Rodolfo Ruiz R.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de abrirse a una alianza electoral con el PRD, partido del que fue dirigente nacional de 1996 a 1999, sólo se entiende en el contexto de la sucesión presidencial.

El fundador y dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parece que por fin entendió que el PAN podría volver a derrotarlo en 2018, si éste amarra una alianza con el PRD.

Si uno revisa los resultados de las últimas elecciones en varias entidades del país lo primero que salta a la luz es que el PRI no habría perdido siete de las doce gubernaturas sino nueve, si el PAN y el PRD se hubieran aliado en Hidalgo y Tlaxcala, como ocurrió en Quintana Roo.

Si el PAN mantiene la intención de voto que hoy le dan las encuestas y el PRD también, no hay la menor duda que ambos institutos podrían vencer a López Obrador y al PRI junto con sus partidos satélites.

Y esa parece ser la preocupación de AMLO y la razón por la que éste reconsideró su negativa a un acuerdo electoral entre Morena y el PRD.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Andrés Manuel planteó por primera vez desde 2012, cuando abandonó las filas del PRD, la posibilidad de un acercamiento con ese partido «si el PRD se deslinda del PAN, el gobierno y lo que representa el Pacto por México y si mantiene una clara distancia con el régimen».

Los comicios del año entrante en el Estado de México (EdoMex) juegan, en este contexto, un rol fundamental, pues lo que ahí suceda tendrá repercusiones para todo el país.

El PAN y PRD podrían aliarse para la gubernatura del Estado de México, el bastión por excelencia del PRI de Peña Nieto, como un ensayo previo de las elecciones presidenciales; pero también podrían hacerlo el PRD y Morena, ahora que López Obrador anda queriendo acercarse con los del sol azteca.

En tal coyuntura no habría que perder de vista al senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien a pesar de haber abandonado las filas perredistas podría convertirse en un factor de peso a favor de una alianza PAN-PRD o PRD-Morena.

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Si bien hasta ahora todo ha quedado en simples acercamientos e intercambio de opiniones, no descarte que Ana Teresa Aranda Orozco comience a ser valorada como una alternativa del partido de Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura de Puebla.

Tal escenario, que hoy parece descabellado, podría tomar forma si el Instituto Electoral del Estado (IEE) decide negar a la ex directora del DIF y ex secretaria de Desarrollo Social su registro como candidata independiente y si continúan dándose los acercamientos de ésta con algunas figuras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aunque Ana Teresa Aranda le negó a quien esto escribe que en días recientes haya sostenido un encuentro con el ex gobernador Manuel Bartlett Díaz sobre el proceso electoral en marcha en Puebla, militantes panistas confiaron al reportero que tal reunión sí se dio.

Las mismas fuentes revelaron que Ana Teresa Aranda ha tenido también algunos acercamientos con dirigentes locales de Morena y la posible abanderada de este partido a la gubernatura de Tlaxcala, la senadora Martha Palafox Gutiérrez.

A pregunta expresa, la ex panista se limitó a responder que sí ha platicado con algunos enviados de Morena que han querido conocer su posición sobre la elección de junio, pero que por el momento está metida en la ruta de ser candidata independiente.

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De lo que sí le puedo informar con plena certeza es que el domingo a las 10 de la mañana se reunieron a desayunar en el Sanborn’s del Bulevar 5 de Mayo Javier López Zavala y Alberto Jiménez Merino.

Y que en la reunión el ex diputado federal y ex candidato al gobierno del estado planteó al actual delegado de la Sagarpa la conveniencia de hacer un solo equipo para buscar la nominación del PRI a la gubernatura de Puebla.

Se sabe que López Zavala se ha reunido también con el delegado del CEN del PRI, Rogelio Cerda Pérez, a quien ha manifestado su intención de registrarse como candidato a la gubernatura, sin importar el hecho que la senadora Blanca Alcalá Ruiz también lo haga y no se logre el propósito de construir una candidatura de unidad.

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Entre los priístas de la Sierra Norte de Puebla no han caído nada bien las versiones sobre el posible nombramiento de Ramiro Hernández Charolet como dirigente del Comité Municipal del PVEM en Zacatlán, pues tienen razones para suponer que podría traicionarlos como ya lo hizo en anteriores elecciones.

Hernández Charolet fue miembro del PRI, pero en la elección local de 2013 se pasó al PAN y en la federal de 2015 hasta se encargó de coordinar la entrega de despensas del ex alcalde de Zacatlán, Mario Alberto Cruz González, quien también traicionó al PRI.

La duda que asalta a los priístas de la Sierra Norte gira en torno a la confianza que pueden llegar a tener de un partido aliado como el PVEM, si este designa como dirigentes a cuadros que en el pasado reciente traicionaron al PRI.

Por si fuera poco, recuerdan que Ramiro Hernández también tiene antecedentes de violencia porril que se encuentran acreditados en la denuncia 226/2010 ante el Ministerio Público de Zacatlán.

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Poco a poco el mito de la candidatura presidencial de Rafael Moreno Valle ha ido diluyéndose, sobre todo en las filas del Partido Acción Nacional, situación que ha complicado su propia sucesión en el gobierno de Puebla.

Varios son los factores que han mermado su proyecto político futuro de cara al 2018.

El más importante tiene que ver con el escenario que él mismo planeó como contrapeso de Andrés Manuel López Obrador, en una cerrada contienda de tres aspirantes presidenciales.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus más cercanos colaboradores, Moreno Valle se ha promovido como un aliado estratégico y eso lo ha capitalizado en la gestión y obtención de millonarias obras y recursos públicos.

En corto, el ejecutivo estatal ha vendido la idea que de ser candidato del PAN o de una coalición opositora en el 2018, su campaña no se centraría en criticar el desempeño de Peña Nieto, sino en evitar el triunfo del actual dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tal hipótesis, hay que decirlo, permeó más en el PRI que en el propio PAN, donde otros aspirantes han comenzado a ganarle terreno, sobre todo entre los ciudadanos que se autodefinen como “independientes”.

Este segmento de votantes es, en buena medida, el que hoy catapulta a López Obrador como puntero en la carrera presidencial del 2018. El tabasqueño, quien por tercera ocasión buscaría llegar a Los Pinos, es percibido como un agente de cambio que merece una oportunidad para frenar la corrupción que ni los gobiernos del PRI y el PAN han logrado erradicar de las altas esferas del poder.

Las encuestas electorales que hasta hoy se han difundido reflejan que López Obrador sigue a la cabeza de las preferencias, pero por un escaso margen. En el último estudio de Parametría, levantado entre el 24 y el 28 de octubre, el tabasqueño tiene el 24% de la intención de voto, Margarita Zavala el 21%, y Miguel Ángel Osorio Chong el 21%. Sin embargo, el 20% de los encuestados no se inclina por ninguno de ellos.

Otros ejercicios demoscópicos que se han difundido en los últimos días, como el de El Universal y Buendía&Laredo, revelan que en el segmento de los llamados independientes –que representa el 56% del electorado–, los aspirantes presidenciales mejor valorados son el dirigente nacional de Morena y la esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Si Margarita Zavala es quien más sufragios le quita a López Obrador entre los electores de este segmento, no es difícil apostar a qué candidato del PAN los priístas preferirían ver en la boleta electoral del 2018.

Por supuesto que no a Moreno Valle, que entre los ciudadanos sin partido no es percibido como una opción ganadora.

En ese contexto, no resulta ocioso poner en tela de duda el mito de que los comicios locales del 2106 están arreglados, bajo el supuesto de que Peña Nieto cederá al delfín de Moreno Valle la mini gubernatura, a cambio de que éste —me refiero el mandatario estatal— haga lo propio con aquél en el 2018.

En estricto sentido, el escenario que Moreno Valle se imaginó como candidato del PAN y contendiente de López Obrador en la elección presidencial, hoy es totalmente inviable, pues los números del gobernador están muy lejos de acercarse ya no a los del dirigente nacional de Morena, sino a los de Margarita Zavala.

EN CORTO

El lunes de hace ocho días presentó su renuncia y no precisamente voluntaria, el subsecretario de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), Efraín de los Santos Cabrera.

Extraoficialmente trascendió que su renuncia está relacionada con el retraso habido en la remodelación del estadio Cuauhtémoc y los rezagos que registran otras obras a cargo del estado.

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Pese a la saturación que existe en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), ubicado en el Hospital General del Sur, éste dejará de funcionar por una supuesta remodelación de sus instalaciones.

El viernes se avisó al personal, así como a los pacientes y familiares que acuden al Centro que todas las citas quedaban canceladas y que éstas se reanudarían hasta el 7 de diciembre.

Se indicó que sólo habrá servicio para resurtir medicamentos.

Sin embargo, trascendió que por la remodelación del CAPASITS los médicos del turno vespertino serán reubicados y que esta acción afectará a los pacientes de bajos recursos provenientes de municipios lejanos y que se ven obligados a pasar la noche en la ciudad, y que no siempre encuentran espacio en el albergue del Hospital.

Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en número de personas diagnosticadas con VIH.

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Ignora los transitorios de la Ley General de Partidos

Priístas de Tehuacán podrían llevarse doble descalabro

Las autoridades electorales de Puebla podrían ser objeto de un nuevo revés, ahora por los nuevos partidos políticos nacionales después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusó a reconocerlos con el prurito de que el plazo para acreditarse venció enero de 2014, cuando todavía no obtenían su registro del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y la consejera Alicia Olga Lazcano Ponce, argumentan que el artículo 31 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla establece que los partidos nacionales sólo pueden acreditarse ante el Consejo General del Instituto durante el mes de enero del año correspondiente a las elecciones.

Lo anterior efectivamente consta en el Código Electoral de Puebla, pero ha quedado rebasado por la nueva Ley General de Partidos Políticos que en sus artículos séptimo y noveno transitorios mantiene a salvo los derechos de estas organizaciones políticas en todo el país y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la nueva legislación.

Frente a esta negativa del presidente del IEE y la consejera Olga Lazcano, que no del Consejo General del Instituto, que ni siquiera fue enterado de la solicitud de los tres partidos políticos nacionales, las representaciones de estos se inconformaron ante diferentes instancias.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los partidos Humanista y Encuentro Social una apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

No es difícil suponer cuál será el resultado de estas inconformidades, y menos a sabiendas de dos cuestiones elementales ya enunciadas: que el Código Electoral de Puebla no puede estar por encima de la Ley General de Partidos, y que el noveno transitorio de esta claramente establece que toda disposición que se le oponga se dará por derogada.

Los enterados del tema aseguran que la negativa del IEE obedece en realidad a una cuestión económica o presupuestal, para ahorrarse el financiamiento público correspondiente a estos partidos por los últimos cuatro meses de 2014.

EN CORTO

Los priístas de Tehuacán, promotores de las aspiraciones del síndico de ese ayuntamiento, Miguel Ángel Romero Calderón, podrían llevarse un doble descalabro en el proceso de selección de candidatos a diputados federales rumbo a los comicios de 2015.

El primero sería que no lograran la candidatura en ese distrito, por apoyar a un personaje que tiene poco que presumir más allá de su nepotismo, sus escándalos familiares y media docena de denuncias penales por fraude específico como asesor jurídico de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Y el segundo sería que él y sus promotores pierdan la partida frente al hombre fuerte del PRI poblano en el gobierno federal, el subsecretario de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quirós, quien es el principal impulsor de la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

El viernes 17 de octubre el síndico de Tehuacán ya se destapó como aspirante a la diputación federal en el marco de una comilona de Mole de Caderas, a la que llegaron cerca de 500 invitados entre los que destacaron sus tres principales promotores: el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, su ex compañero de aulas en la segundaria; el diputado federal de Ajalpan Lisandro Campos Córdova, en representación de los antorchistas; y la actual diputada federal María del Carmen García de la Cadena, quien hace algunas semanas se lo recomendó a su líder de bancada Manlio Fabio Beltrones.

En la ciudad de las granadas, el abogado Miguel Ángel Romero no goza precisamente de popularidad, aunque en el círculo rojo pocos dudan de su influencia en la conducción del ayuntamiento de Tehuacán, el más importante gobernado por el PRI en la entidad, y en el Tribunal Superior de Justicia que lo tiene blindado de las demandas que pesan en su contra por parte de defraudados de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Como asesor jurídico de esta financiera, el síndico de Tehuacán ha librado todas las órdenes de aprehensión que se han librado contra sus directivos, algunos de los cuales ya fueron aprehendidos, como el que fuera presidente de su Consejo de Administración, Samuel Cruz Rodríguez, ya fallecido.

Otros funcionarios de Bampeco que al igual que Romero Calderón fueron denunciados por fraude, pero que a diferencia de éste andan prófugos o litigando en juzgados las órdenes de aprehensión libradas en su contra son el gerente José de Jesús Rojas; la ejecutiva Diana Robles García; la contadora general, María del Pilar Hernández Muñoz; y la jefa de inversiones, Saraí Jiménez Huerta.

Aquí los números de algunas de esas averiguaciones:

Averiguación Previa.- 1714 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 404 / 2013.

Averiguación Previa.- 1794 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 399 / 2013

Averiguación Previa.- 2373 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 411 / 2013

Averiguación Previa.- 2217 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 359 / 2013

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A propósito de Tehuacán y candidatos.

Cuentan que el Partido Acción Nacional o, mejor dicho, el morenovallismo ya tiene candidato a diputado federal por Tehuacán, pero que se trata de una mujer que cobra en el DIF Estatal como directora de Asistencia y Rehabilitación, María de las Mercedes Bulás Montoro, quien ya también se promociona en anuncios espectaculares como el resto de los candidatos del grupo en el poder pero en la ciudad de las granadas.

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Mañana le platico de algunas quejas en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Reyes Coria, por hostigamiento laboral, abusos y discriminación en contra de mujeres con más de 15 o 20 años de servicio.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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