La secretaria general del Comité Municipal del PRI, Enoé González Cabrera, fue testigo de un airado reclamo que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, le hizo al dirigente estatal de la CTM y candidato a diputado federal por el distrito 12, Leobardo Soto Martínez, por su discurso del viernes en la explanada del estadio Cuauhtémoc.

Y es que ese día, en presencia de la dirigente nacional del PRI, Leobardo Soto dijo en su intervención, en nombre de sus compañeros candidatos a diputados federales, que su partido ganaría las elecciones del domingo 5 de julio gracias, entre otras cosas, al apoyo y participación de personajes como el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Doger se reencontró este lunes a Leobardo Soto, en un acto de campaña en San Miguel Canoa, y ahí, sin ambages, le recriminó su discurso y el haberlo ignorado en sus agradecimientos. Lo que haces, le dijo en tono airado, es contribuir a la inequidad del proceso.

El líder cetemista quiso justificarse. Yo sólo quise interpretar las señales enviadas por el gobernador Mario Marín al llegar al evento en compañía de López Zavala y Mario Montero.

Doger le exigió que leyera mejor las señales y que en todo caso él, como candidato a diputado federal, debió mencionar a todos los aspirantes a la gubernatura, y no sólo a Zavala y a Montero. Eso es inequidad, le insistió.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, realizó este sábado una gira de trabajo a San Miguel Canoa, donde entregó módulos sanitarios (letrinas) a los vecinos de esta junta auxiliar.

A la gira fue invitada la diputada local del distrito 2, María Angélica Hernández Hernández, quien en su intervención agradeció al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, los apoyos que durante esa semana había hecho llegar a los pobladores de Canoa.

El discurso de la legisladora priísta sorprendió a la presidenta Blanca Alcalá y a los secretarios y funcionarios que la acompañaban, pues no venía al caso la mención a López Zavala, y menos tratándose de un acto organizado por el ayuntamiento de Puebla, que fue el que costeó los módulos sanitarios ahí entregados.

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Lo aquí anticipado se cumplió este martes en la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar, ante los diputados miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado.

El funcionario se dedicó —y no le falta razón— a cuestionar los desatinos de la política económica del presidente Felipe Calderón, y los diputados panistas —con José Manuel Janeiro a la cabeza— a cuestionar la opacidad del gobierno de Mario Marín en rubros como la distribución de participaciones federales a municipios.

El caso es que al final de la presentación que Pérez Salazar llevó a su comparencia, se asienta un tema que seguramente levantará polémica, por lo impopular de la medida y porque el gobierno estatal aún no cumple con lo ofrecido en el pasado reciente: cobrar un nuevo canje de placas, que tendrá carácter de obligatorio y forzoso, como una iniciativa para que el Estado se haga de nuevos recursos, que compensen la caída en las participaciones federales.

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Simón dice:

“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.
Martin Luther King (1929-1968). Religioso estadounidense.

Diputados del PRI y el PAN le preparan celada
Deloya se promociona con recursos públicos

No son pocos los diputados locales del PRI y el PAN que este martes acudirán a la sede del Poder Legislativo —con más morbo político que interés por aclarar algún tema de política económica— a la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

El morbo de los legisladores radica en que Pérez Salazar acudirá al Congreso no sólo en su condición de tesorero y administrador del gobierno marinista, sino como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Incluso, se asegura que por esta circunstancia, el secretario de Finanzas aceptó el reto de la bancada del PAN, para explicar de cara a los diputados qué obras, programas y acciones se verán afectados por recortes presupuestales.

Según esta hipótesis, Pérez Salazar aprovechará su comparecencia para criticar, como lo ha venido haciendo en algunas entrevistas radiofónicas, los errores de política económica del gobierno federal, que fue incapaz de prever la crisis en que se encuentra inmerso el país por la recesión en los Estados Unidos, la caída en los precios internacionales del petróleo, el encarecimiento del dólar y el estancamiento del aparato productivo nacional.

En pocas palabras: el funcionario utilizaría el foro de la Cámara de Diputados para criticar los yerros del presidente Felipe Calderón y sus funcionarios en la crisis económica, en el manejo de la epidemia de la influenza, y en sus proyecciones macroeconómicas en materia de empleo, inversión, inflación y crecimiento del PIB.

Frente a tal escenario, los diputados panistas tienen previsto el contra ataque con dos temas: uno es la opacidad del gobierno del estado en temas como la aplicación de los recursos del 2% del Impuesto sobre Nóminas, vía el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios; el destino del Fondo de Desarrollo Metropolitano, y las participaciones y transferencias de fondos del Ramo 28 a los municipios de la entidad.

Un segundo tema está relacionado con el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas que tuvo un costo superior a los 107 millones de pesos, provenientes de los excedentes petroleros.

La crítica del PAN para descarrillar a Pérez Salazar se centrará en los siguientes puntos: por qué dicha obra no se licitó; por qué la empresa beneficiada —Unión Presforzadora SA de CV— no lo terminó el 31 de diciembre de 2006; por qué si las obras se concluyeron hasta el 15 de agosto de 2007, el estacionamiento se inauguró hasta el 9 de octubre de ese mismo año, y por qué después de inaugurado, por parte del gobernador Mario Marín, éste sigue sin abrirse al público.  

Ahora entiende por qué le digo que la comparecencia del secretario de Finanzas es esperada con morbo, por no pocos diputados del PRI y el PAN que también aspiran a gobernar la capital del estado.

EN CORTO
Un funcionario que se promociona para la presidencia municipal de Puebla con el permiso de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, pero sin cuidar mucho las formas, es el secretario particular de aquel, Guillermo Deloya Cobián.

El sábado, por ejemplo, encabezó como presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, Urbano Deloya, la inauguración de un par de canchas de basquetbol y fútbol rápido en el barrio de San Antonio, acto al que acudieron Édgar Chumacero Hernández, director del Instituto Municipal del Deporte, y Juan Carlos Morales Páez, director de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Puebla.

Otros invitados al acto, pero que brillaron por su ausencia, fueron los periodistas Jesús Manuel Hernández López y Enrique Montero Ponce, así como los candidatos a diputados federales del PRI por los distritos 9 y 11 de Puebla, Blanca Estela Jiménez Hernández y Juan Carlos Natale, respectivamente.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que la señora María Elba Cristina Gómez Flores, vecina del barrio de San Antonio, lo saludara y hasta agradeciera su presencia, en el discurso que previo al inicio del acto recibió del staff de Guillermo Deloya.

El problema de ese acto político-partidista de la Fundación Urbano Deloya es que éste se planeó y se llevó a cabo con recursos del área de la Coordinación de Giras del Ejecutivo Estatal, que facilitó el sonido, las sillas, las lonas y hasta el maestro de ceremonias.

¿O no?

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Aunque mucho se especuló que Domingo Olmos Vela había sido despedido por el lapsus brutus en que incurrió el jueves, al presentar al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como el doctor Enrique Doger Guerrero, la verdad es que su error sólo quedó en un fuerte regaño.

La pifia provocó la molestia del rector Enrique Agüera Ibáñez, pero no al grado de ordenar el cese de Domingo Olmos, quien como maestro de ceremonias de la BUAP lleva casi tres lustros.

El error de Domingo Olmos es consecuencia de la costumbre, pues a Enrique Doger siempre lo presentaba como doctor y a Enrique Agüera como maestro, cuestión que hace algunas semanas cambió cuando el actual rector de la BUAP se graduó como doctor en Administración Pública por el IAP.

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El sábado por la noche varios políticos se dieron cita en el restaurante La Route des Vins de La Paz, y no porque hubiesen sido convocados a un debate o acontecimiento social.

Sólo en la terraza de ese restaurante de cocina francesa estuvieron, en un espacio de menos de 20 metros cuadrados, Roberto Hochstrasser García, candidato del PAN por el distrito 7 de Tepeaca; Juan Carlos Natale López, candidato de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla; y los abogados Juan Pablo Piña Kurczyn y Fernando Castillo Pacheco, estos últimos acompañados de dos guapas mujeres.

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Simón dice:

“Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero, pero también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar”.
George Horace Lorimer (1867-1937) Editor americano de la revista The Saturday Evening Post.

Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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