Rodolfo Ruiz R.

Una cuestión en la que poco o nada se ha reflexionado en este proceso electoral para renovar la gubernatura de Puebla es el rol de los partidos marginales, que prácticamente hacen las veces de parásitos del PRI y el PAN.

Su contribución a la democracia y a los sistemas electoral y de partidos no sólo es mínima, por no decir nula, al igual que su preferencia entre los votantes de la entidad.

El hecho de que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES) y los estatales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) no obtengan –en las encuestas electorales– ni el 1% de la intención de voto, no sólo es preocupante sino alarmante.

Preocupante porque en nada contribuyen a enriquecer o mejorar el sistema de partidos en Puebla, y alarmante porque el financiamiento público que recibieron en los últimos tres años fue prácticamente dinero tirado a la basura.

¿O le parece a usted cordial que en 2016 el PT vaya a recibir del Instituto Electoral del Estado 28.8 mdp; el Panal, 26.5; el PVEM, 22.2 mdp; el PSI, 19.5; el partido CPP, 19.5; y el PES, 5.7 mdp, y ninguno de ellos aparezca en las encuestas con el 3% de la intención de voto?

¿O que una candidata independiente como Ana Teresa Aranda, quien tuvo menos días de campaña que sus contrincantes del PAN, PRI, Morena y el PRD, y con apenas 600 mil pesos de financiamiento público vaya a conseguir más sufragios que el PT, Panal, PVEM, PSI, CPP y PES?

¿Para qué le sirven a Puebla estos partidos no competitivos y que en la práctica sobreviven como parásitos o sanguijuelas del PAN y el PRI?

Personalmente creo que no es suficiente que el Código Electoral del estado diga que los partidos estatales que no obtengan el 3% de la votación perderán su registro (artículo 69) y que los partidos nacionales se quedarán sin financiamiento público estatal (artículo 47) si no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.

Creo que el Código Electoral debería ser más estricto y vetar al menos 10 años a los dirigentes de estos partidos para ocupar puestos de elección popular o en la administración pública federal, estatal y municipal.

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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De los diez partidos políticos que a nivel nacional y local participan en las elecciones federales, sólo dos están en la lógica de ganar alguna de las 16 demarcaciones en que se divide la entidad poblana: el PAN y el PRI.

Los demás partidos políticos están en otra dinámica.

El PRD, por ejemplo, está en la lógica de mantenerse como la tercera fuerza política de la entidad, tratando de conservar su clientela electoral, incluso valiéndose de algunos desprendimientos del PRI en distritos como Zacatlán, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, en los que optó por nominar a ex militantes priístas.

A su vez, el PVEM quiere aprovechar el proceso electoral y su alianza con el PRI (por los cinco u ocho puntos que puede sumarle) para hacer estructura e irse perfilando en la cuarta posición, aunque para ello tuviera que ceder sus candidaturas a priístas jóvenes como Graciela Palomares; light como Geraldine González Cervantes o sui géneris como el antorchista Juan Manuel Celis Aguirre, que difícilmente habrían sido postulados por su partido de origen.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, también está la línea de encumbrarse a la cuarta posición en esta jornada, cachando a los decepcionados del PAN y PRD, y sacando raja de la figura caudillista de su fundador y dos veces candidato presidencial en las elecciones de 2006 y 2012.

Los restantes cinco partidos podemos agruparlos en dos bloques.

En el primero estarían Nueva Alianza (NA), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), cuyo objetivo no es ganar un solo distrito en Puebla, sino garantizar su permanencia en futuras contiendas electorales, para lo cual necesitan conseguir, cada uno, al menos un millón de votos.

Dicha cifra representa el 3% de la votación nacional, considerando una participación del alrededor del 40% sobre un listado nominal de 83.5 millones electores, con corte al 27 de marzo del año en curso.

Este porcentaje del 3% equivale en Puebla a 50 mil votos.

A la luz de los resultados de la última elección federal de 2012, la meta no parece imposible, pues Nueva Alianza obtuvo más de 180 mil sufragios; Movimiento Ciudadano 40 mil 902, y el PT más de 104 mil.

En la elección intermedia de 2009, donde la participación electoral fue del 38.14%, NA logró más de 66 mil votos, MC 31 mil 776; y el PT más de 58 mil.

Por lo que hace al segundo y último bloque compuesto por el Partido Humanista y el partido Encuentro Social, ambos de nueva creación, su mayor y único objetivo es conservar el registro que el Instituto Nacional Electoral les otorgó el año pasado.

Ambos partidos también requieren de un millón de votos a nivel nacional o de 50 mil al menos en el estado de Puebla.

Conseguirlos localmente será toda una hazaña, considerando la escasa por no decir nula presencia que tienen en la entidad tanto sus dirigentes como sus candidatos a diputados federales, y que hay partidos como Movimiento Ciudadano con mayor trabajo y trayectoria política que en Puebla jamás han obtenido 50 mil sufragios.

MC, como ya se dijo, estuvo en 2009 a 19 mil votos de la meta, en 2012 a 10 mil.

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