Enrique Agüera, clave para neutralizar el voto de castigo
Doger Guerrero, ¿precandidato para un segundo periodo?

Uno de los mayores problemas del PRI de cara a las elecciones locales de 2010 es la ausencia de precandidatos consolidados para la presidencia municipal de Puebla.

La lista de aspirantes a suceder a Blanca Alcalá Ruiz al frente del gobierno capitalino es amplia en número, pero escuálida en cuanto a figuras de peso y potencial electoral.

Entre los priístas con intenciones de hacerse de la nominación priísta a la alcaldía figuran: los diputados locales Luis Alberto Arriaga Lila y Pablo Fernández del Campo Espinosa; los secretarios del gabinete estatal Mario Montero Serrano, de Gobernación; Javier García Ramírez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Valentín Meneses Rojas, de Comunicaciones y Transportes.

Otros aspirantes a ocupar el sillón de Blanca Alcalá en el ayuntamiento de Puebla son Víctor Manuel Giorgana Jiménez, secretario de Desarrollo Social Municipal; Carlos Meza Viveros, presidente del Comité Municipal del PRI, y Guillermo Deloya Cobián, secretario particular del gobernador Marín y presidente de la Fundación que lleva el nombre de su padre Urbano Deloya.

A la lista podrían seguramente agregársele otros muchos nombres más como el de Lucero Saldaña Pérez, Nancy de la Sierra Arámburu o Víctor Hugo Islas Hernández, pero la verdad es que hasta ahora ninguno de los arriba mencionados destaca en las encuestas de opinión o grupos de enfoque con un buen posicionamiento electoral o potencial de voto.

En el Partido Acción Nacional el panorama es menos brumoso.

Entre los panistas es cada vez más recurrente la especie de que el candidato a la presidencia municipal saldrá de entre alguno de los aspirantes que hoy le disputan al senador Rafael Moreno Valle Rosas la nominación a la gubernatura: el senador Humberto Aguilar Coronado, o la exsubsecretaria de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda Orozco.

Otro personaje que también es percibido como un posible abanderado del blanquiazul a la alcaldía capitalina es el actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez.

Ante este panorama, los priístas fijan cada vez más su mirada y atención en el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, pero con el inconveniente de que éste no quiere saber nada de la presidencia municipal, sino, en todo caso, de la gubernatura.

Agüera es, sin lugar a dudas, la figura que el PRI requiere para ganar las elecciones en la capital del estado, así como para neutralizar y contener el voto de rechazo que en algunos segmentos y estratos sociales despierta la aspiración de Javier López Zavala a la gubernatura de la entidad.

En términos electorales, el municipio de Puebla representa casi un tercio de la lista nominal y la votación total del estado.

Y el PRI no puede darse el lujo, si quiere ganar la gubernatura con un precandidato como el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, con bajo nivel de aceptación entre la mayoría de los electores de la capital, de ir a los comicios locales del 2010 con un candidato a la presidencia municipal sin potencial electoral.

Hacerlo sería suicida, sobre todo si la dupla panista para las elecciones del próximo año la conforman Rafael Moreno Valle y Humberto Aguilar Coronado, o Rafael Moreno Valle y Ana Teresa Aranda, o Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez.

EN CORTO
Tómelo con reserva, pero una fuente priísta más o menos confiable nos asegura que a Enrique Doger Guerrero no le desagrada la idea de regresar al ayuntamiento de Puebla, aunque para ello tenga que someterse al ácido de una nueva elección constitucional.

La aventura de Doger tiene como base distintas encuestas, que lo ubican con un buen posicionamiento electoral y con calificaciones aprobatorias tanto a su gestión rectoral en la BUAP como a su desempeño como presidente municipal de Puebla.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje de la vida pública poblana está por saltar a las portadas y portales de sociales, cuando se anuncie el nacimiento de su próximo hijo?

Dos tips.

1. El susodicho puede ser candidato a la gubernatura o a la presidencia municipal; y
2. Sería padre por cuarta ocasión, aunque primerizo con su actual pareja.

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Flaca parece ser la memoria del dirigente estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier.

Y es que en aras de justificar el nombramiento del empresario Alfredo Rivera Espinoza como coordinador del Comité de Financiamiento, aseguró que si algo podría destacarse de aquel era su probada convicción ideológica.

A juzgar por su declaración, Armenta seguramente ignora que en las elecciones federales del 2006, Alfredo Rivera se desmarcó públicamente del PRI y de su candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.

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Simón dice:
“El principal ingrediente del éxito es el resto del equipo”.

John Wooden, jugador y coach de la NBA integrante del Salón de la Fama.

Rivera Santamaría, burla con la obra pública
Gutierrez Jamarillo, observadora de la OEA
Pepe Tomé, secretario de Prensa del PRI

Si de algo ha servido el caso de Antonio Juárez Acevedo, destituido presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es para evidenciar la incompetencia y falta de pericia política de los diputados del Congreso del estado, en especial de los priístas.

El largo y engorroso procedimiento que llevó a cabo la Comisión de Gobernación —a cargo del diputado priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— para la remoción de Juárez Acevedo, se justificó en aras de impedir que éste se amparara en contra del Poder Legislativo.

Desde el pasado 26 de septiembre de 2007, en la que fracción panista planteó de manera formal la destitución de Juárez Acevedo por violar el artículo 27 de la Ley de Transparencia, la bancada priísta siempre se mostró reticente para agilizar su remoción.

Primero dijo que el asunto de la supuesta pertenencia del presidente de la CAIP a Plataforma Cuatro debía investigarse a fondo; luego, cuando la prensa publicó nuevas evidencias que acreditaban a Juárez Acevedo como secretario general de esa agrupación política nacional, arguyó que el Congreso debía esperar que el IFE certificara tales documentos y cuando así se hizo, se sacó de la chistera un burocrático procedimiento para impedir, supuestamente, que Juárez se amparara y echara abajo su remoción.

El caso es que después de que la LVII Legislatura local decidió por unanimidad de votos destituirlo, el pasado 15 de diciembre, y pedir a la Contraloría su inhabilitación del servicio público, Juárez Acevedo no sólo continuó en la CAIP, sino que participó en la elección de su nuevo presidente, Samuel Rangel Rodríguez.

Para hacerlo arguyó dos cuestiones: una, que la resolución del Congreso del estado aun no causa ejecutoria y, dos, que presentó un recurso de revisión contra su remoción.

Bajo esa lógica y el amparo que está por presentar ante un juez de distrito, lo más seguro que Juárez Acevedo se mantenga como comisionado de la CAIP al menos otros tres meses, burlándose de los diputados, pero sobre todo del presidente de la Comisión de Gobernación, al que por lo visto ya le tiene tomada la medida.

INTRAMUROS
De risa lo que sucede en Puebla con la obra pública y los constructores que la ejecutan.

Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública —a cargo de Javier García Ramírez— decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios Especializados de México una importante obra, de casi 20 millones de pesos, en la junta auxiliar de San Aparicio.
Se trata de la ampliación a cuatro carriles de la Calzada Alfredo Toxqui.

La Secretaría justificó su determinación en el retraso de más de un año de esa vialidad, que debió concluirse el 27 de junio del año pasado, según contrato O.P./L.P.E./SEDUOP-20071176.

La Calzada Alfredo Toxqui finalmente será inaugurada en febrero de 2009, después de que las obras fueron reasignadas a la empresa Concretos Especiales Mexicanos, que —a decir del presidente de la junta auxiliar Abraham Esteban Aguirre— trabaja a marchas forzadas para terminarla en el transcurso de las próximas dos semanas.

El único que detalle es que tanto Proyectos y Estudios Especializados de México como Concretos Especiales de México son del mismo dueño: Eduardo Rivera Santamaría, para servir a usted.

EN CORTO
La consejera local del IFE, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora internacional en las elecciones del próximo domingo 18 de enero en la República de El Salvador.

Alejandra y otro funcionario de las oficinas centrales del IFE, son los únicos mexicanos que participarán en la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Para atestiguar el desarrollo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador, la también profesora de la Universidad Iberoamericana de Puebla viajará a ese país centroamericano el próximo jueves 15 y retornará a México el martes 20 de enero.

Su experiencia y observaciones sobre las elecciones salvadoreñas se publicarán en e-consulta, a partir del 16 de los corrientes.

En el Consejo Local del IFE la consejera Alejandra Gutiérrez coordina la Comisión de Comunicación.

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Una larga e intensa reunión de evaluación y programación de más de 12 horas fue la que Blanca Alcalá Ruiz encabezó el viernes, en uno de los salones del Centro Vacacional de Metepec, con los secretarios y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

A la sesión de trabajo acudió también Rigoberto Benítez Trujillo, director de Opina Consultoría Estratégica, quien presentó una evaluación sobre la percepción que los capitalinos tienen del ayuntamiento de Puebla, así como de sus principales funcionarios y acciones de gobierno.

En general, dijo que la gestión de Blanca Alcalá es aprobada por la mayoría de los ciudadanos de Puebla, aun cuando se advierte que hay poca obra y rezago en algunos servicios públicos.

Durante la reunión, la presidenta municipal anunció que este año se ejecutarán 400 nuevas vialidades, entre ellas dos distribuidores viales, uno en el crucero que forman los boulevares Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo, y otro sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente.

El fantasma de los cambios se hizo presente en la jornada. Blanca Alcalá no adelantó ninguno, pero sí dejo en claro que éstos se darán hasta después de su primer informe de labores.

Lo que sí hubo fue algunos reconocimientos de la presidenta municipal al director del Instituto de Arte y Cultura, Pedro Ocejo Tarno; al Sistema DIF municipal, a cargo de su hermana Gabriela Alcalá; al tesorero Javier Ramírez Carranza, y a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

La reunión terminó con una partida de rosca, y el exhorto de la alcaldesa a los cerca de 40 funcionarios que la acompañaron a redoblar esfuerzos, a mantener la unidad, la disciplina, y a cumplir con las metas programadas para el 2009, a pesar de la crisis económica y las limitaciones presupuestales.

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José Tomé Cabrera asumirá este lunes la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación del dirigente priísta Alejandro Armenta Mier, con quien ayer domingo afinó los detalles de su nombramiento.

Con Pepe Tomé también llegarán al PRI Sandra Izcoa Reyes, como jefa de Prensa, en sustitución de Luz María (Lucero) Carrera Téllez; Abraham López Posa, como jefe de Relaciones Públicas; Juan Carlos Blanca García, como jefe de marketing y diseño gráfico, y Cindy Alejandro Ibarra, como asistente.

Sandra Izcoa es periodista, fue conductora de los noticiarios de Televisa Puebla; directora de Comunicación Social en el DIF estatal con Socorro Alfaro de Morales, esposa del ex gobernador Melquiades Morales Flores, y presidenta del DIF en el municipio de Cuyoaco, durante la gestión de su esposo Benjamín Lobato Fernández.

Abraham López es un colaborador cercano a Pepe Tomé, con quien ha trabajado primero en el DIF estatal hace más de tres años, y luego en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Juan Carlos Blanca fue director de mercadotecnia cuatro años de la consultora Gedas México, firma especializada en la proveeduría del servicio de outsourcing para industrias manufactureras como Volkswagen, y en proyectos de Tecnología de Información.

Para ocupar la vacante que deja Pepe Tomé en la Dirección de Comunicación Social aún no hay sustituto. Lo único que se sabe es que Erika Jaramillo González quedará como encargada de despacho, y que Óscar de la Vega Torres no puede asumir el cargo por alguna inhabilitación política o legal.

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Carlos Raúl Alvarado Rodríguez ya dejó de laborar en la Secretaría de Salud como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social, para incorporarse a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno del estado, dependencia en la que tendrá un mayor juego.

Por lo pronto, su jefe Javier Sánchez Galicia le encargó la coordinación de la cobertura, difusión y promoción del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres.

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La evidencia más contundente de que Gerardo María Pérez Salazar no será promovido a una curul en la próxima legislatura federal, es que el secretario de Finanzas y Administración del estado se irá de gira con el gobernador Mario Marín a Italia, Francia y España del 17 al 28 de enero, es decir, justo en los días en que el PRI definirá sus fórmulas de candidatos por los 16 distritos en que se divide la entidad.

Pérez Salazar, quien primero buscó la diputación por Atlixco y luego por el distrito 11 de la capital poblana, acompañará al gobernador a Milán, donde se reunirá con el administrador de la feria de esa ciudad italiana, Sandro Bicocchi, con la alcaldesa Leticia Morat, y con el presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni.

El secretario de Finanzas aprovechará su estancia en Milán para reunirse con su hija, a la que no hace mucho también visitó.

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La directora jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla, Eva María Cabrera Zurita, departió el viernes por la noche con algunos proveedores de la comuna en el cantabar Il Canto, de la Avenida Juárez 2113, en la colonia La Paz.

El asunto no tiene nada de malo, pero puede generar controversia por las funciones de Eva Cabrera, y de la Secretaría de Administración, que es la que se encarga de la contratación y pago de proveedores, así como de las adquisiciones y licitaciones que lleva a cabo la comuna.

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Y hasta la próxima.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Por la comparecencia de tres secretarios del gabinete calderonista —Juan Camilo Mouriño Terrazo, de Gobernación; Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador General de la República—, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la reunión que este martes sostendrá el gobernador Mario Marín Torres con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, seguramente registrará ausencias importantes.

Para colmo de males, la comparecencia de los miembros del gabinete presidencial, con motivo de la glosa del segundo informe de labores de Felipe Calderón Hinojosa, se efectuará al medio día, es decir, 90 minutos antes de la cita que el gobernador Marín tiene con los legisladores de la Comisión de Presupuesto, en el salón 3 del edificio I de San Lázaro.

Mario Marín será el primer gobernador que exponga ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto —que preside el panista Raúl Alejandro Padilla Orozco— las obras y proyectos que desea sean incluidos por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009.

Se sabe que en la reunión, los legisladores panistas de Puebla le exigirán al ejecutivo estatal un informe detallado del uso y destino que han tenido las partidas y fondos federales canalizados a la entidad en los últimos dos años, y también una explicación de las 15 observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio presupuestal de 2006.

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Y ya que los diputados panistas se pondrán a exigir cuentas, no estaría mal que éstos explicaran por qué en el Proyecto de Presupuesto enviado por el presidente Felipe Calderón al Congreso, la entidad poblana tiene un recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos, cifra que representa una reducción real de 7.8 % con respecto al 2008.

Si bien es cierto que en la iniciativa del presidente Calderón hay también aumentos en algunos fondos para la entidad, como el 28 y el 33, lo real es que en términos generales los recursos de la Federación a Puebla registran una disminución, sobre todo en materia de programas y proyectos de inversión.

El recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos equivale a los recursos que este año recibirá la Secretaría de Salud del estado de la Federación —1,850 millones— o a los que en conjunto obtendrán del gobierno federal la Secretaría de Desarrollo Social —757 millones— y la Secretaría de Seguridad Pública —1,045 millones—.

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Aun cuando el presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, trata de convencer al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, para que este jueves comparezca personalmente para aclarar las dudas y acusaciones que pesan en su contra, por haber ocultado al Poder Legislativo su cargo directivo dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo más seguro es que no se presente.

De hecho, Juárez Acevedo ya dejó constancia de que no lo hará, al solicitar a través de sus abogados que se posponga la comparecencia, que inicialmente se realizaría el viernes de la semana pasada.

Una vez que el presidente de la CAIP presente a los diputados de la Comisión de Gobernación sus alegatos, en el proceso que le inició para removerlo del cargo, la mayoría priísta del Congreso del estado tendrá todavía un largo mes para decidir si procede o no su remoción.

La idea de los priístas es alargar lo más posible el caso para que la salida de Juárez Acevedo se empate con la de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, que concluye su gestión de cuatro años en diciembre.

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Ignora quiénes son Villa Issa, George y Eusa 
Margina comuna al PAN de festejos patrios

Antonio Marín López tuvo un mal comienzo como secretario de Salud del estado.

Y no me refiero sólo a lo anecdótico, después de que el viernes por la tarde se presentó a sus oficinas y los vigilantes del edificio no lo dejaban entrar, con el consabido: “¿Y usted quién es?” o cuando más tarde tuvo que solicitar 200 pesos prestados para pagar un taxi que lo llevara a su domicilio.

No. Para nada. Aludo a su primer encuentro –o, mejor dicho, desencuentro– con los coordinadores, directores, subdirectores, jefes de jurisdicciones sanitarias y jefes departamentales de la Secretaría de Salud, el sábado al mediodía.

En esa reunión, a la que asistieron unas 150 personas, Antonio Marín no sólo mostró un talante soberbio y displicente que no se le conocía, sino su ignorancia sobre coyunturas y personajes en la dependencia, de la que ya fue titular, pero hace diez años, en las postrimerías del sexenio de Manuel Bartlett Díaz.

Sobrado, el nuevo secretario de Salud dijo que él no pidió venir a Puebla, sino que se lo pidieron, y que en esa circunstancia él le puso al gobernador Mario Marín Torres varias condiciones antes de aceptar el nombramiento, entre ellas la posibilidad de remover libremente a los funcionarios y empleados de confianza de la Secretaría de Salud.

“He girado instrucciones al área de Recursos Humanos para que elabore un formato de renuncia y se firme con esta fecha en blanco”, fueron las palabras del médico hematólogo a los cerca de 150 servidores públicos que el sábado acudieron a la Secretaría de Salud para conocer a su nuevo jefe.

El mensaje de Marín López no sólo dejó un mal sabor de boca entre el personal, por las amenazas y contradicciones en que incurrió, sino que evidenció su desconocimiento del sector y la Secretaría.

A los coordinadores, directores, subdirectores, jefes departamentales y jefes jurisdiccionales les dijo que llegaba a la Secretaría de Salud sin gente, con el ánimo de buscar la unidad y sumar esfuerzos, pero al mismo tiempo les exigió a todos su renuncia y les comunicó su decisión de revisar si los nombramientos y ascensos escalafonarios que hoy tienen o han conseguido en los últimos años, podrán mantenerlos.

Sin haber firmado siquiera el acta de entrega-recepción, el nuevo secretario anunció que recortará gastos de celular, combustible y mantenimiento vehicular, ya que hay muchos coches en la calle con el logotipo de la Secretaría que fuera de horarios de oficina son utilizados como transporte familiar.

Otra cuestión que sorprendió a los asistentes de la sabatina reunión, fueron sus críticas tanto al organigrama como a la estructura operativa de los Servicios de Salud, y su ignorancia de que uno y otro no obedecían a un capricho o decisión discrecional de su antecesor en el cargo, Roberto Morales Flores, sino a resolutivos de la máxima autoridad en la dependencia: la Honorable Junta de Gobierno.

El colmo de su desconocimiento –y que pudo ser captado por todos los presentes– fue cuando, al revisar la estructura médica, preguntó quién era el coordinador de Servicios de Salud (Ricardo Villa Issa), quién el director de Atención a la Salud (Jorge George Sánchez), quién el coordinador de Administración y Finanzas (cargo actualmente acéfalo) y quién el director de Operación e Infraestructura (Leopoldo Eusa Dubbie).

Pregunto: ¿Puede alguien con esa ingenuidad y candor resolver los graves, gravísimos problemas, que hoy enfrenta la Secretaría de Salud del estado, por conflictos internos y pugnas de grupos, falta de presupuesto y personal, y corrupción y desvío de recursos públicos?

EN CORTO
Este día el grupo parlamentario del PAN hará llegar a la alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, su inconformidad por haberlos excluido de las guardias de honor ante el lábaro patrio, en el patio del Palacio Municipal con motivo de los festejos de la Independencia de México.

Para los diputados panistas tal situación constituye una elemental falta de cortesía y protocolo por parte de la Presidencia Municipal, que es la encargada de organizar las guardias que cada año se realizan en la sede del ayuntamiento de Puebla.

De acuerdo con el programa oficial, los únicos legisladores locales invitados a montar una guardia ante la bandera nacional son el presidente del Congreso, José Othón Bailleres Carriles, y los priístas Jorge Alfonso Ruiz Romero, Bárbara Ganime Bornne, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Luis Alberto Arriaga Lila, Malinali Aurora García Ruiz y María Angélica Hernández Hernández, todos ellos diputados con distritos en la capital del estado.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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En el Congreso del estado existen legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa

A Verónica Mastretta Guzmán y a sus hermanos Sergio, Ángeles, Daniel y Carlos por el lamentable deceso de su señora madre. Desde aquí nuestro pésame.

¿Sabía usted que desde el jueves 10 de julio el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE giró un oficio al vocal ejecutivo del Instituto en Puebla, Luis Garibi Harper y Ocampo, solicitándole su apoyo para entregar al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, copias del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que en dicho expediente —de 223 fojas útiles— existen pruebas documentales que corroboran hasta la saciedad que el actual presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que el propio presidente de la agrupación política, Tulio Zárate Luna, hizo saber a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 que Juárez Acevedo se desempeñaba como secretario general de la misma?

¿Sabía usted que en el acta de certificación de las asambleas estatales de Plataforma Cuatro celebradas durante el 2001 en los estados de Tlaxcala y Michoacán, para constituirse en partido político nacional, se menciona que Juárez Acevedo participó en la lectura de los documentos básicos, y que además lo hizo en su calidad de secretario general?

¿Sabía usted que lo mismo dice el acta de certificación de las asambleas efectuadas en Veracruz y Querétaro?

¿Sabía usted que tres distintos oficios de fechas 11, 20 y 30 de enero de 2002 —mediante los cuales Plataforma Cuatro informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE el día, hora y lugar en que tendría lugar su asamblea nacional—, están suscritos por Antonio Juárez Acevedo como secretario general?

¿Sabía usted que en la mencionada asamblea nacional constitutiva Juárez Acevedo fue electo como secretario general del naciente partido político nacional?

¿Sabía usted que posteriores oficios, también dirigidos al IFE, fechados el 13 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002, llevan la rubrica de Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que todavía el 17 de octubre de 2002 el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Tulio Zárate Luna, en respuesta al oficio DEPPP/DPPF/3059/2002, hizo saber al IFE que Juárez Acevedo formaba parte de su Comité Ejecutivo Nacional con el cargo de secretario general?

¿Y sabía usted que fue hasta el 3 de febrero de 2005, dos meses después del nombramiento de Juárez Acevedo como comisionado de la CAIP por parte del Congreso del estado, que Tania Susana Hernández Zafra pidió al IFE  corregir el directorio de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que ella era la nueva presidenta, y que su petición fue rechazada por no ir acompañada de la documentación que acreditara tanto las asambleas donde se efectuaron esos cambios como el acta de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, supuestamente encabezado por ella?

Si no lo sabía, ahora ya lo sabe; como también sabe que Juárez Acevedo es un mentiroso, por negar su pertenencia a Plataforma Cuatro; y que en el Congreso del estado existen también legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo, quien el domingo declaró a la prensa que aún no tenía ninguna respuesta del IFE sobre el caso Juárez Acevedo.

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¿Pagan Play Boy del IEE?
Ayer recibí en mi buzón, un correo electrónico de una persona que dice ser empleado del Instituto Electoral del Estado y que se cuestiona por qué este organismo contrató a Megacable el canal de Playboy.

Aquí su mail, tal cual:

¿Alguien me puede decir por qué los consejeros electorales del IEE tienen servicio de Playboy?, contrato que por cierto firmó el dizque contador público Luis Javier Córdova Sánchez con la empresa Megacable con el numero de suscriptor 326071.
 
Se supone que en este año los recursos son limitados y que en el Instituto hay austeridad, pero hay una persona, Alberto Adrián Pérez Romero, que recibió una liquidación de  $150,000. ¿Quién es? ¿En qué área trabajó? ¿Alguien lo conoce? ¿Por qué se emitió el cheque de HSBC número 37976?

Les recuerdo que la ex contralora Dalhel Lara Gómez y la ex directora de Capacitación, Ana Silvia Santillana no recibieron liquidación (ojo). Ésa es una de tantas transas no conocidas del IEE, así como las que realizan día a día la directora administrativa y su sobrinito Luis Javier Córdova Sánchez, a espaldas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

Estas personas obtienen dinero fácil de las arcas del Instituto en vales de gasolina y comprobando con facturas que no les corresponden. Claro, esto  habría que consultarlo con la tesorera del Instituto, Anabel Alvarado, quien fácilmente se presta a ello. Cuando se emite un cheque debe llevar 2 firmas: una es de la tesorera y otra de la directora Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, o de la coordinadora financiera, María Juana Huitzil Almonte.

Otra pregunta: ¿por qué a Noé Muñoz Alejandro le dieron un cheque de liquidación por $10,192.96 si era eventual? Por lo que tengo entendido él, al igual que muchas otras personas, había firmado un contrato comprometiéndose a no solicitar liquidación ni prima vacacional, ni aguinaldo. En pocas palabras, firmó para no tener derecho a ninguna prestación.

¿No sería justo que todas las personas que prestaron su servicio en año electoral contaran con el mismo beneficio?

Habrá que preguntarle a la directora administrativa en qué circunstancias aplica ciertos criterios. A final de  cuentas, ese dinero que fluye de aquí para allá es nuestro, de todas las personas que pagamos impuestos en el estado de Puebla.

Hay tantas cosas que aún no se saben del Instituto Electoral del Estado que es mejor que permanezcan ocultas.

Hasta aquí el correo.

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