Cuando el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Andrés Vicente Ruiz Celio, asumió el cargo en julio de 2009, calificó como una exageración el hecho de que su predecesor —Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras— se transportara en un vehículo blindado con valor de más de un millón de pesos.

En aquella ocasión, el general de brigada diplomado de estado mayor, afirmó que él no usaría la referida camioneta —una Cherokee, color plata, modelo 2008— asignada por la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz a su antecesor, y que tampoco requería de escoltas o guardaespaldas que lo cuidaran.

A seis meses de distancia, el general Ruiz Celio piensa diferente.

Ahora no sólo reconoce que en la policía capitalina y en las autoridades policíacas hay temor de una venganza de los Beltrán Leyva, por la persecución que se hizo del jefe de este cártel el pasado 10 de diciembre por los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, sino que ha convertido las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en un búnker, casi inaccesible.

Además, el general no sólo viaja escoltado y tiene a su servicio entre cuatro y ocho guardaespaldas que no se le despegan ni para ir al baño, sino que utiliza tres vehículos para transportarse, en los que se rota de manera constante, entre ellos la camioneta Cherokee blindada de la que tanto renegó.

Lo único diferente en la Cherokee —además del tumbaburro, que el general Ruiz Celio le mandó a quitar— es el color, pues la Jeep fue repintada de blanco, aun cuando ni siquiera lo necesitaba.

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El accidente que este martes provocó Humberto Aguilar Zarau, hijo del presidente de la Gran Comisión y líder de la bancada priísta en el Congreso del estado, Humberto Aguilar Viveros, al impactarse contra un autobús de la línea Cholula y Anexas, en el crucero de la 25 Poniente y Calzada Zavaleta, no es el primero en que se ve involucrado bajo los efectos del alcohol.

Se sabe que el 16 de septiembre de 2006 participó en otro percance automovilístico, por el cual incluso tuvo que pagar daños por un monto de 76 mil 400 pesos, y que ameritó la intervención de su papá, entonces director general del Sistema DIF estatal, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, para evitar su encarcelamiento.

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Simón dice:

«No hay cosa de la que tenga tanto miedo como del miedo».

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). Escritor y filósofo francés.

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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