Uno de los problemas cuando se hacen nombramientos y reglamentaciones por consigna y con una descarada dedicatoria es que los favorecidos se pervierten y las instituciones a las que llegan también. Tal es el caso de José Daniel Vázquez Millán, presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de las Asistencia Privada y al mismo tiempo director general de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

Con ese doble carácter, este servidor público actúa de una forma con ciertas fundaciones como la Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla, y de manera totalmente diferente con el Museo Amparo, la Fundación Enrique García Cano y la Fundación Soledad Torres Acosta, entre otras.

A unas les cobra anualmente el 6 al millar sobre ingresos brutos, y a otras les negocia esa contribución establecida en el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, incluso haciéndose de la vista gorda de sus deudas históricas o del riesgo que corren participando en la bolsa de valores.

En unos casos Vázquez Millán se apresura a remover e iniciar procedimientos penales contra miembros de patronatos que supuestamente han puesto riesgo el patrimonio y los bienes de ciertas fundaciones y tergiversado o desviado la voluntad de sus benefactores, y en otros se hace de la vista gorda para sancionar a quienes han malversado y malbaratado las propiedades de otras instituciones de beneficencia privada, entre ellos los anteriores patronos de la Fundación Enrique García Cano.

Con ciertas fundaciones, el director general de la Junta para la Asistencia Privada se pone muy estricto, destituye a sus patronatos, les promueve denuncias penales y órdenes de aprehensión, e instruye el aseguramiento de sus bienes, y con otras desconoce a sus patronatos legalmente constituidos y se entiende por abajo del agua con los destituidos a cambio de convenios de pago de cuotas o de transferencias a una cuenta bancaria de BBVA que ninguna autoridad vigila ni supervisa.

El proceder legal y administrativo de José Daniel Vázquez Millán es bastante discrecional. Su nombramiento como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada se supone que es totalmente honorífico, pero como director general de la Junta de Asistencia Privada tiene un sueldo de 50 mil pesos mensuales y compensaciones por otros 18 mil 981 pesos.

El Patronato de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada opera también de manera irregular, no sólo por la discrecionalidad de su presidente, sino porque dos de sus miembros que fungían como vocales decidieron renunciar al percatarse de los excesos y actitudes de Vázquez Millán, y conocer de las quejas e inconformidades de los presidentes y miembros de otras fundaciones.

Los vocales que renunciaron y a la fecha no han sido reemplazados son Ignacio Germán Balandra Jara y Carlos José Reed San Román. Ambas renuncias, fechadas el 10 de noviembre de 2022 y selladas de recibido ese mismo día, tienen el carácter de irrevocable.

El propósito esta columna no es censurar lo realizado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y por la Junta de Asistencia Privada en los casos de la Fundación Jenkins y la UDLAP, sino cuestionar el proceder del titular de ambas, su discrecionalidad y que no exista una instancia que lo vigile como servidor público y vele por los recursos públicos asignados al organismo que dirige, entre ellos los que llegan a la cuenta 0198279209 de BBVA, donde las instituciones de beneficencia privada tiene que pagar sus cuotas anuales.

Lo que esta columna busca es alertar al gobierno del estado sobre los crecientes conflictos de Vázquez Millán con varias instituciones de beneficencia como la Fundación Soledad Torres Acosta, integrada por religiosas, la Cruz Roja, la Fundación de Beneficencia Privada y Servicios Sociales de Atlixco (Fubepsa), el nuevo patronato de la Fundación Enrique García Cano, y la casa de descanso Gabriel Pastor, entre otras.

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