Sus dirigentes locales creen que Tony Gali los desdibujaría

Trozmer, escuela patito con nuevos RVOES y jugosos contratos

 

Aunque muchos dan por sentado que en los comicios locales de 2016, el PAN y el PRD irán en coalición con un candidato a la minigubernatura de Puebla, la historia podría ser diferente.

Dicha alianza podría fracasar por los pocos incentivos que para una de las partes tendría una coalición en la persona del hoy alcalde de la capital del estado José Antonio Gali Fayad.

¿Qué puede negociar el PRD en un proceso donde sólo se elige gobernador y no presidentes municipales ni diputados al Congreso local? ¿Carteras en el futuro gabinete: una o dos secretarías? ¿Algunas subsecretarias, direcciones generales o coordinaciones? ¿Por escasos 20 meses?

El primer obstáculo para una alianza por Casa Puebla proviene, como ha quedado registrado, de la propia dirigencia estatal que cree -y no sin razón- que si el PRD se coaliga con el PAN, simplemente se desdibujaría y sería ampliamente rebasado por la izquierda por Morena.

Las corrientes del sol azteca son otra barrera. Quienes localmente las encabezan están convencidos que el PRD ganaría más yendo solo, aunque no gane, que aliado con un PAN dividido y enfrentado entre sí, y con gobernador a la baja en sus niveles de popularidad, confianza y desempeño.

Dirigentes y militantes perredistas saben que la única manera de recuperar el terreno perdido con Morena en las elecciones del 7 de junio es postulando un candidato propio emanado de sus filas como el senador Luis Miguel Barbosa Huerta o la diputada federal saliente Roxana Luna Porquillo o un candidato externo plenamente identificado con las causas de la izquierda.

Y esta parece ser la principal preocupación de quienes integran el Comité Ejecutivo Estatal del PRD: encontrar y convencer a un poblano o poblana distinguida de abrazar la causa del sol azteca a sabiendas que sus posibilidades de triunfo son reducidas, por no decir nulas.

¡Vaya complejidad!

EN CORTO

Un claro ejemplo de cómo en Puebla la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior (RVOES) sigue siendo discrecional es Trozmer Escuela de Diseño, a la que recientemente le acaban de otorgar permisos para abrir dos nuevas licenciaturas en Administración y producción de eventos y Estilismo, maquillaje e imagen personal; una especialidad en Administración de empresas de diseño; y una maestría en Moda e imagen.

Esta academia, que no hace mucho tenía serios problemas con la Secretaría de Educación Pública por la apertura de programas de licenciatura no reconocidos y porque buena parte de su plantilla docente carecía de cédula y título profesional, hoy es una de las consentidas en esa dependencia y el Sistema Estatal DIF.

Para comprobarlo no hay que ir muy lejos. Bastaría con asistir este lunes a la ceremonia y desfile de modas que a partir de las 10 de la mañana se efectuará en el Centro de Convenciones de Puebla y preguntar qué rol juega la “Universidad” Trozmer en esa pasarela, qué influyente personaje la recomendó y contrató, qué relación existe entre la presidenta estatal del DIF y las hermanas María Teresa y Cecilia Guzmán Carvajal, y cómo estas lograron que les fueron adjudicados —sin licitación de por medio— todos los cursos de corte y confección de los Cecades (Centros de Capacitación para el Desarrollo) del DIF.

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El escándalo que involucra a los ex directivos de Actinver en Puebla, Luis Sigfredo Ortega Trelles y Raúl Sánchez Zepeda, por un presunto fraude superior a los 200 millones de pesos, podría escalar y llegar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia en el estado, por el manejo discrecional y opaco de un juicio ejecutivo mercantil promovido en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula.

La intención de la juez Sandra Lucía Perea Iturriaga, y de algunos funcionarios de la PGJ involucrados en el caso —como el encargado de despacho de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos— sería favorecer al actor José Ricardo Senderos Valdés, quien demanda a uno de los socios de Actinver Puebla el pago de 12 millones 800 mil pesos.

Por ese supuesto favoritismo el martes pasado tuvieron un encontronazo verbal el abogado Antonio Fernández Soto y la juez Sandra Lucía Perea, después de que el primero la acusó de corrupta por no admitirle pruebas en defensa de su cliente, Raúl Sánchez Zepeda, y negarse a llevar a cabo una diligencia en el domicilio de José Ricardo Senderos, y ésta lo expulsó del Juzgado con el apoyo de la fuerza pública.

El abogado de los socios de Actinver sostiene que en el Juzgado Primero de lo Civil están haciendo inscripciones a bienes inmuebles que no solo dejaron de ser parte del patrimonio de aquellos, sino que en los que ya existían inscripciones previas.

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