La verdad es que Moreno Valle perdió una gran oportunidad de refrendar en los hechos su compromiso de convertir a la CAIP en un ente ciudadano y de hacer de este organismo un garante de la transparencia y la rendición de cuentas.

De nada sirve una comisión controlada por el gobierno o compuesta por comisionados que estén más ocupados o preocupados en cuidar las espaldas a las autoridades en turno, que en garantizar el derecho a la información y el correcto uso y aplicación de los recursos públicos.

Eso y la Carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo.

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Hace un par de días, mi colega Arturo Luna Silva publicó un trascendido en el sentido de que el actual secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, se andaba promoviendo como director del nuevo Centro Expositor de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Sin embargo, fuentes allegadas al sector me dicen que si bien sí existen posibilidades de que un exsecretario de Desarrollo Económico asuma esa responsabilidad, éste no sería López Malo, sino el que fue titular de la dependencia en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

Es decir, el empresario mueblero Antonio Zaraín García.

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A propósito.

Me cuentan que Antonio López Malo no quiere problemas con la próxima administración, por lo que ya se amarró el dedo antes de que se lo machuquen con una auditoría que saque sus trapitos sucios al sol.

Para evitarse problemas, el secretario de Desarrollo Económico contrató los servicios de un despacho externo ligado a un personaje muy cercano al gobernador electo, Rafael Moreno Valle, para que audite y avale su desempeño al frente de esa dependencia del Ejecutivo del estado.

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El secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, está molesto en extremo por la publicación del libro «Huey Atlixcáyotl, 45 años de identidad cultural«, editado por su dependencia, y que se presentó con bombo y platillo en Atlixco a finales del mes pasado.

La molestia de Bonilla es mayúscula, pues la obra presenta evidentes y graves faltas de ortografía y sintaxis y un diseño gráfico sin pies ni cabeza.

Además, los contenidos sobre la historia del festival son cuestionables, ya que no tomaron en cuenta, ni por asomo, el trabajo que desde su fundación realiza el antropólogo Raymond Estage Noel, «Cayuqui«.

Alejandro Montiel ya pidió una explicación a Jaime Mesa Castelán por dictaminar favorablemente un libro con tales errores y autorizar su publicación, que evidentemente desprestigia a la Secretaría.

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Simón dice:

«Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Una partida de 120 mil pesos mensuales destinada al pago de tres asesores parlamentarios, es hoy motivo de fuertes diferendos entre los 15 legisladores de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados.

El origen del conflicto se remonta a la licencia que, como diputado federal propietario, presentó Juan Carlos Lastiri Quirós, para poder ser nombrado secretario de Desarrollo Social del estado, en sustitución de Javier López Zavala.

Con la salida de Lastiri Quirós, algunas diputadas federales, como Julieta Marín Torres, se pronunciaron por el despido de los tres asesores contratados por aquel, no sin antes reclamar para sí los sueldos que aquellos venían cobrando por el orden de los 120 mil pesos mensuales.

Según las cuentas de la legisladora federal por el distrito de Ajalpan, si la partida de asesorías se dividía entre los 15 diputados de la bancada priísta poblana, a cada uno le corresponderían 8 mil pesos adicionales.

Cuando Óscar Aguilar González se enteró de las maniobras y gestiones de Julieta Marín, con el apoyo de Blanca Estela Jiménez Hernández, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado y Leobardo Soto Martínez, para que el dinero de la partida de asesorías se repartiera entre ellos mismos, de inmediato puso el grito en el cielo.

De entrada, expresó que los 120 mil pesos mensuales no sólo cubrían el sueldo de los asesores, sino otros gastos administrativos de la fracción priísta.

Luego, encaró a las diputadas y diputados inconformes, advirtiéndoles que el grupo no podía quedarse sin asesores que los apoyaran en aspectos jurídicos y en la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Y al final no tuvo más remedio que acceder a las presiones de Julieta Marín y otros legisladores priístas, a los que tuvo que entregar no 8 mil pesos, sino 5 mil adicionales, a los 200 mil mensuales que ya de por sí cobran por concepto de dieta, pago de chofer y secretarios técnicos, vales de gasolina y tareas de gestión.

Pero la cosa no acaba ahí.

Resulta que dos de los asesores que dejó Juan Carlos Lastiri (José Antonio Argueta y Bernardo Barrios) —y que ya habían sido despedidos— regresaron a San Lázaro para ponerse de nueva cuenta al servicio de la bancada poblana del PRI.

Cuando se les dijo que ya no había presupuesto para cubrir sus honorarios, éstos respondieron que por eso ni se preocuparan, pues Juan Carlos Lastiri se haría cargo de los mismos.

Cuestión que ya provocó suspicacias entre los diputados poblanos, quienes se preguntan si esos «asesores» estarán siendo pagados con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado o si a través de ellos Juan Carlos Lastiri querría seguir controlando el destino de la legisladores priístas que alguna vez coordinó.

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Javier Sánchez Galicia presentó este lunes una solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarse por tres meses de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, para integrarse de tiempo completo al PRI y a las campañas de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Lo anterior trascendió la noche de este lunes, en el marco de una cena que el candidato de la Alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, ofreció a columnistas y directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más de lo que vale.»

Henry-Louis Mencken (1880-1956). Periodista y escritor estadounidense.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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