Rodolfo Ruiz R.

Una cuestión en la que poco o nada se ha reflexionado en este proceso electoral para renovar la gubernatura de Puebla es el rol de los partidos marginales, que prácticamente hacen las veces de parásitos del PRI y el PAN.

Su contribución a la democracia y a los sistemas electoral y de partidos no sólo es mínima, por no decir nula, al igual que su preferencia entre los votantes de la entidad.

El hecho de que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES) y los estatales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) no obtengan –en las encuestas electorales– ni el 1% de la intención de voto, no sólo es preocupante sino alarmante.

Preocupante porque en nada contribuyen a enriquecer o mejorar el sistema de partidos en Puebla, y alarmante porque el financiamiento público que recibieron en los últimos tres años fue prácticamente dinero tirado a la basura.

¿O le parece a usted cordial que en 2016 el PT vaya a recibir del Instituto Electoral del Estado 28.8 mdp; el Panal, 26.5; el PVEM, 22.2 mdp; el PSI, 19.5; el partido CPP, 19.5; y el PES, 5.7 mdp, y ninguno de ellos aparezca en las encuestas con el 3% de la intención de voto?

¿O que una candidata independiente como Ana Teresa Aranda, quien tuvo menos días de campaña que sus contrincantes del PAN, PRI, Morena y el PRD, y con apenas 600 mil pesos de financiamiento público vaya a conseguir más sufragios que el PT, Panal, PVEM, PSI, CPP y PES?

¿Para qué le sirven a Puebla estos partidos no competitivos y que en la práctica sobreviven como parásitos o sanguijuelas del PAN y el PRI?

Personalmente creo que no es suficiente que el Código Electoral del estado diga que los partidos estatales que no obtengan el 3% de la votación perderán su registro (artículo 69) y que los partidos nacionales se quedarán sin financiamiento público estatal (artículo 47) si no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.

Creo que el Código Electoral debería ser más estricto y vetar al menos 10 años a los dirigentes de estos partidos para ocupar puestos de elección popular o en la administración pública federal, estatal y municipal.

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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Para quienes ya dan por segura la derrota del gobernador Rafael Moreno Valle y su delfín a sucederlo, José Antonio Gali Fayad, en los comicios locales del primer domingo de junio, más les valdría no echar las campanas a vuelo.

El hecho de que el gobernador Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali hayan logrado subir a la alianza del PAN con Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) al Partido Nueva Alianza (Panal) y al Partido del Trabajo (PT) es sin duda una muestra de fortaleza y operación política al más alto nivel.

Sobre todo considerando los actores políticos y las instancias gubernamentales, partidistas y sindicales que intervinieron en estas negociaciones, a saber: la Secretaría de Gobernación federal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobierno del estado y las dirigencias nacionales del PRI, PAN, Panal y el PT.

El presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el subsecretario de Gobierno de la Segob federal, Luis Miranda Nava, intentaron la semana pasada sumar al Panal y al PT a la coalición formada por el PRI y el PVEM en el estado de Puebla.

Juan Díaz de la Torre, presidente del SNTE, trató de persuadir a sus dirigentes seccionales de Puebla, Emilio Salgado Néstor de la Sección 23 y Jorge Luis Barrera de la Rosa de la Sección 51, de no comprometerse electoralmente con ningún candidato a la gubernatura, pero estos le dijeron que ya habían pactado apoyar a Gali Fayad.

El gobernador tomó personalmente el asunto para que no se repitiera lo ocurrido con la dirigencia nacional del PRD, que rechazó ir en coalición con el PAN. Y al final ganó la batalla, lo que confirma que Moreno Valle hará hasta lo imposible por hacer ganar a su candidato y, de paso, mantener vivas sus aspiraciones rumbo al 2018.

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De última hora me reportan que Rodolfo Reyes Coria renunció a la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), posición a la que llegará en el transcurso de los próximos días u horas el ex diputado federal y ex presidente municipal de Puebla,Enrique Doger Guerrero.

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* Mantenerlo no será una señal de debilidad, sino de encubrimiento

* Ponen candados al PRI para las coaliciones y los avala

Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública del estado, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.

Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo –al menos en el corto plazo– para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.

Sin embargo en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no solo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.

La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.

El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policíacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.

Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.

Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices –y más si son policías de alto rango– sean castigados.

Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la SSP.

EN CORTO

Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.

A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.

Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3% de la votación nacional.

Y para Morena porque le obliga a participar solo en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.

En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.

Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.

La duda es: ¿por qué antes si y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?

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La reforma política electoral aprobada a finales del año pasado por diputados y senadores para supuestamente quitar a los gobernadores el control de los institutos electorales de sus estados, en Puebla podría quedar sin efecto, gracias a las benditas elecciones extraordinarias.

Sí, así como lee: los consejeros del Instituto Electoral del Estado, con todos y sus sonadas pifias, podrían mantenerse hasta julio, si no es que más tiempo.

Trataré de explicarme.

A diferencia de Tlaxcala, donde en julio del año pasado también hubo elecciones locales y necesidad de repetir tres procesos, el último de los cuales se efectuará el domingo 23 de febrero en el municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, en Puebla la Legislatura saliente optó por heredar a los nuevos diputados la responsabilidad de nombrar a los concejos municipales que se harán cargo de los municipios de Cuapiaxtla de Madero y Venustiano Carranza, en tanto se celebran los comicios extraordinarios.

Dichas elecciones, ordenadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se llevarán a cabo hasta julio de este año.

Tal situación pondrá en aprietos a los consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) que difícilmente querrán echarse el tiro de sustituir a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), en plena preparación y organización de comicios extraordinarios en Cuapiaxtla de Madero y Venustiano Carranza.

Y menos a sabiendas que el proceso electoral federal de 2015 arranca formalmente en octubre de este año, es decir, dos meses después de las elecciones extraordinarias de Puebla.

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Tanto el partido estatal Pacto Social de Integración (PSI) como la Coalición Puebla Unida (CPU) impugnaron la última resolución de la Sala Regional Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la que perdieron, cada cual, una diputación de representación proporcional.

Ambos recursos, denominados de reconsideración, serán desechados o resueltos este martes, por la Sala Superior del TEPJF.

A ver en qué termina el asunto y cómo finalmente queda integrada la LIX Legislatura del Congreso del estado.

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Ivonne Hernández Caballero se integró este lunes a la nómina de la Universidad del Valle de Puebla, como coordinadora de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación con el compromiso de buscar acreditar esta carrera lo antes posible ante Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  (CIEES).

Ivonne es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP, maestra en Letras por la BUAP, y cuenta con una vasta experiencia en medios de comunicación y oficinas de prensa, relaciones públicas y comunicación social de instituciones públicas y privadas.

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