Que la empresa Grupo Proisi, que era la favorita del presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, para hacerse cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante los comicios locales del próximo 4 de julio, decidió retirarse del concurso en que participaba junto con otras tres firmas.

En tales circunstancias, lo más probable es que los consejeros y directores que integran el Comité de Adquisiciones del IEE se inclinen por el despacho DSI Elecciones o la empresa Plásticos y Metales MYC.

La primera firma, que tiene experiencia en trece procesos electorales, presentó una cotización por 25 millones 500 mil pesos, que incluye el PREP y un sistema de evaluación y seguimiento de la capacitación electoral denominado e-Learning, mientras que la propuesta económica de la segunda asciende a 16 millones 716 mil pesos.

El problema de Plásticos y Metales MYC es que formalmente carece de experiencia en la operación de programas de resultados electorales preliminares, ya su especialidad es la fabricación de material electoral, como urnas y mamparas, por lo que el PREP en realidad lo subcontrataría al director de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Víctor Guerra Ortiz.

La decisión final se votará este jueves o viernes en el Comité de Adquisiciones del IEE.

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Que en el equipo de campaña de Eduardo Rivera Pérez, candidato a la alcaldía capitalina de la coalición opositora Compromiso por Puebla, hay confianza de lograr un repunte en las encuestas electorales, por el apoyo que éste tendrá de algunos empresarios locales y figuras del panismo nacional que vendrán a sumarse a su proyecto.

Entre las personalidades que en mayo harán campaña al lado de Eduardo Rivera destacan la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, el expresidente del CEN, Germán Martínez Cázares, y el actual dirigente nacional del blanquiazul, César Nava Vázquez.

Otra figura que en mayo estará en Puebla para apoyar tanto la campaña de Eduardo Rivera, como del candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, es el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

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Que el Instituto Electoral del Estado no sólo perdió el juicio que le promovieron ante el Juzgado 5º de lo Civil por adeudos en el arrendamiento del edificio de la 25 Poniente 3316, que no desocupó al vencimiento del contrato, sino que ahora tendrá que pagar cerca de 350 mil pesos a la propietaria del inmueble Raquel Jacobo Chartuni.

Este revés jurídico, que aquí le anticipé desde diciembre del año pasado, es atribuible a la exdirectora administrativa del IEE, Verónica Paola Cruz Castillo, contra la cual no existe a la fecha ningún procedimiento administrativo por parte de la Contraloría Interna para fincarle responsabilidades por negligencia y daño patrimonial.

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Que Luis Banck Serrato se integrará a partir de la próxima semana al equipo de campaña de quien fuera su jefe en la Secretaría de Finanzas, en el sexenio melquiadista, Rafael Moreno Valle.

Luis Banck es un especialista en desarrollo social y regional, que en el sexenio de Melquiades Morales se desempeñó como coordinador general de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social; subsecretario de Desarrollo Social; secretario técnico del Gabinete y director general del Sistema DIF estatal.

También ha laborado como coordinador de asesores del secretario de Trabajo del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, y como secretario de Desarrollo Social en el ayuntamiento de Puebla durante la gestión de Enrique Doger Guerrero.

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Simón dice:

«La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso.•

Peter Drucker (1909-2005). Escritor y consultor austriaco.

Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

Desde que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, perdió el control de la administración y las finanzas del organismo, varias entradas o negocios se le han venido abajo.

Uno de los últimos se refiere al pago que este año el IEE tenía que hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) por la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores de la entidad.

Jorge Sánchez había presupuestado —en el anteproyecto que envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, el 14 de agosto de 2009— que dicha actualización tendría un costo de 8 millones 966 mil 470 pesos con 39 centavos.

Tal cantidad fue cuestionada por la Secretaría de Finanzas, y por el nuevo director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, por considerar que ésta implicaba un aumento excesivo —de casi el 40%— con relación a lo que se pagó en 2007.

El caso es que el 20 de enero de 2010, fecha en que el IEE celebró un contrato con IFE para la actualización del padrón y la lista nominal, éste no ascendió a los casi 9 millones que Jorge Sánchez había solicitado, sino a 5 millones 479 mil 109 pesos con 93 centavos.

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No es política del autor de este blog dar cabida a denuncias anónimas, o publicarlas como si se tratara de una investigación propia.

Hoy haré una excepción, por la importancia del tema —una posible indemnización a la empresa que tenía la concesión del rastro municipal— y los argumentos que ofrece acerca del daño que esta medida ocasionaría a las finanzas del ayuntamiento de Puebla.

Aquí la denuncia, tal cual:

ESTIMADA LICENCIADA BLANCA ALCALÁ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA HERMOSA CIUDAD DE PUEBLA:

ASUNTO: DAÑO AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL POR 21.00 MILLONES DE PESOS POR INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ORIENTE, EX CONCESIONARIA DEL RASTRO MUNICIPAL

Soy una persona que trabaja en la administración pública pero me es imposible dar mi nombre por las repercusiones personales y laborales que esto representa para mi persona.

Me dirijo a usted de manera respetuosa y honesta. Considero que usted es una persona recta, destacada y sumamente honesta. Debido a estas cualidades es que recurro a usted con una seria preocupación.

Mucho se ha dicho en torno a su persona en el sentido de que Usted quiere favorecer a su mentor político al Lic. José Luis Flores al través de su hermano el MVZ Ángel Omar Flores, médico veterinario expulsado de ITO por inoperante y flojo, para quitarle la concesión a Ingeniería y Tecnología de Oriente y dársela a los hermanos Flores, situación que resultaría aberrante y creo que seguramente será falsa.

Recientemente escuché en las noticias que finalmente se le había retirado la concesión del servicio de rastro a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente debido a la infinidad de problemas que acrecentó la empresa durante el periodo de la concesión. Sin embargo me resulta increíble que además de crear problemas y acrecentar los existentes, todavía se le tenga que pagar por el retiro de la concesión.

Me explico:

Todos sabemos que cuando la empresa presentó su oferta, la presentó señalando que existían en ese momento diversos problemas de contaminación, operación y corrupción de inspectores del rastro en la administración DOGERISTA. Entre los problemas más destacados está el hecho de que se estaban depositando en los terrenos residuos de vísceras, sangre, pezuñas y órganos de los animales sacrificados. Estos problemas los debió resolver ITO, no acrecentarlos.

Si bien no es barata la operación de la planta de tratamiento construida con los recursos federales, cuyo costo fue de seis millones de pesos más IVA, también es cierto que la empresa ITO, no solo no la operó, sino que literalmente la desbarato, tirando a la basura tanto el primer tratamiento como siete millones de pesos. Si consultan el acta de entrega de la empresa al ayuntamiento al través de IDAP (anterior administración), podrán constatar lo que comento. La sola reparación representa una salida para el erario de unos 3.2 millones de pesos.

Y que decir de los costos que representara para el Ayuntamiento, es decir para nosotros los contribuyentes, la remediación de los suelos afectados con hígados con CLEMBUTEROL que estuvo tirando la empresa a cielo abierto y sin tratamiento. Se calcula en promedio unos tres millones de pesos para esta obra. Y otros cuatro millones de pesos para el depósito correcto de los residuos retirados. Otros dos para el transporte.

Por otro lado, también la dichosa empresa no solo dañó y se robó varios equipos, sino que dejó en «el taller de reparación» varios equipos substanciales para a operación del rastro, tales como maquinaria corta pechos y la que se usa para lavar los canales de cerdo, misma que garantizaba de alguna forma algo de higiene en la carne que consumimos. Al día de hoy no funcionan estos y varios equipos de refrigeradores. Resultado, otros 2 millones de pesos.

Si seguimos sumando, están también presentes las deudas que ITO dejó en materia laboral al rastro que suman más de 4 millones de pesos.

Sigamos sumando, en materia de aguas: que decir de las multas que puso la Comisión Nacional del Agua por más de un millón de pesos y los adeudos al SOAPAP por 1.5 millones de pesos.

Creo que la liquidación a esta empresa, además de improcedente, es ilegal. Me voy a explicar más.

Si usted lee el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO donde aparece publicado el «Titulo de Concesión» a favor de la empresa, Formas y procedimientos de terminación anticipada.

1. Por renuncia del concesionario;

2. Por conclusión del término de su vigencia;

3. Por caducidad;

4. Por la revocación de la concesión;

5. Por quiebra del concesionario;

6. Por rescate;

7. Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión o bien por extinción del objeto de la misma; y

8. Por mutuo acuerdo.

En caso de que se presente el rescate al que hace referencia el inciso 6 de este punto, el Municipio de Puebla, reconocerá la inversión total del concesionario, la depreciación de activos y su utilidad en un 50%, mismo que será pagado con el flujo del servicio en primer orden y enseguida de derechos preferentes conforme a la ley.

4.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO Y SU INMUEBLE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, podrá revocar administrativamente el título de concesión cuando: (algunas son:)

• El concesionario contravenga gravemente los términos del título de concesión;

• No solicite la certificación posteriormente a los doce meses siguientes al inicio de la operación.

• El concesionario no conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a este, con perjuicio para la prestación del servicio;

• El concesionario contravenga las disposiciones legales aplicables.

• Exista prueba de daño a ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación, conforme la legislación vigente.

Es decir, el título estipula prácticamente dos razones para terminar con la concesión: la primera imputable a intereses del Ayuntamiento y la segunda, que es el caso, cuando la empresa incumpliera alguna de las condiciones del propio Titulo.

En el primero de los casos, que insisto no es aplicable, aunque la quieren convencer de que así es, el Ayuntamiento debería pagarle a ITO todas las inversiones realizadas.

En el segundo, cuando es por incumplimiento, ITO debe perder las inversiones realizadas, que realmente no fueron muchas según consta en actas, y pagar los daños y perjuicios a las instalaciones, que si es el caso.

Por lo indicado específicamente en este documento OFICIAL que hace las veces de LEY resulta IMPROCEDENTE E ILEGAL Y DESHONESTO pagarle a ITO un solo centavo. De hecho ellos nos deben, es decir a todos los contribuyentes la módica cantidad de $ 20.70 millones de pesos.

Por favor Licenciada no permita que estos cínicos se salgan con la suya. Uno de los comentarios mas abiertos que ha hecho el Lic. José Yunez Soto, el Gerente Operativo del Rastro y que nunca en su vida había trabajado en servicios de esta naturaleza, es el hecho de que afirme » SI ME PAGA EL AYUNTAMIENTO, PUEDE SER EL MEJOR NEGOCIO DE MI VIDA SIN HABERLO TRABAJADO«

A mayor abundamiento, ¿sabía usted que uno de los mayores introductores de carne clandestina a la ciudad y que surte a la mayoría de las grandes taquerías es precisamente el Lic. José Yunez Soto? ¿Le parece razonable?

ATENTAMENTE

ALGUIEN PREOCUAPADA POR NUESTRA SALUD Y POR LA ECOLOGIA.

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Ahora doy paso a una carta aclaratoria por lo que en mi anterior entrega redacté sobre el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, Nicéforo Rodríguez Gaytán.

Estimado Rodolfo Ruiz Rodriguez

Director General del Periódico Digital e-consulta

Presente

Al revisar tu columna «La Corte de los Milagros» del jueves 28 de enero del año en curso, en uno de sus apartados mencionas que mantuve reuniones en diferentes momentos con Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas, para ofrecerles exactamente lo mismo: ser un operador político dentro de la BUAP. Lo que significa una traición a Javier López Zavala.

Me consta en muchos casos la seriedad de tus comentarios por lo confiable de tus fuentes de información, sin embargo en este caso solamente te puedo decir que te «chamaquearon» y fuiste el medio adecuado para fomentar una intriga en contra de mi persona exaltando mi condición de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política.

Tres razones son fundamentales para negar las mentiras de tus informadores: no mantengo ni he tenido ningún trato personal, profesional o político con las personalidades que mencionas o con sus hombres de confianza; no tengo ningún interés en involucrarme con algún precandidato, campaña o partido político y; la tercera razón es que buscar ser operador electoral en la BUAP, es algo insensato.

Quien quiera hacerlo o este cumpliendo esta función estará traicionando los principios que dan sentido a la Universidad Publica de ser una institución académica libre, independiente y autónoma del poder político.

Hasta ahora me considero un hombre equilibrado y sano mentalmente. Como universitario no tengo ni busco aspiraciones de este tipo.

Recibe como siempre mis atentos saludos y un fraternal abrazo.

Atentamente

H, Puebla de Z, a 28 de Enero de 2010

Nicéforo Rodríguez Gaytán

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Simón dice:

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor».

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino.

Aunque la versión no pude confirmarla, una fuente regularmente bien informada del PAN me contó que este lunes se habrían reunido los dirigentes nacionales del PAN, César Nava Vázquez, y del PRD, Jesús Ortega Martínez, para afinar detalles en torno a la coalición que ambos partidos suscribirían —antes del 20 de febrero— para las elecciones locales del próximo 4 de julio.

Lo interesante del caso, más allá de si la reunión se realizó, es la declaración que la noche de este lunes le hizo el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta al reportero de e-consulta Álvaro Ramírez Velasco, en el sentido de que la coalición llevaría como candidato a la gubernatura al actual senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Y es que de ser cierta esa versión, lo más probable es que la consulta a los 75 mil miembros activos y adherentes del PAN no sólo se suspendería, sino que Ana Teresa Aranda sería designada candidata a la alcaldía de Puebla, y que la coalición se fortalecería con la incorporación de algunas figuras ciudadanas cercanas al PRD como el empresario Antonio Kuri Alam y la ecologista Verónica Mastretta Guzmán, que serían postulados como candidatos al Congreso del estado por la vía plurinominal.

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A propósito de reuniones.

Este martes se reunirán los dirigentes estatales de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, y del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez, para evaluar la posibilidad de ir en alianza en las próximas elecciones locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

El encuentro fue auspiciado por el convergente José Juan Espinosa, quien ve cada vez más lejana la posibilidad de que el PRD se incorpore a esta coalición electoral, por la decisión del dirigente nacional del sol azteca y líder moral de la corriente de Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez, de aliarse con el PAN y Moreno Valle en los comicios para gobernador del próximo 4 de julio.

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Por omisión o negligencia, no se sabe si del Congreso o del Periódico Oficial del estado, es la hora que todavía no se publica la Ley de Ingresos de San Andrés Cholula, ni la zonificación catastral y la tabla de valores unitarios del suelo de la Angelópolis, por lo que el pago del impuesto predial en ambos municipios es un merequetengue.

La Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2010 se publicó el pasado 16 de diciembre, pero de manera incompleta, ya que se omitió la zonificación catastral y los valores unitarios del suelo que sirven de base para estimar el pago del impuesto predial.

Esta situación deja a los contribuyentes del municipio de Puebla en un estado de indefensión, pues no tienen manera de corroborar si la cantidad que se les fija en su boleta del predial fue bien calculada.

La situación en el municipio de San Andrés no es mejor, pues hasta este lunes no se había publicado en el Periódico Oficial del estado la Ley de Ingresos correspondiente al presente año, no obstante que ésta se aprobó desde el mes de diciembre.

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Simón dice:

«En los inicios de un amor los amantes hablan del futuro, en sus postrimerías, del pasado».

André Maurois (1885-1967). Novelista y ensayista francés

Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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