Escoltas de por vida, polémica decisión
La polémica generada por la decisión del Congreso del estado de Puebla de dotar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de un cuerpo de seguridad de ocho escoltas, con cargo al erario, por un periodo de 12 años o en forma vitalicia si así lo solicita, no es gratuita en función de las circunstancias que la anteceden.
La iniciativa, para comenzar, no tiene su origen formal en el gobernador Moreno Valle sino en uno de los diputados de la coalición que lo llevó al poder: Héctor Alonso Granados, quien planteó modificar la Ley de Seguridad Pública del estado para que los exgobernadores contaran con protección policíaca al término de su mandato.
El legislador de Nueva Alianza propuso que Moreno Valle y los gobernadores que le sucedieran fueran apoyados por el Estado con cuatro policías hasta por un periodo de cuatro años, lo que pareció insuficiente a algunos diputados como el panista Jesús Zaldívar Benavides, quien se pronunció por ampliar el plazo al doble y por elevar a ocho el número de escoltas.
Sin embargo, cuando este martes el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública fue puesto a la consideración del pleno del Congreso local, sus diputados aprobaron —con excepción del convergente José Juan Espinosa— aumentar la protección a doce años, lo que significa que si Moreno Valle concluye su sexenio en 2017, el Estado tendrá que pagarle hasta el 2029 ocho escoltas, o por lo menos seis de manera vitalicia si éste lo solicita.
Otro aspecto controversial de la iniciativa son los argumentos esgrimidos por los legisladores promotores de la reforma del artículo 147 de la Ley de Seguridad Pública, en el sentido de que el Estado debe proteger la integridad de Moreno Valle y su familia tras las captura de importantes capos del narcotráfico en la entidad como los zetas William de Jesús Torres Solórzano, alias «El W» y/o «El Come Gusanos», y Mauricio Guízar Cárdenas, apodado «El Amarillo», «El Color» o «El Gordo», detenidos el 23 y 24 de julio en un fraccionamiento residencial de Puebla y en un hotel de Huejotzingo, respectivamente.
Tales argumentos son falaces, pues en realidad ninguno de esos narcos ni otros más o menos célebres como Sergio Enrique Villarreal Barragán, “El Grande”; Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, “El Z-44”; y Manuel Antele Velasco, jefe en Puebla de plaza de los Zetas, han sido aprehendidos en la entidad como resultado de operativos de policías estatales; en todos los casos, las detenciones han corrido a cargo de miembros de la Marina o fuerzas federales.
La justificación de que en otras entidades como Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal, los exgobernadores gozan de esta prestación es también un embuste, pues en ninguno de ellas la cobertura policíaca es tan amplia y extensa como en el caso que nos ocupa.
Y eso que Puebla, a decir de sus autoridades, no es estado azotado por los cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada como lo serían Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. En estas entidades ningún ex gobernador sale con protección de ocho escoltas por un periodo de 12 años o más.
La premura y subordinación mostrada por la gran mayoría de los diputados locales —tanto para aprobar los decretos e iniciativas del gobernador, como para la contratación de créditos que comprometen recursos del impuesto sobre nóminas para el pago de obras financiadas por el sector privado— son factores que acrecientan la polémica decisión del Congreso local.
El Poder Legislativo —que en Puebla siempre ha estado supeditado al Ejecutivo estatal— no es ningún contrapeso para el gobernador Moreno Valle, a pesar de que la bancada más numerosa en la LVIII Legislatura local es la conformada por los diputados del PRI.
Dos cuestiones adicionales que deslegitiman la reforma a la Ley de Seguridad Pública para dotar de escoltas a Moreno Valle hasta el 2027 es que éste, a través de sus voceros oficiosos, no perdió oportunidad de cuestionar a su antecesor Mario Marín Torres y al que fuera su secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, cuando trascendió la noticia de que ambos tenían, para su protección y servicio, escoltas pagados con recursos del erario estatal.
Y finalmente está el hecho de que en la gestión morenovallista se han destinado cuantiosos recursos a la compra de patrullas y aeronaves de lujo, como un par de helicópteros Agusta, supuestamente adquiridos para apoyar tareas de protección civil pero que, en realidad, son el medio personal de transporte del gobernador.
Lo anterior se evidenció hace un par de semanas cuando un menor de 15 años de edad, André Louvier Silva, no pudo ser rescatado a tiempo de La Malinche debido a que ninguno de esos dos helicópteros acudió en su auxilio y a que el personal encargado de su salvamento carecía de los conocimientos y la preparación necesarios en labores de alta montaña.
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Será el próximo viernes 10 de agosto cuando el diputado federal por el distrito de Zacatlán, Juan Carlos Lastiri Quirós, rinda su último informe de labores como integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Para el acto el ex dirigente estatal del PRI y actual secretario de Gestión Social del CEN del PRI echará la casa por la ventana, pues además de convocar a miles de serranos y a los presidentes municipales de la región, tendrá como invitados especiales a sus jefes en la Cámara de Diputados y en la dirigencia nacional priísta.
El informe se efectuará al mediodía en el Auditorio Municipal de Zacatlán.
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Simón dice:
“El carácter de una persona lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido.”
Arthur Miller (1915-2005) Dramaturgo estadounidense.
Pero además porque esta merma de votos que el tricolor tendrá con los candidatos a senadores y diputados del Panal de origen priísta, beneficiará de manera directa al PAN y a su candidata presidencial Josefina Vázquez Mota que hoy lo aventaja en la capital del estado y en algunos municipios conurbados como San Andrés y San Pedro Cholula.
