El desmayo de alcaldesa
Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.
Pero qué necesidad
Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.
Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.
Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.
El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.
La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.
Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.
Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.
En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.
Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.
Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.
***
