Efraín Núñez

Las sanciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los partidos políticos demuestran que les resultó caro no reportar a la instancia electoral, o hacerlo a destiempo, el informe sobre sus gastos de campaña.

Si bien ninguno de los partidos y alianzas superaron el tope de gastos establecido en 35 millones 851 mil 955 pesos, tendrán que solventar las multas con sus prerrogativas, lo que se suma a una de las más bajas votaciones de la historia del estado con un abstencionismo superior al 50 por ciento.

Como en su momento detalló e-consulta, las multas a todos los partidos políticos en Puebla tras la revisión de sus informes contables ascienden a 15 millones 816 mil 010 pesos, de las cuales la coalición Sigamos Adelante lleva el monto más alto con 9 millones 773 mil pesos, seguido del PRD con 3 millones 529 mil 395 pesos, Morena con 1 millón 373 mil 707 pesos, el PES con 983 mil 425 pesos y la coalición PRI-PVEM con 154 mil pesos.

A lo anterior hay que agregar la multa contra José Antonio Gali Fayad, por más de 800 mil pesos, derivada de las denuncias del PRI y del PRD por supuesto rebase en el tope de gastos de campaña.

El candidato no se fue solo ya que por las omisiones detectadas también se sancionará al PAN con 249 mil 796 pesos y a Nueva Alianza con 10 mil 590 pesos.

Y por si fuera poco en el punto más bajo de su credibilidad por el escándalo de un posible fraude electoral y como consecuencia de las misma sanción contra Gali, Compromiso por Puebla deberá pagar 31 mil 991 pesos. La misma cantidad que el PT y el PSI que están en riesgo de perder sus prerrogativas del próximo año y su registro, respectivamente.

Además, de las sanciones por 15 millones de pesos establecidas contra los partidos políticos por anomalías en la fiscalización, el CPP y PSI tienen que pagar 898 mil 617 pesos cada uno.

Es decir, si se suman los 31 mil 991 pesos del caso Gali con los 898 mil de las multas por la fiscalización en general, ambos partidos tendrán que pagar 930 mil 608 pesos en total.

Si bien la suma no es alta, el descrédito que trae consigo se añade al que ya traían con motivo de su baja votación en las elecciones del 5 de junio y la opacidad en el manejo de los recursos.

La buena noticia para los ciudadanos es que sí funciona el sistema de fiscalización del INE, pero la mala es que las multas serán pagadas con recursos públicos.

Faltaba más.

Se guarda Perdomo las impugnaciones en el TEEP

A 43 días de la jornada electoral del 5 de junio vale la pena preguntarle al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por qué no ha remitido los expedientes de los 11 recursos presentados por los partidos políticos en contra del cómputo final y los cómputos distritales.

En los pasillos del organismo se comenta que el magistrado, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, concentra los expedientes pero aún no los turna a los otros dos magistrados, Jorge Sánchez Morales y Fernando Chevalier Raunova, para su resolución.

Lejos quedó la promesa del segundo de estos magistrados de establecer las ponencias cuanto antes.

¿Qué esperan?

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Cómo estarán viendo las autoridades de complicadas las próximas elecciones para gobernador que éstas han decidido no hacer ajustes a los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos para el 2016, ni gravar a los ciudadanos con nuevos pagos o multas, como las que ya alistaban con parquímetros en cinco diferentes zonas de la capital.

Gracias a las benditas elecciones, también se dio marcha a la intención de actualizar las tablas catastrales de 893 colonias, unidades habitacionales y fraccionamientos de la capital, acción que se replicaría en otros municipios de la zona metropolitana, en la que sus alcaldes se han hecho tontos por años para cobrar el impuesto predial.

Los valores catastrales de las casas y terrenos de la ciudad de Puebla iban a tener aumentos que fluctuaban entre el 3.5 y el 53.7 por ciento.

Por lo que hace a la instalación de parquímetros el ayuntamiento de Puebla había considerado cinco zonas, donde ya incluso se han instalado equipos y se realizaban pruebas piloto. Están son El Carmen, el Paseo Bravo, Huexotitla, el Centro Histórico y la Avenida Juárez, es decir aquellas donde residen o laboran los electores que tradicionalmente votan por el PAN.

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Con la novedad que el ejecutivo estatal ya dejó de ser @RafaGobernador en redes sociales; ahora es @RafaMorenoValle. La estrategia seguramente va encaminada a ampliar su presencia más allá de la entidad de aquí al 2018, año en que es muy probable que vuelva a cambiar su perfil para ser @RafaPresidente. Y si no, al tiempo.

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¿Si el presidente municipal electo de Puebla fuera Rafael Moreno Valle Rosas en lugar de Eduardo Rivera Pérez, a poco la alcaldesa saliente Blanca Alcalá Ruiz se hubiera atrevido a lanzar una campaña de condonación y descuentos de intereses, multas, recargos y hasta de la suerte principal dirigida a los morosos del impuesto predial?

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¿La campaña del ayuntamiento de Puebla de pague hoy el impuesto predial del 2011 con base en las tarifas catastrales del 2010 tiene el aval del presidente municipal electo, el panista Eduardo Rivera Pérez?

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¿Quién en su sano juicio puede creer que el gobernador saliente Mario Marín Torres nada tiene que ver con la iniciativa priísta de desaparecer la Gran Comisión del Congreso del estado, para sustituirla por una Junta de Coordinación Política que quede bajo el control de los próximos diputados emanados del tricolor?

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¿A poco si Mario Marín no estuviera tan seguro de que Rafael Moreno Valle respetará el pacto político que selló con él y Elba Esther Gordillo para dejar en la impunidad sus excesos y abusos, se atrevería a desconocer los acuerdos a que llegó su secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas con el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Fernando Manzanilla Prieto para mantener sin cambios el órgano de gobierno del Poder Legislativo?

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¿Si el gobierno del estado ya tiene planchado, como presume, el problema del adeudo fiscal que tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), entonces por qué este martes auditores del Sistema de Administración Tributaria volvieron hacerse presentes en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración para saber cuándo y cómo las autoridades poblanas se pondrán al corriente?

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¿Si las giras y conferencias del presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera a lo largo y ancho del país tienen como único propósito impulsar una discusión nacional sobre la Reforma de Estado que México necesita, entonces por qué utiliza el internet para promocionar su imagen personal y no las iniciativas que propone?

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Simón dice:

«Cuando se quiere saber una cosa, lo mejor que se puede hacer es preguntarla.»

Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés.

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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