La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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