MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal
Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.
De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.
En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.
Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.
Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.
El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.
De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.
La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.
En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.
En la cultura política priísta esta regla es inexorable.
Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.
Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.
Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.
Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.
¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?
Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.
El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.
Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.
AUDIO 1
AUDIO 2
AUDIO 3
EN CORTO
Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.
La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.
Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.
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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.
Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.
Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.
Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.
La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.
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Y hasta la próxima.
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En la lista también fueron incluidos los nombres de tres personas físicas que, supuestamente, facturaron cantidades millonarias en el gobierno marinista: María de Lourdes García Rosas, Diana Mejía Pérez y Claudia Margarita García García.
