Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Si alguna institución debe explicar a los poblanos los abusos y transas que se han cometido al amparo de las 1,081 hectáreas expropiadas por el gobierno federal en la zona conocida como Angelópolis, y que fueron transferidas al gobierno del estado en 1992, a través del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, es Bancomer.

Sí, me refiero a la institución bancaria que hace las veces de fiduciario en ese fideicomiso, y cuya misión es —o mejor dicho, debería ser— la de vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto origen de esa expropiación.

La reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (antes Solidaridad) se creó como un instrumento de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico para la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de dotar de vivienda de interés social a cerca de 10 mil familias.

De más está decir que de esa meta, supuestamente prioritaria, no se llegó siquiera al 1%, pues los dos únicos desarrollos que encajan en esta categoría —Vivah 98 y la colonia Gobernadores— comprenden menos de 10 hectáreas.

Por el contrario, la reserva territorial —que abarca a los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula— ha sido fuente de millonarios e inconfesables negocios de funcionarios y directivos del fideicomiso que, coludidos con empresarios y especuladores inmobiliarios, han desvirtuado los objetivos sociales que le dieron origen.

De las 1,081 hectáreas de la reserva, al menos 161 —equivalentes al 14.8%— estaban destinadas al rubro de preservación ecológica. En la actualidad el número de hectáreas con este uso de suelo suman 56, incluyendo las 24 hectáreas que hoy Ricardo Henaine Mezher pretende vender en 400 millones de pesos.

Otra meta incumplida por el Fideicomiso —y de la cual el fiduciario, es decir, BBVA-Bancomer es responsable— está relacionada con la infraestructura vial en la zona.

La propuesta original contemplaba la construcción de 263 hectáreas de vialidades; hoy, la infraestructura vial apenas llega a 100 hectáreas, lo que explica los problemas de tránsito y saturación de vehículos en las horas pico.

Paradójicamente, el sector comercial ha sido el más beneficiado. Según el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial expedido en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz las áreas comerciales y de servicios abarcarían menos de 70 hectáreas, es decir, el 6.45% de la reserva.

Actualmente los comercios y servicios se extienden sobre 167 hectáreas y siguen creciendo, al igual que los desarrollos residenciales y arquitectónicos de tipo medio y alto, muchos de los cuales pertenecen a funcionarios del gobierno del estado y ex directivos del fideicomiso de la reserva territorial, como el ex secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del gobierno melquiadista, Federico Bautista Alonso.

De ahí la pregunta inicial: ¿Y Bancomer apá?

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El hermano del ex delegado del CEN del PRI en Puebla, Maximiliano Silerio Esparza, salió ileso de un atentado ocurrido ayer en su natal Durango, en el que murieron los dirigentes de la Unión Ganadera de aquella entidad, David Avitia Torres y Manuel Berumen Berumen.

Matías Silerio Esparza, tesorero de la Unión Ganadera, y quien viajaba en el asiento trasero de la Suburban blanca que fue atacada con fusiles AR-15 y AKA 47, fue el único sobreviviente de esa agresión del crimen organizado.

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La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.