Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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En lo que parece el colmo del cinismo, ante la pasividad, tortuguismo y complicidad de la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ahora quiere argumentar, para impedir su destitución, que el artículo 28 de la Ley de Transparencia que impide ser comisionado a quienes han sido dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, es anticonstitucional al restringir la libertad de asociación tutelada por el artículo 6º de la Carta Magna.

Con la complicidad de algunos abogados especialistas en amparo, el ilegítimo Juárez Acevedo quiere argüir también que el procedimiento iniciado por la Comisión de Gobernación del Congreso local –a cargo del blandito Pablo Fernández del Campo Espinosa–  para removerlo del cargo, es improcedente, pues no partió del titular del Poder Ejecutivo (entiéndase el gobernador), ni de las dos terceras partes de los diputados de la actual legislatura (ja, ja, ja, ja).

Ambas argucias, sugeridas por quien fuera su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Fernando Castillo Pacheco, podrían plasmarse hoy en un juicio de amparo contra la decisión de remover a Juárez Acevedo, y en el que los medios de comunicación que hemos criticado su cinismo, seremos llevados al banquillo de los acusados.

En sus palabras, “los medios de comunicación, en especial la prensa escrita y los programas amarillistas y tendenciosos tanto de radio como de televisión han hecho de este caso –en su hambre de notas sensacionalistas– su pan de cada día, lo cual ha mal informado a la ciudadanía poblana respecto del procedimiento iniciado en contra del licenciado Antonio Juárez Acevedo”.

En su afán de demostrar que él es el personaje idóneo para sacar del embrollo al titular de la CAIP, Castillo Pacheco presume que “ha logrado que los medios de comunicación vean con seriedad las acciones jurídicas” y apoyen a sus clientes en asuntos en los que son víctimas de la autoridad, como le ocurrió a la empresa Jajomar, concesionaria del sistema de estacionómetros en el municipio de Puebla.

Según él, desde su intervención en el caso de los parquímetros “se acabó el linchamiento mediático” en contra de Jajomar y el descontento social recayó en el ayuntamiento de Puebla y no en la empresa que limpiamente ganó la licitación (ja, ja, ja, ja).

Al margen de estas fanfarronadas de su amigo y el escándalo en que se ha visto envuelto por haber ocultado su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo cierto es que Juárez Acevedo intenta ahora por la vía legal que el Congreso suspenda el procedimiento que le inició para destituirlo.

Como ya se dijo líneas arriba, el presidente de la CAIP recurrirá al juicio de amparo, valiéndose de nuevas argucias:

1. Que el procedimiento que le inició la Comisión de Gobernación es improcedente, al haber sido promovido sólo por el grupo parlamentario del PAN, atendiendo a cuestiones político partidistas y no legales;

2. Que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es anticonstitucional, por coartar el derecho a la libre asociación;

3. Que los diputados locales jamás podrán acreditarle su actuación como secretario de Plataforma Cuatro a partir de nombramiento como comisionado de la CAIP; y

4. Que su destitución no encaja en ninguna de las tres causales previstas por el artículo 29  de la Ley de Transparencia, como son trasgresiones graves a la Constitución federal y la particular del estado, haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal.

¡Vaya cinismo!

El juicio de protección de garantías individuales que hoy seguramente promoverá Juárez Acevedo, de la mano de su compañero de Alma Mater, será una afrenta más del supuesto garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, pero ahora contra los blandengues diputados del PRI que han alargado y entorpecido su destitución por más de un año.

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Sesiones en lo oscurito

Desde el escándalo en que se encuentra inmersa la CAIP y su ilegítimo presidente, Antonio Juárez Acevedo, las sesiones del pleno de esta comisión se hacen a escondidas de la prensa.

Por decisión de quién sabe quién, los medios dejaron de ser convocados a las sesiones ordinarias y extraordinarias donde se resuelven recursos de impugnación contra negativas de información de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Ahora estas sesiones se realizan en petit comite, con la presencia de los tres comisionados, sus secretarios particulares y los asistentes de sus asistentes.

¡Viva la transparencia y la rendición de cuentas!

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