En el transcurso de las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si Germán López Brun regresa o no como magistrado al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

El asunto reviste especial importancia, no sólo porque el litigio será analizado por el máximo tribunal del país, sino porque por fin se sabrá si el procedimiento seguido por el Congreso local para el nombramiento de los tres magistrados del TEE para el periodo 2006-2012 fue correcto o si éste estuvo plagado de irregularidades.

Para López Brun, la decisión del Poder Legislativo de no ratificarlo para un segundo periodo de seis años, como ocurrió con Reynaldo Lazcano Fernández y Marco Antonio Gabriel González Alegría, fue ilegal, violatoria de sus garantías individuales, y aberrante en términos jurídicos.

En los alegatos de su segundo juicio de amparo, atraído por la Segunda Sala de la SCJN y los cuales quedaron registrados dentro del expediente 104/2008, López Brun argumenta que después de que el Congreso del estado avaló el procedimiento de ratificación a que fue sometido, por 34 votos a favor y 4 en contra, este debió ratificarlo hasta el 2012 como sucedió con los otros dos magistrados del TEE.

Sin embargo, apunta que el hecho de que los diputados de la pasada legislatura hubieran actuado de manera diferente en su caso, pese a cumplir “con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria relativos al proceso de ratificación”, para otorgarle la magistratura que venía desempeñando a Antonio Oropeza Barbosa, representa una aberración jurídica, pues las reglas que normaron laintegración del Tribunal Electoral de Puebla fueron manipuladas y tergiversadas en su perjuicio.

“Cómo puede ser posible que a un magistrado en funciones se le de carácter de aspirante para ocupar un cargo que ya de por si desempeñaba”.

El caso López Brun será puesto a la consideración del pleno de la SCJN a mediados o finales de este mes, lo que significa que si éste gana el juicio, el Congreso tendrá no sólo que restituirlo, sino incluso pagarle el equivalente a 19 meses de sueldo.

Abur.

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Quizás sin proponérselo, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez ha convertido a la institución en la pasarela política de los principales aspirantes a la gubernatura de la entidad.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, estuvo en una cena que ofreció a sus pares para consensuar con el secretario de Hacienda, Agustín Cartens Cartens, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año.

Y ayer Agüera fue anfitrión del senador Rafael Moreno Valle, en el marco de una reunión que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó aquí con sus delegados de todo el país para poner en marcha el Movimiento Laboral 2008, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, con quien firmó un convenio de colaboración que francamente no reviste ninguna importancia, salvo por el hecho de que el delfín del gobernador se sacó de la manga tres nuevos campus de la UAP que en realidad no existen en Huehuetla, Chilchotla y Ciudad Serdán.

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