¿Si el presidente municipal electo de Puebla fuera Rafael Moreno Valle Rosas en lugar de Eduardo Rivera Pérez, a poco la alcaldesa saliente Blanca Alcalá Ruiz se hubiera atrevido a lanzar una campaña de condonación y descuentos de intereses, multas, recargos y hasta de la suerte principal dirigida a los morosos del impuesto predial?

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¿La campaña del ayuntamiento de Puebla de pague hoy el impuesto predial del 2011 con base en las tarifas catastrales del 2010 tiene el aval del presidente municipal electo, el panista Eduardo Rivera Pérez?

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¿Quién en su sano juicio puede creer que el gobernador saliente Mario Marín Torres nada tiene que ver con la iniciativa priísta de desaparecer la Gran Comisión del Congreso del estado, para sustituirla por una Junta de Coordinación Política que quede bajo el control de los próximos diputados emanados del tricolor?

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¿A poco si Mario Marín no estuviera tan seguro de que Rafael Moreno Valle respetará el pacto político que selló con él y Elba Esther Gordillo para dejar en la impunidad sus excesos y abusos, se atrevería a desconocer los acuerdos a que llegó su secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas con el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Fernando Manzanilla Prieto para mantener sin cambios el órgano de gobierno del Poder Legislativo?

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¿Si el gobierno del estado ya tiene planchado, como presume, el problema del adeudo fiscal que tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), entonces por qué este martes auditores del Sistema de Administración Tributaria volvieron hacerse presentes en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración para saber cuándo y cómo las autoridades poblanas se pondrán al corriente?

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¿Si las giras y conferencias del presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera a lo largo y ancho del país tienen como único propósito impulsar una discusión nacional sobre la Reforma de Estado que México necesita, entonces por qué utiliza el internet para promocionar su imagen personal y no las iniciativas que propone?

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Simón dice:

«Cuando se quiere saber una cosa, lo mejor que se puede hacer es preguntarla.»

Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés.

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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