LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Candidaturas independientes

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Aunque todavía no existe una definición sobre el número de firmas o adhesiones ciudadanas que los aspirantes a convertirse en candidatos independientes deben reunir para poder participar en una elección, la partidocracia mexicana pretende que este requisito sea de por lo menos el 3 por ciento del padrón electoral.

Dicho porcentaje se aprobó ayer en Puebla, en el marco de una nueva reforma al Código electoral del estado para regular las candidaturas independientes. Y en otras entidades, que ya también ajustaron su legislación electoral a las reformas constitucionales, el porcentaje aprobado es similar.

¿Qué tanto representa el 3 por ciento?

A nivel nacional este porcentaje equivaldría, considerando un padrón de más o menos 80 millones de votantes, a 2 millones 400 mil electores.

La cifra no es nada despreciable, sobre todo a la luz de los resultados de la última elección presidencial de 2012, pues supera las votaciones que, por separado, obtuvieron partidos como el Verde Ecologista, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

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Ese porcentaje representa más del doble de los sufragios que Nueva Alianza pudo cosechar en 2012 con Gabriel Quadri, y 2.5 veces las votaciones del PVEM y de MC, y eso que ambos postularon, bajo la fórmula de la coalición con otros partidos, a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

Condicionar el registro de un candidato independiente a cumplir con una cuota mínima del 3 por ciento de firmas del padrón electoral, más que un requisito de participación y elegibilidad, parece un candado legal contras las candidaturas independientes.

Veamos ahora el panorama en Puebla.

Si algún ciudadano quisiera participar en las elecciones para gobernador del estado de 2016, sin la intervención y respaldo de un partido político, requeriría —en números redondos— de la adhesión de cuando menos 127 mil 500 ciudadanos con su nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa, considerando que la entidad tiene un padrón de 4 millones 250 mil electores.

Tal cantidad equivale a la mitad de los votos captados por José Antonio Gali Fayad en el municipio de Puebla durante las elecciones de julio de 2013. Su candidatura, vale la pena recordarlo, fue apoyada por el PAN, el PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, bajo las siglas de la Coalición Puebla Unida, así como por Movimiento Ciudadano y el partido estatal Pacto Social de Integración bajo la figura de candidatura común.

O, si se prefiere el comparativo, a más de una octava parte de la votación obtenida por el hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en 2010, cuando le ganó las elecciones a Javier López Zavala, al computar más de 1 millón 111 mil sufragios.

¿Qué ciudadano que quiera registrarse como candidato independiente a la gubernatura de Puebla en 2016 o 2018 puede ser capaz de reunir más de 127 mil 500 firmas en menos de un mes, con todos los requisitos y formalidades legales, pero además sin recursos públicos, y sin chance de promocionarse en medios de comunicación?

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¿Cómo a un candidato independiente se le pueden exigir 127 mil 500 firmas de ciudadanos, y a un partido estatal menos de 5 mil afiliados?

Tal cifra representa la mitad de los militantes del PAN en todo el país con derecho a voto en las elecciones internas de este partido del domingo 18 de mayo, o 9.4 veces el padrón de este partido en Puebla.

Con esos candados legales las candidaturas independientes no tienen ningún futuro, con todo y que en el ámbito nacional y local se presuma que éstas representan un avance democrático a favor de la participación ciudadana.

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Correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Negocio fallido o fallido negocio

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Desde que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, perdió el control de la administración y las finanzas del organismo, varias entradas o negocios se le han venido abajo.

Uno de los últimos se refiere al pago que este año el IEE tenía que hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) por la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores de la entidad.

Jorge Sánchez había presupuestado —en el anteproyecto que envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, el 14 de agosto de 2009— que dicha actualización tendría un costo de 8 millones 966 mil 470 pesos con 39 centavos.

Tal cantidad fue cuestionada por la Secretaría de Finanzas, y por el nuevo director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, por considerar que ésta implicaba un aumento excesivo —de casi el 40%— con relación a lo que se pagó en 2007.

El caso es que el 20 de enero de 2010, fecha en que el IEE celebró un contrato con IFE para la actualización del padrón y la lista nominal, éste no ascendió a los casi 9 millones que Jorge Sánchez había solicitado, sino a 5 millones 479 mil 109 pesos con 93 centavos.

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No es política del autor de este blog dar cabida a denuncias anónimas, o publicarlas como si se tratara de una investigación propia.

Hoy haré una excepción, por la importancia del tema —una posible indemnización a la empresa que tenía la concesión del rastro municipal— y los argumentos que ofrece acerca del daño que esta medida ocasionaría a las finanzas del ayuntamiento de Puebla.

Aquí la denuncia, tal cual:

ESTIMADA LICENCIADA BLANCA ALCALÁ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA HERMOSA CIUDAD DE PUEBLA:

ASUNTO: DAÑO AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL POR 21.00 MILLONES DE PESOS POR INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ORIENTE, EX CONCESIONARIA DEL RASTRO MUNICIPAL

Soy una persona que trabaja en la administración pública pero me es imposible dar mi nombre por las repercusiones personales y laborales que esto representa para mi persona.

Me dirijo a usted de manera respetuosa y honesta. Considero que usted es una persona recta, destacada y sumamente honesta. Debido a estas cualidades es que recurro a usted con una seria preocupación.

Mucho se ha dicho en torno a su persona en el sentido de que Usted quiere favorecer a su mentor político al Lic. José Luis Flores al través de su hermano el MVZ Ángel Omar Flores, médico veterinario expulsado de ITO por inoperante y flojo, para quitarle la concesión a Ingeniería y Tecnología de Oriente y dársela a los hermanos Flores, situación que resultaría aberrante y creo que seguramente será falsa.

Recientemente escuché en las noticias que finalmente se le había retirado la concesión del servicio de rastro a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente debido a la infinidad de problemas que acrecentó la empresa durante el periodo de la concesión. Sin embargo me resulta increíble que además de crear problemas y acrecentar los existentes, todavía se le tenga que pagar por el retiro de la concesión.

Me explico:

Todos sabemos que cuando la empresa presentó su oferta, la presentó señalando que existían en ese momento diversos problemas de contaminación, operación y corrupción de inspectores del rastro en la administración DOGERISTA. Entre los problemas más destacados está el hecho de que se estaban depositando en los terrenos residuos de vísceras, sangre, pezuñas y órganos de los animales sacrificados. Estos problemas los debió resolver ITO, no acrecentarlos.

Si bien no es barata la operación de la planta de tratamiento construida con los recursos federales, cuyo costo fue de seis millones de pesos más IVA, también es cierto que la empresa ITO, no solo no la operó, sino que literalmente la desbarato, tirando a la basura tanto el primer tratamiento como siete millones de pesos. Si consultan el acta de entrega de la empresa al ayuntamiento al través de IDAP (anterior administración), podrán constatar lo que comento. La sola reparación representa una salida para el erario de unos 3.2 millones de pesos.

Y que decir de los costos que representara para el Ayuntamiento, es decir para nosotros los contribuyentes, la remediación de los suelos afectados con hígados con CLEMBUTEROL que estuvo tirando la empresa a cielo abierto y sin tratamiento. Se calcula en promedio unos tres millones de pesos para esta obra. Y otros cuatro millones de pesos para el depósito correcto de los residuos retirados. Otros dos para el transporte.

Por otro lado, también la dichosa empresa no solo dañó y se robó varios equipos, sino que dejó en «el taller de reparación» varios equipos substanciales para a operación del rastro, tales como maquinaria corta pechos y la que se usa para lavar los canales de cerdo, misma que garantizaba de alguna forma algo de higiene en la carne que consumimos. Al día de hoy no funcionan estos y varios equipos de refrigeradores. Resultado, otros 2 millones de pesos.

Si seguimos sumando, están también presentes las deudas que ITO dejó en materia laboral al rastro que suman más de 4 millones de pesos.

Sigamos sumando, en materia de aguas: que decir de las multas que puso la Comisión Nacional del Agua por más de un millón de pesos y los adeudos al SOAPAP por 1.5 millones de pesos.

Creo que la liquidación a esta empresa, además de improcedente, es ilegal. Me voy a explicar más.

Si usted lee el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO donde aparece publicado el «Titulo de Concesión» a favor de la empresa, Formas y procedimientos de terminación anticipada.

1. Por renuncia del concesionario;

2. Por conclusión del término de su vigencia;

3. Por caducidad;

4. Por la revocación de la concesión;

5. Por quiebra del concesionario;

6. Por rescate;

7. Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión o bien por extinción del objeto de la misma; y

8. Por mutuo acuerdo.

En caso de que se presente el rescate al que hace referencia el inciso 6 de este punto, el Municipio de Puebla, reconocerá la inversión total del concesionario, la depreciación de activos y su utilidad en un 50%, mismo que será pagado con el flujo del servicio en primer orden y enseguida de derechos preferentes conforme a la ley.

4.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO Y SU INMUEBLE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, podrá revocar administrativamente el título de concesión cuando: (algunas son:)

• El concesionario contravenga gravemente los términos del título de concesión;

• No solicite la certificación posteriormente a los doce meses siguientes al inicio de la operación.

• El concesionario no conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a este, con perjuicio para la prestación del servicio;

• El concesionario contravenga las disposiciones legales aplicables.

• Exista prueba de daño a ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación, conforme la legislación vigente.

Es decir, el título estipula prácticamente dos razones para terminar con la concesión: la primera imputable a intereses del Ayuntamiento y la segunda, que es el caso, cuando la empresa incumpliera alguna de las condiciones del propio Titulo.

En el primero de los casos, que insisto no es aplicable, aunque la quieren convencer de que así es, el Ayuntamiento debería pagarle a ITO todas las inversiones realizadas.

En el segundo, cuando es por incumplimiento, ITO debe perder las inversiones realizadas, que realmente no fueron muchas según consta en actas, y pagar los daños y perjuicios a las instalaciones, que si es el caso.

Por lo indicado específicamente en este documento OFICIAL que hace las veces de LEY resulta IMPROCEDENTE E ILEGAL Y DESHONESTO pagarle a ITO un solo centavo. De hecho ellos nos deben, es decir a todos los contribuyentes la módica cantidad de $ 20.70 millones de pesos.

Por favor Licenciada no permita que estos cínicos se salgan con la suya. Uno de los comentarios mas abiertos que ha hecho el Lic. José Yunez Soto, el Gerente Operativo del Rastro y que nunca en su vida había trabajado en servicios de esta naturaleza, es el hecho de que afirme » SI ME PAGA EL AYUNTAMIENTO, PUEDE SER EL MEJOR NEGOCIO DE MI VIDA SIN HABERLO TRABAJADO«

A mayor abundamiento, ¿sabía usted que uno de los mayores introductores de carne clandestina a la ciudad y que surte a la mayoría de las grandes taquerías es precisamente el Lic. José Yunez Soto? ¿Le parece razonable?

ATENTAMENTE

ALGUIEN PREOCUAPADA POR NUESTRA SALUD Y POR LA ECOLOGIA.

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Ahora doy paso a una carta aclaratoria por lo que en mi anterior entrega redacté sobre el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, Nicéforo Rodríguez Gaytán.

Estimado Rodolfo Ruiz Rodriguez

Director General del Periódico Digital e-consulta

Presente

Al revisar tu columna «La Corte de los Milagros» del jueves 28 de enero del año en curso, en uno de sus apartados mencionas que mantuve reuniones en diferentes momentos con Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas, para ofrecerles exactamente lo mismo: ser un operador político dentro de la BUAP. Lo que significa una traición a Javier López Zavala.

Me consta en muchos casos la seriedad de tus comentarios por lo confiable de tus fuentes de información, sin embargo en este caso solamente te puedo decir que te «chamaquearon» y fuiste el medio adecuado para fomentar una intriga en contra de mi persona exaltando mi condición de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política.

Tres razones son fundamentales para negar las mentiras de tus informadores: no mantengo ni he tenido ningún trato personal, profesional o político con las personalidades que mencionas o con sus hombres de confianza; no tengo ningún interés en involucrarme con algún precandidato, campaña o partido político y; la tercera razón es que buscar ser operador electoral en la BUAP, es algo insensato.

Quien quiera hacerlo o este cumpliendo esta función estará traicionando los principios que dan sentido a la Universidad Publica de ser una institución académica libre, independiente y autónoma del poder político.

Hasta ahora me considero un hombre equilibrado y sano mentalmente. Como universitario no tengo ni busco aspiraciones de este tipo.

Recibe como siempre mis atentos saludos y un fraternal abrazo.

Atentamente

H, Puebla de Z, a 28 de Enero de 2010

Nicéforo Rodríguez Gaytán

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Simón dice:

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor».

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino.

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