Esta es la pregunta que algunos priístas se hacen de Don Maximiliano Silerio Esparza, quien en no pocas charlas de café sobre la sucesión gubernamental ha recomendado no descartar al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, como un serio prospecto a la gubernatura del estado.

Y esa duda tiene cierta dosis de morbo, pues no es desconocido que el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era hasta hace unas semanas un firme convencido de que el actual secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, era la mejor alternativa del PRI rumbo a los comicios locales del 2010.

No quiero decir con lo anterior que Don Max ya abandonó la promoción del Proyecto Z.

Simplemente subrayo que el colmilludo ex gobernador de Durango y ex líder de la Confederación Nacional Campesina ha comenzado a explorar, como otros priístas de alto rango —entre los que invariablemente hay que incluir al gobernador Mario Marín Torres— otras alternativas, ante la eventualidad de que López Zavala no repunte en su posicionamiento electoral.

Don Max seguramente debe estar enterado de lo que revelan las encuestas y grupos de enfoque sobre el secretario de Desarrollo Social del gobernador, que ciertamente es el aspirante más conocido del PRI en el estado, que es percebido como el favorito del gobernador —con todo lo bueno y malo que ello conlleva—, y que si hoy fueran las elecciones él sería la mejor opción, pero también que pesan más sus atributos negativos que positivos, que sus niveles de confianza son bajos, y que entre los electores volátiles su candidatura es de las de menos potencial.

Por el contrario, el dirigente estatal del PRI registra un bajo nivel de conocimiento, sin embargo este factor no es motivo suficiente para desecharlo, y menos cuando quienes lo conocen lo identifican como un rostro joven y nuevo del PRI, institucional, trabajador y con experencia en la adminstración pública y en cargos de elección popular.

Lo que más se le crítica a Alejandro Armenta es su proclividad y subordinación al zavalismo, por un lado, y, por otro, que ni su discurso, ni sus acciones parecen ser las de un precandidato a gobernador.

En un escenario de alta competencia electoral, donde los comicios de gobernador se adelantarán del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio de 2010 —circunstancia que dejaría fuera de la puja a la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez— la opción de Alejandro Armenta no resulta descabellada.

Y menos, si como parece, el PAN postula al hoy senador Rafael Moreno Valle, y Javier López Zavala sigue sin generar confianza entre los electores volátiles y sin convencer a los factores reales de poder en Puebla, más allá de las siglas del PRI, de que su candidatura no es el principio de un maximato camuflajeado, ni el continuismo del marinismo.

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Pedro y Pablo Maccise Jacobo ofrecerán la noche de este miércoles una cena en apoyo a las aspiraciones de Juan Pablo Piña Kurczyn como candidato a diputado federal del PRI por el distrito 9 de Puebla.

La cita es a las 20:30 horas en el Centro Mexicano Libanés y a la cena han sido convocados alrededor de 200 empresarios de esta comunidad. Juan Pablo Piña es hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya y la abogada Patricia Kurczyn de Piña.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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