce de León Aguilar, quien el 2 de mayo fue relevado de la dirección de El Sol de Puebla.

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Otro que también se despedirá el 30 de septiembre, pero de la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social del estado es José Tomé Cabrera.

Pepe Tomé no asumirá —formalmente— la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, como aquí se había dicho, sino que renunciará a la SDS para constituir una empresa consultora, que tendrá como uno de sus principales clientes al dirigente estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier.

Quien asumirá la Dirección de Comunicación Social de la SDS, pero en calidad de encargada de despacho, será Erika Jaramillo González.

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La periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena demostró anoche, en la presentación de su libro de entrevistas «Expresiones entre lo público y lo privado» una gran poder de convocatoria, al reunir en el Paraninfo del edificio Carolino a personalidades del mundo político, empresarial, académico, cultural y periodístico.

De entrada, hay que decir que la obra —editada por la Universidad Autónoma de Puebla— fue presentada por dos ex gobernadores de Puebla, Guillermo Jiménez Morales y Manuel Bartlett Díaz, así como por la presidenta de la capital Blanca Alcalá Ruiz y el periodista Enrique Montero Ponce, todos ellos personajes entrevistados por la ex conductora de Televisión.

El libro recopila un total de 70 entrevistas periodísticas —que Blanca Lilia Ibarra ha publicado en las páginas de El Sol de Puebla y en el portal e-consulta— a secretarios de Estado, ex gobernadores, políticos en activo, empresarios, legisladores, líderes partidistas y religiosos, rectores, artistas e intelectuales de la entidad.

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Pregunta al margen:

¿Para qué se reunieron a comer ayer en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Intercontinental Presidente: el financiero Luis Ángel Casas Arellano (a) “Casitas”, el periodista Enrique Montero Ponce, y el empresario Ricardo Henaine Mezher?

La pregunta no es insidiosa, es mera curiosidad.

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Ayer vino a Puebla con la única encomienda de reunirse con el gobernador Mario Marín Torres, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán.

En el encuentro, efectuado de las 17:00 a las 17:45 horas en Casa Puebla, también participaron los secretarios de las secciones 23 y 51, Erick Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, así como el delegado del CEN de esta organización magisterial, Julio Alberto Peralta.

Durante la reunión, Rafael Ochoa le reclamó al gobernador Marín Torres las manifestaciones y protestas que en las últimas semanas han protagonizado disidentes del SNTE en la entidad y que en su opinión están siendo patrocinadas por funcionarios de su gobierno y operadores del PRI.

El gobernador Marín, de acuerdo con fuentes cercanas al encuentro, rechazó tal versión y enfatizó que su gobierno no tiene el mínimo interés por debilitar y dividir a la organización magisterial presidida por Elba Esther Gordillo.

Un tanto molesto, Rafael Ochoa lo refutó, diciéndole que el SNTE tenía todas las pruebas para acreditarlo.

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Si alguna institución debe explicar a los poblanos los abusos y transas que se han cometido al amparo de las 1,081 hectáreas expropiadas por el gobierno federal en la zona conocida como Angelópolis, y que fueron transferidas al gobierno del estado en 1992, a través del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, es Bancomer.

Sí, me refiero a la institución bancaria que hace las veces de fiduciario en ese fideicomiso, y cuya misión es —o mejor dicho, debería ser— la de vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto origen de esa expropiación.

La reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (antes Solidaridad) se creó como un instrumento de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico para la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de dotar de vivienda de interés social a cerca de 10 mil familias.

De más está decir que de esa meta, supuestamente prioritaria, no se llegó siquiera al 1%, pues los dos únicos desarrollos que encajan en esta categoría —Vivah 98 y la colonia Gobernadores— comprenden menos de 10 hectáreas.

Por el contrario, la reserva territorial —que abarca a los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula— ha sido fuente de millonarios e inconfesables negocios de funcionarios y directivos del fideicomiso que, coludidos con empresarios y especuladores inmobiliarios, han desvirtuado los objetivos sociales que le dieron origen.

De las 1,081 hectáreas de la reserva, al menos 161 —equivalentes al 14.8%— estaban destinadas al rubro de preservación ecológica. En la actualidad el número de hectáreas con este uso de suelo suman 56, incluyendo las 24 hectáreas que hoy Ricardo Henaine Mezher pretende vender en 400 millones de pesos.

Otra meta incumplida por el Fideicomiso —y de la cual el fiduciario, es decir, BBVA-Bancomer es responsable— está relacionada con la infraestructura vial en la zona.

La propuesta original contemplaba la construcción de 263 hectáreas de vialidades; hoy, la infraestructura vial apenas llega a 100 hectáreas, lo que explica los problemas de tránsito y saturación de vehículos en las horas pico.

Paradójicamente, el sector comercial ha sido el más beneficiado. Según el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial expedido en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz las áreas comerciales y de servicios abarcarían menos de 70 hectáreas, es decir, el 6.45% de la reserva.

Actualmente los comercios y servicios se extienden sobre 167 hectáreas y siguen creciendo, al igual que los desarrollos residenciales y arquitectónicos de tipo medio y alto, muchos de los cuales pertenecen a funcionarios del gobierno del estado y ex directivos del fideicomiso de la reserva territorial, como el ex secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del gobierno melquiadista, Federico Bautista Alonso.

De ahí la pregunta inicial: ¿Y Bancomer apá?

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El hermano del ex delegado del CEN del PRI en Puebla, Maximiliano Silerio Esparza, salió ileso de un atentado ocurrido ayer en su natal Durango, en el que murieron los dirigentes de la Unión Ganadera de aquella entidad, David Avitia Torres y Manuel Berumen Berumen.

Matías Silerio Esparza, tesorero de la Unión Ganadera, y quien viajaba en el asiento trasero de la Suburban blanca que fue atacada con fusiles AR-15 y AKA 47, fue el único sobreviviente de esa agresión del crimen organizado.

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Los gastos destinados al pago de alimentos, comidas y restaurantes, son hoy una de las mayores inconsistencias que presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio 2007 del Instituto Electoral del Estado, al grado que ni los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local saben cómo cuadrar.

Y es que los gastos de comida están diseminados, por decir ocultos, en varias partidas presupuestales: Alimentación para el personal de las dependencias y entidades, Víáticos nacionales, Gastos Institucionales y Gastos de representación.

Esa intencionada dispersión tuvo el propósito, como ya se dijo, de esconder el escandaloso gasto en comidas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales durante el año pasado, y que conservadoramente supera los 350 mil pesos, es decir, el equivalente a casi mil pesos diarios.

Ahora entiende por qué la inspección que en la segunda quincena de mayo realizaron auditores del Orfise en las oficinas de la Dirección Adminitrativa del IEE, y de las que se llevaron 14 cajas con todo el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación.

La gran interrogante sigue siendo para qué, pues los auditores del Orfise se pudieron llevar la documentación lo mismo para coregirla o limpiarla, que para utilizarla como prueba contra Jorge Sánchez Morales para fincarle responsabilidades por desvío o malversación de recursos públicos.

Sobre este tema, mañana le ampliaré algunos detalles, a partir de la exposición que el viernes pasado hizo ante el Consejo General del IEE la consejera Olga Lazcano Ponce.

No se los pierda.

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A propósito.

Por instrucciones del consejero presidente del IEE, este blog y el portal digital donde se difunde fueron censurados, a través del servidor que da servicio a la red del máximo órgano electoral del estado.

El problema para Jorge Sánchez es que este bloqueo se le está revirtiendo, pues ahora son más consejeros y empleados del Instituto que están pendientes de lo que se publica en e-consulta, al que ingresan desde su casa o por la red inalámbrica que funciona dentro de las instalaciones del organismo.

¡Lástima Margarito!

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Este viernes el secretario particular del gobernador Mario Marín Torres, Guillermo Deloya Cobián, celebró su cumpleaños número 37 con una comida en el fraccionamiento Puerta de Hierro, a la que asistieron el ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado; Raúl Salinas de Gortari, los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Emilio Maurer Espinosa; el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano y su señor padre, el periodista Enrique Montero Ponce; el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el abogado Miguel Quirós Pérez; el director de Atención y Gestión Universitaria de la UAP, Damián Hernández Méndez, y el recién nombrado consejero del IFE, Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Este último, por cierto, fue profesor de Guillermo Deloya y su asesor de tesis para el grado doctor en la Universidad Anáhuac.

El anfitrión de la comida fue el empresario Fernando Alonso González, compadre del festejado.

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Las maestras Lilia Vélez Iglesias y Eva Pérez Castrejón fueron seleccionadas, tras un largo proceso en el que tuvieron que competir con profesionistas de todo el país, como evaluadoras del Ceneval para las carreras de periodismo y comunicación organizacional en la República Mexicana.

Lilia Vélez es maestra responsable de la carrera de periodismo en la UPAEP, y Eva Pérez de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la misma institución.

Su nombramiento como evaluadoras del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) les llegó la semana pasada.

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Trivia electoral para iniciados.

¿Que aspirante a gobernador del PRI, que de manera recurrente ha dicho que no le interesa ese cargo de elección popular, anda construyendo en distintos municipios de la entidad sus redes de apoyo?

Pistas:

Ya es compadre del gobernador Mario Marín Torres.

Ya también cuenta con la ciudadanía poblana.

Y aunque en su corazón late fuerte y claro su sentimiento priísta, no quiere perder su perfil ciudadano y pluralista.

Ah. Su influencia también llega al PRD.

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