Esta es la pregunta que algunos priístas se hacen de Don Maximiliano Silerio Esparza, quien en no pocas charlas de café sobre la sucesión gubernamental ha recomendado no descartar al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, como un serio prospecto a la gubernatura del estado.

Y esa duda tiene cierta dosis de morbo, pues no es desconocido que el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era hasta hace unas semanas un firme convencido de que el actual secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, era la mejor alternativa del PRI rumbo a los comicios locales del 2010.

No quiero decir con lo anterior que Don Max ya abandonó la promoción del Proyecto Z.

Simplemente subrayo que el colmilludo ex gobernador de Durango y ex líder de la Confederación Nacional Campesina ha comenzado a explorar, como otros priístas de alto rango —entre los que invariablemente hay que incluir al gobernador Mario Marín Torres— otras alternativas, ante la eventualidad de que López Zavala no repunte en su posicionamiento electoral.

Don Max seguramente debe estar enterado de lo que revelan las encuestas y grupos de enfoque sobre el secretario de Desarrollo Social del gobernador, que ciertamente es el aspirante más conocido del PRI en el estado, que es percebido como el favorito del gobernador —con todo lo bueno y malo que ello conlleva—, y que si hoy fueran las elecciones él sería la mejor opción, pero también que pesan más sus atributos negativos que positivos, que sus niveles de confianza son bajos, y que entre los electores volátiles su candidatura es de las de menos potencial.

Por el contrario, el dirigente estatal del PRI registra un bajo nivel de conocimiento, sin embargo este factor no es motivo suficiente para desecharlo, y menos cuando quienes lo conocen lo identifican como un rostro joven y nuevo del PRI, institucional, trabajador y con experencia en la adminstración pública y en cargos de elección popular.

Lo que más se le crítica a Alejandro Armenta es su proclividad y subordinación al zavalismo, por un lado, y, por otro, que ni su discurso, ni sus acciones parecen ser las de un precandidato a gobernador.

En un escenario de alta competencia electoral, donde los comicios de gobernador se adelantarán del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio de 2010 —circunstancia que dejaría fuera de la puja a la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez— la opción de Alejandro Armenta no resulta descabellada.

Y menos, si como parece, el PAN postula al hoy senador Rafael Moreno Valle, y Javier López Zavala sigue sin generar confianza entre los electores volátiles y sin convencer a los factores reales de poder en Puebla, más allá de las siglas del PRI, de que su candidatura no es el principio de un maximato camuflajeado, ni el continuismo del marinismo.

***
Pedro y Pablo Maccise Jacobo ofrecerán la noche de este miércoles una cena en apoyo a las aspiraciones de Juan Pablo Piña Kurczyn como candidato a diputado federal del PRI por el distrito 9 de Puebla.

La cita es a las 20:30 horas en el Centro Mexicano Libanés y a la cena han sido convocados alrededor de 200 empresarios de esta comunidad. Juan Pablo Piña es hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya y la abogada Patricia Kurczyn de Piña.

***
Si desea hacerme algún comentario recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx.

Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

***
Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí.

Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

– Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

– Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

– El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

– Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz