Finalmente la candidata a diputada federal de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla no será la abogada Violeta Lagunes Viveros, ni la panista Ana Teresa Aranda Orozco, sino una joven militante del PRI muy cercana a Mario Marín García, Graciela «Grace» Palomares Ramírez, quien se desempeña como secretaria estatal de la Red de Jóvenes por México.

Grace Palomares es el brazo derecho del líder juvenil priísta Lorenzo Rivera Nava, fue gente cercana a Luis Tiffaine Álvarez, quien hace unos días rompió con el PRI para ser candidato de Nueva Alianza, y amiga de Jesús Parra Tay, dirigente del Comité Municipal del PVEM en la capital del estado.

Además es amiga del particular del ex gobernador Mario Marín Torres, Ramón Fernández Solana, y del particular del secretario general del CDE del PRI, Víctor Gabriel Chedraui, Manuel García.

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Sumamente contrariada salió de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, a donde fue a recibir un curso sobre blindaje electoral, la directora del Servicio Estatal de Empleo, Janet Miguelina Vargas Jarquín, porque muchas de las prácticas que ahí se definieron como delitos electorales son asunto cotidiano en su oficina, de la que por cierto han salido varios apoyos para la candidata del PAN a diputada federal por el distrito de Izúcar de Matamoros, Jorgina Habana Medellín.

La funcionaria, también conocida como la directora del Servicio Familiar de Empleo, por su propensión a contratar a parientes como a su hermano José Miguel, a su cuñado y al primo de su cuñada, se jacta de haber sobrevivido a los diferentes cambios que se han dado en la Secotrade desde que Pablo Rodríguez Regordosa, que fue quien la invitó y la apadrina políticamente hablando, salió de la dependencia para ir en busca de una diputación al Congreso del estado.

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Este martes la Unidad del Servicio Electoral Profesional (USEP) giró una circular para un curso que sólo crispó los ánimos entre los empleados del Instituto Electoral del Estado (IEE), ya que en él se abordará un tema por de más polémico: cómo llevar a cabo la desincorporación del personal del organismo.

Y es que este mes el 30 o 40% de la plantilla de trabajadores del IEE será despedida por una supuesta austeridad presupuestal, que ha sido muy cuestionada al seno del Instituto, pues los recortes no obedecen a criterios de eficacia y eficiencia, sino a filias y fobias de los consejeros y altos directivos del Instituto, que mantienen a sus incondicionales asistentes y echan a la calle a empleados con vasta experiencia y conocimiento en la materia.

El curso está previsto para el 18 de los corrientes en las instalaciones del IEE. Noemy Itzetl Tapia Trujillo, titular de la USEP, es por cierto esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

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Ahora que en el Instituto Electoral del Estado (IEE) tratan de hacer economías, el Consejo General debería tomar cartas en el asunto sobre la permanencia del consejero José Gustavo Garmendia Domínguez, quien es también presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado.

Tal situación porque el Código Electoral en su artículo 88 y la propia Constitución del estado en su artículo 2 dice textualmente: «Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Consejo General no deberán, en ningún caso, aceptar o desempeñar cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los Municipios o de los partidos políticos».

Y eso sin mencionar el escándalo en que se encuentra envuelto por presionar al rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez y a otros cuatro directivos de la institución, con su renuncia, y al que acompaña a su hijo José Gustavo Garmendia tras su remoción como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula por el otorgamiento de algunos permisos de uso de suelo y licencias de construcción.

Su salida del IEE sí que ayudaría a las finanzas del organismo, considerando no solo su sueldo como consejero sino el de su asistente. Ambos rondan los 100 mil pesos mensuales.

Si el Consejo General ha trabajado sin contratiempos con ocho consejeros, tras la renuncia de Víctor Cánovas Moreno, bien podría hacerlo con siete o con seis, si además de José Gustavo Garmendia renunciara Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, quien únicamente se aparece una o dos veces al mes en sus oficinas del Instituto.

¡Esos sí que serían ahorros! ¿O no?

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Un oneroso pendiente que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán seguramente a su salida, prevista para agosto o septiembre del año en curso, serán las demandas laborales que por despido injustificado han promovido decenas de empleados del organismo.

Demandas que seguramente se incrementarán en los próximos días cuando otros 30 o 40 empleados del Instituto sean despedidos por recortes presupuestales que, desgraciadamente, se aplican en forma selectiva en perjuicio de quienes carecen de padrino o madrina política.

El tema no es desconocido para el consejero José Luis Martínez López, presidente de la Comisión Permanente del Servicio Electoral Profesional (SEP), quien poco o nada ha hecho para evitar los despidos injustificados o para impedir que el personal inscrito en esta asignatura —y que suele ser el mayor experiencia— sea echado a la calle.

Entre los empleados del organismo el malestar es creciente, pues por un lado se habla de austeridad y de la urgente necesidad de realizar recortes presupuestales, pero por otro se suben sueldos, se otorgan ascensos y se hacen contrataciones que dan pie al sospechosismo.

Nadie se explica, por ejemplo, por qué fue contratado como jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos del SEP, Ángel López Santamaría, de 75 años de edad, si su expertis en materia electoral es casi nulo; por qué si son tan pocos los empleados con carrera electoral acreditada se contrata a un directora para encabezar esta unidad; o por qué se hacen promociones y se otorgan ascensos a favor de empleados consentidos del director administrativo del Instituto, Ricardo Aguilar Ramírez, como Viridiana Daniela Cerezo Morales.

Lo que los empleados carentes de padrino o madrina política sí saben es que Ángel López Santamaría no será despedido por ser padre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

Lo que también saben es que la recién nombrada titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Noemy Itzetl Tapia Trujillo es esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

Y que Viridiana Cerezo Morales fue promovida en enero de este año de analista II-1 a analista 1-A por ser la consentida de su jefe, Ricardo Aguilar, y que éste pretendió disfrazar el ascenso de aquella con otras siete promociones donde los aumentos salariales son casi simbólicos en comparación con el otorgado a Viridiana.

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¿Martín Fuentes a la PGR?

Si en los próximos días se anuncia que el abogado poblano Martín Fuentes es nombrado en algún puesto de la Procuraduría General de la República (PGR) por la nueva procuradora Arely Gómez González es importante que sepa lo siguiente.

Primero que no se trata de Martín Fuentes Morales, el que fue procurador del Ciudadano en el gobierno de Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino de Martín Emiliano Fuentes Holland, que es hijo de aquel y ha trabajo como asesor en temas de transparencia y combate la corrupción con la ex senadora Arely Gómez.

Martín Emiliano es un joven abogado de 23 años, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que desde hace dos años forma parte del equipo de trabajo de la hoy titular de la PGR.

En cambio su papá, Martín Fuentes Morales, despacha actualmente en la Delegación federal de la Sedesol como secretario técnico social, cuya función consiste en vigilar que los programas sociales de la dependencia lleguen a los verdaderos beneficiados de estos.

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