Frente a la ola de mentiras del gobierno de Rafael Moreno Valle y su pernicioso director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, en la embestida emprendida contra e-consulta para amordazar, asfixiar y controlar sus contenidos y opiniones, vale la pena hacer algunas precisiones.

Es absolutamente falso que quien esto escribe y el medio que dirijo hayamos recibido del gobierno de Mario Marín Torres un trato privilegiado. Los diez millones de pesos que Consultoría Contracorriente facturó durante el sexenio pasado representan apenas el 1% del presupuesto asignado —y reconocido oficialmente— a la Dirección de Comunicación Social.

No es ningún secreto que periódicos impresos y medios digitales, con mucho menor presencia y lectores que e-consulta, recibieron montos dos, tres y hasta cinco veces mayores del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla.

Un par de ejemplos.  Mientras el contrato asignado por el ayuntamiento de Puebla a e-consulta ascendió este año a un millón de pesos, el periódico Cambio cobró 2 millones en 2008, y 2 millones 800 mil pesos en 2009. El Columnista —ya desaparecido— cobró un millón de 300 mil pesos en 2008 y un millón 500 mil pesos en 2009, respectivamente.

En septiembre de 2011 e-consulta —que es un portal certificado por ComScore— logró contabilizar 912 mil 138 visitas únicas y 2 millones 184 mil 404 páginas vistas, es decir, más de 30 mil visitas diarias y más de 72 mil páginas vistas.

Según los recuentos del ayuntamiento de Blanca Alcalá Ruiz en 2009, Cambio tiraba mil ejemplares y tenía una devolución del 40%, y El Columnista tiraba 500 ejemplares y tenía una devolución del 15%.

 

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Como periodista y columnista siempre he pugnado porque la información relativa a los montos, pautas y convenios publicitarios entre entidades gubernamentales y medios de comunicación sea pública y transparente.

Hoy lo reitero y pongo a disposición de mis críticos y lectores una ponencia que presenté en el Congreso de la Unión el 4 de octubre del año pasado y tres columnas sobre el tema, aparecidas en este blog el 27, 28 y 31 de marzo de este año bajo los siguientes encabezados: “La publicidad gubernamental como garrote político o forma de control”, “Publicidad y medios de Comunicación” y  “Publicidad oficial ¿para informar o manipular?” 

Lo que redacté entonces se resume en las siguientes líneas:

Una cuestión en la que hasta ahora ni el gobierno del estado, ni el ayuntamiento de Puebla han ido a fondo en materia de transparencia y rendición de cuentas es la relativa a los presupuestos destinados a medios de comunicación.

En esta materia la opacidad y la discrecionalidad continúan, lo que provoca que los convenios y pautas publicitarias que los gobiernos contratan no estén en función de las audiencias de los medios o la calidad de sus materiales noticiosos, sino de intereses políticos o componendas entre la autoridad y los propietarios o directivos de éstos.

Tales acuerdos incluso se blindan clasificándolos como información reservada, no disponible para el público que la solicita a través del portal o la oficina encargada de hacer realidad la Ley de Transparencia.

Esta reserva, totalmente discrecional, no hace más que encubrir las negociaciones y tratos —no siempre claros— entre funcionarios y periodistas.

Los presupuestos asignados a las oficinas de comunicación social no deben usarse con criterios patrimonialistas, ni con fines partidistas o electoreros, y tampoco como instrumento de control o como garrote político para castigar a medios críticos o independientes.

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En el tema de medios y publicidad oficial, el gobierno de Rafael Moreno Valle es absolutamente opaco y mentiroso.

Tanto su primer director de Comunicación Social, Roberto Tapia Lastinere, como el actual, Sergio Ramírez Robles, han negado reiteradamente la existencia de convenios con medios de comunicación, y sin embargo existen.

 

Un claro ejemplo de lo anterior es el contrato de prestación de servicios por más de 17 millones de pesos anuales celebrado entre la Dirección de Comunicación Social y una empresa periodística.

Sobra decir que no hay nada ilícito en el convenio, lo que es criticable es que la dependencia estatal lo niegue y lo que es peor, lo oculte.

Este y otros contratos, que no han sido objeto de licitación pública, sino de una adjudicación directa con fundamento en los artículos 19 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, han sido incluso avalados por la contralora estatal Irma Patricia Leal Islas.

 

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Dudas que matan

¿Por qué la Dirección de Comunicación Social del Ejecutivo estatal sí puede asignar en forma directa contratos anuales por 17.4 millones de pesos, y el ayuntamiento de Puebla no, aun cuando el monto sea de un millón de pesos?

¿El regidor Pedro Gutiérrez, que tan preocupado está por la legalidad y el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, también se inconformará y demandará  la nulidad con esta adjudicación directa a cargo de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado?

¿O es que su preocupación única y exclusivamente se limita a los recursos públicos del Ayuntamiento de Puebla?

¿Este millonario contrato anual será publicitado en Twitter por Sergio Ramírez Robles?

¿Los propietarios del medio favorecido con este millonario convenio anual serán descalificados o tachados de morenovallistas por Sergio Ramírez y sus sicarios?

Son preguntas, que conste.

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Simón dice:

“El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.”

Alexander Pope (1688-1744) Poeta inglés.