LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Al PRI le urge un precandidato emergente

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Ahora que por diferentes encuestas sabemos que el aspirante mejor posicionado a la gubernatura de Puebla no es un priísta, sino el camaleónico Rafael Moreno Valle Rosas ––lo de camaleónico no es gratuito––, vale la pena analizar qué pasa con la cantera de precandidatos del PRI, que en mi opinión se reduce a un sólo personaje: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Sustento mi hipótesis en los porcentajes de posicionamiento e intención de voto que se han dado a conocer en diferentes encuestas, en el adelantado calendario electoral de los comicios locales, y en las condiciones en que se encontrarán por allá de febrero o marzo de 2010 algunos de los aspirantes punteros del PRI.

Además de López Zavala, los estudios demoscópicos que se han publicado apuntan a dos o tres aspirantes adicionales para pujar por la nominación del PRI a gobernador: la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el ex alcalde Enrique Doger Guerrero y el actual rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Los demás precandidatos del PRI —entre los que figuran Mario Montero Serrano, Jorge Estefan Chidiac, Jesús Morales Flores y Alejandro Armenta Mier— aparecen hoy con bajos niveles de conocimiento y bajísimos porcentajes de intención de voto.

Revisemos ahora el caso de los tres punteros.

Algo que no hay que perder de vista en el análisis es la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión, por la cual los comicios locales se adelantarán ––y eso no está a discusión–– del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010.

Con esta reforma constitucional, el calendario electoral de Puebla también se modificará, sobre todo en los plazos de precampaña y registro de candidatos. Si las elecciones para gobernador se llevan a cabo el primer domingo de julio, ello significa que el PRI y los demás partidos estarían sacando sus candidatos en febrero o marzo de 2010.

Bajo estas condiciones, Blanca Alcalá apenas y llegaría a rendir su segundo informe de labores, pues de inmediato deberá solicitar licencia para separarse del cargo. De más está decir que su compromiso ante notario público de gobernar la capital por tres años será una lápida muy pesada en pleno proceso electoral.

Para el rector de la BUAP la situación es igual de compleja.

Enrique Agüera no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, sino preparar a marchas forzadas a su sucesor, quien necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto. Las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después —es decir, en febrero o marzo de 2010—, Agüera tendría que renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador. En tal escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

El único aspirante que al PRI le quedaría entonces, además de López Zavala, sería Enrique Doger.

Pero el ex alcalde tiene varios problemas: carece de operadores y de una estructura a nivel estatal; está confrontado con el equipo del gobernador Marín, y al seno del PRI se le identifica como un político veleidoso, conflictivo y poco comprometido con los postulados priístas.

Adicionalmente, su imagen pública se ha deteriorado como consecuencia de sus pleitos con varios medios y columnistas, amén de los escándalos de corrupción en que él y algunos de sus colaboradores se han visto envueltos.

Sin embargo, el principal problema de Doger es Mario Marín. El gobernador podrá renunciar a su intento de dejar sucesor, pero una prerrogativa que no va a ceder, sobre todo si López Zavala pierde la nominación, es a ejercer su derecho de veto, y éste tiene como único y principal destinatario al ex presidente municipal de Puebla.

Así las cosas, López Zavala queda como la única carta fuerte que al PRI le queda para confrontar a Moreno Valle en las elecciones para gobernador.

Esta situación es, desde mi perspectiva, altamente riesgosa no sólo por el desgaste a que se verá sometido el secretario de Desarrollo Social de aquí a marzo de 2010, sino por otros factores que las propias encuestas han advertido, como su origen chiapaneco, su menor potencial de voto frente a Moreno Valle y el alto porcentaje de votos de rechazo que concentra entre electores volátiles o switcher.

De ahí mi hipótesis de que al PRI le hace falta ––y con urgencia–– inventarse uno o dos precandidatos emergentes, ya sea para quitarle golpes a López Zavala o para tener a un suplente en caso de que algún escándalo o circunstancia lo dejara fuera de la contienda.

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Eliminados por default o escenarios para julio de 2010

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Si las elecciones para gobernador del 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, puede dar por un hecho que ni Blanca Alcalá Ruiz, ni Enrique Agüera Ibáñez llegarán a la puja final por la nominación priísta a la gubernatura de Puebla.

La presidenta municipal tendría el inconveniente de faltar a su compromiso, suscrito ante notario público, de gobernar la capital del estado por tres años, y de pedir licencia para participar en el proceso interno del PRI casi inmediatamente después de rendir su segundo informe de labores, por ahí del 15 de febrero de 2010.

Es decir, Blanca Alcalá tendría que dejar el gobierno de la ciudad justo a los dos años de su toma de posesión.

En estas condiciones, muy difícilmente la primera alcaldesa de Puebla estaría en posibilidades ya no de ganar la gubernatura, sino de salir a convencer a los poblanos de ser la mejor opción para el estado, máxime cuando su legado en materia de obra pública para febrero de 2010 se vislumbra como muy modesto, por no usar otra palabra.

La situación para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es igual o aún más complicada.

Enrique Agüera Ibáñez no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, algo en lo que ya trabaja y con ahínco, sino preparar a marchas forzadas al que sería su sucesor, y que necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto.

Y es que las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después, es decir en febrero o marzo de 2010, Agüera tendría que pedir licencia o renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador.

En ese escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

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A diferencia de las anteriores marchas y protestas realizadas por los maestros disidentes, la de ayer tuvo como centro al gobierno del estado y al secretario de Educación Pública, Darío Carmona García.

Los profesores que ayer salieron a la calle ya no sólo exigían la remoción de los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), sino que el gobierno de Marín defina su postura frente a la Alianza y que Darío Carmona sea relevado de la SEP o que al menos quede fuera de la mesa de negociaciones con los disidentes.

La posición de los inconformes que hoy también amenazan con tomar en cualquier momento las oficinas de la SEP, se explica por el doble discurso de Darío Carmona, que primero alentó el movimiento disidente y ahora, por las presiones del SNTE, los amaga con descuentos y otras sanciones económicas.

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Antonio Galy Fayad fue designado este martes como director regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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