LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘procurador de Justicia’

René Meza, bye bye

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Si alguna oportunidad tenía René Meza Cabrera de colarse o colar a su hijo René Meza Espejel al gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por los servicios que le prestó en campaña, con sus últimas acciones a favor de los permisionarios y transportistas que reclaman un mayor aumento a la tarifa y en contra de Bernardo Huerta Couttolenc como futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, la perdió total y definitivamente.

El notario público René Meza fue uno de los primeros priístas o expriístas en sumarse a la precandidatura de Moreno Valle en las elecciones internas del PAN, en apoyarlo con recursos y en especie —al poner en servicio del candidato de la coalición Compromiso por Puebla su casa de la 29 Oriente en la colonia El Mirador como cuartel de campaña— y en certificar sus compromisos de campaña, esos de si no cumplo me voy.

Sin embargo el protagonismo y sus ambiciones lo perdieron, al querer cobrar caro y por anticipado sus servicios de campaña.

Primero pretendió promoverse como secretario de Gobernación o procurador de Justicia, pero al ver que ninguna de esas dos posiciones estaba a su alcance centró sus baterías en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el apoyo de algunas organizaciones de taxistas y permisionarios.

En su afán de obtener esa posición filtró a la prensa algunas fotos de una de sus visitas a la SCT, lo que el 30 de agosto le mereció un regaño por parte del gobernador electo en una reunión con su equipo de colaboradores y empleados, efectuada el 30 de agosto en un salón del restaurante El Sindicato.

Ahí Moreno Valle llamó a sus colaboradores a mantener la cordura, la disciplina, a no promoverse y a dejar de lado protagonismos como integrantes del próximo gobierno.

En el foro temático sobre Infraestructura y Transporte; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente realizado el 16 de enero en Ciudad Serdán, René Meza volvió a la carga. Ese día movilizó unos cinco camiones con transportistas y permisionarios que iban dispuestos a desplegar mantas de protesta durante el discurso del gobernador electo cuestionando las políticas de transporte y la posible designación de Bernardo Huerta.

La presencia de los acarreados de René Meza obligó al equipo de logística de Moreno Valle a restringir el acceso al foro, para impedir el ingreso de los enviados del notario público que ese día tuvieron que conformarse con repartir volantes y hacer su protesta fuera del recinto.

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La tarde de este lunes los diputados panistas aseguraron nueve presidencias de comisión y comités en la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

Los que todavía seguían hasta anoche sin ponerse de acuerdo sobre quién presidiría las comisiones y comités que les tocaron en el reparto parlamentario eran los legisladores del PRI. Y es que ni Enrique Doger, ni Jesús Morales, ni Víctor Hugo Islas, ni Lauro Sánchez se conformaban con las posiciones obtenidas por su coordinador José Luis Márquez.

Las comisiones que encabezarán los diputados del PAN y que este día serán ratificadas por el pleno de la LVIII Legislatura son la Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, que será para Mario Riestra Piña; la de Gobernación, que presidirá Juan Carlos Espina von Roehrich; la de Asuntos Municipales que será para Jesús Zaldívar, y la de Desarrollo Social que presidirá Antonio Vázquez.

Ana María Jiménez será presidenta de la Comisión de Equidad y Género; Myriam Galindo, la Comisión de Desarrollo Económico; Rafael Von Raesfeld Porras, la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales; Josefina Buxadé Castelán, la Comisión de Transparencia; Lucio Rangel, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad; y Denisse Ortiz Pérez, el Comité de Gestoría.

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Simón dice:

«La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse.»

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

¿El enemigo en casa?

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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