Ahora que ya sabemos que el Congreso de Puebla no sólo aprobó las reformas constitucionales que regulan la deuda de estados y municipios, sino que fue el primero en hacerlo, bien valdría que el Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo explicarán cuándo por fin van a aparecer en la Cuenta Pública o en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados por la administración morenovallista.

Y de paso que informaran a cuánto ascienden y en cuántos años se liquidarán estas obligaciones contratadas por el gobierno del estado con acreedores particulares, ante las versiones —cada vez más crecientes y documentadas— en el sentido de que su monto casi duplica la deuda directa y contingente heredada por el gobernador Mario Marín Torres.

De lo contrario estamos ante un doble discurso de la autoridad estatal frente a esta Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios que obliga al gobierno de Puebla a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; a crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como a difundir las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales obligaciones.

Pero que también le prohíbe, entre otros aspectos, la contratación de deuda o empréstitos con cargo a participaciones federales de futuros ejercicios o a solventar tales compromisos con recursos del gasto corriente, tal ocurre en la actualidad con algunos PPS contratados por la administración morenovallista.

¿O qué sentido tiene que el Congreso de Puebla apruebe esta Reforma Constitucional, y hasta sea el primero en hacerlo, si no adecua o incorpora esas nuevas disposiciones a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

¿Por qué si la LVIII Legislatura del Congreso local autorizó a los ayuntamientos a contratar deuda y/o empréstitos hasta por 3 mil millones de pesos o hasta por el equivalente a un 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con el compromiso de cubrirlos antes del término de su gestión en 2018, los PPS contratados por varios ayuntamientos de la entidad rebasan ese porcentaje y se extienden a futuras administraciones municipales?

Según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los PPS contratados por los municipios de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez, a la empresa Infraenergía SA de CV, para el suministro y cambio de luminarias del alumbrado público, no sólo afectan el 30% de sus participaciones federales, sino que se extienden a 10 años o 120 meses.

Para acabar con especulaciones, el gobierno del estado o la Secretaría de Finanzas deben de una vez aclarar cuántos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) se han contratado en lo que va de la administración morenovallista, por qué monto, a qué empresas o acreedores privados, en qué tiempo se liquidarán, y cuáles son las partidas presupuestales que están siendo afectadas para cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué estos contratos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, no aparecen inscritos o publicados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla?

¿Si es verdad que algunos de estos proyectos no se inscriben pero se vienen pagando con gasto corriente?

¿Si el monto total de los PPS arriba citados rebasa ya los 15 mil millones de pesos, es decir casi el doble de la deuda directa y contingente reconocida por el gobierno de Mario Marín al 31 de diciembre de 2010, por 8 mil 400 millones de pesos?

Para consultar el archivo haga clic aquí.

¿Si con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones derivadas de los PPS terminarán sumándose a la deuda directa, avalada y sin aval que hoy tiene el gobierno del estado por más de 10 mil 700 millones de pesos?

¿Y si al concluir el sexenio la deuda directa, avalada y sin aval del gobierno del estado y sus organismos estatales, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua rondará los 25 mil millones de pesos?

Son preguntas, que conste.

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Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Que al presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, se le sigue haciendo bolas el engrudo con el tema de la reforma electoral.

Primero decía que las elecciones locales del 2010 debían realizarse el primer domingo de julio, en apego a la reforma constitucional en materia electoral.

Después —cuando recibió línea de Casa Aguayo— cambió el discurso, y dijo que éstas —las elecciones locales— debían celebrarse el segundo domingo de noviembre de 2010, considerando que las elecciones ordinarias de 2007 y las extraordinarias de 2008 eran parte de un mismo proceso y que estas últimas habían concluido en agosto de 2008.

Sin embargo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo requirió sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, PRD y Convergencia en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del estado, Jorge Sánchez vuelve a contradecirse.

En su respuesta al máximo tribunal del país, el consejero presidente del IEE manifiesta que el proceso electoral ordinario comenzó en marzo de 2007 y concluyó en febrero de 2008, y que el extraordinario arrancó en marzo de 2008 y concluyó en agosto de 2008.

¿No que uno y otro proceso eran uno solo?

Lo delicado de esta cuestión, más allá de la evidencia de que Jorge Sánchez actúa como palero del PRI, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora nuevos elementos para echar abajo la reforma aprobada por el Congreso del estado, que establece que las elecciones locales del año entrante deben efectuarse el segundo domingo de noviembre y no el primer domingo de julio, como lo aprobó el Congreso de la Unión.

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Que Ana Teresa Aranda Orozco fue vista el viernes en la residencia oficial de Los Pinos.

Pero que poco o nada se sabe de su visita al presidente de la república, salvo que Felipe Calderón Hinojosa le pidió apoyar las campañas de los candidatos del PAN y que Ana Teresa le solicitó reciprocidad, cuando ella decida buscar la nominación panista a la gubernatura de la entidad.

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Que este lunes después de un mañanero debate radiofónico, en la cabina del noticiario de ABC Noticias, el candidato del PRD a diputado federal por el distrito 11 de Puebla, Armando Méndez Romero, tuvo un singular intercambio de impresiones con el abanderado de la coalición PRI-PVEM por esa misma demarcación, Juan Carlos Natale López.

Al salir del edificio de El Sol de Puebla, donde se localiza la estación, para encaminarse rumbo al Portal Morelos, Armando Méndez alcanzó a Juan Carlos Natale para preguntarle: ¿Cuándo nos vamos a ver para chambear este asunto?

El candidato de la coalición Primero México se percató que atrás del perredista venía la gente de la abanderada del PAN, Myriam Arabian Couttolec, por lo que evasivo le respondió: Después nos vemos.

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Que este viernes el senador panista Santiago Creel Miranda estará de gira por la entidad, para participar en algunos actos de campaña de los candidatos de su partido a una diputación federal.

El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox Quesada recorrerá algunos distritos de la capital y el interior del estado.

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Que por instrucciones del líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, los delegados de esta organización tienen ahora que destinar parte de su tiempo a apoyar las actividades de los cuatro candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 6, 9, 11 y 12 de la capital.

Entre los delegados que hoy miércoles, por ejemplo, tienen que presentarse a las 17:00 horas en el salón de recepciones GAD, para participar en una reunión del candidato Juan Carlos Natale figuran: Aurora Ramos Sánchez, José Aureliano Hernández Ramírez, Lilia Peralta López, Javier Jiménez de Tecanhuey, María Yolanda Velázquez Gallegos, Alejandro Camarillo Hernández, Francisco Flores Corona, Guillebaldo Gutiérrez Mejía, Beatriz Correa Hernández, Trinidad Sosa Barquet y Enrique Ángel Caro Hernández.

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Que personal de la empresa Clear Channel fue visto ayer por la tarde retirando de los parabuses que le fueron concesionados por el ayuntamiento de Puebla propaganda de los candidatos del PRI.

Esta acción se produjo luego de que los regidores del PAN recordaron que cuando el ayuntamiento concesionó tales muebles urbanos, en la gestión municipal de Mario Marín Torres, se estableció una cláusula que prohibía la colocación de propaganda política en estos parabuses.

Por lo anterior, se prevé que este miércoles al medio día regidores panistas soliciten al Contralor municipal investigue si la empresa Clear Channel utilizó los parabuses que le fueron concesionados para colocar en ellos propaganda de los candidatos del PRI, y si tal situación debe ser sancionada con la rescisión o revocación de su contrato.

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Simón dice:

«Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve».

Martín Lutero (1483-1546). Teólogo y reformador religioso alemán, padre del protestantismo cristiano.

La decisión de la mayoría priísta de mantener, al menos hasta el 2010, las elecciones de gobernador para el segundo domingo de noviembre, reactivará la hipótesis de que el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez y/o la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, pueden convertirse en el “Plan B” del gobernador Mario Marín Torres en su sucesión.

Si los comicios locales del año próximo se hubiesen efectuado el primer domingo de julio, siguiendo el espíritu de la reforma constitucional en materia electoral, automáticamente Enrique Agüera y Blanca Alcalá estarían eliminados de la contienda por la gubernatura de Puebla.

Uno, porque tendría que renunciar a la BUAP a los cuatro o cinco meses después de su reelección como rector, lo que obligaría a la Universidad a ir a nuevas elecciones que se empatarían con las constitucionales de gobernador, con el gravísimo riesgo de que la máxima casa de estudios se partidizara.

Y la segunda porque tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

La reforma electoral aprobada este jueves por la mayoría priísta del Congreso del estado, afectará sin duda el derrotero que seguía la sucesión gubernamental en el bando tricolor, y que hasta hace unos días parecía definida a favor del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

El más perjudicado con la decisión de mantener los comicios locales del año próximo hasta el segundo domingo de noviembre, es López Zavala, en función del desgaste y el “fuego amigo” a que está siendo sometido dentro y fuera del PRI.

De más está decir que si las elecciones se realizaran el primer domingo de julio de 2010, el tiempo y la coyuntura jugarían a favor del secretario de Desarrollo Social.

En primer lugar, porque con el adelanto de los comicios, se habría quedado sólo en la carrera por la sucesión gubernamental o, al menos, sin rivales de peso que pusieran en riesgo la viabilidad del “Proyecto Z”.

Y en segundo término, porque López Zavala podría capitalizar en su propio provecho la ola de las elecciones federales de este año, y que se prevé sean favorables para el PRI en la mayoría de los 16 distritos federales de la entidad.

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Simón dice:

“Una vez llegada la desgracia, de nada sirve quejarse”
Esopo, fabulista griego.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Ahora que por diferentes encuestas sabemos que el aspirante mejor posicionado a la gubernatura de Puebla no es un priísta, sino el camaleónico Rafael Moreno Valle Rosas ––lo de camaleónico no es gratuito––, vale la pena analizar qué pasa con la cantera de precandidatos del PRI, que en mi opinión se reduce a un sólo personaje: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Sustento mi hipótesis en los porcentajes de posicionamiento e intención de voto que se han dado a conocer en diferentes encuestas, en el adelantado calendario electoral de los comicios locales, y en las condiciones en que se encontrarán por allá de febrero o marzo de 2010 algunos de los aspirantes punteros del PRI.

Además de López Zavala, los estudios demoscópicos que se han publicado apuntan a dos o tres aspirantes adicionales para pujar por la nominación del PRI a gobernador: la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el ex alcalde Enrique Doger Guerrero y el actual rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Los demás precandidatos del PRI —entre los que figuran Mario Montero Serrano, Jorge Estefan Chidiac, Jesús Morales Flores y Alejandro Armenta Mier— aparecen hoy con bajos niveles de conocimiento y bajísimos porcentajes de intención de voto.

Revisemos ahora el caso de los tres punteros.

Algo que no hay que perder de vista en el análisis es la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión, por la cual los comicios locales se adelantarán ––y eso no está a discusión–– del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010.

Con esta reforma constitucional, el calendario electoral de Puebla también se modificará, sobre todo en los plazos de precampaña y registro de candidatos. Si las elecciones para gobernador se llevan a cabo el primer domingo de julio, ello significa que el PRI y los demás partidos estarían sacando sus candidatos en febrero o marzo de 2010.

Bajo estas condiciones, Blanca Alcalá apenas y llegaría a rendir su segundo informe de labores, pues de inmediato deberá solicitar licencia para separarse del cargo. De más está decir que su compromiso ante notario público de gobernar la capital por tres años será una lápida muy pesada en pleno proceso electoral.

Para el rector de la BUAP la situación es igual de compleja.

Enrique Agüera no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, sino preparar a marchas forzadas a su sucesor, quien necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto. Las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después —es decir, en febrero o marzo de 2010—, Agüera tendría que renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador. En tal escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

El único aspirante que al PRI le quedaría entonces, además de López Zavala, sería Enrique Doger.

Pero el ex alcalde tiene varios problemas: carece de operadores y de una estructura a nivel estatal; está confrontado con el equipo del gobernador Marín, y al seno del PRI se le identifica como un político veleidoso, conflictivo y poco comprometido con los postulados priístas.

Adicionalmente, su imagen pública se ha deteriorado como consecuencia de sus pleitos con varios medios y columnistas, amén de los escándalos de corrupción en que él y algunos de sus colaboradores se han visto envueltos.

Sin embargo, el principal problema de Doger es Mario Marín. El gobernador podrá renunciar a su intento de dejar sucesor, pero una prerrogativa que no va a ceder, sobre todo si López Zavala pierde la nominación, es a ejercer su derecho de veto, y éste tiene como único y principal destinatario al ex presidente municipal de Puebla.

Así las cosas, López Zavala queda como la única carta fuerte que al PRI le queda para confrontar a Moreno Valle en las elecciones para gobernador.

Esta situación es, desde mi perspectiva, altamente riesgosa no sólo por el desgaste a que se verá sometido el secretario de Desarrollo Social de aquí a marzo de 2010, sino por otros factores que las propias encuestas han advertido, como su origen chiapaneco, su menor potencial de voto frente a Moreno Valle y el alto porcentaje de votos de rechazo que concentra entre electores volátiles o switcher.

De ahí mi hipótesis de que al PRI le hace falta ––y con urgencia–– inventarse uno o dos precandidatos emergentes, ya sea para quitarle golpes a López Zavala o para tener a un suplente en caso de que algún escándalo o circunstancia lo dejara fuera de la contienda.

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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