Aunque mucho se ha dicho y especulado sobre la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que eliminó el requisito de ser poblano como condición para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la verdad es que ésta no tiene dedicatoria para el futuro presidente del máximo tribunal jurisdiccional de la entidad, sino para el próximo procurador de Justicia.

El artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el Procurador General de Justicia debe reunir los mismos requisitos que un magistrado.

Hasta antes de la reforma aprobada por el Congreso del estado a la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre pasado, uno de estos requisitos era ser poblano, condición que no cumplía el próximo procurador de Justicia de la entidad, Víctor Carrancá Bourguet.

Y es que el hijo del afamado abogado penalista Raúl Carrancá y Rivas no es oriundo de Puebla, sino de la ciudad de México, en donde incluso se ha desempeñado como funcionario público y abogado de controvertidos personajes como René Bejarano Martínez, Valentina de Albornoz y los escoltas del exsubprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo acusados de violación.

Víctor Carrancá Bourguet es un abogado con experiencia en el servicio público, pues fue subprocurador de Averiguaciones Previas y de Procesos Penales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

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A propósito.

Me cuentan que además de las reformas electoral, política y de Estado que los diputados de la coalición Compromiso por Puebla impulsarán junto con el gobernador Rafael Moreno Valle en la LVIII Legislatura del Congreso del estado, existe el interés de sacar una profunda reforma al sistema de administración y procuración de justicia.

Dicha reforma considera, entre otros aspectos, la creación de un Mando Único Policíaco, la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, la instauración de los Juicios Orales y nuevas reglas para el nombramiento y remoción de Jueces y Magistrados.

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Simón dice:

«La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella.»

René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.

Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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