José Carlos Proal, subprocurador fantasma en la PGJ

Casi listo el nuevo decreto de límites entre Puebla y Cholula

Dudas que matan sobre jueces, hijos de magistrados

 

Aunque en la Procuraduría General de Justicia no han querido que trascienda, la verdad es que han tampoco han sabido guardar las formas para mantener el secreto sobre por qué José Carlos Proal Díez de Urdanivia despacha como subprocurador de la Policía Metropolitana, o como titular de la Fiscalía General Metropolitana, pero no firma como tal.

En el directorio oficial de la PGJ su nombre ni siquiera aparece. No obstante, despachar al lado de su jefe, Víctor Antonio Carrancá Bourget, en el mismo cuarto piso y cuenta con la segunda mejor oficina del edificio marcado con el número 47 de la calle Tlaxcala, en la colonia San Rafael Oriente.

Quien formalmente despacha como encargado de la Fiscalía General Metropolitana es el abogado Octaviano Escandón Báez, pero en una oficina muy modesta comparada con la del procurador Víctor Carrancá y la de José Carlos Proal.

Sin embargo, los directores generales, directores de área, ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial saben que el verdadero Fiscal es José Carlos Proal y no Octaviano Escandón, quien sólo es útil para cuestiones de firma, pero no para el día a día y los asuntos operativos.

¿A qué obedece esta simulación?

La respuesta es simple: a que el hombre fuerte y de confianza del procurador Víctor Carrancá no acreditó el examen de control de confianza que presentó en abril del año pasado, lo que le impide figurar como subprocurador o fiscal general de la PGJ de la entidad, o como funcionario en cualquier otra institución de seguridad pública en el país.

De ahí también que José Carlos Proal —que fue secretario particular del procurador Héctor Maldonado Villagómez en el sexenio melquiadista— tampoco aparezca en la nómina oficial, aun cuando use vehículos y patrullas oficiales y tenga asignados para su seguridad a policías ministeriales de la dependencia.

¿No que nadie por encima de la ley?

 

 

INTRAMUROS

Aunque será antes de que concluya el año cuando el Congreso del estado resuelva, por fin, el añejo conflicto territorial entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, trascendió que el decreto de 1962 será derogado y que el polígono de 8.5 kilómetros cuadrados en disputa no se repartirá en partes iguales.

De acuerdo con fuentes confiables, San Andrés Cholula se quedará con una mayor superficie y con un mayor número de colonias y fraccionamientos, a fin de que pueda mejorar su recaudación por concepto de impuesto predial; y el municipio de Puebla, con el Centro Comercial Angelópolis y las Universidades y Colegios asentados sobre la Vía Atlixcáyotl y el bulevar del Niño Poblano.

Para el nuevo decreto que fijará los linderos entre Puebla y Cholula, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Mario Riestra Piña, ha solicitado la asesoría de especialistas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la UNAM, la BUAP y la UDLAP.

A la par, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha venido reuniéndose con los alcaldes salientes y electos de Puebla y San Andrés Cholula para que avalen el nuevo decreto, que pondrá fin a más de una década de disputas entre las autoridades de ambos municipios.

 

EN CORTO

¿Qué poderoso personaje influyó para que el Primer Juzgado Penal de Puebla no emitiera una orden de aprehensión en contra del juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, por la liberación del reo Román Omar Ramos Luna mediante una boleta de libertad apócrifa?

¿Quién se comunicó a la Dirección de Averiguaciones Previas zona Poniente de la PGJ para pedir que el hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández no fuera involucrado como cómplice en la liberación de un delincuente sentenciado a 15 años de prisión, por el delito de homicidio calificado?

¿Qué relación guarda el diligenciario del Juzgado Penal de Tepeaca, Luis Antonio Ibarra Pérez, con el juez José Luis Arenas, y el abogado del reo que dejó el Cereso de Tepeaca con una boleta falsa de liberación, Máximo Valencia?

¿A poco los 300 mil pesos que pagó el defensor del sentenciado únicamente salpicaron al Oficial Mayor y al secretario de Acuerdos del Juzgado de Tepeaca, Alfredo Morón Macehuatl y Huberto Roblero Godínez, respectivamente?

¿Qué tan ciertas son las versiones de que existen otras liberaciones irregulares en Tepeaca, ordenadas por el mismo juez José Luis Arenas, pero que en estas estarían inmiscuidos personajes como Luz María Díez de Urdanivia, hermana del ex precandidato del PRI a la alcaldía de San Andrés Cholula y prima hermana del subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia?

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¿Qué juez civil acaba de ser denunciado ante la Agencia especializada en delitos cometidos por servidores públicos por su supuesta parcialidad en un juicio multimillonario en un Juzgado de Huejotzingo?

¿Esta denuncia es ajena a la queja administrativa que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, recibió hace unos días en contra de un juez civil, hijo del ex magistrado Alfredo Mendoza García, recientemente jubilado?

¿Flores Toledano seguirá creyendo, como lo declaró al ser nombrado presidente del Tribunal, en sustitución de David López Muñoz, que los familiares y herederos de los magistrados en funciones o recientemente jubilados no son un fardo para el Poder Judicial del estado?

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