Un serio problema con inversionistas y desarrolladores inmobiliarios está por enfrentar el debilitado ayuntamiento de San Andrés Cholula por la negativa de otorgar a éstos sus constancias de terminación de obra en Lomas de Angelópolis 2, sin las cuales no pueden tramitar permisos para el suministro de agua ante el Soapap, ni escriturar los departamentos o casas que ya vendieron en este exclusivo fraccionamiento ubicado en la lateral de la Vía Atlixcáyotl.

El problema viene desde el año pasado, pero se ha agravado en las últimas semanas porque varios de los compradores de condominios están exigiendo la entrega de los inmuebles que adquirieron, la dotación de servicios básicos como el de agua potable o la escrituración de los departamentos en que ya viven y ya pagaron, sin que los desarrolladores puedan darles una fecha.

De acuerdo con algunos inversionistas, la negativa del alcalde Leoncio Paisano Arias, y en particular de la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula, Janeth Roxana Rivera Martínez, obedece a que los quieren presionar para que paguen una nueva cuota al ayuntamiento por las áreas de donación que les fueron exentadas por las anteriores autoridades municipales.

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He aquí algunos nombres de los empleados despedidos del Instituto Electoral del Estado (IEE) que está cerrando su ciclo en la más absoluta opacidad por la decisión de los integrantes de su Consejo General; su secretario Ejecutivo, Miguel David Jiménez López, y su director administrativo Ricardo Aguilar Ramírez.

En la relación que se presenta, como se podrá ver, no aparece el nombre de ningún funcionario del organismo, tampoco de ningún empleado adscrito a la presidencia, o el padre del presidente de la Comisión de Derechos a Humanos de Puebla, Ángel López Santamaría, quien fue contratado como jefe de Normatividad y Procedimientos, pese a sus 75 años de edad y a su inexperiencia en materia electoral.

Y ya no se diga algún asistente de los ocho consejeros electorales, que muy pronto dejarán de serlo.

En cambio, sí fueron incluidos algunos analistas de la Dirección Administrativa, pero no la consentida del director Ricardo Aguilar, Viridiana Daniela Cerezo Morales, a la que apenas en enero premió con una mejor categoría y, por supuesto, un aumento salarial que nunca puso a consideración de la Junta Ejecutiva del IEE. http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=6227

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Un oneroso pendiente que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán seguramente a su salida, prevista para agosto o septiembre del año en curso, serán las demandas laborales que por despido injustificado han promovido decenas de empleados del organismo.

Demandas que seguramente se incrementarán en los próximos días cuando otros 30 o 40 empleados del Instituto sean despedidos por recortes presupuestales que, desgraciadamente, se aplican en forma selectiva en perjuicio de quienes carecen de padrino o madrina política.

El tema no es desconocido para el consejero José Luis Martínez López, presidente de la Comisión Permanente del Servicio Electoral Profesional (SEP), quien poco o nada ha hecho para evitar los despidos injustificados o para impedir que el personal inscrito en esta asignatura —y que suele ser el mayor experiencia— sea echado a la calle.

Entre los empleados del organismo el malestar es creciente, pues por un lado se habla de austeridad y de la urgente necesidad de realizar recortes presupuestales, pero por otro se suben sueldos, se otorgan ascensos y se hacen contrataciones que dan pie al sospechosismo.

Nadie se explica, por ejemplo, por qué fue contratado como jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos del SEP, Ángel López Santamaría, de 75 años de edad, si su expertis en materia electoral es casi nulo; por qué si son tan pocos los empleados con carrera electoral acreditada se contrata a un directora para encabezar esta unidad; o por qué se hacen promociones y se otorgan ascensos a favor de empleados consentidos del director administrativo del Instituto, Ricardo Aguilar Ramírez, como Viridiana Daniela Cerezo Morales.

Lo que los empleados carentes de padrino o madrina política sí saben es que Ángel López Santamaría no será despedido por ser padre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

Lo que también saben es que la recién nombrada titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Noemy Itzetl Tapia Trujillo es esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

Y que Viridiana Cerezo Morales fue promovida en enero de este año de analista II-1 a analista 1-A por ser la consentida de su jefe, Ricardo Aguilar, y que éste pretendió disfrazar el ascenso de aquella con otras siete promociones donde los aumentos salariales son casi simbólicos en comparación con el otorgado a Viridiana.

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¿Martín Fuentes a la PGR?

Si en los próximos días se anuncia que el abogado poblano Martín Fuentes es nombrado en algún puesto de la Procuraduría General de la República (PGR) por la nueva procuradora Arely Gómez González es importante que sepa lo siguiente.

Primero que no se trata de Martín Fuentes Morales, el que fue procurador del Ciudadano en el gobierno de Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino de Martín Emiliano Fuentes Holland, que es hijo de aquel y ha trabajo como asesor en temas de transparencia y combate la corrupción con la ex senadora Arely Gómez.

Martín Emiliano es un joven abogado de 23 años, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que desde hace dos años forma parte del equipo de trabajo de la hoy titular de la PGR.

En cambio su papá, Martín Fuentes Morales, despacha actualmente en la Delegación federal de la Sedesol como secretario técnico social, cuya función consiste en vigilar que los programas sociales de la dependencia lleguen a los verdaderos beneficiados de estos.

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